El Salvador | La CorteIDH pedirá al Estado información sobre el bloqueo a archivos militares en caso de El Mozote
Audiencia de Corte IDH por bloqueo de archivos militares en Caso de El Mozote
Por Gloria Silvia Orellana
La audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, pedirá información a las instancias del Estado salvadoreño sobre el incumplimiento de las diligencias judiciales y el bloqueo sistemático a los archivos militares que fortalecerían este caso de Lesa Humanidad.
Tras los graves incidentes de bloqueo e impedimentos desde el órgano Ejecutivo y el presidente Nayib Bukele, “al no permitir investigaciones en los archivos militares, sobre documentos históricos -que si existen- y está probado en el proceso. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará una audiencia para verificar el cumplimiento de su sentencia”, resumió, David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, que integran la parte acusadora en representación de las víctimas y familiares.
En el 140o período ordinario de sesiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizará este jueves 4 de marzo, una Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, luego que las organizaciones Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y la organización CEJIL, que son parte en el proceso internacional del caso de El Mozote, en la Corte IDH, solicitaran una acción de medidas cautelares ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.
Por tanto, la Corte IDH, ante esta solicitud, decidió realizar una audiencia de seguimiento para ventilar el cumplimiento de su sentencia que se realiza este mañana en Costa Rica, sede del ente de justicia internacional.
“En la audiencia, el Gobierno deberá dar cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia con un énfasis especial en el grave incumplimiento que representó el bloqueo de los archivos militares que retardó el avance de la justicia, pero también serán revisados otros aspectos. Inclusive, el juez de la causa, Jorge Guzmán, tendrá una intervención dentro de la audiencia como representante del Estado, que está llevando adelante un esfuerzo por cumplir uno de los aspectos de la sentencia que es juzgar y procesar a los responsables en el caso de haber pruebas y que el proceso avance a la siguiente etapa”, explicó Morales.
Sobre la importancia de la audiencia, Morales, refirió que el Estado salvadoreño deberá rendir cuentas de muchos incumplimientos, además del bloqueo de archivos militares del que tendría “especial interés”, el ente de justicia interamericano. Mientras que la Fiscalía General de la República tendrá que explicar el estado de la investigación de una comisión de delitos por parte del presidente Nayib Bukele y de su ministro de Defensa, Francis Merino.
“Ellos, por escrito, admitieron ante el juez de la causa, en un informe, que tomaron la decisión de bloquear las inspecciones judiciales de los archivos militares. El presidente Bukele y el ministro Merino, así como los subalternos que ejecutaron la orden que son los jefes de unidades jurídicas y comandantes de cada unidad militar quienes bloquearon al tribunal, son responsables también, de la comisión de varios delitos como: incumplimiento de deberes, desobediencia, y probablemente encubrimientos entre otros cargos”, manifestó Morales.
Asimismo, destacó que las diferentes organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad, presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República, para que sean investigados el presidente Nayib Bukele y el ministro Francis Merino, sobre el entorpecimiento de la diligencia judicial.
“Al Juez de la causa, como manda la ley, además como petición de la parte de la acusación particular, se pidió la certificación de las actas de inspección que consignan los bloqueos. Por tanto, la Fiscalía General tiene en su escritorio la prueba judicial que los delitos se cometieron por parte de ellos, y tiene la obligación de llevar adelante una investigación y darle el curso legal, para promover antejuicios contra ambos funcionarios y estamos a cuatro meses de haber presentado ese aviso, y no tenemos conocimiento del proceso de esa denuncia y nos preocupa esta posible omisión al bloqueo de esas inspecciones judiciales”, puntualizó.
