Paz trunca: cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc
Cada cinco días un excombatiente de las Farc es asesinado en Colombia
Por Rafael Aristizábal
La Sección de Ausencia de Reconocimiento en cabeza de su presidente Alejandro Ramelli adelantó una audiencia pública para analizar la muerte de 243 desmovilizados, luego de la firma del Acuerdo de Paz.
El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción, Giovanni Álvarez, afirmó que dentro de las causas de asesinato de los reincorporados está su liderazgo social y además, que las disidencias los ven como informantes o colaboradores del estado colombiano.
Asimismo, denunció que cada 5 días un exguerrillero es asesinado en el país y si la senda continúa de esa manera, en 2024 la cifra superaría los 1.500.
«…si nosotros hiciéramos una proyección hasta el año 2024, diciembre de 2024 teniendo en cuenta que la situación continúe como se viene desarrollando sin que esta desmejore y que se haga más grave, habrían perdido la vida 1.600 excombatientes de las Farc», señaló Álvarez.
La vicefiscal Martha Mancera señaló que los principales perpetradores de los asesinatos son las mismas disidencias y el Eln.
Además, defendió el trabajo del ente acusador en el esclarecimiento de los crímenes contra los reincorporados y expresó que, aunque los indicadores sobre homicidios, desaparición forzada o tentativa de homicidio no superan el 50% de esclarecimiento, van por buen camino.
«…nosotros tenemos un compromiso con Colombia a pesar que muchos creen que esto no es suficiente para un país tan complicado como Colombia en el tema de presencia de estructuras criminales hemos avanzado mucho», expresó.
En representación del partido Farc asistió la senadora Victoria Sandino quien indicó que, según los cálculos de la colectividad, mueren uno o dos excombatientes por semana.
También atacó al exfiscal Néstor Humberto Martínez acusándolo de «entrampar» a Jesús Santrich e Iván Márquez.
Tres tipos de disidencias están atacando a los exmiembros de las Farc: JEP
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz escuchó este miércoles, en audiencia pública, a miembros del alto gobierno en el que expusieron las acciones que han tomado en la protección, en materia de seguridad, a los excombatientes de las Farc.
La diligencia que se instaló desde las 8:00 de la mañana, y se adelantó de manera pública, estuvo presidida por tres magistrados del tribunal de paz, y además asistieron la vicefiscal general, Martha Mancera; los senadores Victoria Sandino, Pastor Alape, así como el alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo, y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa, entre otros.
El objetivo de la diligencia tenía la finalidad de reconocer los elementos que generan afectaciones a los derechos fundamentales a los excombatientes de las Farc, esto teniendo en cuenta que en el tribunal de paz han documentado la muerte de más de 240 exmiembros del grupo guerrillero.
El director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, por su parte, aseguró que cada vez que muere un excombatiente de las Farc muere la verdad para un grupo de víctimas, porque se dificulta la construcción de la misma.
“Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se ha podido establecer que han muerto en total 249 excombatientes, es decir está muriendo un excombatiente de las Farc cada cinco días”, aseveró el funcionario del tribunal.
Para Álvarez esa cantidad es una cifra “alarmante”, esto, sin contar que según datos de la Agencia para la Reincorporación y normalización los excombatientes de las Farc, residen en 565 municipios, y de esos, han ocurrido asesinatos en 98, lo que significa que en el 17 % de los casos se han registrado víctimas mortales.
“Así las cosas, si nosotros hiciéramos una proyección o una previsión de muertes de excombatientes de las Farc hasta diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la situación continúe como se viene desarrollando sin que esta desmejore o se haga más grave, habrían perdido la vida 1600 excombatientes, lo que sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”, expresó el director.
El informe que presentó Álvarez y que fue realizado con apoyo del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos de la Unidad, expuso tres hipótesis explicativas que debe problematizarse, porque a través de ellas se ha buscado poner de presente el fenómeno que viene ocurriendo sobre ataques contra los excombatientes de las FARC.
