Argentina: un proyecto de ley que prevé penas para el negacionismo – Por Alicia Castro
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Alicia Castro*
En un contexto de confluencia de crisis de extraordinaria intensidad, vemos surgir una narrativa que niega el terrorismo de Estado, banaliza los delitos de lesa humanidad y reivindica la dictadura cívico-militar. Consterna que las alocuciones negacionistas provengan principalmente de un candidato, Javier Milei, que podría llegar a la presidencia de la Nación y de su candidata a Vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sus alocuciones negacionistas y la alusión a prácticas violentas se sitúan en el límite de lo admisible por una sociedad democrática y amenazan la convivencia pacífica de las y los argentinos. Por eso, consideramos desde SOBERANXS que se hace ineludible legislar sobre los discursos negacionistas. Hemos presentado un proyecto de ley a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, acompañado por 16.000 adhesiones de connotadas personalidades y repetiré acá algunos de sus fundamentos [1].
Los mecanismos retóricos orientados a brindarles sustento a las diferentes formas del negacionismo suelen articularse mediante tres procedimientos discursivos concatenados: la relativización, la banalización y la equiparación entre las víctimas y sus verdugos. Este triple basamento sobre el que se sustenta el negacionismo busca debilitar la columna vertebral del pacto democrático con el que se consolidó la paz social luego de la recuperación democrática del año 1983.
La decisión institucional de juzgar a los responsables militares y civiles del plan sistemático de exterminio posicionó a la Argentina como un paradigma eficaz para abordar el trauma social de la desaparición forzada y la represión ilegal, sin venganza ni violencia. Dichas políticas viabilizaron las demandas de los organismos de derechos humanos liderados originalmente por los familiares de las víctimas, especialmente por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Como embajadora en el Reino Unido participé en varias oportunidades de coloquios en prestigiosas universidades donde la Argentina era presentada como un ejemplo de justicia transicional; en una de esas ocasiones, junto a Horacio Verbitsky, quien luego brindó en la Embajada una gran conferencia sobre su libro Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura.
¿Qué pretenden estas apelaciones negacionistas? Decimos que poseen motivos convergentes. Sus portadores pretenden, en primer término, redimir a los responsables de los crímenes ejecutados hace más de cuatro décadas.
Con ese cometido, en segundo término, procuran deslegitimar los procesos judiciales llevados a cabo contra los criminales, reconvirtiéndolos en patriotas defensores del orden, siendo el orden uno de los pilares centrales de sus menguadas plataformas electorales. En última instancia —y esto es lo más preocupante—, dicha operación intenta instalar un territorio propicio para la represión, el control, la mano dura y, en definitiva, para futuras operaciones de exterminio colectivo. Cabe siempre recordar la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, cuando afirma que hay algo más grave aún que los crímenes sobre los cuerpos, “hay una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Y no es una casualidad que quienes hoy pretenden negar las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar postulen el mismo modelo económico de Videla y Martínez de Hoz, auspiciado por sus mandantes, corporaciones, buitres y empresarios de rapiña, dispuestos a llevar a cabo un nuevo ciclo de saqueo de nuestros bienes sociales, nuestros derechos y nuestros bienes o recursos naturales.
Para enfrentar estos paradigmas negadores de la realidad, que al mismo tiempo auspician la amnesia social y habilitan la contingencia de potenciales crímenes futuros, se hace ineludible legislar sobre los discursos negacionistas. Esta necesidad se torna aún más imperiosa si se toma en cuenta la velocidad y masividad de propagación de las comunicaciones como consecuencia de los avances tecnológicos de nuestro tiempo.
Nos preguntamos cuándo se dan las circunstancias excepcionales bajo las cuales se puede limitar la libertad de expresión. Respondemos que el límite del máximo tolerable está dado por las pretensiones de enaltecer el período más terrorífico de nuestra historia, signado por la tortura, las desapariciones forzosas de personas, el robo de bebés y los campos de concentración.
La recuperación de la democracia y de la libertad significó un nuevo camino que impuso e impone a todas y todos los ciudadanos la asunción de un especial compromiso en orden a la reconstrucción de la verdad histórica y a la evitación de repeticiones de las lamentables épocas del terrorismo de Estado.
Ninguna de estas cuestiones resulta desconocida para las autoridades de la Nación. Este año, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó un repertorio en el que, precisamente, distintos autores de incuestionable prestigio en la materia han relevado el tema del “negacionismo”.
En aquella publicación, el secretario de dicha dependencia estatal anunció que la intención de ese repertorio era proporcionar un aporte para la discusión y el debate de políticas públicas en la materia.
