Centroamérica | Honduras y El Salvador a contramano: las legislaciones más duras contra el aborto
Honduras a contramano: el Congreso blinda la prohibición absoluta del aborto para impedir su legalización
El Parlamento de Honduras aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país centroamericano, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, pese a la oposición de organizaciones feministas locales y del Sistema de Naciones Unidas.
El proyecto de ley fue aprobado con dispensa de dos debates en una sesión virtual del Parlamento hondureño, sin preciar cuántos de los 128 diputados que integran el poder Legislativo votaron a favor.
La iniciativa que blinda el artículo 67 de la Constitución de Honduras sobre la prohibición del aborto fue presentada el 11 de enero por el vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Pérez, diputado del Partido Nacional (en el poder).
Organizaciones feministas y de derechos humanos de Honduras rechazaron el proyecto y aseguraron que la iniciativa es un «acto condenable».
Antes de la aprobación, la organización Somos Muchas exigía al Congreso Nacional la discusión del proyecto en tres debates y aseguró que la iniciativa «no protege los derechos humanos».
«La ONU ha sido clara en decir que el delito de aborto va en contra de los derechos humanos», subrayó la organización feminista en Twitter.
«Exigimos 3 debates en el @Congreso_HND sobre la reforma de aborto porque: La cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional», aseguró.
Somos Muchas, un colectivo que defiende el derecho a decidir y lucha en contra de la criminalización del aborto en Honduras, señaló que el Parlamento está «bloqueando el acceso a abortos seguros y al matrimonio igualitario. ¡No se vale tanto odio!».
El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas que buscan despenalizarlo en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, no han tenido eco entre los diputados.
RETROCESO
Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron el martes el proyecto de ley que «básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras».
«Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo», indican las expertas en un comunicado.
Señala que Honduras es uno de los pocos países en el mundo que «prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro, así como en casos de malformación grave del feto».
«La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres», añaden.
Las expertas lamentan que «los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos».
Destacan además que la «influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial». En Honduras también es prohibido el uso, venta, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia, y es penado con la prisión.
«La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes», enfatizan.
Honduras tiene una de las tasas más alta de embarazos adolescentes en América Latina, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según la ONU.
El Salvador tiene pendiente discutir sobre la ilegalidad de salvar la vida de las mujeres con embarazos de riesgo
Por Karen Moreno
Beatriz amaba la vida e intentó aferrarse a ella, pero finalmente murió en un El Salvador que considera ilegal salvar la vida de una mujer a través de la interrupción del embarazo. La muerte de Beatriz, aunque fue después de la situación de emergencia que experimentó, ocurrió bajo una legislación guiada por el pensamiento conservador.
En 2013, Beatriz no podía conciliar el sueño. Cada noche, la angustia de no saber si lograría despertar la mañana siguiente la mantenía en vela. Recluida en el Hospital Nacional de la Mujer, llamó por teléfono a su doctor para decirle que sentía ansiedad, que tenía miedo de no sobrevivir las próximas horas o amanecer peor de salud. Durante el día, la preocupación no mermaba.
“Doctor, ¿Hay alguna noticia? ¿Cuándo se va a acabar el embarazo?”, preguntaba la joven de 22 años, cada vez que Guillermo Ortiz, médico perinatólogo y experto en embarazos de alto riesgo, pasaba a su lado. El comité médico, conformado por veinte especialistas, concluyó que lo mejor era intervenir la gestación, debido a que “era una anormalidad fetal incompatible con la vida, que se llama anencefalia. O sea, no tenía cerebro”, explicó Ortiz a GatoEncerrado.
La enfermedad del lupus, que tenía Beatriz, agravó el pronóstico de vida. En su primer embarazo, en 2012, su padecimiento provocó que tuviera preeclampsia, la presión alta y sus pulmones llenos de agua. Según Ortiz, el bebé nació pequeño y tuvo que pasar un mes en una unidad de cuidados intensivos y así también ella, por una semana.
