Crece la tensión entre Nicaragua y El Salvador por la nacionalización del expresidente Sánchez Cerén
Carta del gobierno de Nicaragua a la Canciller de El Salvador
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESManagua, 1 de Agosto de 2021
Señora Alexandra Hill
Ministra de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador
Señora Canciller:
Hemos recibido su carta de hoy que consideramos inaceptable puesto que usted se refiere en términos ofensivos e insultantes a ciudadanos nicaragüenses por nacionalización, derecho que tienen todos los estados civilizados del mundo
Queremos recordar a usted, sin ánimo de ofender, que desde su cargo de Canciller, y más bien aprovechándolo, se ha entrometido en asuntos internos de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre.
Hemos recibido de su persona, haciendo ostentación de su condición de Canciller de El Salvador, presiones y reclamos por la situación de indagado e investigado por traición a la patria, lavado de dinero y otros delitos, de su excónyuge el ciudadano Arturo Cruz Sequeira.
Sabemos además que sus presiones, amenazas y chantajes se han extendido al ámbito del SICA, cuya Secretaría General corresponde por derecho a Nicaragua, impidiendo usted con conductas personales, inapropiadas, incorrectas e ilegales, el consenso reglamentario, en flagrante violación del tratado de Tegucigalpa.
Usted, señora Canciller, sabe perfectamente lo que esta denuncia representa. Usted, señora Canciller, sabe que su comportamiento violenta todos los códigos éticos correspondientes con ese cargo.
Mezclar intereses personales, chantajear, amenazar y obstruir la gestión entre Estados, por motivos ajenos a su representación oficial, constituye un delito de usurpación que debe ser investigado en su país. Usted bien sabe a qué nos referimos, y sabe lo que el abuso de las funciones de Estado, representa en cualquier Institucionalidad.
Nos consta que usted se ha entrometido y extralimitado gravemente, exigiendo inaceptables preferencias para su excónyuge el señor Cruz Sequeira, desde sus intereses propios. Usted, ha llegado incluso a “amenazar” con involucrar a los Estados Unidos en estos asuntos que son de soberanía nacional de Nicaragua. Como usted bien conoce, eso constituye una insólita e injustificable injerencia en nuestros asuntos de soberanía nacional.
Señora Canciller:
Cuando hay techo de vidrio, lo inteligente es no lanzar piedras. Responda usted por sus actos injerencistas que nosotros respondemos por nuestra soberanía e independencia.
Estamos seguros de que el Estado salvadoreño abrirá la investigación correspondiente por estos delitos, en tanto abuso de poder, amenazas, intimidaciones, chantajes y extralimitaciones, incluyendo la jactanciosa referencia a sus propios (de Usted) vínculos con gobiernos extrarregionales buscando, precisamente, presionar para lograr sus objetivos injerencistas.
Le recordamos que no somos sobornables y lo afirma nuestra aguerrida historia.
Por otra parte, y ante tantas evidencias de conflicto de intereses, no podemos excluir, señora Alexandra, su propio (de usted) involucramiento en los temas antipatrióticos, lesivos de nuestra soberanía y otros delitos ya mencionados, por los que su exesposo, el ciudadano nacional de Nicaragua, Arturo Cruz Sequeira, es sujeto de investigación judicial.
Esperamos su respuesta.
Denis Moncada Colindres
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua
cc: Excelentísimo Señor Nayib Bukele, Presidente de la República de El Salvador
¿Puede Nayib Bukele extraditar a Sánchez Cerén y a Mauricio Funes?
Luego de conocerse que el gobierno del presidente Daniel Ortega hizo oficial la nacionalización del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para evitar su extradición y ser juzgado por los delitos de corrupción, surge la siguiente pregunta: ¿Puede Nayib Bukele extraditar a Sánchez Cerén?
Al adquirir la nacionalidad nicaragüense Sánchez Céren, no podrá ser extraditado ya que las leyes de este país impiden que dicho proceso se aplique a sus nacionales.
“En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, dice el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua.
Sánchez Cerén está bajo búsqueda y captura internacional acusado de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La orden de arresto dirigida a la Interpol incluye a otros cuatro exfuncionarios, de los nueve implicados en el caso de desfalco público, aparte del exmandatario.
El prófugo de la justicia internacional solamente está protegido en territorio nicaragüense, pero si es encontrado en otro país inmediatamente puede ser extraditado hacia El Salvador.
Mauricio Funes, prófugo de la justicia internacional
La jefa de la Unidad Contra el Lavado de Activos, Maricela Velásquez, aseguró que fue el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador quien decretó la orden de captura internacional para Sánchez Cerén.
