Día de Acción Global | Colectivos feministas de América Latina exigieron el fin de la criminalización del aborto
Colectivos en América Latina claman por el fin de la criminalización del aborto
América Latina conmemoró este martes con varios actos el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro en medio de un largo camino con batallas que se dan en los estrados judiciales, en las instancias gubernamentales y también en las calles.
El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de la región, en donde sólo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y cuatro entidades territoriales de México (Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz) lo han despenalizado.
Por otra parte, en Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Perú el aborto es ilegal salvo en tres causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la madre.
En Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras la interrupción del embarazo es totalmente ilegal, lo que acarrea penas carcelarias para la mujer que se someta al procedimiento y para el personal que lo ejecute.
UN IMPORTANTE PASO LEGISLATIVO EN CHILE
Una inédita moción que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación se abrió paso este martes en Chile, donde desde 2017 se admiten las tres causales citadas, pero aún le queda un tramo muy largo y complicado por andar.
Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja ratificó una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo una interrupción voluntaria del embarazo hasta cumplir el término previsto.
No obstante, a esta iniciativa, a la que se opone el Gobierno del conservador Sebastián Piñera, todavía le falta un proceso de concreción de articulado en el Legislativo que, de pasarlo, haría que el aborto no fuera punible, pero no lo garantizaría como un derecho libre y gratuito.
POR UN ABORTO LEGAL EN TODO MÉXICO
Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz son los únicos territorios mexicanos en los que el aborto es totalmente legal, pero aquellas mujeres que se manifestaron en la fecha abogan por mejores condiciones tanto sanitarias como legales, no sólo en esas cuatro regiones si no en todo el país.
Los colectivos feministas se movilizaron por el centro de Ciudad de México y, aunque tenían contemplado dirigirse al Zócalo capitalino, un grupo se desvió de la ruta original para hacer una parada en el Ángel de la Independencia, donde realizaron pintadas e intentaron derribar vallas metálicas que protegen al monumento.
En un acto que ha sido considerado como una victoria de quienes promueven la despenalización, el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional por unanimidad el castigo a la interrupción de la gravidez e invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila (norte), que imponía de uno a tres años de cárcel «a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento».
MUJERES SALVADOREÑAS PIDEN POR LAS TRES CAUSALES
Durante la marcha llevada a cabo en la fecha en San Salvador, las manifestantes se pronunciaron en favor de la implantación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva y, a su vez, le hicieron un llamado al Legislativo con una propuesta de reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, al menos en las tres causales reconocidas internacionalmente.
El artículo 133 de dicho código establece que «el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años».
Durante la manifestación se le rindió homenaje a Beatriz, una joven ya fallecida a quien el Supremo salvadoreño le denegó el aborto y estuvo hospitalizada en San Salvador desde abril de 2013 y dio a luz a una niña mediante una operación cesárea el 3 de junio de ese mismo año.
Sin embargo, la bebé murió horas después al nacer sin cerebro, una de las causas por las que ella había pedido interrumpir el embarazo, además de sus propias enfermedades.
ABORTO LIBRE Y SEGURO EN BOLIVIA
En un recorrido por las calles de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del Bolivia, las manifestantes exigieron que se puedan llevar a cabo abortos libres y seguros o que al menos las instancias involucradas respeten las causales de interrupción del embarazo previstas por la ley.
Las integrantes de la Asociación Feminista 28 de septiembre pidieron que los «servidores públicos» dejen de poner «obstáculos» para realizar los abortos cuando están enmarcados en esas circunstancias y que sean sancionados los trabajadores que se nieguen a realizar este procedimiento.
«Nosotros queremos la despenalización del aborto, pero también que se cumplan las normas, tenemos un problema muy serio de embarazos en adolescentes que terminan en maternidades forzadas», manifestó a Efe la representante de dicha asociación, Carmen Sanabria.
La dirigente feminista afirmó que los abortos que se llevan a cabo de forma clandestina constituyen “la tercera causa de mortalidad materna” en Bolivia.
EN BÚSQUEDA DE LA DESPENALIZACIÓN TOTAL EN COLOMBIA
La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto en las tres causales conocidas, pero, según consta en el más reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas publicado este martes, la misma instancia está debatiendo si declara inconstitucional el artículo 122 del Código Penal que declara la interrupción voluntaria del embarazo como un delito.
Los promotores de este cambio en la legislación colombiana desean que el aborto, más que una causa penal, sea visto como una problemática de salud pública.
«Eliminen el delito del Código Penal», fue el grito de hoy de las mujeres ante el Palacio de Justicia de Bogotá, donde está ubicada la Corte, y siguieron cantando «yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad».
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO EN VENEZUELA
Organizaciones feministas aprovecharon la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro para pedir a los poderes Legislativo y Judicial de Venezuela que se lleven a cabo cambios que descriminalicen la interrupción de la gestación.
«La criminalización del aborto vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud, al libre desenvolvimiento de la personalidad, al derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a vivir una vida libre de violencia», dijo Laura Cano, organizadora de la llamada Ruta Verde.