Para Álvarez, la primera de ella es el fenómeno del narcotráfico que, en gran medida se ha dicho es el responsable de las muertes de los firmantes de paz y lo cual es indudable, ya que en algunos eventos así ha sido, “pero no podemos explicar de forma general o tener como un patrón general el narcotráfico para la ocurrencia de estos hechos victimizantes”.
Según el informe, en 176 municipios coincide la presencia de cultivos de coca y el lugar de residencia de los excombatientes. Sin embargo, 111 tienen hectáreas sembradas de coca y no registran un solo caso de homicidios, esto significa que el 63 % de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas.
La segunda hipótesis explicativa de los hechos presentada por el director tiene que ver con rencillas personales, “es la hipótesis más débil y no tiene realmente ningún fundamento ya que de 249 homicidios cinco tienen como causa detonadora una riña callejera, pelea o trifulca, es decir solo el 2% de este tipo de hechos victimizantes obedece a razones de esta naturaleza, lo cual a su juicio permite concluir que prácticamente son hechos aislados.
La tercer hipótesis que Álvarez pone como la más fuerte de todas vincula a las disidencias de las Farc, esas mismas que a su juicio no son una organización criminal única y homogénea, pues en este caso, también tienen identificados tres tipos de disidencias.
La primera, es la que está coordinada por ‘Gentil Duarte’, que nacen en 2016, y opera en 21 departamentos y 155 municipios en el territorio nacional. De acuerdo con Álvarez, este tipo de disidencias se caracterizan por tener choques permanentes con la Fuerza Pública y utilizan métodos de control social con la población civil.
La segunda, también conocida como la Segunda Marquetalia, que nació en agosto de 2019, suele operar en la frontera con Venezuela, y tienen presencia intermitente en 44 municipios del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, además de que su relacionamiento con la población civil es mediático y se ha establecido que no tienen poder militar para atacar a la Fuerza Pública.
Y finalmente están las disidencias narcotizadas, las cuales nacen durante el proceso de paz de La Habana y tienen presencia en 38 municipios y se enfrentan ocasionalmente con los uniformados.
Respecto de la victimización que tienen los excombatientes de las Farc, el director expuso que la Unidad que preside detectó elementos comunes y además identificó dos patrones de violencia letal que dan cuenta del 57 % de los casos.
Frente a elementos comunes a la victimización, la Unidad estableció dos. En cuanto al perfil de las víctimas, son hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posiciones de baja jerarquía durante su permanencia en las Farc, y el modus operandi en el cual los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes es en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos en el rostro, la cabeza y el tórax.
En cuanto a los patrones de violencia letal, el primero de ellos es el patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo.
Este patrón constituye el 21 % del total de casos de la muestra, es decir, 43 homicidios de 249 siguen esta tendencia, ocurrieron en 13 departamentos y 33 municipios, y afecta principalmente a excombatientes adultos que tienen entre 35 y 54 años, y que asumieron roles de liderazgo en el postacuerdo.
El segundo es el patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las Farc, en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente.
Para Álvarez, este patrón constituyen el 36 % de los casos de la muestra, es decir, 91 sobre los 249 registrados, y el informe pudo establecer que el “grupo perpetrador” principal son las disidencias en sus tres tipos y afecta principalmente a los excombatientes jóvenes entre 18 y 34 años que tienen un fuerte arraigo en la zona.
LO QUE DICEN LAS EXFARC
Victoria Sandino, por su parte, empezó su relato trayendo a colación la muerte de Paola Andrea Osorio, una excombatiente del grupo guerrillero que fue asesinada en la noche de este martes en Chocó.
El reporte de la hoy senadora da cuenta que han fallecido 242 exmiembros de las Farc, de los cuales cinco han sido mujeres y 237 hombres, eso sin contar que se han registrado 50 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas.
“En este momento existe entre uno y dos asesinatos cada semana sin que el Estado reaccione de manera efectiva. Nos enfrentamos a un arco de violencia. Estamos asistiendo a un exterminio que no culmina”, expresó y añadió que el Gobierno no puede avocar las muertes de los excombatientes a casos aislados, sino que por el contrario deben considerarlo como una sistematicidad.