Este mismo tribunal que inició la fase de instrucción de los presuntos delitos, que datan del periodo 2009-2014, años en que Sánchez ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno de Mauricio Funes, también buscado por la justicia de ese país y que goza de nacionalidad nicaragüense.
El exdiputado Eliseo Núñez Morales explicaba a un medio local de El Salvador que la decisión tomada por Ortega al darle la nacionalidad a Funes “es ilegal, pero también es antiético, porque Funes está acusado de delitos de corrupción en El Salvador, lo que complica este caso aún más”.
“Si cualquiera de ellos sale del país y tiene una orden internacional de captura, se va de regreso a El Salvador”, señaló Núñez en ese entonces.
Muchos políticos han señalado que la estrategia de Ortega al brindarle nacionalidad nicaragüense a políticos acusados de corrupción, es un blindaje a priori para protegerlos y que no sean procesados en su país.
La UE sanciona a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo
El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció la imposición de sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y siete personas más presuntamente implicadas en violaciones de derechos humanos.
«El Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas más, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua», dice el comunicado oficial.
Según el bloque comunitario, las restricciones están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses.
Esta decisión eleva a 14 el número de personas que son objeto de una inmovilización de bienes en el territorio de la UE y a las que ciudadanos y empresas de los Veintisiete tendrán prohibido aportar recursos financieros. Las personas sujetas a sanciones tampoco podrán entrar al territorio de la UE o transitar por él.
Argumentando su decisión, el Consejo de la UE señala que «la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses» y que «el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense».
«Las medidas adicionales de hoy demuestran que la UE sigue estando resuelta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua», resalta el comunicado.
El arresto a fines de julio pasado de Noel Vidaurre, el séptimo precandidato presidencial que fue privado de libertad en el país centroamericano, «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones» a juicio de la UE.
Los Veintisiete vuelven a exigir «la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses».
EEUU inicia campaña sobre la grave crisis política en Nicaragua
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos anunció la mañana de este domingo primero de agosto que durante este mes estará «compartiendo las historias de algunos de los que han sido encarcelados y separados de sus seres queridos por trabajar por una Nicaragua libre, justa y democrática», como ha sido el caso de siete precandidatos presidenciales que han sido inhibidos para optar a cargos públicos.
Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la falta de independencia en los poderes estatales de Nicaragua, tras las recientes detenciones de 30 opositores investigados por supuestamente «realizar actos que atentan contra la independencia y la soberanía de Nicaragua».
Julie Chung, Subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo que el Gobierno del demócrata Joe Biden ha estado observando alarmantemente «cómo el régimen Ortega-Murillo ha negado cada vez más los derechos humanos a los nicaragüenses, ignorando los llamados para crear condiciones para elecciones libres y justas».
With elections this fall, the Ortega-Murillo regime has intensified its campaign of violence and repression of journalists, opposition leaders, and civil society. More than 150 people have been detained for engaging in peaceful dissent and political competition. (2/3)
— Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (@StateDRL) August 1, 2021
Estados Unidos ha observado detenidamente la persecución de Ortega contra sus posibles contrincantes políticos de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, luego de abrir investigaciones jurídicas en contra de siete precandidatos presidenciales, entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro, quien ha sido una de las más populares en las recientes encuestas realizada por Cid Gallup.
«Con la proximidad de las elecciones de noviembre, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado su violencia y represión contra periodistas, líderes de la oposición y la sociedad civil. Han detenido cerca de 150 personas por participar en disidencia pacífica y competencia política» publicó Chung en su cuenta oficial de twitter.
Estados Unidos y la comunidad internacional han observado con alarma cómo el régimen Ortega-Murillo ha negado cada vez más los derechos humanos a los nicaragüenses, ignorando los llamados para crear condiciones para elecciones libres y justas.#SOS Nicaragua (1/3)
— Julie Chung (@WHAAsstSecty) August 1, 2021
Recientemente Julie Chung llamó a la Organización de Estados Americanos a dar una «señal clara» al mandatario sandinista, luego que la Policía Nacional arrestara violentamente a cinco exguerrilleros sandinistas en un fin de semana.
Dos días después, el 15 de junio, países miembros de la OEA aprobaron una resolución contra el gobierno sandinista en la que señalaron los intentos de Ortega por perpetrarse en el poder, y en el que exigieron la libertad inmediata de los más 130 presos políticos.
Ortega ha hecho caso omiso a las exigencias externas que ha motivado a la comunidad internacional a desconocer los comicios del 7 de noviembre mientras no haya cambios en la reformada ley electora y en la selección de magistrado para el Poder Electoral, así como también la libertad de los presos políticos.