Para 2013, el especialista entró en un conflicto ético. A pesar de tener certeza de que alargar el proceso pondría en riesgo de muerte a Beatriz, también sabía que la interrupción del embarazo para salvarle la vida es ilegal en El Salvador.
El capítulo dos del Código Penal contempla un catálogo de nueve delitos, entre ellos, el aborto agravado. De acuerdo al artículo 135, si es “cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años”. Además, impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
“No podemos hacer nada porque es algo ilegal, pero si ella se va, mi temor es que vaya a un lugar inseguro y vaya a complicarse”, explicó Ortiz al ahora exdirector, Roberto Edmundo Sánchez. Convencidos de la necesidad de buscar una solución, y a pesar de las advertencias del equipo jurídico del hospital, en abril de 2013, la comitiva de doctores en jefe envió un acta médica a distintas instituciones, pero solo dio su respaldo la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), liderada por el exprocurador David Morales.
Un giro histórico en la legislación
La legislación contra el aborto no siempre fue tan restrictiva en nuestro país. La Constitución de la República de 1983 sufrió una reforma para agregar el inciso segundo al artículo 1, que “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. El Código Penal de 1974 contemplaba excepciones o situaciones que no eran punibles, tales como el aborto terapéturico, que se práctica para salvar la vida de la madre cuando se encuentra en riesgo o cuando sufre una enfermedad que deteriora su salud; el aborto eugenésico, cuando el feto nacerá con graves malformaciones o es incompatible con la vida extrauterina; y el aborto ético, cuando es producto de una violación o trata de personas, según explicó a esta revista Karla Vaquerano, abogada de la la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Cuando el Código Penal de 1998 entró en vigencia, dejaron de existir dichas figuras jurídicas y las penas se agravaron y pueden variar entre 8 a 12 años de prisión, pero si la Fiscalía General de la República (FGR) y los juzgadores consideran que fue un homicidio, la condena puede ser entre 30 a 35 años. Tal fue el caso de Evelyn Hernández, cuando la Fiscalía pidió 40 años de prisión en la repetición de la vista pública.
Iniciativas que no prosperaron
Desde la penalización absoluta del aborto, hubo intentos por reformar las leyes y considerar que hay casos de mujeres que necesitan una interrupción legal de sus embarazos para salvar sus vidas. Cada tres años, en tiempos de campaña electoral, el tema vuelve a estar en la palestra.
GatoEncerrado buscó las posturas de candidatos y candidatas electos para las elecciones 2021, y revisó los estatutos de los partidos en contienda Arena, FMLN, Nuestro Tiempo, Partido de Concertación Nacional, Partido Demócrata Cristiano, Gana, Cambio Democrático (CD), Vamos y Nuevas Ideas. El resultado fue que la mayoría está en contra del aborto, algunos defienden alguna de las causales, pero no declaran abiertamente estar a favor de las excepciones para interrumpir el embarazo.
Rina Araujo, actual diputada del FMLN, médico y candidata propietaria por el departamento de La Libertad, dijo a GatoEncerrado que “hay causas que hay que analizar, estudiar y darles una opción a las pacientes, porque en este caso no solo son las mujeres en estado de gravidez, sino que son pacientes que tienen una consecuencia que necesitan tener una evacuación del producto”. Hizo referencia a situaciones como la anencefalia o la insuficiencia cardíaca que pone en riesgo a las mujeres.
En octubre de 2016, Lorena Peña, exdiputada del FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, presentó una reforma al artículo 133 del Código Penal, en relación a la no punibilidad del aborto en cuatro circunstancias específicas: con el propósito de salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud; cuando sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en los casos de violación y estupro, con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
A pesar de la propuesta de reforma, el FMLN no impulsó la discusión alrededor del tema. Araujo dijo en una entrevista a El Faro, en abril de 2018, cuando ganó la curul, que “la despenalización del aborto no está en la mesa” para la nueva fracción 2018-2021 del FMLN, debido a que “el tema se está politizando”. Dicho y hecho, la discusión no se retomó seriamente durante la legislatura.