“A los firmantes del acuerdo de paz los estigmatizan, los señalan y después los matan”, dijo en medio de su intervención a la que se unió Pastor Alape, exjefe del grupo guerrillero, quien hoy hace parte del Congreso de la República.
Alape, por su parte, argumentó que se están enfrentando a un panorama “macabro”, que da cuenta del exterminio de excombatientes de las Farc, y con ello se esfuman las esperanzas de paz.
“Mientras el Gobierno dijo que no era necesario las medidas cautelares tuvimos que ver con impotencia como varios compañeros de ETCR tuvieron que dejar esos lugares hoy se encuentran fuera de sus territorios”, argumentó el ahora dirigente político.
A juicio de Alape semana a semana ocurren nuevos hechos que atentan contra la vida, la paz y derechos de los firmantes del Acuerdo y de las comunidades que se acogieron al acuerdo de paz celebrado, precisamente, hace cuatro años.
LO QUE HA HECHO EL GOBIERNO
Si bien, los dirigentes políticos han reseñado las múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales, la vicefiscal Martha Mancera, por su parte, expuso los logros en materia jurídica que han obtenido respecto del esclarecimiento de las muertes de excombatientes.
Mancera dijo que hasta la fecha se han proferido 37 sentencias condenatorias por afectaciones directas a personas en reincorporación y sus familiares. Además, 22 adicionales que están relacionadas con las organizaciones criminales, y si bien el ente acusador se mueve en materia de investigación, también entregó información a la Unidad Nacional de Protección, en la que a su juicio, “tenemos que decirlo: los resultados de protección inmediata o de esquemas de seguridad de la dirección especializada no son muy rápidos”.
La vicefiscal aseguró que en algunos casos han tenido que enviar más de 10 oficios a la UNP donde se les menciona que existe un riesgo extremo. Esto lo mencionó la funcionaria del búnker luego de responder a una pregunta hecha por los magistrados de la JEP en la que hacían mención sobre la protección de 19 excombatientes asesinados.
Desde la Defensoría del Pueblo, Ricardo Arias, delegado para la Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas expuso que con base en lo que han demostrado las instituciones sobre la situación de los excombatientes, hasta la fecha se ha emitido un total de 192 alertas tempranas, de las cuales 49 han identificado riesgos diferenciales para la población en proceso de reincorporación.
Mientras que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila reiteró la voluntad del gobierno de proteger a los excombatientes e ilustró cómo, entre las entidades del Estado, responsables de la seguridad de los exintegrantes de las Farc, los miembros del partido político y sus familias, se ha desarrollado un alto nivel de articulación y coordinación para garantizar su integridad frente a las amenazas.
“Ni el narcotráfico, ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad. Quedó claro que los homicidios de los excombatientes no corresponden de ninguna manera a una política de Estado y que actuamos con gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población”, puntualizó el Consejero.
De esa manera, Archila aseguró que para el bien del proceso se concluyó que, “si se adoptan medidas cautelares, estas lo serán bajo el enfoque de colaboración armónica, complementariedad sin desarticular lo que ya está funcionado, construyendo sobre lo construido en un contexto de respeto a la autonomía e independencia de los poderes, con sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad”.
Archila enumeró todas las acciones, esquemas y estrategias de seguridad que se han desarrollado para proteger a los excombatientes y a sus familias, y mencionó que en varias ocasiones se ha solicitado al partido Farc un apoyo en información y conocimiento de circunstancias o riesgos de amenaza para hacer afectivas las medidas, pero no se ha obtenido una respuesta.
Dijo además que las acciones que se realizan en materia de prevención, protección y atención en materia de seguridad, están relacionadas con las instancias y programas creados en desarrollo del acuerdo, y cuentan con mecanismos legales de articulación mediante la participación de miembros de la Instancia de Alto Nivel en las otras instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.
Además de eso, señaló que en el 77,77 % de los casos con avance de esclarecimiento, los victimarios han sido organizaciones criminales armadas. En su orden: las disidencias, ELN , Clan del Golfo, Organizaciones tipo C y EPL.
