Bolivia | Iván Lima, ministro de Justicia: “Se van a juzgar todas las violaciones a los DDHH que se han dado en el periodo de Áñez”
Entrevista a Iván Lima, ministro de Justicia boliviano
Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL
Durante el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a la población que se manifestaba en contra. En ese momento hubo dos masacres en las localidades de Sacaba y Senkata que terminaron con el asesinato de al menos 26 personas, según un informe de la CIDH. Desde el regreso a la democracia, se han llevado a cabo acciones contra los responsables de estos hechos y el Poder Judicial inició investigaciones contra los exfuncionarios del gobierno de facto. Además de su política represiva, el gobierno de facto de Jeanine Áñez llevó a cabo una persecución judicial contra las y los dirigentes del MAS, líderes gremiales y activistas, y en la actualidad al menos 1.500 presos políticos se encuentran detenidos a la espera de su liberación.
En conversación con Nodal, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, analiza los desafíos del nuevo gobierno en materia de Justicia.
¿Qué pasará con los presos políticos y las causas judiciales contra dirigentes del MAS?
El artículo 3 de la ley 1950 señala que el Ministerio de Justicia no puede presentarse en ningún caso ni proceso que tengan que ver con casos concretos, sin embargo existen roles institucionales que se deben cumplir. A cargo del Ministerio está el Servicio de la Defensa Pública y el Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas (SETAVI), instituciones que van a tener que atender a los presos políticos y a todos los bolivianos que tengan una afectación de sus derechos humanos por parte del anterior régimen. Muchos de ellos están con procesos penales y va a ser la defensa pública la que realice el trabajo operativo para que dejen de ser perseguidos políticos. Lo mismo el SETAVI, que atenderá a las víctimas de Senkata y Sacaba y a todas las personas que hayan sido afectadas. Un brazo defendiendo a los imputados, a los acusados y el otro brazo asesorando a las víctimas. La política pública que debe perseguirse es de rediseño institucional y de responsabilidad. El titular de la acción penal en Bolivia es el fiscal general. El Poder Judicial va a dictar sentencias y lo que debe hacer el Ministerio de Justicia es asegurar que esas dos instituciones funcionen bien, porque no es un tema de presos políticos del MAS, sino de que el país entero y quienes han apoyado al presidente Luis Arce con un 55 por ciento de los votos necesita justicia, no podemos seguir teniendo un sistema judicial indolente que lo único que hace es perseguir al que piensa diferente, la Justicia debe ser independiente. Este gobierno no va a atender desde el Ministerio de Justicia casos concretos, sino que va a construir políticas públicas de respeto a la Constitución y de garantías a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan y sean del partido que fueran.
¿Serán juzgados los impulsores del golpe y los autores de los crímenes de DDHH?
Son temas que no se pueden subrayar. Definitivamente el fiscal tendrá que construir una política criminal que dé prioridad a estos casos que son emblemáticos. Decir que ha habido un golpe de Estado en Bolivia no es la labor del ministro de Justicia, ni siquiera tal vez del fiscal general y definitivamente la evaluación de lo que ha ocurrido en la transición tiene que ser el resultado de una decisión judicial que, a mi criterio, debe ser definida y perseguida por los niveles políticos y por el fiscal general.
La evaluación de lo que ha ocurrido con la asunción al mando de Jeanine Áñez debe ser resultado de acciones concretas que se están dando actualmente en nuestra Asamblea Legislativa. Se está revisando desde las cámaras de Diputados y Senadores lo que ha ocurrido en ese tiempo, la anterior Asamblea lo hizo y la nueva tiene que terminar de definir el alcance de la transitoriedad y las grandes vulneraciones a los derechos humanos. Ya tenemos un instrumento normativo que regula esto. La ley que construimos con el canciller Rogelio Mayta de estados de excepción le da plazos concretos a la Asamblea Legislativa para revisar las graves vulneraciones a los derechos humanos que se han dado durante el periodo de Áñez, que ha disfrazado el combate a la pandemia con una persecución a los ciudadanos, a los activistas y a todos los rivales políticos que ella tenía. Hubo hechos graves que se dieron durante la pandemia, por ejemplo los decretos que le otorgan una especie de impunidad a las Fuerzas Armadas para utilizar las armas de fuego en el combate a la protesta social, los decretos que han restringido la libertad de expresión o hechos más graves como tener a cientos de bolivianos en la frontera con Chile congelándose a bajísimas temperaturas alegando que había que cumplir con protocolos de la OMS cuando esto no es una situación que pueda darse de ninguna manera. Todas las violaciones a los derechos humanos tienen ya un marco jurídico que es la Ley de Estado de Excepción, se los va juzgar, se va impulsar juicios y se va a respetar la independencia judicial y el rol del fiscal. Ese es el objetivo de este gobierno.