En concreto, las manifestantes pidieron la eliminación de los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal y participar en la redacción de la legislación para garantizar el aborto seguro.
La “marea verde” del aborto toma impulso en América Latina
Por Cristina Bazán
Con la reciente despenalización del aborto en México por parte de la Suprema Corte, este país se sube a la ola de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que ha empezado a tomar un fuerte impulso en América Latina desde finales de 2020, cuando en Argentina se aprobó la Ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La fuerza de la “marea verde” argentina tuvo sus primeras influencias en Ecuador, país en el que la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación dos años después de que el Congreso se negase a reformar el Código Penal. Chile también llevó la discusión al Legislativo y Colombia se prepara para recibir, tentativamente en noviembre, una respuesta de la Corte Constitucional al pedido de eliminar el delito de aborto.
Sin embargo, junto a esos avances históricos en un año y medio especialmente violento para las mujeres y niñas de la región debido al confinamiento también ha habido retrocesos. El Salvador y Honduras han ratificado la prohibición total del aborto y las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden enfrentar penas de entre 3 y 30 años de cárcel, incluso tras sufrir emergencias obstétricas.
“Hay que mantener la vigilancia. Hemos visto avances increíbles en América Latina en justicia de género y la garantía de los derechos reproductivos. Sin embargo, aún no podemos decir que lo avanzado es lo suficiente. Es un comienzo y no es un camino en línea recta“, asegura la directora regional para América Latina de Planned Parenthood Global, Dee Redwine, en una entrevista con Efeminista en el marco del Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.
La lucha por el aborto legal en América Latina
Para Redwine, lo que ha sucedido en Argentina, Ecuador y México no es un trabajo de un año sino que es el resultado de décadas de incidencia por parte del movimiento feminista y de organizaciones de la sociedad civil.
“Es una ola que ha estado creciendo por años y años y la verdad es que si alguien está sorprendido por los avances en el tema del aborto en América Latina es porque no estaba prestando suficiente atención“, asegura la directora regional.
En Argentina, por ejemplo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ha trabajado sin descanso desde hace quince años para comunicar, acompañar y detectar obstáculos que puedan tener las mujeres y personas gestantes en el acceso a métodos anticonceptivos o de aborto seguro. La Campaña se transformó en un símbolo de lucha desde su lanzamiento y ha sacado a las calles a miles de personas para protestar contra las violaciones de los derechos de las mujeres.
Tras la aprobación de la ley, Argentina se unió a Uruguay, Cuba y Guyana como uno de los cuatro únicos países en legalizar el aborto en todos los casos. En Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Paraguay se permite solo en algunas causales, como cuando hay riesgo de vida para la madre.
La “marea verde” se expande
“La tendencia es hacia un mayor reconocimiento de los derechos gracias a los movimientos feministas en la región”, enfatiza Dee Redwine.
Esos mismos movimientos son los que, afirma la directora regional de PPG, han posicionado en la opinión pública, con campañas como “Niñas no madres”, la necesidad de despenalizar el aborto en una región en la que los embarazos adolescentes y la violencia sexual no dejan de crecer.
Además, han demostrado con estadísticas y casos que la penalización no frena el aborto sino que lleva a las mujeres a hacerlo de manera clandestina. Según datos del Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa), el número anual de abortos inseguros en América Latina entre las adolescentes de 15 a 19 años alcanza los 670 mil.
“La campaña ‘Niñas no madres’ fue una bandera en el movimiento en Ecuador. Sin duda incidió para que la Corte ampliara la definición del aborto legal para incluir los casos de violación“, recuerda la experta. El Congreso de Ecuador debate ahora un proyecto de ley para normar el acceso al aborto para víctimas de violencia sexual.
México y sus sentencias “históricas”
En México, por su parte, además de declarar inconstitucional la criminalización del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en un solo mes sobre la objeción de conciencia y el reconocimiento de la vida desde la concepción. Sentencias consideradas como “históricas” y que marcan el camino en toda América Latina.
“Estos casos no son resueltos en abstracto, sino que se han resuelto otros con anterioridad. Por ejemplo, de aborto por violación, de aborto por causal salud, en donde las y los ministros han dicho que es un derecho. Desde GIRE se han litigado y ganado por lo menos 5 casos sobre aborto ante la Suprema Corte y también desde organizaciones aliadas. Las decisiones de este septiembre son la punta del iceberg“, explica la coordinadora de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Melissa Ayala.
La abogada explica que en el caso de la despenalización del aborto, el Supremo se ha pronunciado en específico sobre la criminalización en el estado de Coahuila, cuyo Código Penal sancionaba el aborto con hasta cinco años de prisión a la mujer que abortara y también para los que la ayudasen a abortar.
Sin embargo, ya que la decisión fue unánime se vuelve vinculante y obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales.
“Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”, sentenció en ese entonces el ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto.
Hay mujeres condenadas por otros delitos
Tras esa sentencia, el Gobierno mexicano ha pedido revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año, pero hay muchos casos que han quedado en el limbo porque la criminalización se ha realizado por delitos relacionados.