Este partido no ha sido el único que ha pretendido despenalizar el aborto. El exdiputado de Arena y actual candidato a diputado propietario de San Salvador por Nuestro Tiempo, John Wright Sol, presentó en agosto de 2017 una iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto en dos causales: la violación a menor y del aborto terapéutico. Sin embargo, tampoco prosperó.
Morena Herrera, defensora de derechos humanos, aseguró a GatoEncerrado que desde la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista para el Desarollo Local se trabajó en conjunto con los equipos de trabajo de Peña y Wright Sol, y agregó que “practicamente todos los politicos fallaron. Todos, al no impulsar el debate en torno a estas iniciativas de ley. Eso, independientemente de que Lorena Peña fuera del FMLN y John Wright fuera de Arena (…) no tuvieron la voluntad política de llevar el debate a la plenaria”.
Posturas a favor
La candidata a diputada propietaria de San Salvador por Nuestro Tiempo, Bertha Maria Deleón, promueve la despenalización del aborto en cuatro causales. “Hay casos en los que el embarazo no puede llevarse a término y causar peligros para la vida de las mujeres, y eso no solo en términos físicos sino también psicológicos”, dijo a GatoEncerrado. Para lograr la despenalización, aseguró que ella se compromete a darle iniciativa de ley y buscar que se apruebe.
En Nuestro Tiempo aún no existe una postura oficial al respecto. La abogada Deleón afirmó que hay miembros a favor y otros en contra de la interrupción del embarazo, “pero lo que ha dicho el partido es que va a dar libertad para que en caso de que nosotros lleguemos a la Asamblea, votemos conforme a nuestra conciencia”.
La candidata suplente de Deleón y activista en la Agrupación Ciudadana, Keyla Cáceres, dijo a este revista que aunque el partido aún no ha definido una posición, que una de sus principales motivaciones es poner el tema del aborto en la agenda pública, porque existe una deuda histórica por salvar la vida y salud de las mujeres, con enfoque científico, de género y derechos humanos.
La demanda de Beatriz
— Beatriz, ¿Usted me puso una demanda? — Preguntó Ortiz, sorprendido al recibir una notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que también demandó a Ochoa y a Jorge Morán, jefe de la unidad jurídica del hospital, “por la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud”, según constó en el documento.
—Sí. Fíjese que me lo recomendaron, para que las cosas se agilizaran— contestó apenada.
— Estoy de acuerdo con usted. Si esto va a ayudar a que procedamos, estoy de acuerdo. Lo que usted quiere es lo mismo que quiero hacer, lo que pasa es que no sé quién tiene que autorizarnos.
—Yo quiero vivir. Tengo un hijo.
Para esa fecha, su pequeño hijo tenía un año y no quería dejarlo por una ley que declaró ilegal salvar la vida de la madre en situaciones como la de Beatriz en este nuevo embarazo de riesgo. En su aflicción, buscó a las organizaciones feministas para saber si le podían ayudar. Las organizaciones, al enterarse del caso, decidieron interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mencionó Sara García, defensora de derechos humanos de la Agrupación Ciudadana.
“El miedo era a morirse, a no tener la oportunidad de compartir con su hijo. Era una mezcla de emociones. Yo nunca olvido una vez que la Fundación Sí a la Vida, en ese intento de culpabilizar, llegó y le regaló una canasta tipo de ‘baby shower’, en la que había productos para recién nacidos (…) ‘Ellas quieren que yo aguante, que vaya hasta el final’, decía Beatriz. A pesar de las presiones se mantuvo fuerte en su decisión”, relató García a GatoEncerrado.
