Ecuador | Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal piden que se investigue a los responsables de las muertes en las cárceles
Defensoría del Pueblo exige que se investigue y sancione a los responsables de las muertes en las cárceles
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, frente a la masacre sin precedentes que vivió el martes 23 de febrero el Sistema de Rehabilitación Social del país, expresa su preocupación por la falta de seguridad que vive el país, la cual se refleja el aumento de la delincuencia y violencia al interior de los centros carcelarios.
Nuevamente se observan en el país actos delictivos que resultan en la barbarie propia de Estados fallidos. Según información oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el martes existían más de 60 privados de la libertad fallecidos en los centros de rehabilitación social regionales de Turi, Guayaquil, Cotopaxi, además de la Penitenciaria del Litoral. Pero la cifra aumentó a 79 este miércoles.
Una vez más, el país es testigo de sangrientos episodios de violencia al interior de varios centros de privación de libertad, en donde resulta inadmisible la cantidad de armas letales y no letales, así como la existencia y funcionamiento de teléfonos celulares que causan estos niveles de violencia.
En los últimos años se ha visto un incremento exponencial de la violencia social e intracarcelaria en el país. El resultado ha sido el aumento de delitos como sicariato, asesinatos, violencia sexual, los cuales se ordenan desde las cárceles y al interior de estas, amotinamientos en diferentes centros de privación de libertad, que han cobrado decenas de vidas de varias personas, situación que, lamentablemente, es una constante.
En el último año se han registrado cerca de 1.100 muertes violentas en las calles del país y 103 asesinatos en los centros de internamiento, aumentando la estadística en cerca de un 17% en relación a los años anteriores.
Carencia de política integral
La falta de atención y de una política integral de rehabilitación social ha jugado un papel preponderante respecto al agudizamiento de las problemáticas de violencia social y carcelaria; así, la falta del diseño, implementación, y peor aún, evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana, son el resultado de lo que actualmente sucede en los centros de privación de libertad, con lo que el Estado incumple con su rol de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Esta ineficiencia se refleja en la falta de coordinación con otras instituciones del Estado relacionadas, como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y otros ministerios de los sectores productivos o instituciones que podrían aportar a buscar salidas a la crisis del sistema penitenciario como, por ejemplo, los GAD municipales.
En los años 2019 y 2020 se declararon dos estados de excepción al Sistema de Nacional de Rehabilitación Social. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos, el resultado de ambas declaratorias no fue óptimo frente a las problemáticas que aquejan al sistema, pues únicamente movilizó a la fuerza pública sin tomar en cuenta que el mayor problema es la inadecuada distribución y priorización de recursos económicos, situación que muestra la falta de importancia que se le ha dado al sistema penitenciario y que tiene relación directa con el incremento de la violencia e inseguridad que registra el país.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador condena los hechos suscitados hoy en los centros de rehabilitación social del país, cuyo único responsable es el Estado, que no ha cumplido su obligación de garante frente a los derechos de las personas privadas de la libertad, lo que ha repercutido en la creación del ambiente de inseguridad constante que vive el país.
Medidas solicitadas
Por lo expuesto, dada la grave situación que se atraviesa, en mi calidad de Defensor del Pueblo, exhorto a que el Presidente de la República: Tomar inmediatamente el control del sistema carcelario de Ecuador, pues es inadmisible que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se permita que la violencia y asesinatos se cometan con la anuencia del propio Estado, que ha demostrado una absoluta incapacidad para controlar y garantizar la seguridad al interior de los centros carcelarios.
Nombrar, de manera inmediata, a otro ministro o ministra de Estado competente en temas de seguridad para que presida el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, dotándole de capacidad suficiente para atender, de forma emergente, la crisis recurrente por la que atraviesa el sistema.
Convocar, de manera urgente y prioritaria, a una sesión del Organismo Técnico de Rehabilitación Social para que se apliquen las medidas oportunas que permitan sobrellevar la crisis que se vive en las cárceles del país, y con la fuerza pública retomar la seguridad del sistema carcelario.
Disponer al Ministerio de Finanzas a que se entreguen los recursos económicos necesarios para la contratación de agentes de seguridad penitenciaria, así como la implementación de verdaderas medidas de rehabilitación social dentro del tratamiento de las personas privadas de libertad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y, de esta manera, solventar los problemas estructurales que aquejan al sistema, tomando en cuenta que, de lo contrario, se estarían inobservando las normas internacionales en la materia.
Implementar de manera inmediata, las medidas concretas, oportunas y estructurales para enfrentar la grave situación del sistema carcelario en el país, entre las que cabe la separación de las personas privadas de libertad entre procesadas y sentenciadas, además, de su clasificación según el nivel de seguridad de conformidad con lo que determina la normativa.
Iniciar de forma inmediata las investigaciones penales para sancionar a las personas responsables de estos asesinatos, con el objetivo de garantizar la no repetición de estos hechos y la seguridad dentro y fuera de las cárceles del país.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pide una verdadera evaluación del sistema penitenciario
El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, preocupado y consternado ante la dolorosa y crítica situación en la que viven las personas privadas de libertad en los diversos Centros de Rehabilitación Social (CRS) y frente a los hechos crueles ocurridos el martes 23 de febrero -que no son más que el reflejo de la crisis penitenciaria, de la descomposición social y de la indiferencia colectiva ante esta dura realidad- asumimos como nuestras las palabras del Papa Francisco.
“Las cárceles necesitan humanizarse cada vez más y es doloroso escuchar, en cambio, que muchas veces se las considera lugares de violencia e ilegalidad, donde abundan las maldades humanas”, (Cf. Discurso del Papa Francisco al personal de la cárcel “Regina Coeli” , Roma, 7 de febrero de 2019).
Pedimos a quienes tienen a su cargo la responsabilidad del “Sistema de Rehabilitación Social” en Ecuador realicen una verdadera evaluación sobre el sistema penitenciario y desarrollen programas plenamente humanos que permitan el cumplimiento de la finalidad que determina nuestra Constitución.
“El Sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”, estable la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 201.
“Hacemos extensiva nuestra solidaridad cristiana a las familias de nuestros hermanos privados de libertad que han fallecido, y les aseguramos nuestra oración por su eterno descanso invocando sobre ellos la misericordia divina, al igual que pedimos a Dios la fortaleza y la paz que solo Él nos puede otorgar”, dice un comunicado.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifiesta su disposición de ayudar a las autoridades y sostener a quiénes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos en medida de su misión pastoral al servicio de la sociedad ecuatoriana.
