El gobierno de Lula, entre la destrucción bolsonarista y el peligro militar – Por Juraima Almeida
El gobierno de Lula, entre la destrucción bolsonarista y el peligro militar
Juraima Almeida*
La derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro parece haber liberado a Brasil de las trabas que el modus operandi que éste impuso al funcionamiento de las instituciones estatales. Ya se conocían los efectos de la debacle bolsonarista en las políticas públicas de medio ambiente, educación, ciencia y cultura, pero lo que sorprende es el éxito del gobierno en destruir áreas que no parecían estar en la mira, como la salud y la asistencia social.
El gabinete de transición del futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió a diario informes sobre el caos generalizado que deberá enfrentar con respecto a la provisión de servicios públicos esenciales. Hay cinco millones de procesos relacionados con prestaciones del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) con análisis atrasado. El diario Valor mostró que los beneficiarios del Auxílio Brasil han visto bloqueados sus pagos sin motivo aparente.
El panorama para el nuevo gobierno es lúgubre: los libros de enseñanza de 2023 no comenzaron a ser editados; faltan medicamentos en la Farmacia Popular, no hay provisión de vacunas contra nuevas variantes de la Covid-19, escasean recursos para la alimentación escolar, las universidades estuvieron al borde del cierre, no hay fondos para la defensa civil y la prevención de accidentes.
Estos son ejemplos de “la amenaza efectiva de colapso de los servicios públicos” que deja el gobierno cesante, “una herencia socialmente perversa y políticamente antidemocrática”, que afecta especialmente a los más pobres, al impactar la salud, la educación, el ambiente, el empleo y el combate al hambre y la pobreza, destaca el informe del gabinete de transición del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
Este “gabinete” movilizó más de 300 personas desde el 8 de noviembre y concluyó sus trabajos el 22 de diciembre, con la entrega del informe al futuro gobernante. Son 71 páginas de evaluación de la situación heredada, dividida en 32 rubros.
El gobierno ultraderechista de Bolsonaro se reivindica como patriótico y representativo de la mayoría conservadora del Brasil. Su campaña reelectoral se presentó como una batalla del “bien contra el mal”, con una explotación abusiva de la religión.
Bolsonaro intentó, desde 2020, autorizar y promover el “garimpo”, la minería ilegal, en territorios indígenas, pero su proyecto de ley no obtuvo aprobación parlamentaria, pero logró envenenar varios ríos amazónicos y provocar la mortandad en varias etnias, por asesinatos, enfermedades y deterioro social. Una de sus últimas medidas de Bolsonaro fue autorizar la extracción de madera en territorios indígenas, con manejo forestal.
La sustitución de la figura agresiva y disruptiva de Bolsonaro por la figura apática que mostró el revés electoral parece haber animado a muchos servidores públicos hasta entonces silenciados a colaborar en la descripción de las consecuencias prácticas de la convulsión a la que ha sido sometido el país en los últimos cuatro años, señala el conservador O Estado de Sao Paulo, bajo el título “Los enemigos del Estado”.
Ante los malos resultados que ha cosechado el país, vale la pena preguntarse cómo Bolsonaro ganó casi la mitad de los votos en la carrera presidencial, además de reflexionar sobre lo que esto revela sobre las nociones brasileñas de ciudadanía y cohesión social.
El próximo gobierno brasileño y el peligro militar
Hay quienes creen aún en la posibilidad de un golpe que impida la asunción de Lula da Silva por tercera vez a la presidencia brasileña, pero lo que son evidentes son la presiones de los mandos militares para imponer el próximo ministro de Defensa y se impida las investigaciones sobre la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Abordar el tema militar es central para la estabilidad política y la restauración de la democracia. De esta ecuación dependerá en gran medida la condición de gobernabilidad del gobierno electo. Además de nominar a un civil para comandar la Defensa, el gobierno electo debiera elegir comandantes que sean totalmente transparentes en su compromiso de profesionalizar y despolitizar las Fuerzas Armadas.
Pero la preocupación de los mandos es tener a alguien que impida las necesarias investigaciones sobre la administración de Jair Bolsonaro, de los militares que integraron su gobierno y quienes instigaron el golpe parlamentario de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff y a quienes siguen tratando, a un mes de la asunción de Lula, en desestabilizar el país. La presión sigue con la meta de mantener y obtener ventajas para los militares en el próximo gobierno.
Lo mínimo que se espera del lulismo es que elija mandos comprometidos con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, es decir, que rechacen categóricamente la ambición inconstitucional de los militares como “poder moderador”. Más allá de la designación del próximo ministro de Defensa, tratan de mantener los presupuestos estatales para los militares, las ventajas salariales, y evitar la anulación de varios decretos que los benefician.
Especialistas en asuntos militares advierten que la designación de José Múcio Monteiro en el Ministerio de Defensa sería una opción de interés del Alto Mando del Ejército pero no representaría la salida necesaria para la gobernabilidad democrática.
Las especulaciones en torno a Múcio no surgieron originalmente en las discusiones sobre la transición de gobierno, sino que empezaron a circular tras el rechazo del nombre de Aldo Rebelo, sugerido por los militares para el cargo por afinidades políticas e ideológicas. para asumir la cartera de Defensa. El vicepresidente, general Hamilton Mourão, dijo que José Múcio “sería muy bien visto por las Fuerzas Armadas” .
El profesor de Sociología de la Universidad de São Paulo (USP) Ricardo Musse cuestionó la posición ambigua de las Fuerzas Armadas en relación a la credibilidad del proceso electoral, pero descartó un intento de golpe debido a la falta de apoyo internacional.