Farc afirma que estigmatización del Gobierno desencadena más violencia
Por Ángel Ocampo Rodríguez
En medio de la audiencia que se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para tratar el tema de los asesinatos de los firmantes del acuerdo de La Habana, el representante del partido en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape , le pidió al Gobierno Nacional dejar de estigmatizar a los excombatientes de la desmovilizada exguerrilla de las Farc.
Alape afirmó que la estigmatización que ejerce el Gobierno sobre los excombatientes genera mayor violencia sobre quienes dejaron las armas hace cuatro años tras la firma de los acuerdos.
«Hacemos un llamado a que cese la estigmatización a los firmantes y que la Fuerza Pública utilice una cultura de tolerancia. Nadie puede ser asesinado por pensar diferente», indicó Alape en su intervención en la audiencia.
El líder político del partido Farc afirmó que varios de los programas creados durante el gobierno de Iván Duque sobre la política de pa han desviado el propósito que se tiene en los acuerdos de La Habana.
«El plan de acción de Paz con Legalidad y el PAO deslegitiman el acuerdo ya firmado y esos programas hacen parte de las acciones de estigmatización. Esto afecta no solamente a los firmantes sino también a los liderazgos que en los últimos meses han visto la violencia y la evidencia de esto son las masacres que no son homicidios selectivos, no se deben utilizar eufemismos, eso es lo que se tiene que corregir», señaló Pastor Alape.
Según la JEP, desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se tienen registradas 249 muertes de excombatientes de las Farc, lo que significa que, en promedio, cada cinco días están asesinado a un excombatiente.
Informó el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, que estos asesinatos en contra de los firmantes del Acuerdo de Paz están ocurriendo en 98 de los 565 municipios donde están asentados quienes dejaron las armas.
Asesinatos contra ex-Farc: esto fue lo que Gobierno le respondió a JEP
Cada cinco días asesinan a un excombatiente de las Farc en Colombia. Este fue el preocupante dato que reveló la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante una audiencia en la que funcionarios del alto gobierno y entes de control tuvieron que rendir cuentas sobre lo que han hecho para evitar que siga el derramamiento de sangre contra los firmantes del acuerdo de paz.
Precisamente, desde la histórica firma, el 24 de noviembre de 2016, hasta el pasado 15 de noviembre, la UIA registró 249 asesinatos contra personas en proceso de reincorporación.
Habló Victoria Sandino, senadora del partido Farc
La senadora por el partido Farc Victoria Sandino señaló que, cada semana, se registran entre 1 y 2 asesinatos en contra de esa colectividad, sin que el Estado responda de manera efectiva.
Además, destacó que los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, 95 por ciento de los cuales han cumplido sus compromisos, han sido estigmatizados por miembros del alto Gobierno y del partido de Gobierno, y denunció las violencias contras las mujeres.
Según la legisladora, aparte de los 243 asesinatos, se ha resgistrado 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidio a firmantes de la paz, y aseguró que se trata de hechos sistemáticos. «Es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces», dijo Sandino.
Otro punto que puso de relieve la senadora fueron los pocos avances en las investigaciones y judicializaciones a los responsables de las violencias contra excombatientes, y resaltó cómo la ola de sangre ha generado que muchos desmovilizados tengan que salir de las zonas grupales de reincorporación.
La UIA de la JEP presentó informe
Por su parte, el director de la Unidad de Investigación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, presentó el informe ‘Silenciando la Verdad’, sobre asesinatos a excombatientes.
Según las cifras del informe, desde la firma del acuerdo hasta el 15 de noviembre de este año, han sido asesinados 249 exguerrilleros, es decir, un homicidio cada 5 días.
Santoyo también puso de relieve que, aunque los hoy desmovilizados viven en 565 municipios del país, los asesinatos solo han ocurrido en 98. Pero, más grave que eso, reveló que en solo 20 municipios se concentra el 53 por ciento de los casos de homicidio.
Aunque se ha dicho que estos hechos violentos se presentan por rencillas personales, la UIA encontró que solo 5 de los 249 homicidios habrían tenido como detonante riñas o peleas, lo que representa solo el 2 por ciento de todos los casos.