Tras la demanda, Ortiz no se dio cuenta de la magnitud de la situación hasta que lo sentaron en el banquillo de los acusados, en carácter de imputado, en una audiencia que duró dos días. Para el médico, no fue apropiado que Beatriz fuera llevada a testificar, debido a su enfermedad, embarazo y su presión sanguínea que subía ante cualquier estímulo. Explicó que su estado era tan delicado que en el hospital permanecía en un cuarto aislado y a oscuras, porque la luz hacía daño a su piel. En la audiencia, mientras le hacían preguntas, se puso nerviosa y finalmente una doctora tomó su presión y ordenó que se la llevaran de la sala.
Entre las personas que participaron en la audiencia estaban los médicos especialistas del Hospital Nacional de la Mujer (antes Hospital de Maternidad) y el personal del Instituto de Medicina Legal (IML), quienes “tienen experiencia pero en autopsias y no en mujeres embarazadas que tienen ese tipo de problemas”, según Ortiz y agregó que “el grupo de peritos de Medicinal Legal eran cirujanos generales y una ginecóloga, pero más que todo cirujanos y patólogos. Tampoco le hablaron a la Sociedad de Ginecología Obstetricia de El Salvador, a quienes podían pedirle una opinión técnica. Ni siquiera al Colegio Médico (le consultaron)”.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ negaron el amparo promovido por Beatriz, a los 81 días de interpuesto el recurso, el 28 de mayo de 2013. “Este Tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa; asimismo, que existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción”, concluyó la Sala en su resolución.
La abogada Vaquerano calificó de “desequilibrada” la resolución. “La Sala dijo que no al amparo porque había formas de eximir la responsabilidad vía penal, pero siempre que la acción o hecho se haya consumado”, señaló. Es decir, si Beatriz hubiera decidido abortar, “hubiese sido procesada, como los más de 20 casos que tenemos actualmente por emergencias obstétricas. A ella se le hubiera seguido su proceso y la sala dice que en ese entendido, ella puede haber optado a una excluyente responsabilidad, en un estado de necesidad inexigible”, indicó.
En la actualidad, hay condena firme de 15 mujeres en tres centros diferentes de detención, por homicidio agravado, pero que sus casos iniciaron por un supuesto aborto; siete procesos activos, de los cuales cinco son por homicidio agravado y de estos, tres están privadas de libertad siendo procesadas y dos en libertad siendo procesadas por homicidio agravado. Hay dos procesadas en libertad por aborto. Desde 2009 hasta la fecha, 45 mujeres acusadas por dichos delitos han logrado ser liberadas por medio del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana, a través de defensa legal, revisión de sentencia, conmutación de pena y beneficios penitenciarios.
Laura Gil, ginecóloga colombiana y directora de la Fundación Educación Para la Salud Reproductiva (ESAR por sus siglas en inglés), dijo a GatoEncerrado que existe suficiente evidencia a nivel de derecho internacional para demostrar que hay un valor progresivo de la vida. Explicó que debe ser la mujer gestante la que debe hacer la ponderación de derechos, basándose en la observación 14, sobre el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Todo el derecho internacional reconoce el derecho a la vida desde la concepción, pero claramente hace un llamado a que no se iguale el valor o el derecho de la vida de la mujer ya formada al del feto, y cuando un país penaliza totalmente el aborto, hace eso: enviar el mensaje de que la vida no vale más que la del nasciturus (…) le resta derechos a la mujer al igualarla al no nacido, que aún no es una persona, y esto está reconocido en todas las legislaciones, independientemente de que las constituciones digan que se defiende el derecho a la vida desde la concepción, que eso está bien, pero es diferente a darle una ponderación incluso mayor de la vida de la persona ya formada”, aclaró Gil, investigadora del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI).
