El desplazamiento forzado aumenta en Colombia – Por Tomàs Gisbert y María Jesús Pinto
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Tomàs Gisbert y María Jesús Pinto*El desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia
Casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia en la primera mitad del 2021, 44.647 personas según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Esto no es nuevo para Colombia que ostenta el triste récord de ser el primer país del mundo en número de desplazados internos, como atestigua el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con 8,3 millones de personas contabilizadas hasta finales de 2020.
Y el dato más preocupante es que las personas desplazadas internas en este primer semestre tripliquen a las que lo hicieron en el primer semestre del año anterior, porque significa que las dinámicas de desplazamiento no se han parado sino que siguen agravándose. Comunidades del norte del país, de Ituango en Antioquia, del Sur del departamento de Bolívar, del Cauca, de Nariño han tenido que abandonar sus territorios por la disputa por el control del territorio generándose con ello una crisis humanitaria.
Los actuales desplazamientos se están dando en el curso de la profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos, agravada por la presente pandemia, que está atravesando Colombia. El apoyo masivo de la población, que se volcó a las calles, al paro nacional indefinido que comenzó el 28 de abril ha sido una respuesta a esta crisis.
La otra cara de la moneda ha sido la brutalidad militar y policial, el escenario de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, con que el gobierno colombiano ha respondido al paro y a las demandas de la sociedad civil. Esta respuesta gubernamental nos da algunas pistas para entender el porqué de la persistencia del desplazamiento forzado.
La disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales es la primera razón con la que se explican los desplazamientos. La voluntad expresa del gobierno del actual presidente Iván Duque, y del uribismo que lo sustenta, de no cumplir los acuerdos frustró la oportunidad para la paz que podía brindar lo pactado en La Habana.
Este incumplimiento llevó a sectores de las FARC a retomar la guerrilla y toda la economía que gira a su alrededor y, asimismo, expresó la voluntad del gobierno de frustrar las posibilidades de lograr un acuerdo de paz con el ELN, la otra gran guerrilla histórica. Y mientras, el paramilitarismo se extendía y consolidaba en las zonas donde se retiraban las FARC-EP.
Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominado Clan del Golfo, los Caparros, y otros, disputaban el control del territorio autofinanciados con el narcotráfico, con el apoyo de transnacionales sobre todo extractivistas, y contando para su accionar con la connivencia del ejército.
También la no implementación de lo firmado en la Habana para favorecer el campo y la economía campesina ha estimulado nuevamente la extensión de los cultivos ilícitos en los territorios, que no han visto ninguno de los apoyos a planes productivos alternativos acordados. El Gobierno desatendió los proyectos de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación[1], y hoy muchos de los desplazados son exguerrilleros de las Farc que no pueden adelantar sus proyectos productivos mientras son amenazados y asesinados.
Las dinámicas del desplazamiento permiten el control del territorio, pero no sólo para las rutas de la ilegalidad, sino también, dentro de una clásica estrategia contrainsurgente, para el control social y lo que es todavía más importante, permiten el control de los recursos existentes y su explotación por las grandes empresas nacionales o internacionales.
En la geografía del desplazamiento subyacen recursos minerales, metales o madera y grandes proyectos extractivos o de agricultura industrial que para su explotación precisan la eliminación de las insurgencias pero también de las resistencias sociales a esos proyectos y al despojo de las poblaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes que habitan en los territorios codiciados.
La expansión de la frontera extractiva a territorios a los que no había llegado por la presencia de la guerrilla o la oposición social es una de las causas del actual agravamiento de los desplazamientos.
Los casos de Ituango en el departamento de Antioquia, del Sur de Bolívar y la situación en el norte del departamento del Cauca pueden ayudar a comprender las razones del desplazamiento forzado.
En este mes de julio en Ituango, 4090 personas, de ellas 1300 menores de edad, se desplazaron a la cabecera municipal por presión de los grupos ilegales, amenazas a personas y comunidades, combates, produciéndose así una terrible crisis humanitaria. Este desplazamiento no ha sido un fenómeno nuevo. Enlaza con las masacres del Aro y la Granja, entre otras, desde los 90 hasta ahora.
Se enmarca, además de economías y grupos ilegales, con proyectos empresariales como el embalse de Hidroituango, propiedad de Empresas Públicas de Medellín fuertemente contestado por las comunidades afectadas, o las concesiones mineras a Cerro Matoso SA, empresa cuestionada por sus vínculos con el paramilitarismo, y a otras empresas nacionales y multinacionales que han presentado 34 solicitudes de contrato minero que cubrirían el 40% de las 234.700 has. del municipio de Ituango.
No hace falta profundizar mucho para ver cómo en un territorio como Ituango en el que antes de los acuerdos había una fuerte militarización, tras la desmovilización de las FARC, aunque en menor medida siguen actuando disidencias de las FARC, el ejército permite la penetración de los nuevos grupos paramilitares.