En cuanto a los patrones de violencia letal identificados por esta unidad, Santoyo mencionó que se hallaron dos: 1) el desmonte de proyectos políticos, económicos y comunitarios ligados a la implementación del acuerdo, y 2) la prevalencia y la disputa entre disidencias de las Farc.
La respuesta de la Fiscalía
La Vicefiscal General de la Nación, Martha Yaneth Mancera, empezó por aclarar que el ente acusador se ha circunscrito a su misión constitucional en el curso de las investigaciones contra estos hechos. Calificó de «inadmisibles» los hechos violentos no solo contra excombatientes, sino también contra defensores de DD. HH.
Según Mancera, el 43,7 por ciento de los homicidios en contra de esta población son responsabilidad de Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor).
En cuanto al avance investigativo, Mancera contó que la Fiscalía, hasta el 11 de noviembre, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada. Los avances del ente investigador en el esclarecimiento de estos casos llegan al 48.21 %. Es decir, de las 280 afectaciones, han avanzado en 135. También se han logrado 33 sentencias.
El magistrado de la JEP Raúl Sánchez, al respecto, preguntó en qué porcentaje de esas 33 sentencias condenatorias se han condenado a los máximos responsables, o si se trata de los autores materiales. Sobre eso, la vicefiscal Mancera dijo que se han hecho avances para capturar a los comandantes de las organizaciones responsables de los crímenes. Otra representante de la Fiscalía aclaró que más del 50 % de esas sentencias se dictaron contra determinadores, algunas por más de 35 años.
El magistrado Sánchez también cuestionó por qué, si hay un alto porcentaje de amenazas, el nivel de esclarecimiento por parte de la Fiscalía no es mayor,a lo cual Mancera contestó que se está avanzando en la implementación del sistema de alertas por amenazas.
A su turno, el magistrado de la JEP Gustavo Salazár, cuestionó al ente acusador sobre los móviles de los asesinatos y los actores responsables. Según la Fiscalía, existe un patrón geográfico: «El mayor número de homicidios, tentativas y desapariciones los cometen los Gaor, en territorios como Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo. Los móviles están asociados con control territorial, rentas ilícitas y con que muchos de los reincorporados no han querido volver a las dinámicas de la delincuencia, quienes se han visto amenazados y, posteriormente, algunos homicidios se han presentado con ocasión de esto».
La Vicefiscal General, además, señaló que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha tenido demorada. «En algunos de nuestros casos hemos tenido que enviar más de 10 oficios, en donde les decimos que hay un riesgo extremo, riesgo o alerta de una probable situación que se pueda presentar», dijo Mancera. Y agregó que muchas veces tienen que acudir al componente de reubicación de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), canal mucho más expedito que la dirección especializada de la UNP.
La solicitud de Pastor Alape, vocero de Farc
El delegado del partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) Pastor Alape Lascarro, rechazó de tajo cómo «este año el gobierno dijo que no eran necesarias las medidas cautelares de seguridad para los excombatientes», y relató las difíciles condiciones que han tenido que enfrentar los antiguos miembros de las Farc.
Algunos de ellos, como quienes estaban asentados en el espacio terriorial de Ituango y la NAR de El Diamante, padecieron desplazamientos forzados colectivos. A eso se suman los casi 250 asesinatos documentados por la Farc y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Alape también puso de relieve que las agresiones no son solo contra exguerrilleros, sino sobre sus familias, casos que se salen de la competencia de las entidades creadas o delegadas por el acuerdo de paz.
Una vez más, el vocero de la Farc señaló la falta de implementación de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, y llamó a la institucionalidad a cumplir sus compromisos en materia de puesta en marcha del acuerdo de paz.
El papel de la Defensoría del Pueblo
El defensor delegado para la prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, Ricardo Arias, resaltó que la Defensoría ha emitido un total de 192 de estas alertas, 49 de las cuales han detectado riesgos para los excombatientes y sus familias. 32 de esas 49, coinciden con territorios ubicados en las tres regiones priorizadas por la JEP.
Respecto de las 32 alertas tempranas remitidas a la JEP, Arias aseguró que 16 tienen informes finales de seguimiento.
