Colombia | La Fiscalía investiga a 22 generales del Ejército por “falsos positivos”
Fiscalía reconoce a CPI que investiga a 22 generales por falsos positivos
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga a 22 generales del Ejército por falsos positivos. Así lo dio a conocer esta entidad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que publicó un informe sobre el seguimiento que hace al caso colombiano relacionado con supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde noviembre de 2002.
“La Fiscalía General de la Nación indicó, sin mayor especificación, que a septiembre de 2020, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tenía en curso 29 casos contra 22 generales del Ejército”, se lee en el informe.
Pero este dato no es el único que contiene el documento. El informe versa sobre avances en las investigaciones de cuatro temas: promoción y expansión de los grupos paramilitares; desplazamientos forzosos; crímenes sexuales y por motivos de género, y ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”.
Falsos positivos
El documento indica que la Fiscalía colombiana ha continuado con las actividades investigativas y que estas podrían llevar a “cinco casos potenciales que podrían surgir” por hechos cometidos entre 2002 y 2009.
El primero por ejecuciones que habrían sido cometidas en el Cesar por la Primera División (Brigada 10). El segundo por hechos ocurridos en Norte de Santander y Magdalena por la Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15). El tercero evaluaría ejecuciones cometidas supuestamente por miembros de la Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28) en Meta, Casanare y Vichada. Le sigue la evaluación de hechos que habrían sido cometidos por la Quinta División (Brigada 9) en Huila. Y, por último, por muertes que habrían sido cometidas por miembros de la Séptima División (Brigadas 4, 11 y 14) en Antioquia y Córdoba.
La Fiscalía indicó que hasta septiembre de 2020 había 2.314 casos activos contra 10.949 miembros del Ejército que involucran a 3.966 víctimas. También que hasta esa fecha 1.749 miembros del Ejército fueron condenados, 9 de ellas desde octubre de 2019. Adicionalmente, la entidad ha realizado 36 actividades investigativas y judiciales sobre estos crímenes.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que en el marco del Caso Nº 3 relativo a “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ha recibido 144 versiones voluntarias por parte de miembros de unidades militares, incluyendo a un general, dos brigadieres generales, siete coroneles y nueve tenientes coroneles.
La JEP ha recibido estas versiones voluntarias por muertes de “falsos positivos” en Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila. La Jurisdicción también recibió versiones voluntarias de víctimas, entre ellos, de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha.
Paramilitarismo
Sobre la expansión de grupos paramilitares en Colombia, la Fiscalía General de la Nación señaló que hay 2.683 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros e las fuerzas públicas por la promoción, apoyo o financiamiento de grupos ilegales, de los que 1.329 están activos (703 cometidos por civiles, 283 por agentes estatales combatientes y 343 por agentes estatales no combatientes). Además, se han emitido decisiones en 15 casos: diez condenas, dos absoluciones y tres con sentencia anticipada.
Además, la Fiscalía también le informó a la CPI que de los 29 casos priorizados contra terceros civiles y agentes estatales –incluyendo los relacionados con el apoyo y promoción de los frentes paramilitares Arlex Hurtado y Bloque Calima, así como el caso contra exdirectivos y empleados de Chiquita Brands–, 20 están en etapa de investigación y cinco en etapa de juicio. Además, se dictaron condenas en otros dos.
La JEP por su parte señaló que, hasta el 30 de agosto pasado, había procesado 1.273 solicitudes de agentes del Estado no militares y civiles por participar en la promoción de grupos paramilitares y guerrilleros. De todas estas priorizó las relacionadas con el Bloque Norte de las AUC, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con “el patrón de macro criminalidad de civiles reclutadores o con intervención en ejecuciones extrajudiciales”.
Adicionalmente, la Jurisdicción Espcial para la Paz señaló que también avanzó en los casos relacionados contra el exsenador David Char, el exsenador Álvaro Ashton y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo.
Desplazamientos forzosos
El informe de la Fiscalía de la CPI indica que, según información proporcionada por la Fiscalía Colombiana, las Salas de Justicia y Paz dictaron cinco sentencias condenatorias contra exparamilitares por crímenes relacionados con el desplazamiento forzoso, estableciendo patrones de macro criminalidad de este delito.
Adicionalmente, el ente investigador señaló que se completaron las etapas de formulación y aceptación de cargos en el caso del exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate y otros 245 miembros del Bloque Central Bolívar, con cargos que incluyen 702 imputaciones por desplazamientos forzosos en Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas, Risaralda, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo entre 1994 y 2006.
También, el pasado 11 de agosto, la Fiscalía solicitó una prórroga a las órdenes de captura contra comandantes del Eln, incluyendo a los miembros del Comando central, por 26 actos de desplazamiento forzoso cometidos en el Catatumbo, Norte de Santander, desde marzo de 2019.
La JEP señaló que gracias a los casos 002 (situación territorial en Nariño), 004 (situación territorial en Urabá) y 005 (situación territorial en Cauca), “la Sala de Reconocimiento de Verdad adoptó una serie de medidas para facilitar las observaciones de las víctimas a las versiones voluntarias”.
Crímenes sexuales y por motivos de género
206 casos de crímenes sexuales y por motivos de género contra 234 integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía fueron incluidos en el informe “Violencia Basada en Género cometida por agentes del Estado” de la Fiscalía General de la Nación. De esos, 43 fueron asignados a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, pero 27 están inactivos.
En el caso contra Rodrigo Pérez Alzate, la Fiscalía informó que los cargos contra él incluyen 84 imputaciones de violencia por motivos de género entre 1994 y 2006.
Por último la JEP señaló que, hasta octubre de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad había acreditado a 41 víctimas de violencia sexual en el caso 002, 18 en el caso 004 y 14 (de los que 13 son población LGBTI) en el caso 007, para un total de 73 casos de violencia sexual. Además, que ha recibido 30 informes de organizaciones e víctimas centrados en este delito.
Tras este extenso análisis, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que “las autoridades colombianas en general han adoptado pasos significativos para abordar conductas que constituyen crímenes de la CPI (…) siguieron tramitando actuaciones judiciales nacionales relevantes para el examen de admisibilidad”.