En la resolución, la Sala falló que “las autoridades de salud demandadas están obligadas a continuar monitoreando el estado de salud de la peticionaria (…) así como a implementar los procedimientos que, según la ciencia médica, se estimen indispensables para atender las futuras complicaciones que se presenten”. Para Ortiz, esta sentencia fue ambigua. Dos días después, Beatriz sufrió contracciones, generó mucho líquido amniótico a consecuencia de que el feto no tenía cabeza y se estaba sintiendo más cansada, así que decidió interrumpir el proceso.
Según Ortiz, las jefaturas de cada área se ofrecieron a llevar a cabo la interrupción. De haberlo hecho antes, no hubiera sido necesario hacer una operación quirúrgica. Las secuelas no tardaron en aparecer. “Se le subió la presión, le dio preclancia, le tuvimos que poner sangre. Esa es la parte física (…) pero a largo plazo, yo la veía a ella y era una persona triste, con unas emociones muy aplanadas. No reía, no lloraba”, comentó el médico.
Posturas en contra
Stephenie González, directora de asuntos jurídicos del Coena y diputada suplente de Arena, dijo a GatoEncerrado que “en el partido creemos en la vida y nuestra Constitución así lo establece también. Como abogada también le respondo lo mismo”. En relación a las causales o excepciones, se limitó a repetir el inciso segundo de la Constitución. “Pueden haber mil y una formas de ayudar a la mujer en estado de vulnerabilidad. Personalmente, y nuestros estatutos también así lo establecen, nosotros creemos en la vida y creemos en la familia”, añadió. Señaló que, en el caso de una violación sexual, el Estado debe garantizar a las mujeres la seguridad.
Sulen Ayala, candidata a diputada propietaria por el PDC, dijo a GatoEncerrado que “el aborto no debería de ser ni siquiera una opción, pero también estoy totalmente en contra de una pena tan fuerte como lo son los 30 años” y, más bien, recomendó algún otro tipo de sanción. Declaró que está en contra de las causales o excepciones, a pesar de que reconoce que “una niña que va a traer al mundo a un hijo producto de la violación es entendible que ella no va a querer asumir esa maternidad, y no la deberíamos de obligar, pero como sociedad también deberíamos de brindarle algun tipo de salida”, como la adopción.
Ayala consideró que hay muchas enfermedades que el mismo cuerpo se autoprotege, “y me imagino que si de verdad la vida de una madre está sumamente en peligro, los médicos tienen toda la potestad del mundo de hacer una intervención justificada”. El artículo 1 del PDC establece como principio doctrinario “la defensa de la vida (…) desde su concepción hasta la muerte natural”.
José Roberto Ugarte, también candidato a diputado propietario del PDC y quien se autodenomina como provida, dijo a esta revista que tampoco está de acuerdo con el aborto, bajo ninguna circunstancia. “Mi postura personal es que estoy total y absolutamente en contra. Y en todas sus formas: no admito excepciones”. El candidato agregó que si una persona tiene “un mal llamado aborto espontáneo, que es la perdida porque se desprendió, ese no es un aborto, no es punible. Es decir, es un acto de la naturaleza”. Añadió que, si hay incompatibilidad con la vida, “¿por qué matarlo antes? Eso no me hace sentido”.
Para Ugarte, si el bebé tiene una malformación que le hace evidente la incompatibilidad con la vida, y la madre corre riesgo, el médico tiene el deber de intentar salvar las dos vidas, priorizando la de la madre. “Y si en el procedimiento fallece el bebé, ahí no hay aborto jurídicamente”, indicó. Aseguró que, en el caso de que resulte electo, él combatiría una iniciativa que busque despenalizar el aborto.
Nuria Melara, candidata a diputada suplente por el PCN, manifestó a GatoEncerrado que concuerda con la postura del partido, de reconocer al ser humano desde la concepción. Reconoció, sin embargo, que la legislación actual no considera cuando la probabilidad de vida del bebé es nula y pone en riesgo la vida de la madre.