El ejército retiró las bases militares que en lo más duro del conflicto protegían el proyecto de Hidroituango, manteniendo una presencia menor de tropas de la Cuarta Brigada. A la vez más de 1000 hombres armados del grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia rodean el municipio. Es imposible que fuerzas de ese calibre puedan moverse con tanta facilidad sin la connivencia de la fuerza pública.
En Ituango las autoridades y las fuerzas militares y policiales han estado presionando para el retorno de los desplazados, un retorno a un territorio que el estado no protege, sin dar garantías por tanto para la seguridad que los desplazados precisan, y por contra señalando a algunos de los líderes de los albergues.
Esta política no va a evitar nuevos desplazamientos sino que permite la repetición, cada poco tiempo, de unos desplazamientos en los que se pierden las cosechas, el cuidado de los animales, con lo que es extremadamente difícil sacar el fruto de los proyectos productivos de sustentación y que pueden forzar el desplazamiento y el despojo definitivo.
También en este mes de julio se ha producido un desplazamiento masivo en el Sur de Bolívar. 1000 personas, unas 250 familias, se han visto obligadas a desplazarse al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur por la violencia entre grupos armados en sus territorios. El Sur de Bolívar sufre desde hace muchos años la disputa por la explotación minera. Hay oro en las serranías de San Lucas y el Corcovado.
La acumulación de títulos mineros y las solicitudes en marcha por grandes mineras nacionales y transnacionales buscan desocupar el territorio de sus pobladores y sus trabajos de minería artesanal. Mientras Fedeagromisbol, que agrupa 45 asociaciones agromineras de pequeños mineros, lucha por ir formalizando sus explotaciones artesanales grandes empresas, como AngloGold Ashanti, Mineros SA, Comercializadora Internacional Carbones de Córdoba y Antioquia, Uragold SA, CI Minwerbank ltda, tienen proyectos de minería a gran escala acaparando los títulos concedidos y otras concesiones pendientes de aprobación.
Los datos son ilustrativos, las solicitudes presentadas afectan a 960.114 hectáreas, el 60% de la región, y más de la mitad de las solicitudes se concentraron en 5 solicitantes mientras las comunidades tenían solicitudes para 7.913 hectáreas.
El Sur de Bolívar es un territorio en el que históricamente el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha tenido presencia. Hoy también están los paramilitares de las AGC, y las disidencias de las Farc, el frente 37 y los de Gentil Duarte, disputando el territorio. La militarización existente en el territorio se incrementó en enero de 2019 con la llegada de los 2000 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía nacional, pero como decía la nota de prensa su tarea era combatir al ELN.
Es quizás por ello que en abril de 2021 se denunciaba como los paramilitares podían establecer un retén permanente en el Cerro de los Muñecos, a pesar de la cercana presencia del Batallón Nariño del ejército, incluso algunos pobladores señalaban a los miembros de ese batallón de abrirle el paso a los paramilitares y abastecerlos de alimentos.
El alcalde de Segovia, Didier Osorio, denunciaba este 24 de agosto que policías estarían informando a los paramilitares sobre operativos en la zona, de cómo son los turnos, los desplazamientos, de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan actuar.
El Norte del Cauca es un territorio donde mal convive con los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes el desarrollo de grandes empresas, de parques industriales y de zonas francas Hay una gran militarización con bases de unidades móviles y de alta montaña. Sólo en los municipios de Caloto, Corinto y Toribio hay siete bases militares y seis retenes militares permanentes de la policía y el ejército. A pesar de ello se están repitiendo las matanzas de líderes indígenas y existe el riesgo de desplazamiento de población afrodescendiente.
Población a la que se ha marginado del supuesto desarrollo que han conllevado los parques industriales, y a la que se le ha negado su cosmovisión, sus derechos, empleabilidad y proyecto social. Según Indepaz en este año se han producido 9 masacres en el Cauca, con 28 personas asesinadas que ha afectado a población indígena y afrodescendiente.
La misión de las fuerzas militares es de hecho dar seguridad a las empresas, y no a las personas y comunidades que habitan el territorio. Una base militar está en la zona franca donde se ubica una de las principales empresas, Propal (Productora de Papeles SA), la seguridad privada de las empresas está vinculada al ejército y sus jefes son exmilitares o personal activo del ejército, a la vez que algunos municipios están contribuyendo con sus fondos propios a sufragar una parte de la presencia militar.
El apoyo a las empresas por parte del estado contrasta con los 350 acuerdos incumplidos firmados entre el gobierno y las comunidades afrocaucanas, que dificultan los planes de vida propios, a la vez que permiten las explotaciones mineras con impacto ambiental y el crecimiento de los cultivos ilícitos y los grupos paramilitares.
Podríamos concluir que el desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia.
Notas
[1] Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización son espacios creados en virtud de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016, verificados por Naciones Unidas para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los Ex Combatientes de las FARC-EP. Al terminarse en 2017 son sustituidos por los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En 2020 existían 20 ETCR y se crearon aproximadamente 93 Nuevas áreas de reincorporación.
*Analistas del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
