Gobierno de Bolivia iniciará proceso judicial internacional contra Lenín Moreno y Áñez por la entrega de armas
Gobierno de Bolivia quiere iniciar un proceso judicial internacional contra Lenín Moreno y Jeanine Áñez
El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno del presidente Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional en contra del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y la expresidenta interina Jeanine Áñez por delitos de “lesa humanidad” vinculados a un supuesto préstamo en noviembre de 2019 de gases lacrimógenos para controlar las protestas que sacudían a Bolivia tras la dimisión del expresidente Evo Morales.
Lima no especificó el tribunal internacional al que Bolivia acudirá, pero sí nombró a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, refiere El País.
El presunto préstamo de Moreno a Áñez ya desencadenó una denuncia en Ecuador presentada el lunes por el legislador Fausto Jarrín, del movimiento Unión por la Esperanza, ante la Fiscalía del Estado contra el expresidente.
Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, aseguró que esta causa se coordinará con las acciones judiciales que también se han generado en Bolivia y Estados Unidos.
La acción fiscal contra Moreno es solicitada “por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de Áñez en noviembre de 2019”, remarcó Jarrín en declaraciones a periodistas tras depositar su denuncia ante el ministerio público.
Según Jarrín, ese material se entregó cuando “el gobierno de facto” de Bolivia reprimía a la ciudadanía, por lo que el caso se trabajará “conjuntamente con las denuncias que se han presentado” ante la justicia boliviana.
El pasado jueves, el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y “municiones de guerra” desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Áñez.
El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador “proyectiles y granadas” antidisturbios en una operación que “nunca” se hizo pública y que se manejó con “perfil bajo”.
Jarrín reiteró su exigencia de que la Fiscalía ecuatoriana “actúe con la diligencia que requieren” este tipo de casos e hizo un llamado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso, sucesor de Moreno, para que se abran las dependencias públicas a las investigaciones.
Este es un caso “tan grave”, porque se considera la “entrega de pertrechos militares a otro país”, lo que configuraría delitos como disposición arbitraria de bienes públicos y hasta malversación o peculado, entre otros, que deberá determinar la investigación fiscal, añadió el asambleísta.
En este caso, según el legislador, podrían estar involucrados el expresidente Moreno, su ministra de Gobierno en ese momento, María Paula Romo, así como mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía ecuatorianas, refiere Efe.
“Estamos solicitando que se inicien los procedimientos para la asistencia penal internacional”, ya que en Bolivia y en Estados Unidos han sido encausados exintegrantes del Gabinete del Gobierno de Añez, añadió.
No obstante, el periódico boliviano Página Siete informó que tuvo contacto con un miembro del equipo de Moreno, que no quiso ser identificado públicamente, y que desmintió el envío de las municiones, pero no quedó claro si también no se completó el envío de munición no letal.
Exministra ecuatoriana niega envío de “munición de guerra” a Bolivia
La exministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, negó que su país haya enviado “munición de guerra” a Bolivia, tal como señaló el ministro Eduardo del Castillo el 10 de junio.
“De ninguna manera se trata de material militar o de guerra, porque la Policía no posee material de ese tipo”, afirmó la exautoridad de la administración de Lenin Moreno, quien fue demandado por un legislador, Fausto Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, por un “irregular” préstamo de municiones no letales a Bolivia, en noviembre de 2019. “Se trata de un procedimiento habitual de cooperación entre policías y en esta demanda hay mala fe”, afirmó Romo a los periodistas de su país.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo el martes que el gobierno está recibiendo información “preocupante” sobre este préstamo y llegó a sugerir la posibilidad de un delito de “lesa humanidad” de orden internacional, porque, según dijo, esa munición pudo ser empleada en la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas que se produjo el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani de Sacaba, en Cochabamba.
Jorge Santistevan, militar del servicio pasivo y abogado constitucionalista afirmó que las acusaciones del gobierno “están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de un Estado amigo”.
La investigación del préstamo de estas municiones data de 2020. El Legislativo pidió informes a la embajada de Ecuador en Bolivia.
Fiscalía: Se analiza tipificar como obstrucción el silencio de Mesa en el caso Golpe
“No corresponde” que el expresidente Carlos Mesa haya acudido al derecho de guardar silencio en su declaración como testigo en el caso “golpe de Estado”, por lo que la comisión de fiscales analizará si corresponde tipificar esa actitud como obstaculización de la investigación, informó el fiscal Omar Mejillones.
Mesa acudió este jueves a declarar y se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal, aunque cuando se le preguntó qué hizo y dónde se encontraba el 11 y 12 de noviembre de 2019, días de negociación extralegislativa que terminaron con la toma del poder de Jeanine Áñez, respondió: “No voy a contestar la pregunta porque puedo incriminarme”.
Mejillones informó que se le explicó que no podía acogerse al derecho al silencio porque solo estaba declarando como testigo y recordó que solo se aplica esta figura cuando “los hechos de los cuales es interrogado puedan generar algún tipo de responsabilidad o cuando él mismo tuviera algún grado de parentesco con los imputados”.
Durante las negociaciones extralegislativas de noviembre, Mesa formó parte del grupo de políticos, cívicos y dirigentes del Conade que analizaron las vías de salida de la crisis y optaron por llevar al poder a Áñez. La propia expresidenta reveló que Mesa se opuso a la que exsenadora Adriana Salvatierra asuma el poder.
Mejillones anunció también analizar la posibilidad de ampliar la investigación al expresidente.
Por el caso “golpe de Estado” está en la cárcel Áñez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además de exjefes de las Fuerzas Armadas.