A pesar de ello, mencionó que “más que respaldar cualquier iniciativa por despenalizar el aborto, mi papel sería escuchar, participar en los espacios que construyan propuestas para fomentar el valor a la vida, al respeto de las mujeres (…) Se debe exigir al Estado que cumpla su papel preparando peritos que tengan la capacidad de analizar estos casos sin pasionismos de ningún tipo”.
Cesia Rivas, candidata a diputada propietaria por Vamos, categorizó el aborto en tipo natural y provocado. En cuanto al primero, lamentó el poco acceso a la salud en el área rural del país, debido a que peligra la salud de la madre. En relación al segundo, puntualizó que su partido está en contra.
“Al tema de la violación, le apostamos a la prevención que a llegar al aborto (…) hay que luchar para que nunca lleguen a ser violadas”, manifestó a GatoEncerrado. En cuanto a las mujeres que han sido investigadas y procesadas, tanto por aborto como por homicidio, dijo que a las instituciones les corresponde garantizar una legítima defensa y la presunción de inocencia. El artículo 5 de los estatutos de Vamos contempla como principio el respeto a la vida humana desde el momento de la concepción.
Juan José Martel, actual diputado por el CD, se limitó a decir que desconoce la postura del partido sobre el tema. “Yo me he distanciado bastante de la actividad partidaria, sigo siendo miembro del mismo, pero no quisiera dar opinión en torno a posiciones oficiales del partido”. Es el único legislador del partido en el Congreso, pero no buscó la reelección. Douglas Avilés fue candidato propietario único por el CD, se comprometió a dar a conocer a esta revista su postura en cuanto al tema el 22 de octubre, pero renunció a su postulación y no dio a conocer sus puntos de vista.
GatoEncerrado ha intentado comunicarse con Karen González, presidenta de la Comisión Nacional Electoral de Nuevas Ideas (CEN) para conocer la postura del partido en relación a este y otros temas, pero no respondió los mensajes ni las llamadas. El partido impulsado por el presidente Nayib Bukele ha manifestado su postura a través del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien en septiembre del presente año dijo en una entrevista televisiva que “hay que empezar a leer los signos de los tiempos”, como los temas tabús como el aborto, matrimonios entre mismo sexo y más.
El 20 de septiembre, declaró en su cuenta de Twitter que el compromiso del Gobierno “es por la vida: por la vida del nonato y la vida de la madre, ambos tienen el derecho de ser protegidos por el Estado”.
Guadalupe Vázquez, actual jefe de la fracción de Gana, indicó a GatoEncerrado que el partido está en contra de la interrupción del embarazo. “Queremos que la población joven, en este caso del sexo femenino, pueda tener un desarrollo humano en el que se proteja al niño y, por supuesto, a ella”. Dijo desconocer la resolución de la Sala 1898, en la que se señala la colisión de derechos del nasciturus y la mujer gestante.
La deuda histórica de la Asamblea
Ante las posturas de los partidos políticos y actuales candidatos a diputados, la abogada Vaquerano y la defensora de derechos Herrera, consideraron que argumentar en contra del aborto a partir del inciso segundo del artículo 1 de la Constitución es una manera de poner un límite al tema del aborto, con un criterio religioso. “Que esté ahí (el agregado en la Constitución), no quiere decir que sólo prevalezca el derecho del nasciturus, porque las mujeres también somos seres humanos y tenemos derecho a protección jurídica desde el instante de la concepción hasta todo el ciclo vital, que es lo que la Sala de lo Constitucional al final reconoce”, señaló Herrera.
El 20 de noviembre de 2007, los magistrados de la Sala, en la sentencia 1858, declararon que “se deben regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre”. La resolución consignó que el Órgano Legislativo “debe de legislar y potenciar el contenido de los derechos que se establecen en la Constitución, tanto de la madre como los del nasciturus”.
Resolución De Inconstitucionalidad
Para las defensoras de derechos humanos, la Asamblea Legislativa no ha acatado al Órgano Judicial, pero la Sala tampoco le ha pedido cuentas a la Asamblea como en otros casos; por ejemplo, en el caso de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. “Ha quedado, otra vez, como un mandato en el limbo. ¿Por qué? porque la vida de las mujeres no importa. Eso nos están diciendo esos dos Órganos del Estado”, criticaron.
