Colombia | Peregrinación de excombatientes de las FARC llega a Bogotá para exigir fin de la violencia
Así fue la llegada de los excombatientes de las Farc a Bogotá
En el marco de la denominada “Peregrinación por la vida y la paz” un primer grupo de excombatientes de las Farc, provenientes del oriente y suroriente del país, llegaron este domingo a Bogotá. Estarán asentados en la capital hasta el 5 de noviembre y se espera que en transcurso de estos días se congreguen cerca de 2.500 reincorporados, que clamarán ante el Gobierno por su seguridad y por la implementación del Acuerdo de Paz.
En la jornada de este domingo, una delegación de más de 200 excombatientes de las Farc, encabezados por antiguos comandantes, como Pastor Alape, Rodrigo Granda o Élmer Caviedes, llegaron a la Plaza de Bolívar de la capital colombiana para cumplir con uno de los objetivos de la autodenominada “peregrinación por la vida y la paz”: pedir garantías de seguridad al Gobierno, ante los 236 asesinatos a firmantes reincorporados tras la firma del Acuerdo de Paz.
Aunque la delegación llegó anoche a Bogotá, apenas en la tarde de hoy llevaron a cabo los primeros encuentros públicos, para movilizar gente y posteriormente marchar por las calles capitalinas.
Uno de estos puntos de plantón fue en el Parque Nacional, en inmediaciones a la Universidad Javeriana, donde los exguerrilleros expusieron sus pancartas, hicieron cantos para alentar sus causas y peticiones, y atendieron a medios de comunicación.
Allí, Pastor Alape, excomandante del Bloque del Magdalena Medio de las Farc, y ahora delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, le dijo a El Espectador que “no volveremos a la guerra. Vinimos a Bogotá, centro de decisiones políticas, para ratificar nuestro compromiso para la paz. Queremos que esta peregrinación sirva para hablar con el presidente; no para renegociar el acuerdo, sino para cómo implementarlo integralmente para defender la vida”.
A su turno, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, manifestó que las mujeres excombatientes tienen peticiones específicas para pedirle al Gobierno Nacional, también en relación con los reclamos por la seguridad de sus vidas. Sandino expresó que “a muchas compañeras las tienen amenazadas y eso lo extienden también a sus familias. Hay una voluntad de paz, pero necesitamos garantías de protección para seguir tranquilamente con esas labores”.
La congresista agregó que en la capital, los reincorporados quieren tener una agenda en la que el eje central sea “que el Gobierno atienda nuestro clamor y que podamos exigir por el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
Conforme pasaba la tarde, distintos grupos de ex-Farc comenzaron a aglomerarse en la Plaza de Bolívar. la mayoría de ellos provenían del oriente del país, pero también hubo presencia de reincorporados asentados en Bogotá o en municipios de Cundinamarca y Boyacá e incluso de zonas del norte o norocidente de Colombia.
Uno de ellos es Ánderson Carranza, líder del ETCR La Plancha en Anorí (Antioquia), quien le dijo a este diario que “el Estado se debe comprometer a cuidar la vida de los firmantes de la paz y a abrir espacios para buscar diálogo con otros actores armados, porque mientras ellos sigan activos no habrá paz.”.
Carranza también enfatizó en que la situación de seguridad rural en Antioquia es delicada, porque a diferentes asociaciones campesinas y de los mismos reincorporados no les llega una cobertura plena de garantías desde las autoridades de las distintas entidades territoriales.
Ese punto de vista lo compartió Gloria Martínez, exguerrillera proveniente del nororiente del país, quien aseguró que las protecciones a la vida de las personas comprometidas con la paz no se deben limitar a los firmantes. “Se deben proteger de igual forma a los estudiantes, campesinos y otros ciudadanos del común que están siempre firmes con esta causa”, agregó.
En su trasegar hacia Bogotá, los excombatientes de distintas zonas del país han protagonizado jornadas de perdón y reconciliación, que buscan consolidar como bandera y talante a la hora de concretar un diálogo con el Gobierno.
Uno de estos momentos fue el pasado viernes, 30 de octubre, cuando más de 300 reincorporados llegaron a Puerto Triunfo (Antioquia) para reunirse con el antiguo jefe paramilitar Ramón Isaza, con quien se estrecharon la mano y dejaron atrás los rencores de la guerra.
También, el pasado jueves 29 de octubre, un grupo de ex-Farc al mando de Pastor Alape y Rodrigo Granda ofrecieron al pueblo colombiano garantías de no repetición de sus delitos, enfatizado en un evento de perdón a las víctimas de las llamadas “pescas milagrosas” en Pipiral (Meta).