“Esa es nuestra principal preocupación. Hay que empezar a señalar que a ellas se las está juzgando por aborto, no por, por ejemplo, homicidio por relación de parentesco”, dice Ayala. Para evitar esta criminalización, explica, mujeres de los 27 estados donde aún no se ha despenalizado van a abortar a la capital.
En el caso de la objeción de conciencia, la vocera de GIRE aclara que la Corte ha dicho que es un derecho del personal médico y de enfermería, pero que está tan mal regulado en la Ley de Salud “que puede provocar la afectación de los derechos a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. Es decir que ni un hospital ni mucho menos un estado entero se puede declarar objetor de conciencia.
“Pauline Capdevielle, una investigadora del Colegio de Bioética en México, dice que el 80 % de los ginecobstétricos son objetores”, alerta Ayala.
Una situación similar a la que se vive en España, donde, según cifras de la titular de Igualdad, Irene Montero, “8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades donde ni siquiera se realizan”. La ministra ha dicho que cree que es necesario reformar la ley del aborto para “blindar por ley” el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Colombia va por la “Causa Justa”
La sentencia de México aumenta la esperanza del movimiento “Causa Justa” de Colombia, formado por más de 90 organizaciones y 134 personas entre activistas y defensores de los derechos humanos que buscan, por medio de un fallo de la Corte Constitucional, que se elimine el delito de aborto.
“¿Eso qué quiere decir? Que se usen otras formas distintas al derecho penal, a la amenaza de cárcel, para regular el aborto, como las leyes sanitarias o las regulaciones de salud, como se está haciendo en otros países. Porque como lo dijo y ratificó la Corte Suprema de Justicia de México es ineficaz y es dañino para las mujeres vulnerables”, explica la abogada de Women’s Link Worldwide, Mariana Ardila.
En 2006, la Corte ya se pronunció sobre el aborto y despenalizó el delito en tres causales a raíz de un litigio liderado por Women’s Link Worldwide, cuenta Ardila. La criminalización se excluye cuando existe riesgo para la vida y salud de la mujer, en casos de violación y por malformaciones incompatibles con la vida extra uterina.
Sin embargo, desde ese mismo año la persecución y las condenas por el delito de aborto han ido en aumento. Según un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes, desde 2008 hay alrededor de 400 casos al año, un 320% más que en el 2005.
Respecto a las condenas, 346 personas han sido sentenciadas en 335 casos distintos, y la estadística ha subido de 12 a 26 entre 2006 y 2008 y así se ha mantenido hasta ahora.
“La principal barrera es la persistencia del delito”
“Hemos acompañado a más de 1.400 mujeres que han enfrentado barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde el 2006 hasta la fecha”, señala la coordinadora de la Mesa, Laura Castro.
Ese trabajo ha permitido a la Mesa sistematizar los obstáculos para producir “conocimiento técnico y basado en evidencia” que les permita generar incidencia ante el sector salud, justicia y de protección.
Mariana Ardila dice que uno de las principales dificultades es que en Colombia “todo está muy centralizado”. “En muchos lugares no del país no hay cómo acceder a un aborto legal y seguro. Las mujeres tienen que recorrer grandes distancias e incurrir en costos adicionales que muchas no están en capacidad de hacer. Hay demoras que hacen que los abortos sean más tardíos”.
Laura Castro, por su parte, sostiene que la principal barrera es la persistencia del delito, pues “sigue siendo muy ambiguo” que la interrupción voluntaria del embarazo también haya sido reconocida como un derecho fundamental.
“Es muy difícil tanto para las mujeres como para los profesionales que prestan servicios de salud sexual y reproductiva distinguir en qué momento se está violando el derecho penal y en que momento se está ejerciendo un derecho fundamental por parte de las mujeres”, recalca. Y ese es uno de los argumentos que han llevado ante la Corte colombiana.
Las amenazas que surgen en la región
En paralelo a los avances, organismos que defienden los derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por los retrocesos registrados en El Salvador y Honduras. Estos países han ratificado su unión a la lista de naciones que prohíben totalmente el aborto como Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Haití y Surinam.
Según la organización IPAS, en Honduras y El Salvador hay 64 mujeres encarceladas por el delito de aborto. Dos casos de El Salvador han sido llevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El que más avanzado está es el de Manuela, una mujer de bajos recursos socio económicos que murió de cáncer a los 33 años mientras pagaba una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras haber sufrido una emergencia obstétrica. La Corte Interamericana está por emitir un fallo sobre este proceso que podría marcar un precedente en la región.
“Estamos hablando de países donde la democracia está bajo ataque, donde hay tendencias hacia la extrema derecha. Los derechos sexuales y reproductivos también están bajo un ataque”, señala Dee Redwine, de Planned Parenthood Global.
Pese al panorama, las expertas consultadas por Efeminista son optimistas sobre el futuro del aborto en América Latina. “Siento que América Latina está en una tendencia hacia abandonar el uso del derecho penal para regular el aborto o a reducirlo significativamente. Sin duda lo de Texas en Estados Unidos y lo de Centroamérica es muy grave, pero creo que vamos a poder darle la vuelta a esos retrocesos y a enderezar ese camino”, zanja Mariana Ardila, de Women’s Link Worldwide.