Limitación del ejercicio médico
Mientras los poderes del Estado siguen sin resolver el tema, en casos específicos como el de Beatriz, los médicos como Ortiz, sumado al personal médico del Hospital de la Mujer, tenían una especie de “anestesia mental” en 2013, sobre qué hacer con el embarazo, porque la ley no les permitía interrumpirlo para garantizarle la vida a Beatriz. “Tengo varios casos de mujeres que fallecieron, que se hubieran salvado si hubiéramos interrumpido su embarazo antes. Se siguen agarrando de que no es legal, no se puede”, admitió el especialista.
“Lastimosamente, la moral se impone a la ley, a la ciencia (…) Esta ley es antiética, porque no permite que el profesional de salud ejerza en su plenitud sus competencias, porque no nos permite el conocimiento a las tecnologías y nuevos abordajes para mejorar la vida de las mujeres”, analizó.
Para la investigadora de CLACAI, desde la perspectiva ética, la penalización absoluta de la interrupción del embarazo obliga a los médicos a incumplir principios de la bioética que rigen su profesión. “Como médicos, tenemos que atender a un primer principio de la bioética que es el de la beneficiencia, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para beneficiar a nuestros pacientes y velar por su salud”, mencionó la investogadora Gil.
También indicó el principio de la no maleficencia; es decir, los médicos no pueden hacer nada que lastime a sus pacientes, negar el servicio de salud “porque van a buscar un aborto inseguro y si no logran abortar, se van a ver frente a una maternidad forzada y existe suficiente evidencia científica que demuestra que la maternidad forzada trae consecuencias para la vida de las mujeres y las niñas”, argumentó.
Demanda contra el Estado
Tras la demanda que hizo Beatriz, Verónica Salazar de la Colectiva Feminista y Concertación de Mujeres de Suchitoto recordó que “por toda la presión que había, las de la Colectiva la trajimos a que estuviera en una casa mientras descansaba un poco del estrés que tenía, porque fue un impacto grande: había opiniones favorables y desfavorables”. A pesar de que su identidad se manejó en el anonimato, el ruido mediático alrededor de su caso la afectó emocionalmente. Mencionó que la apoyaron durante el proceso de duelo, cuando le entregaron el feto.
Beatriz murió hace tres años. Desde la comunidad rural en la que vivía, en Jiquilisco, Usulután, viajó hasta el Hospital Rosales para una consulta médica debido al lupus. Sufrió un accidente que, aunque no fue grave, los doctores subestimaron la enfermedad que padecía y murió por una neumonía secundaria a lupus, según García y Ortiz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Beatriz el 29 de abril de 2013, para que el Estado salvadoreño obedeciera el procedimiento médico que establecía el staff de médicos del hospital de Maternidad.
“Su historia sigue viva a través de esta demanda contra el Estado salvadoreño (…) va terminando (la demanda), va prosperando. Ella ya no está, sin embargo, su familia sigue al frente de la demanda contra el Estado. Esto sigue en pie y lo que puede generar es que, por un lado, está la reparación para su familia por todo lo que tuvieron que pasar”, expresó García.
Para Herrera, el caso puso en evidencia que el personal médico, salvo escasas excepciones, no se va atrever a atender a las pacientes si no hay un cambio de ley y legisladores dispuestos a promover los derechos de las mujeres que se aferran a la vida. “Puso en relevancia también la hipocresía de esta sociedad, aunque también puso todo el respaldo social”, mantuvo.
Gato Encerrado https://gatoencerrado.news/2021/01/07/el-salvador-tiene-pendiente-discutir-sobre-la-ilegalidad-de-salvar-la-vida-de-las-mujeres-con-embarazos-de-riesgo/