Uno de los artículos que integran el repertorio comentado, específicamente, refiere que “el negacionismo no es una opinión, sino un crimen”. Allí, con claridad meridiana, el profesor Alejandro Kaufman expuso lo siguiente: “En nuestro país, justificadamente orgulloso por grandes realizaciones en favor de oponer a la dictadura del ‘76 un Estado de derecho sostenido por la memoria, la justicia y los derechos humanos, con todas las idas y venidas que conocemos, no obstante, entre las diversas deudas y pendientes que nos aquejan se cuenta la actitud generalizada hacia el negacionismo, al que tratamos como si fuera una opinión, que es la forma que pretende y con la que se presenta, y con la que consiente buena parte de nuestra sociedad”. Y concluyó: “El negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Es por ello por lo que en los países donde esos hechos tuvieron lugar resulta natural asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus formas neo-embrionarias”.
Luego de la última dictadura militar de la Argentina, se critica y se repudia a los autores directos e indirectos de aquellas atrocidades. Pero también se los juzga y se los castiga. Las críticas y repudios provienen de diversos sectores de la sociedad —de carácter social, cultural, ético y político—. Esto es posible gracias a los valiosos testimonios de las víctimas y los familiares que se han expresado no solo mediante la legítima protesta social, sino también a través de la justicia.
Ellos afirmaron una verdad intersubjetiva sobre aquellos hechos inmorales para acusar, probar, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes de delitos de lesa humanidad y la práctica genocida contra el pueblo de la Nación argentina.
De este modo, se generó una educación cívica de la sociedad argentina con la cual se promueve la asunción y defensa de los derechos humanos.
En este orden constitucional, el Congreso de la Nación suscribió también varios tratados internacionales, a los que jerarquizó constitucionalmente.
Por último, es evidente que la actividad de los medios de comunicación no puede quedar fuera del ámbito del sistema de normas que se propone, ya que con su actividad pueden multiplicar el daño de este tipo de discursos y debilitar aún más las instituciones del país y el sistema democrático. Por ello se justifica la regulación expresa de esta dimensión. Hoy se repite infinitamente en las redes un video de la militante de ultra-derecha Cecilia Pando donde advierte acerca de una “conflictividad social que tal vez requiera de la participación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas y que esta participación no será posible si no se resuelve el tema de aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y hoy se encuentran ilegalmente detenidas”.
Las instituciones del pueblo argentino no pueden permanecer quietas e indolentes frente al discurso de “los dos demonios” y el de “la guerra”. Las cosas deben llamarse por la naturaleza que las define, y es sabido por todas y todos que nuestra Nación fue azotada por el terrorismo de Estado, que sumergió a la república en una dictadura sangrienta y feroz, paradojalmente bajo eslóganes supuestamente “democráticos y humanitarios”.
La sanción de un tipo penal específico se erige como un instrumento elemental para expresar cuál es la configuración social que reclama el pueblo argentino, que no puede ser otra que aquella dotada de memoria histórica, en la que no hay lugar —ni debe haber permiso— para discursos tendientes a la reivindicación de quienes infundieron el terror y nos dejaron de recuerdo tantos edificios que supieron utilizar para crear centros clandestinos de detención, verdaderos campos de tortura y exterminio.
Estos hechos no conmueven sólo a quienes pertenecemos a la “generación diezmada”, que vivimos el terror en carne propia. Recientemente, el joven tucumano Leandro Rossi, de 22 años, fue elegido subcampeón mundial en el Concurso Mundial de Oratoria que tiene lugar en Madrid con un discurso contra el negacionismo y en defensa de los derechos humanos: se refirió a las fake news, a la inteligencia artificial y advirtió que tenemos un candidato a Presidente “fascista y negacionista”.
En el debate que surge en torno a la ley hay quienes argumentan que punir a los negacionistas puede victimizarlos y “darles prensa”, lo que propendería a expandir sus objetivos y aumentar sus seguidores. Es fácilmente rebatible. Recientemente, el tenista alemán Alexander Zverev suspendió el partido del US Open que estaba jugando cuando un espectador celebrando un tanto suyo exclamó “Deutschland über alles” (Alemania por encima de todo), una frase del himno alemán ahora eliminada de la letra oficial y vinculada con el período nazi.
«¡Ha dicho la frase más famosa de Hitler, es inaceptable! —clamó Zverev y le pidió al juez de silla que identificaran al espectador, quien fue abucheado y expulsado. Luego, el tenista declaró a la prensa que sentía que debía reaccionar, que hay una parte de la historia de su país que no lo enorgullece. Esto forma parte de un proceso cultural y social que castiga al negacionismo. Zverev no solo ganó ese partido, sino el respeto internacional de quienes conocen el valor de la verdad, el valor de las palabras; y es por eso, precisamente, que algunas no deben ser permitidas.
*Exdirigente sindical, exdiputada nacional, exembajadora en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido.Integrante de Soberanos, integrante del Frente del Pueblo
