Combatir la violencia doméstica desde el trabajo – Por Anne-Dominique Correa, especial para NODAL
Combatir la violencia doméstica desde el trabajo
Por Anne-Dominique Correa*
155 en Colombia, 144 en Argentina, 800-14-0348 en Bolivia, 180 en Brasil, 1455 en Chile, 126 en el Salvador… Estos números han sido marcados un total de 1 millón 206 mil 107 veces en los teléfonos de cientos de miles mujeres latinoamericanas. Encerradas con sus agresores, han hecho esas llamadas de auxilio para reportar actos de violencia a los que han sido sometidas.
Este repunte de la violencia doméstica desde el confinamiento no se debe al Covid-19. Sus causas son la ausencia de una mirada integral en las políticas de desigualdad y discriminación de género, y las masculinidades nocivas que persisten en nuestras sociedades.
En los últimos años, las políticas públicas se han enfocado en contrarrestar la violencia doméstica a través del empleo, con el presupuesto de que una mayor autonomía económica de la mujer evitaría el abuso doméstico contra ellas. En ese sentido, la tasa de participación laboral de las féminas en la región superó por primera vez el 50 por ciento en 2018. Sin embargo, la violencia sexista no disminuye.
Según la Cepal, en 2018 se registraron 3 mil 287 feminicidios en la región, dos tercios los cometieron una pareja o expareja. A nivel mundial, la situación tampoco es prometedora. Según la ONU, la violencia conyugal es la sexta causa de mortalidad en mujeres entre 15 y 59 año y el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual.
¿Por qué el trabajo no “empodera”? Según el estudio realizado por investigadoras colombianas “Domestic Violence Against Rural Women in Colombia: The Role of Labor Income” publicado en 2019 en la revista “Feminist Economics”, esta paradoja podría explicarse por el tipo de empleos a los que se están incorporando las mujeres. En efecto, según un informe de la la OIT, las latinoamericanas se han incorporado en su gran mayoría a dos sectores económicos : la que comprende el comercio, los restaurantes y los hoteles, y la rama de los servicios (40%).
Según el estudio de Feminist Economics, realizado en municipios rurales de Colombia, el efecto del empleo sobre la violencia doméstica varía en función del sector económico en el cual se trabaja. Cuando las mujeres lo hacen en el comercio o la industria, las investigadoras registran que un aumento en su ingreso en un 33% permite reducir su probabilidad de ser víctimas de violencia (física) doméstica en un 32%. En cambio, en el caso de los servicios, un aumento del ingreso aumenta en un 20% su vulnerabilidad de ser víctimas. “Se ve mejor que una mujer trabaje en la industria que en los servicios. Este tipo de trabajo puede ser desvalorizado en sus hogares, lo que las hace más vulnerables. Son trabajos menos estables y no se da mucha importancia a este tipo de actividades porque son tradicionalmente femeninas ”, explica María Teresa Ramírez, una de las autoras del estudio. “Se necesitan políticas públicas que valoren el trabajo de las mujeres para romper con todos estos estereotipos”, agrega.
En resumen, la división sexual del trabajo que se da en los hogares se está repitiendo en el mercado laboral. Además del famoso “techo de cristal”, existen “paredes de cristal”. Incluso nuestro lenguaje refleja muy bien esta segregación laboral. Pese a que la Real Academia Española define al masculino como género por defecto, no aplicamos esta regla para las profesiones de “secretaria”, “enfermera” o “empleada doméstica”.
Frente a esta situación, en el marco del 25 noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es necesario exigir políticas de empleo antisexistas. La pandemia es una oportunidad única para impulsar estos cambios. Esta no sólo expuso que las mujeres siguen siendo vulnerables frente a sus cónyuges, sino que también evidenció el aporte crucial del trabajo de las mujeres para la sociedad.
Durante la pandemia, los soldados de la “guerra sanitaria” en realidad fueron soldadas. Las mujeres están sobrerrepresentadas en las profesiones “esenciales”, como las enfermeras ( 70% de la fuerza laboral mundial de la salud son mujeres), las maestras, limpiadoras, empleadas domésticas, trabajadores de cuidado, cajeras, etc. Además, no sólo estuvieron en el frente, sino que también se ocuparon de la retaguardia: el trabajo “doméstico” (no remunerado).
La ONU recomienda a los gobiernos incorporar un enfoque de género en las medidas económicas post-covid y creó una página en línea para monitorearlas. Por ejemplo, en Hawai puso en marcha un Plan de recuperación económica feminista en el que se prevé facilitar el acceso de las mujeres a los «empleos verdes», un bastión predominantemente masculino. Por ahora, en América latina y el Caribe, sólo la mitad (261) de las medidas tomadas (572) tienen una perspectiva de género.
Una medida que podría ser particularmente útil para proteger a las mujeres durante el confinamento es la ratificación de la convención 190 de la OIT de noviembre del 2019 sobre el acoso sexual y la violencia en el mundo laboral. Por ahora, tan sólo ha sido firmada por Fiji, Uruguay, y el pasado 11 de noviembre, por Argentina.
El texto exige a los Estados que garanticen “el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”. También especifica que “la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y la salud. Por tanto, la convención invita a que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo contribuyan a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”.
*Periodista de la publicación feminista Les Glorieuses
