El gobernador de Puerto Rico decreta el estado de emergencia por la violencia de género
Pedro Pierluisi declara un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico
Tras el reclamo de múltiples sectores, el gobernador Pedro Pierluisi decretó este domingo un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico.
“Toda violencia es repudiable, y tenemos que combatirla sin tregua. La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un pare a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el primer ejecutivo, la orden ejecutiva designa a “un Oficial de Cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la Orden. Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género. Este Comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu, siendo su internado y tesis doctoral en violencia de género”.
Asimismo, el gobernador ordenó la creación de una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.
La orden también establece que cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.
El Primer Mandatario fue enérgico al justificar el estado de emergencia pues insiste en que las causas de la violencia contra la mujer y la violencia de género “ha permeado nuestra sociedad por mucho tiempo y tenemos que ser proactivos y enfáticos a la hora de combatirla como reparación a todas las víctimas que no hemos podido proteger”.
El anuncio de Pierluisi surge en el mismo día en que La Fortaleza ordenó a varias agencias gubernamentales a cancelar los contratos con el abogado Jerome Garffer, acusado de violencia de género.
Según las cifras oficiales, Puerto Rico cerró el 2020 con 6,170 incidentes de violencia doméstica reportados y ocho mujeres asesinadas en esas circunstancias. Según el Observatorio de Equidad de Género, solo el año pasado 60 mujeres fueron asesinadas si se consideran los crímenes bajo investigación, los que están pendiente de autopsia y los transfeminicidios.
Mira aquí el documento:
¿En qué consiste la declaración de emergencia por la violencia de género?
La declaración del estado de emergencia por violencia de género, emitida este domingo por el gobernador Pedro Pierluisi, establece responsabilidades y ordena la implementación de varias medidas para tratar de frenar la incidencia en Puerto Rico.
A continuación, 12 puntos importantes de la orden ejecutiva emitida por el gobernador.
Oficial de cumplimiento
El gobernador designará a un funcionario público como oficial de cumplimiento que le responderá directamente, y que se dedicará a tiempo completo al cumplimiento de esta orden ejecutiva, además de los aspectos administrativos del comité contra la violencia que será creado. Ello incluye, pero no se limita a fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de las medidas dispuestas en la orden.
Comité PARE
La orden crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género que recomendará medidas y políticas. Su propósito será recomendar medidas y políticas establecidas para cumplir con los objetivos de la orden ejecutiva. Se designan 17 miembros, y estará compuesto por varias agencias gubernamentales, quienes enviarán un representante; miembros del sector privado y organizaciones sin fines de lucro. Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu, siendo su internado y tesis doctoral en violencia de género.
Aplicación Móvil
La orden exige a la Puerto Rico Innovation and Technology Service que, en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública y el Comité PARE, se desarrolle una aplicación para los dispositivos móviles, mediante la cual las víctimas y potenciales víctimas puedan solicitar asistencia de forma rápida en situaciones de emergencia, ocultando el mensaje enviado para proteger la víctima de su agresor.
Seguimiento a víctimas
La orden crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género, sea contactada y/o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad.
Trámite de denuncias
Se ordena al Departamento de Seguridad Pública a mejorar los instrumentos de tramitar y registro de quejas o denuncias y el estatus de progreso de los casos.
Capacitación de agentes
Se ordena la capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE.
Mejora de estadísticas
Dispone la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género
Alerta Rosa
Ordena evaluar y proveer recomendaciones para la implantación del protocolo conocido como “Plan ALERTA ROSA”, según dispuesto en la Ley Núm. 149-2019. Esa ley se creó a fines de contar con mayores mecanismos para la protección de las mujeres desaparecidas o secuestradas, establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales.
Evaluación de divisiones especializadas
Ordena a evaluar las divisiones especializadas del Departamento de Justicia y explorar alternativas para atender con mayor sensibilidad y efectividad los casos con víctimas particularmente vulnerables.
Desarrollo Económico
Se ordena al Departamento de Desarrollo Económico a evaluar y expandir programas de capacitación y adiestramiento a mujeres que viabilicen su integración a la fuerza laboral.
Campañas en los medios
Ordena campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género en alianza con la empresa privada.
Ven positiva la orden ejecutiva presentada por el Gobernador
Por Bárbara J. Figueroa Rosa
Después de más de dos años de constantes exigencias por parte de organizaciones feministas y muchos otros del país reclamando al gobierno un estado de emergencia de violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi emitió una orden ejecutiva para que haya un plan coordinado entre todas las esferas gubernamentales para atajar la violencia machista.
Declarar un estado de emergencia se convirtió en una petición colectiva que dirigieron múltiples organizaciones -y que contó con las voces de figuras públicas como Ricky Martín y Kany García- tras la falta de un protocolo unificado que atendiera este problema social y ante los múltiples incidentes violentos contra las mujeres que se han suscitado en el país en los últimos años.
Según datos oficiales de la Policía de Puerto Rico el año pasado ocurrieron 6,170 incidentes de violencia doméstica. El reporte oficial destaca que ocho mujeres fueron asesinadas en esas circunstancias.
Entre los grupos que levantó bandera y solicitaban acción urgente y prioritaria al tema se destaca la Coordinadora Paz para la Mujer, coalición de 38 organizaciones que trabajan el tema de la violencia de género. La orden ejecutiva 2021-13 busca dirigir recursos para atender, prevenir y erradicar los crímenes que surgen contra las mujeres desde un marco machista y, precisamente, por razón de su género.