Hasta el 5 de noviembre, fecha en la que partirán de la capital, los reincorporados pasarán las noches en la sede de La Macarena de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lugar desde el cual manejarán su agenda y estarán atentos a si llega un llamado por parte del Gobierno para entablar un diálogo directo.
Reportan otra masacre en Mercaderes, Cauca: tres personas fueron asesinadas
Una nueva masacre enluta al país. Según reporta este sábado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tres personas fueron asesinadas en el municipio de Mercaderes, ubicado en el sur del Cauca.
De acuerdo con el organismo, se trata de dos mujeres y un hombre que fueron ultimados justo en el mismo lugar donde a finales de abril fue asesinado el líder campesino Álvaro Narváez Daza, quien fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vado, en el corregimiento de Mojarras.
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Narváez fue asesinado en compañía de su esposa, su hijo y una nieta de 15 años. De hecho, Indepaz informa que las víctimas de este sábado eran familiares del líder campesino: se trata de su hija, su yerno y su hermana.
A las 8:20 de la noche del miércoles 29 de abril, el líder social Álvaro Narváez Daza estaba en una de las habitaciones de su casa de bareque en zona rural de Mercaderes, junto con su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta, Yenni Catherine López Narváez. Su esposa, María Delia Daza, estaba en el patio, sentada y cenando.
De repente, del monte afloraron ráfagas de fusil que los acribilló a medida que los hombres armados se acercaron a la humilde vivienda. Murieron al instante. Contó uno de los sobrevivientes de la masacre, el hermano menor de los Narváez, que él solo sintió el tableteo del plomo y luego se escondió debajo de la cama donde se libró de la muerte. Igualmente, afirmó que la motocicleta que tenía su padre, Álvaro, se la llevaron los sicarios, por lo que se cree que fueron dos.
Sobre Álvaro, el líder social, comentaron otros presidentes de juntas comunales de la región, que a principios de 2019 tuvo que abandonar la vereda por presiones de grupos armados para el pago de un impuesto ilegal. Sin embargo, regresó y, el último día que lo vio el alcalde municipal, Fernando Díaz, fue justamente en la tarde del miércoles, horas antes de la masacre.
“Estaba ayudando a entregar los mercados para las familias vulnerables en medio de la pandemia en el corregimiento de Mojarras del cual hace parte esta vereda”, declaró a la radio el mandatario local. El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, también afirmó que en esa zona recientemente circularon panfletos de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” y de la disidencia de las Farc conocida como la Nueva Marquetalia.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido el riesgo del municipio de Mercaderes, justamente por su cercanía a corredores estratégicos para el tráfico ilegal.
Otro hecho que salió a relucir entre los comentarios de los pobladores de la zona fue el homicidio del hermano de Álvaro Narváez Daza, el 6 de abril pasado. Según lo registró la prensa local, Carlos Andrés Narváez, de 45 años, fue ultimado a tiros en la vereda Tinajas, en el corregimiento de El Pilón, también en Mercaderes mientras conducía un carro. Era conocido como “El Diablo”, oriundo de la zona rural de Mercaderes, pero vivía en el barrio La Paz del corregimiento de El Estrecho, en el vecino municipio de Patía.
“Se dedicaba a diario al transporte informal”, reportaron las autoridades quienes desde ese momento iniciaron la investigación del caso. Hoy, los investigadores judiciales no descartan vincular este crimen a la masacre, para establecer si se trató de un plan contra la familia Narváez y de parte de qué grupo armado.
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Convocan otro paro nacional para el próximo 19 de noviembre de 2020
Luego de las movilizaciones de septiembre, la minga indígena y de las marchas del 21 de octubre, las centrales obreras convocaron un nuevo paro nacional para el próximo 19 de noviembre para pedir el cumplimiento del pliego de peticiones.
Además, para conmemorar el aniversario del 21 de noviembre de 2019, se planean actividades artísticas y culturales en todo el país. Y también habrá programación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre.
Es decir, para el próximo mes se esperan tres días de grandes movilizaciones: 19, 21 y 25 de noviembre.
Diógenes Orjuela, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que “el Gobierno del presidente Iván Duque es un Gobierno que ni dialoga ni negocia. Así ha quedado demostrado en todo este ejercicio de movilizaciones desde hace más de un año. Y se corroboró el pasado 21 de octubre y en las fechas anteriores cuando se negó a dialogar con la minga indígena. También se ha negado a negociar el pliego de emergencia, y se ha negado a reunirse con el comité nacional del paro. Mientras este Gobierno se niegue a dialogar y a negociar con las organizaciones sindicales y sociales del país continuaremos movilizándonos”.