Con el triunfo de Luis Arce, Fernando Camacho declaró: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”, ¿Qué se hace frente a este tipo de discursos luego de la vuelta a la democracia?
Son discursos que necesariamente tienen que ser evaluados por la población. Lo que están buscando es un nivel de confrontación con el actual gobierno y no lo van a encontrar. Hay pelea cuando los dos quieren pelear y el gobierno no tiene interés en discutir con Luis Fernando Camacho porque ya el país ha tomado conciencia que es una persona poco seria, que no tiene propuestas concretas, ni alternativas y que lo que quiere es el enfrentamiento entre los bolivianos. Si quiere seguir construyendo un discurso de odio, el fiscal general tendrá que actuar; si quiere contrariamente comenzar a construir un nuevo país, una nueva patria que logre resultados para la gente, las puertas están abiertas. definitivamente no podemos construir un país con un discurso de odio. Tiene que dejarlo de lado y empezar a generar propuestas. Solamente así, dejando de ser evodependiente y dejando de buscar confrontación con nosotros, va a poder construir un proyecto político serio.
¿Qué desafíos tendrá el gobierno en cuanto a la reforma del Poder Judicial y la selección de magistradas y magistrados?
El problema principal de la reforma en la Justicia es la falta de independencia del órgano judicial. Hemos asumido un compromiso de aprobar cinco leyes de emergencia. Una es la de carrera judicial y dos que ya veníamos trabajando en la Asamblea y que están aprobadas por el Senado desde antes de la asunción de Luis Arce, pero son parte del paquete de leyes estructurales. La primera es una reforma a la Ley 44, de juicios y responsabilidades. Hay una total impunidad de consejeros y magistrados en Bolivia ya que estas autoridades han otorgado una medida cautelar en un proceso y han suspendido la tramitación de todas las acciones y juicios contra consejeros, magistrados y altas cortes del país. Esta ley tiene como objetivo destrabar esta retardación de justicia, terminar con este sistema de impunidad, y viabilizar los juicios de responsabilidades. La segunda ley tiene que ver con la justicia constitucional, con su nueva estructura, con la carrera judicial y con la evaluación del desempeño. Se ha dialogado ya con el Tribunal Constitucional Plurinacional y se espera que sea la segunda ley de emergencia que se apruebe. Las otras dos leyes comienzan de cero. Una tiene que ver con la reforma de derechos reales, el tema registral, de la propiedad pública en ciudades del país que tiene una ley de hace dos siglos que no responde a las expectativas de la población. Lo que se busca en la gestión de Luis Arce es sanear el cien por ciento de la propiedad de inmueble urbana y definitivamente solucionar el problema que tenemos con la grave corrupción en derechos reales. La última ley de emergencia de estas cinco que menciono es sobre la adopción, ni siquiera sabemos la cantidad de niños que están en hogares institucionalizados, se habla de una cifra que va entre los 8.500 y 15.000 niños y definitivamente ninguna ley ha resuelto el problema. La idea es volver operativo al Ministerio de Justicia otorgándole mayores facultades para la coordinación y el desarrollo del trabajo. El ministro va a trabajar directamente en destrabar, en solucionar, en reglamentar y en acelerar los procesos de adopciones en Bolivia que en los últimos dos años no se han realizado. Esta línea de trabajo incluye la adopción internacional y definitivamente volver al país un país solidario que proteja a los más vulnerables.