Además, la Defensoría del Pueblo le ha puesto la lupa a la transformación de los escenarios de riesgo para los excombatientes, y destacó varios desafíos para garantizar la seguridad de los reincorporados.
Según Arias, los riesgos que se han identificado para esta población hacen que sea necesario diseñar y adoptar medidas de seguridad y protección colectiva, dentro y fuera de los espacios territoriales y las nuevas áreas de reincorporación.
Otro de los aspectos claves de su intervención fue señalar que no solo debe haber un acompañamiento institucional para disuadir el orden público y las situaciones de violencia, que también se debe trabajar en factores de vulnerabilidad que expone a los excombatientes al accionar de grupos armados ilegales. Puntualizó, entre dichos factores, la estigmatización, las brechas en la implementación de proyectos productivos, acceso a líneas de crédito, conectividad digital, asistencia legal, entre otros.
‘Estamos dispuestos a hacer más’: Archila
El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, aseguró que a los excombatientes no los están matando por la falta de preocupación del Gobierno. «Todas las autoridades estamos haciendo todo lo que nos corresponde, y estamos dispuestos a hacer más», dijo Archila.
También resaltó que «solo en tres casos el móvil del asesinato ha sido ser excombatiente». Citando cifras de la Fiscalía, el consejero aseguró que en casi el 77 % de los casos con avances en su esclarecimiento, se ha determinado que el responsable del homicidio es una organización criminal, en su orden: disidencias, Eln, ‘clan del Golfo’ y organizaciones ‘tipo c’.
Sobre los traslados de los espacios territoriales, Archila dijo que, desde 2019, la Consejería alertó que algunos debían darse por razones de seguridad, pues estaban ubicados en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales.
El alto funcionario también explicó que se están poniendo en marcha más de 50 medidas especiales para garantizar la vida de los exguerrilleros, que incluyen estrategias preventivas, de articulación interinstitucional, de apoyo en la identificación y judicialización de los responsables de los crímenes, entre otras.
El alto comisionado para la Paz defendió gestión del Gobierno
Uno de los organismos que más críticas ha recibido en el marco de la implementación del acuerdo de paz es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la cual es secretario técnico el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Ceballos aseguró que hay una confusión sobre el rol de la Comisión: «El alcance de esta no es lograr la seguridad de los miembros de Farc, en ninguna parte está ese objetivo, pero sí desmantelar los grupos que continúan activos en el contexto de las conflictividades internas en Colombia».
Según dijo el comisionado, se ha avanzado en la facilitación de decretos de sometimiento individual de los miembros de los grupos armados ilegales, pero hay desafíos de cara a la dinámica de dichas estructuras.
En relación con denuncias de organizaciones como Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas, que han señalado que la Comisión de Garantías de Seguridad ha funcionado a baja marcha, y, de hecho, no se ha expedido el reglamento de esta instancia, Ceballos respondió, en primer lugar, que si bien él es el secretario técnico, hay en total 10 funcionarios públicos a quienes también les corresponde la implementación de la Comisión.
Sobre el reglamento, el comisionado aseguró que durante el gobierno Santos tuvieron 20 meses para trabajar en el mismo, pero no se logró consolidar, y que durante la administración de Duque llevan trabajando en el documento entre 2019 y 2020, pero «no ha habido acuerdo en el mismo».
Aunque Ceballos defendió que se ha avanzado en la lucha contra los grupos armados ilegales, el magistrado Salazár fue enfático en decir que «nadie ha señalado que no se esté trabajando, lo que pasa es que las decisiones deben ser oportunas, deben ser a tiempo».
La posición del Ministerio del Interior
Daniel Palacios Martínez, viceministro de Relaciones Políticas del Mininterior, cartera que tiene a su cargo la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que es la instancia que se activa cuando la Defensoría del Pueblo emite una alerta de este tipo.
Palacios aseguró que, luego de un análisis de las entidades involucradas, lograron identificar que hay una similitud en los lugares donde ocurren los homicidios contra líderes sociales y contra personas en proceso de reincorporación.