El pliego de peticiones está enfocado en el incremento sustancial del salario mínimo, la matrícula cero, derechos de las mujeres y la derogación de decretos como el 1174 que es considerado por los sindicatos como una reforma laboral.
El comité del paro asegura que las manifestaciones serán pacíficas y contarán con todos los protocolos de bioseguridad. También se espera que el personal de salud lidere las marchas del 19 de noviembre de 2020.
Indígenas embera desalojaron parque Tercer Milenio de Bogotá tras acuerdo con el Distrito
Un grupo de indígenas de la comunidad embera katío que vivió durante tres meses y medio en el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá, protestando por sus difíciles condiciones de subsistencia, finalmente llegó a un acuerdo con el Distrito.
Cabe mencionar que más de 300 integrantes de esa comunidad llegaron a ese sector de la ciudad desde el pasado 18 de julio, en compañía de 40 niños, mujeres embarazadas y otros de edad avanzada.
En medio de la cuarentena, los nativos organizaron en cambuches protegidos apenas con bolsas plásticas en los techos y comenzaron a realizar sus labores cotidianas en medio de este parque, que estaba siendo objeto de una remodelación.
El líder de la comunidad, Leo Anibal Campo, aseguró que en su caso busca reclamar un techo seguro y agregó que muchas de esas familias son desplazadas por la violencia.
“Del Tercer Milenio nos trajeron en la noche a unos apartamentos acá en Ciudad Bolívar. Quedó firmado el compromiso en el acta y será por cuatro meses” indicó el líder, al hacer referencia al pago de los arriendos.
Otra de las soluciones que acordaron para su manutención fue una serie de mercados por el mismo periodo de tiempo. “Se van a entregar bonos canjeables por 4 meses, también nos van a brindar por dos meses alimentación”.
Sin embargo, el líder advirtió que el compromiso de fondo es el retorno y la reubicación permanente de las familias. De no haber avance “se va a volver a salir al Parque Tercer Milenio”.
Al finalizar el tercer mes del proceso se revisarán las condiciones del retorno de estas comunidades afectadas por el conflicto. Los indígenas fueron reubicados de forma temporal en varios barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
Por orden de un juez, Policía suspende el uso de gas lacrimógeno
Un juez de Bogotá, en un fallo de tutela, le ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía suspender el uso de gases lacrimógenos. El fallo en mención señala que “ordenar, de forma inmediata, al Presidente de la República y a la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía nacional que suspenda el uso de los agentes químicos, dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; Granadas con carga química; granadas fumígenas; Cartuchos con carga química CS, OC y, cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante. Dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional o sus prórrogas”.
A través de un comunicado de prensa El Ministerio de Defensa informó que acataba la decisión judicial y aseguró que “el uso de armas menos letales por parte de la Policía Nacional se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los derechos humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen. La utilización de armas, municiones y elementos menos letales está amparada en el marco jurídico internacional. El Ministerio de Defensa Nacional hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico, con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que existe sobre la materia».
El juez del caso señaló que “resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y por tanto, el ciudadano quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse por Covid”. Además indicó que “cualquier norma o protocolo de bioseguridad se va al traste al momento en que estos agentes químicos se utilicen (…) de estos agentes químicos genera indudablemente afectación en la salud humana, llegando a ser prohibidos en algunos países o también en algunas ciudades”.
”La utilización de estos agentes químicos que buscan dispersar a la multitud no solo atentan contra el derecho fundamental a la salud de quienes hacen parte de la protesta, sino también el de transeúntes, habitantes y trabajadores del sector afectado, quienes no deberían soportar la carga desproporcionada de ver afectada, así sea temporalmente, sus capacidades sensoriales como consecuencia del uso indiscriminado de esta sustancia» señala el fallo de tutela que fue interpuesto por un ciudadano.
Esta decisión judicial se suma al fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del año pasado. En ese momento, el alto tribunal determinó que el Esmad se había excedido en su accionar durante las protestas de septiembre pasado y noviembre de 2019. Los demandantes de esa tutela hicieron fuertes críticas a cómo el Esmad usó durante las marchas de 2019 escopetas calibre 12 con munición tipo bean bag (que fue el artefacto que se incrustó en la cabeza de Dilan Cruz y le ocasionó la muerte). El alto tribunal ordenó que el Esmad suspenda su uso hasta que se haga una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