“De principio nos alegra saber que al fin se ha emitido un estado de emergencia después de dos años que tanto organizaciones feministas como otros sectores en el país solicitaron al gobierno. Por esa parte nos da mucha alegría que, finalmente, se haya reconocido desde las esferas altas del gobierno con esta declaración que hay un problema de violencia de género y que hay que verlo dentro de sus particularidades, causas y efectos que tienen en el país. Y lo más importante que hay que atenderlo como lo que es: una emergencia”, expresó la directora ejecutiva de la coalición, Vilma González.
Sostuvo que al tema de violencia de género hay que darle visibilidad y describió como un “movimiento positivo” que se constituya el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género. Este comité, según explicó Pierluisi, estará presidido por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, quien hizo su tesis doctoral en este tema.
Además, resaltó que el decreto establezca mecanismos para que haya un Oficial de Cumplimiento que responderá al gobernador, que fiscalizará y monitoreará la implementación de la orden ejecutiva; al tiempo que puntualizó en la importancia de que se cree un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género, sea contactada o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad y de esta manera prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas.
Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, defensora de los derechos de las mujeres y quien defendió la semana pasada una resolución en la que, precisamente, se solicitó a Pierluisi declarar un estado de emergencia por violencia de género, catalogó como “interesante” y “abarcadora” la orden ejecutiva. La resolución fue aprobada con la oposición de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien objeta que se particularice en la violencia contra las mujeres al afirmar que se debe atender “la violencia generalizada”.
Rivera Lassén explicó que su primera impresión -pues debe evaluar el decreto con más detenimiento- es que exige a las agencias tomar como causa común el tema de la violencia de género. “Otra reacción es que establece un cronograma para que las cosas ocurran en un tiempo dispuesto. Eso me parece bien”, dispuso.
En cambio, dijo tener dudas respecto a que la orden ejecutiva incluya a las mujeres en toda su diversidad.
“Aunque habla de ‘mujeres’ es importante reconocer la diversidad en todo lo que tiene que ver con violencia de género, incluyendo a las mujeres trans. Y eso no lo vi visible en la orden. Entiendo que este tipo de cosas hay que ponerlas visibles para que no haya dudas como las que tengo yo ahora”.
Otro asunto que capturó la atención de Rivera Lassén es que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) queda por debajo del Departamento de la Familia en el PARE.
“Poner a la Procuraduría por debajo de Familia va en contra de la misma ley que crea a esa oficina de las mujeres, pero a la vez muestra el problema que hay, y es que la Procuraduría se ha hecho totalmente inconsecuente y no cumple con la razón de su creación”, manifestó quien junto al senador Rafael Bernabe presentó una resolución para investigar las herramientas que tiene el Estado para atender el tema de violencia de género, incluyendo a la OPM, la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses con su manejo de los “rape kits”. La resolución fue aprobada.
La senadora también mostró optimismo en que la orden ejecutiva ordene crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia, ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. Igualmente, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.
De otra parte, la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, dijo estar “satisfecha” con la declaración de emergencia y aseguró que la orden ejecutiva contiene “muchas de las solicitudes que he hecho a raíz de todo lo que se ha suscitado durante estos pasados años”.
“Toca el tema de inversión en las mujeres, fiscalización, presupuesto… allegar fondos para que se le brinden mejores servicios a todas nuestras mujeres en todos los aspectos, incluyendo la educación y la salud”, manifestó quien al igual que Rivera Lassén vigilará que las protecciones incluidas en la orden ejecutiva incluya a las mujeres en toda su diversidad. “Ninguna orden es perfecta ni es una varita mágica que erradicará la violencia de género de hoy para mañana, pero este es un paso adelantado y estamos en calidad de colaboradores, pero sin olvidar y haciendo la salvedad de que somos una agencia fiscalizadora”, expresó quien consultará el documento firmado por el gobernador con asesores legales de la OPM.
Mientras, indicó que la semana pasada se reunió con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, a quien reiteró la necesidad presupuestaria de la OPM, la cual este año fiscal se le asignó $1 millón. Años anteriores a la oficina se le asignaban $4 millones.
El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció ayer la Orden Ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género. Tal y como había adelantado y como parte de un compromiso programático de su administración, el primer mandatario declaró como política pública establecer, mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.
“Toda violencia es repudiable, y tenemos que combatirla sin tregua. La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para empoderarse y separarse de su situación de violencia, la Orden Ejecutiva ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear y ampliar programas que viabilicen e incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral.
Además, se procura la colaboración de todas las clínicas de asistencia legal de las escuelas de Derecho de Puerto Rico para ayudar a víctimas de violencia de género. Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género en alianza con la empresa privada.
“Para erradicar la violencia de género tenemos que realizar esfuerzos concertados entre el estado y la sociedad en los que además de un plan abarcador, exista un enfoque educativo para enseñar a nuestros niños y niñas que todo ser humano tiene que ser respetado, así como empoderar a nuestras próximas generaciones para erradicar este mal. La equidad entre niños y niñas, hombres y mujeres es clave para alcanzar el Puerto Rico sin violencia de género que todos queremos”, concluyó Pierluisi.
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