Según el viceministro, el 65 % de los asesinatos de estas dos poblaciones están concentrados en 24 municipios y cinco ciudades de Colombia. Frente a eso, las autoridades han apostado a la neutralización de los victimarios, por lo cual ya se han expedido 192 órdenes de captura, de las cuales ya fueron materializadas 32 detenciones.
El Minhacienda respondió sobre recursos
Dado que varias entidades, incluyendo la Unidad Nacional de Protección (UNP), han argumentado que no han podido ofrecer las garantías necesarias a los excombatientes en materia de seguridad por falta de recursos, la magistratura de la JEP cuestionó al respecto al jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El ministro aseguro que, en cuanto a la UNP, esta tuvo para 2020 una apropiación de 158,4 mil millones de pesos para el tema de los acuerdos de paz, y que ese monto salta a más de 174.000 millones para la siguiente vigencia.
Carrasquilla también habló sobre los recursos obtenidos por cooperación internacional para la implementación de la paz. «Al verificar la información de la parte de funcionamiento, no la de inversión, que es la de responsabilidad del Ministerio, las entidades no han marcado este tipo de recursos de donación», dijo el minhacienda.
La respuesta del Ministerio de Defensa
Diana Abaunza Millares, viceministra de Defensa, destacó que esa cartera elevó el costo de los cabecillas de organizaciones criminales señalados de atentar contra líderes sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación. Además, según dijo, en las Zonas Futuro se incluyeron medidas especiales de protección para las personas o grupos en riesgo.
Según dijo, dijo, en los antiguos 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se ha establecido un esquema de seguridad que cuenta con más de 3.000 uniformados (825 policías y 2.218 soldados).
Habló el director de la Unidad Nacional de Protección
Alfonso Campos Martínez, director de la UNP, reveló que como parte del plan de acción aprobado por la mesa técnica de seguridad y protección, la entidad está adelantando la contratación de 676 hombres y mujeres para esquemas de protección. Además, habrá un fortalecimiento del equipo de analistas de la subdirección especializada, a donde llegarán 52 nuevas personas. Las nuevas contrataciones, que representan una inversión de $13.500 millones, provienen de recursos ya desembolsados por el Minhacienda.
Según Campos, la UNP tiene medidas de protección sobre 3.799 personas. En cuanto a la plata de la Unidad, que está conformada por 2.044 funcionarios, el director aseguró que 1.305 son excombatientes de las Farc, que trabajan como escoltas o personal administrativo.
Al ser cuestionado por los magistrados de la JEP sobre la insuficiencia en la planta de personal, el funcionario mencionó que en la actualidad hay más de 1.350 solicitudes de protección que le han allegado a la Dirección Especializada de la UNP. «Aspiramos que se resuelvan con el esfuerzo que se viene haciendo por parte de la UNP y del Gobierno en cuanto a temas presupuestales», y recordó el ingreso de los 676 nuevos trabajadores.
Sobre el comentario de la Vicefiscal Mancera, quien dijo en el comienzo de la audiencia que en ocasiones el ente acusador debe enviarle hasta 10 oficios a la UNP para que reaccione ante las alertas, Campos aseguró que la entidad que dirige mantiene una articulación tanto con la Fiscalía como con la Defensoría y la Procuraduría, y atiende oportunamente a sus solicitudes. El funcionario reiteró que, de los 244 asesinatos contabilizados por la Farc, solamente en 25 casos se le informó a la UNP de situaciones particulares, que llevaron a abrirles ruta de atención a estas personas, quienes luego resultaron asesinadas.
Respecto a esto, el magistrado Salazár expresó su preocupación: «Lo que no le puede pasar a un Estado es que alguien haya pedido medidas de protección y lo maten en la evaluación. Es más grave aún si ha solicitado la protección, no se le ha dado y muere, o si se le ha entregado una medida blanda».
También participó la MAPP de la OEA
Daniel Miralles, coordinador del área de Justicia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó la apuesta del acuerdo de paz para garantizar la reincorporación de los excombatientes.
Miralles resaltó que debe haber una corresponsabilidad de entes como el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la defensa pública, entre otros, para gestionar las judicializaciones efectivas en casos de violencia contra excombatientes.
