Chile | A un año del estallido: ¡Verdad, justicia y reparación! – Por Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre(*)
No son desconocidos los casos de personas que todavía buscan a sus familiares desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Tampoco es desconocido el círculo de silencio –e impunidad– que hasta hoy perdura entre agentes del Estado que fueron partícipes de esos y otros horrendos crímenes y que continúan negándose a revelar información crucial para que familias y seres queridos sepan dónde están y así puedan obtener verdad, justicia y reparación. Esta realidad, que es una herida abierta en nuestro país, no se puede repetir.
A un año del estallido social, diferentes organizaciones nos entregan datos innegables sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) así lo demuestran: sólo entre el 19 y el 22 de octubre se agredió a más de 500 personas. Desde octubre del año pasado hasta hoy, han sido más de 8 mil las investigaciones que ha informado el Ministerio Público. Todas por violencia institucional. La información que el INDH entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado nos enfrenta a 2.520 querellas, de las cuales 2.191 son por casos de tortura u otras formas de apremios ilegítimos, 116 por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, 81 abusos contra particulares, 35 por homicidio frustrado, 5 por homicidio, entre otras. Si bien la mayoría de las querellas (el 94%) es contra Carabineros, también hay contra las Fuerza Armadas. No dejan de doler los 116 casos de violencia sexual: desnudamientos, tocaciones y violaciones.
Todos estas víctimas tienen nombre y apellido; son historias personales que se vieron truncadas por el actuar criminal de agentes del Estado. Son familias que han vivido el dolor de ver a sus hijos, hermanas o parejas perder algún ojo, a veces la visión completa, (re)vivir la recuperación del trauma que supone una agresión sexual y que, hasta hoy, piden verdad para casos como el asesinato de Romario Veloz.
Porque sabemos que ésta es una herida que no debemos mantener abierta para siempre, es que constituiremos una Mesa de Trabajo integrada por la presidenta y el vicepresidente del Senado y la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuyo propósito es contribuir a establecer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones a los DD.HH. a partir del 18 de octubre del 2019 y relacionadas con el estallido social. El respeto de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad física y a la libertad, la proscripción de la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la obligación de investigar y castigar las violaciones de estos derechos, están contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, la ACNUDH señala que las víctimas tienen el derecho a exigir reparación integral.
Los diferentes poderes del Estado no debieran sino hacerse parte de este proceso de reparación, para que las víctimas puedan recibir: asistencia gratuita para la recuperación integral tanto médica como sicológica, reparación económica, beneficios como transferencias de recursos y oportunidades laborales y/o educativas, como así mismo la existencia sanciones penales efectivas para quienes cometieron estos delitos.
Esta Mesa de Trabajo buscará cumplir con los objetivos de reconstruir la memoria histórica, recopilando testimonios, antecedentes y presentaciones realizadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Se encargará de elaborar un proyecto de ley que establezca reparación y beneficios para víctimas de agentes estatales durante el estallido; y lograr el incremento de recursos en el presupuesto del año 2021 para reforzar el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y promover la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La necesaria unidad de la oposición pasa por construir acuerdos sobre mínimos programáticos, éticos y políticos compartidos. Unidad de propósito en el compromiso por la defensa de los DD.HH. en democracia, para garantizar las condiciones de no repetición y un efectivo ¡Nunca Más en Chile!
(*) Adriana Muñoz es presidenta del Senado. Juan Ignacio Latorre es senador, presidente de Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
