Ecuador | Militarizan la cárcel de Guayaquil tras enfrentamientos que dejaron 118 muertos
Ecuador militariza la Penitenciaría tras la masacre que dejó 118 muertos
Más de un millar de policías y soldados intervinieron este jueves en las operaciones y redadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil para incautar armas a los reclusos y evitar tragedias como las que, el martes, dejaron al menos 118 muertos y 79 heridos.
En total, más de 900 policías de distintas unidades tomaron parte en el operativo de registro y control en el interior del también llamado centro penitenciario del Litoral, según la comandante general de la Policía, Tannya Varela, a los que se agregaron un número indefinido de militares y varias tanquetas.
“Nuestra presencia aquí obedece al respaldo legal, que es lo más importante, ante estas circunstancias y estas situaciones por las que estamos atravesando”, dijo la comandante general ante cientos de agentes concentrados en una superficie aledaña a la prisión.
Hasta el momento, las fuerzas del orden lanzaron una operación en la madrugada y otra cerca del mediodía. Pero no serán las únicas.
“Son constantes las operaciones en las últimas horas de parte de los militares y la policía. En la madrugada ingresaron a varios pabellones, y al mediodía a otros”, confirmó a Efe el portavoz de la Gobernación de Guayas, Jefferson Merchán.
Según el último parte policial, las fuerzas incautaron tres pistolas, 435 balas, 25 armas blancas, tres artefactos explosivos y varias dosis de drogas.
GRUPOS ESPECIALES. En los operativos actuaron las unidades tácticas Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), y Criminalística, mientras un helicóptero sobrevolaba toda el área.
También lo hicieron agentes de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia, confirmó la Policía.
Las intervenciones tienen el objetivo de registrar todo el centro para incautar armas a los reos que el martes protagonizaron la sangrienta reyerta, la tercera este año con decenas de víctimas, si bien los ajustes de cuentas son semanales.
La actuación de fuerzas policiales y militares se produce al amparo del decreto de excepción promulgado por el presidente Guillermo Lasso para lidiar con la crisis, y durará dos meses a escala nacional, es decir en todos los centros del sistema penitenciario, comúnmente referido como SNAI.
Y es que el incidente del martes ha vuelto a poner de manifiesto la severa crisis que aqueja al sistema penitenciario ecuatoriano desde hace tres años.
Solo en lo que va de 2021 han muerto en este tipo de sucesos más de 230 presos, con epicentro en esa prisión de Guayaquil, ciudad en la que también se concentra la actividad delictiva del país por su carácter portuario y donde han sido asesinadas en las calles más de 430 personas hasta agosto.
Los incesantes choques en las cárceles reflejan la lucha de poder entre bandas como “Los Choneros” y “Los Lobos”, hay otras menos importantes, por el control del crimen y el narcotráfico, según las autoridades.
EL ARDUO TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN. A la par de las operaciones y la militarización en torno a la cárcel, el Gobierno de la provincia de Guayas ha establecido un centro de apoyo y “acompañamiento social y psicológico” a familiares, que desde el martes deambulan por la ciudad en busca de respuestas.
El centro funciona en el Parque Samanes, en el coliseo Abel Jiménez Parra, aunque según ha constatado Efe por el momento no se está ofreciendo información, sino más bien recogiendo datos de los familiares para luego poder identificar a víctimas.
La inmensa mayoría de los cuerpos, muchos de ellos despedazados según las dantescas imágenes que han circulado por redes sociales, y con al menos cinco decapitados, están en la morgue pendientes de identificación.
Henry Coral, encargado de Criminalística, explicó a Efe que como no tienen “ningún tipo de información se pidió la ayuda de los familiares”, ya sea con números de cédula o distintivos que permitan “individualizar” a las personas.
Por su parte, Manuel Cucalón, intendente de la Policía de la provincia de Guayas, lamentó que “el proceso lleve tiempo por las circunstancias propias de la desgracia que hemos sufrido”.
“Hay que identificar muchos cadáveres en el sitio. Sin embargo, sí ha habido personas aquí que han podido tener noticias de sus familiares”, aseveró a las puertas del Coliseo.
CONDENAS. La nueva masacre ha generado las condenas de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.
En su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en lo que va del año en Ecuador “más de 200 personas” han fallecido como resultado de la violencia en las penitenciarías, e instó al Estado ecuatoriano a “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos”.
“El Estado no tiene la capacidad técnica de poder solucionar los problemas estructurales de la crisis”, aseguró en un comunicado esta Alianza, que aglutina a 18 organizaciones.
“La única respuesta del Estado ha sido aplicar un enfoque securitista, alimentado de discursos estigmatizantes y reduccionistas, que pretenden deshumanizar a las personas privadas de libertad”, denunció al rechazar la “militarización” de las prisiones.
Ecuador entra en la lista de los países con más muertos en motines en cárceles
El miércoles Ecuador entero se sorprendió al conocer la elevada cifra de fallecidos en el motín del martes en la Penitenciaría del Litoral. El anuncio oficial lo hizo el presidente Guillermo Lasso; en medio del anuncio de un estado de emergencia por la crisis carcelaria, dijo que la cifra de muertos llegaba a 116 reclusos, mientras otros 80 permanecían heridos en diversas casas asistenciales.
Esta masacre es la mayor de una serie de episodios que venían en aumento en el país en los últimos años en las cárceles por enfrentamientos entre bandas. Ya en este mismo año, en febrero, se habían producido confrontaciones en cuatro cárceles con un saldo de 79 muertos, lo cual era hasta esta semana el peor episodio de violencia en las prisiones del país.