También evaluó el silencio del presidente Jair Bolsonaro (PL) tras la derrota en las urnas como un intento de mantener movilizada su base y calificó el apoyo del Partido de los Trabajadores al derechista Arthur Lira en su intento de ser reelegido a la Presidencia de la Cámara de Diputados necesarios para garantizar la gobernabilidad de Lula.
Paralela a la presión castrense, está la de los grandes grupos empresariales y la prensa derechista para imponer la austeridad fiscal, la forma de gestionar el capitalismo del siglo XXI a través de la amenaza interminable de más recortes y más restricciones en los presupuestos públicos. La austeridad fiscal actúa como una amenaza punitiva preventiva frente a las tentaciones de ampliar las tareas del Estado, la inversión en obras de infraestructura como inversión en llevar alimentos al plato de los millones de pobres.
La austeridad fiscal es la doctrina del shock aplicada a la economía. Es el complemento teóricamente racional al bolsonarismo a puerta de cuartel, al chantaje de que si no ganó mi candidato es porque hubo fraude. El llamado al orden del mercado, que equivale a la criminalización de las políticas fiscales expansivas.
Austericidio y fascismo van pues de la mano, exigiendo soluciones no racionales, no institucionales y no democráticas. Y todos sabemos que es imposible implantar políticas salvajemente liberales en la economía sin romper con la democracia.
Mientras las bandas bolsonaristas siguen quemando neumáticos, bloqueando carreteras, ametrallando a alumnos y profesores en el aula, matando petistas, escribiendo editoriales amenazantes, lanzando toneladas de fake news e insistiendo que hay que privatizar, escribir cartas con consejos soberbios a Lula, recordarle que debe olvidar los 700 mil muertos por la pandemia…
El Grupo Técnico de Medio Ambiente del equipo de transición anunció una reducción inmediata de la deforestación ya en el primer trimestre del próximo gobierno. Los índices de deforestación en la Amazonia aumentaron 59% durante el gobierno de Bolsonaro respecto a los cuatro años anteriores. Solo entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de este año se registraron 11.600 kilómetros deforestados en la Amazonia brasileña.
Bolsonaro teme el olvido y el ascenso de nuevos líderes extremistas
Derrotado en las urnas el 30 de octubre por el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, el ultraderechista Jair Bolsonaro expresó a sus allegados que teme que su liderazgo político sea olvidado y vaciado al mantenerse al margen del poder durante al menos cuatro años.
Cuando falta poco para hacer las maletas y abandonar el Palacio da Alvorada, la transición amenazaba con ser tumultuosa por la mala relación entre los candidatos y las constantes acusaciones del ultraderechista contra el sistema electoral. El 28 de agosto, en un encuentro con grupos evangélicos durante una visita a Goiania, Bolsonaro dijo tener tres alternativas para su futuro próximo: estar preso, muerto o la victoria. Pero hoy vive una cuarta alternativa…
Tres días antes había sufrido un revés, cuando el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, rechazó su pedido de iniciar un proceso de destitución contra Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal y miembro de la Corte Suprema de Justicial, quien ordenara investigar al presidente por crímenes de «calumnia» e «incitación al crimen».
Bolsonaro, quien no remontaba en las encuestas, incentivó a la población a armarse: «todo el mundo tiene que comprar un rifle. Un pueblo armado jamás será esclavizado», declaró. Y, respondiendo a las preocupaciones por la inflación, agregó: «sé que es caro. Algún idiota puede decir ‘tienes que comprar frijoles’. Hombre, si no quieres comprar un rifle, no molestes a quien quiera comprarlo».
Hoy es improbable que un Congreso saliente apruebe reformas de importancia. Entre los asuntos pendientes que el legislativo echó a andar tras la primera vuelta de las elecciones, hay un proyecto de ley que criminaliza con hasta 10 años de prisión a las empresas encuestadoras si estas fallan en sus predicciones, una medida apoyada por el bolsonarismo, que sigue –al igual que Donald Trump en EEUU- denunciando fraude.
El futuro político de Bolsonaro es una incógnita. Es probable que elija volver a Río de Janeiro, donde inició su carrera política como concejal. Pocos creen en su retiro, con dos hijos congresistas, otro que es concejal de Rio, con varios de los estados más importantes del país gobernados por sus aliados, y la mayoría en el Congreso, Bolsonaro conservará una gran influencia en la derecha brasileña.
Bolsonaro no se montará en su moto ni comerá pastel en la feria de Brasilia. Irá al encuentro de los soldados, que han recibido a los bolsonaristas acampados frente a sus cuarteles desde la derrota. Es la jugada de un hombre desesperado, que intenta conservar su base militar a toda costa. Bolsonaro, incluso sin rumbo y sin futuro, ya no teme a nada. Oye lo que espera oír. Los abogados, los informantes, los del Centrão y los propios militares le dijeron que no pasará nada cuando deje el gobierno.
No tiene por qué temer a la Justicia, porque la mayoría de los juicios que enfrentará transitarán lentamente por tribunales de primera instancia y que todo está listo para que el Tribunal Supremo sea hostigado y amordazado por el Senado. Ni la justicia tendrá armas para cercar a familiares, amigos de la familia, empresarios protegidos, milicianos y hasta militares investigados por involucramiento con los vampiros de la venta de vacunas durante la pandemia.
Bolsonaro reunirá a sus seguidores frente a la Academia Militar das Agulhas Negras, principal escuela de formación de los oficiales del Ejército, hasta que entregue el cargo a Lula, cuando la hipótesis de una ruptura constitucional es cada vez más improbable.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