Esta realidad de violencia entre rejas suele golpear con fuerza en la región, que ya en el pasado ha vivido episodios similares en varios países, recordados por medios internacionales como BBC o El País.
El hecho en el que murieron más presos ocurrió en Honduras entre el 14 y 15 de febrero de 2012, cuando 361 personas fallecieron en la Granja Penal de Comayagua. La hacinada cárcel sufrió un incendio por, según las investigaciones, causas accidentales. Se desestimaron así las primeras hipótesis de ser algo planeado.
País Muertos Causa Año
Honduras 361 Incendio en la granja penal de Comayagua 2012
Perú 250 Enfrentamientos de bandas terroristas en tres cárceles 1986
República Dominicana 135 Disputa e incendio en cárcel de Higüey 2005
Brasil 133 Motín de bandas en varios prisiones 2006
Ecuador 116 Motín en la Penitenciaría del Litoral 2021
En tanto que la peor masacre por motines y peleas entre grupos o bandas sigue siendo la de 1986 en Perú, cuando entre el 18 y 19 de junio hubo acciones coordinadas de presos de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Túpac Amaru en tres prisiones de ese país. El saldo de ese hecho fueron 250 muertos.
Luego está lo sucedido en 2005 en la prisión de Higüey, en República Dominicana, en la que un enfrentamiento entre bandas terminó en un gran incendio y fallecieron 135 prisioneros.
Brasil es uno de los países con mayores problemas carcelarios por la gran cantidad de presos -sumado a las malas condiciones- y los continuos enfrentamientos entre bandas dentro de las cárceles. La peor fue la de mayo de 2006, mes en el que con motines y ataques coordinados a comisarías se provocó la muerte de 133 personas entonces privadas de la libertad en menos de cinco días. En aquella ocasión se culpó al Primer Comando de la Capital (PCC), que lideraba entonces el crimen organizado en el país.
Justamente este último también protagonizó en 2017, junto con el Comando Rojo (CV por sus siglas en portugués), otro episodio de motines en cárceles que dejó 115 fallecidos. En ese mismo país en 1992 también hubo un episodio conocido como la masacre de Carandirú, una cárcel en la que murieron 111 mientras la policía trataba de recuperar el lugar tras un amotinamiento.
Respecto de otros hechos en los que fallecieron más de 100 reos están también el incendio en la prisión de Sabaneta, en Venezuela, en 1994, que provocó la muerte de 108 personas. Así como el deceso de otros 107 reclusos en un incendio de una cárcel de San Pedro Sula, en Honduras.
Según Lautaro Ojeda, especialista en seguridad ciudadana y que se ha concentrado en violencia social interpersonal, para entender lo que pasa hay que recordar la responsabilidad histórica estatal que incluye varios factores, de los que uno es la droga, tanto desde el plano local como internacional.
“No se avizora la problemática general de las causas, la pobreza, la inequidad, la corrupción, que están en el fondo de todo eso (…), es decir, el tema es de una enorme complejidad (…), pero nos hemos centrado en dos o tres aspectos de la criminalidad, pero no tenemos un conocimiento profundo(…), no tenemos diagnósticos, tenemos una especie de contabilidad de cuántos han muerto, las catástrofes, pero no hay respuestas suficientes de cómo y por qué se originan”, dice Ojeda.
Él cree que también hay que verlo de forma estructural porque este tipo de masacres son producto de una violencia acumulada, de factores acumulados, en donde nace la oportunidad de vincularse con el crimen organizado y mafias internacionales. Mientras “la prevención del crimen es un discurso y la rehabilitación es una ficción, casi una mentira, el sistema judicial no puede estar peor, la inteligencia en cárceles no es suficiente”, problemáticas que se repiten en los demás países de los casos mencionados.
En tanto, el doctor Jorge Villacreses, máster en criminalística, ve como primer factor la disputa entre bandas criminales locales que son brazos de carteles internacionales de narcotráfico que les proveen dinero, armas y drogas, en el caso de Ecuador, los cuales son sanguinarios. Además de que desde los centros penitenciarios se maneja lo que sucede con las drogas en el país y su salida, así como lo que pasa en las calles.
“En esa disputa (por los centros penitenciarios) es donde nacen estas reyertas, asesinatos y crímenes”, comenta Villacreses, quien añade que una de las medidas más necesarias es trabajar en inteligencia con colaboración de los países pares involucrados en estas redes, como México, Colombia y Perú.
“Hay que desbaratar estas organizaciones porque si no mañana 100 personas más van a estar dispuestas a reemplazar a los que fallecen o son cambiados”, comenta Villacreses, quien agrega que se debe hacer una reinfraestructura en el sistema carcelario, así como darles mayor preparación y herramientas a los guardias, que no pueden afrontar lo que ocurre. Y para eso es oportuno aprovechar el estado de emergencia.
“Esto representa una crisis, una crisis de alto nivel, un problema que veníamos venir desde hace mucho tiempo, pero al cual no se le ha dado las respuestas necesarias a tiempo”, comenta Bertha García, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien plantea también que la militarización no es una respuesta porque ocasionaría más violencia y se debe empezar por un mejor manejo del sistema carcelario y de la política sobre estos temas.
García, doctora en sociología, agrega que Ecuador está infestado de narcotráfico y esto ha hecho que sea uno de los países más violentos porque la conexión con bandas internacionales ha hecho que se use tácticas como la de los Zetas en México, que es la violencia abierta para amedrentar a rivales, fuerzas de seguridad y al Estado.
