Colombia | Asesinan a otro excombatiente de las Farc y ya son 230 desde la firma de la paz
Encuentran cuerpo de excombatiente de las Farc, desaparecido en el Cauca
Por Carlos Quilindo
Cristian Arnulfo Sánchez, un excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación, fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición, en el municipio de Suárez en el norte del departamento del Cauca.
El excombatiente estaba desaparecido desde el pasado 13 de septiembre, cuando junto con Luis Arley Chaguendo, un comunero indígena oriundo de Toribío, se movilizaban en una motocicleta y fueron abordados por hombres armados.
El indígena fue encontrado horas después con más de once disparos en su cuerpo, mientras que no se sabía nada del paradero del excombatiente.
En las últimas horas, en la vereda Santa Barbará, zona rural de Suárez, se encontró el cuerpo de Sánchez Cuchillo, de 26 años de edad, quien se había acogido al acuerdo de paz.
De acuerdo a la información entregada por los familiares, el hombre residió en el corregimiento de Tacueyó en Toribio y hace algún tiempo se había trasladado a la vereda Olivares de Suárez.
Tras su desaparición, la familia del excombatiente inició con la búsqueda y, según la información que conoció RCN Radio, se logró entrar en contacto con disidentes de las Farc, quienes terminaron indicando el sitio en el que se encontraba el cuerpo de la víctima.
Con ayuda de las autoridades indígenas de la zona, se realizó la exhumación del cuerpo y posteriormente fue trasladado hasta la sede de Medicina Legal, en Santander de Quilichao, para su plena identificación.
De momento se cree que la disidencia de las Farc frente ‘Jaime Martínez’, sería la responsable del asesinato del excombatiente en proceso de reincorporación.
De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz), con este son 230 los asesinatos de los firmantes del acuerdo.
Cristian Arnulfo Sánchez Cuchillo (Giovanni Sandoval) excombatiente, firmante de acuerdo, fue desaparecido el 11 de septiembre y encontrado el día de hoy por su familia.
47 excombatientes, firmantes del acuerdo, han sido asesinados en 2020.
230 desde la firma del acuerdo. pic.twitter.com/mTvaxgiYky— Indepaz (@Indepaz) September 29, 2020
Partido Farc pide visita de la CIDH tras asesinato de casi 200 excombatientes
Este domingo se conoció que el partido Farc pedirá una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar lo que llaman «exterminio sistemático» de 197 exguerrilleros que, según denuncian, han sido asesinados tras el Acuerdo de Paz firmado en 2017.
La colectividad anunció que acudirá “al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”, pues de los 197 homicidios, aseguran que 117 se han registrado durante el actual mandato del presidente Iván Duque.
La situación sería preocupante, pues el partido dice que en medio del aislamiento por la pandemia del coronavirus se han presentado cinco asesinatos, en concreto desde el pasado 21 de marzo, siendo el más reciente el crimen de Wílder Daniel Marín Alarcón, quien adelantaba su proceso de reincorporación en Medellín y cuyo cuerpo fue encontrado en Bello, Antioquia, esta semana.
En su momento, Ómar Restrepo, representante a la Cámara y vocero del partido, reveló que el homicidio habría ocurrido en la noche del jueves. “Había salido de su casa a las 2:00 p. m. en Niquia en dirección al barrio París y no se volvió a tener noticias de él”, explica.
El crimen fue condenado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que explicó que “con Wílder ya son 24 los casos de asesinatos, en 2020, de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación”.
La misión reiteró su “preocupación, también expresada por el secretario general y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra exmiembros de Farc que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto”, señaló el organismo a través de un comunicado.
Por eso, Diego Martínez, abogado del partido Farc, explica que solicitarán “la intervención de la Comisión Interamericana y una visita de campo al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes».
La Farc también denuncia cuatro desapariciones forzadas y 39 atentados con tentativa de homicidio, en muchos casos en territorios donde se aplican los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
«No es aceptable que en este tipo de territorios, altamente copados por la Fuerza Pública, las estructuras criminales organizadas, en lugar de desarticularse, han venido creciendo», dijo Camilo Fagua, abogado y activista de Derechos Humanos.
Asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros son la peor traba para la paz: Santos
«El problema principal es el asesinato de líderes sociales y de antiguos miembros de las FARC, pero el acuerdo también tiene (…) unos instrumentos para resolver esos problemas», expresó Santos en un panel en el que también participaron el exmandatario uruguayo José Mujica y el expresidente del Gobierno español Felipe González.
Al menos 81 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados durante el primer semestre de 2020 en Colombia, periodo en el que se registraron 248 hechos de violencia contra ellos, según reveló esta semana la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe.
Entre tanto al menos 228 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016, según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de la desmovilización de ese grupo armado.
La primera Conferencia Internacional del Acuerdo de Paz en Colombia, donde participaron los exmandatarios, se celebra este sábado de manera virtual como parte de la conmemoración del cuarto aniversario de la firma del primer acuerdo de paz por el Gobierno colombiano y las FARC.
Ese acuerdo fue firmado en Cartagena de Indias y rechazado una semana después por estrecho margen en un plebiscito, lo que obligó a reabrir las negociaciones para un acuerdo final que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Para Santos, los problemas que tiene la implementación del acuerdo, principalmente los relacionados con la violencia, «aparecen en todos los procesos de paz» y señaló que, a pesar de ello, «tenemos una oportunidad como país en este momento única» para salir adelante.
«Esta es una oportunidad de oro que deberíamos los colombianos aprovechar, ahí estamos todos listos a participar en esa reconciliación verdadera (…) Creo que el país tiene en este momento esta gran oportunidad de aprovechar la implementación del proceso de paz para tender estos puentes y generar un ambiente muy positivo», expresó.
Santos, que obtuvo el Nobel de Paz de 2016, recalcó además que la guerrilla no ha «vuelto a las armas como se ha querido decir» y recordó que la «inmensa mayoría de los miembros de las FARC siguen en el proceso».
En ese sentido reveló que jefes de disidencias como alias «Gentil Duarte» y «Jhon 40» son «más narcotraficantes que guerrilleros», algo que dice que el Gobierno sabía desde antes de que se firmara el acuerdo.
«Ellos han venido reclutando jóvenes que no eran de las FARC, entonces no es cierto que las FARC están volviendo a las armas. La inmensa mayoría, lo dice el propio Gobierno, se ha mantenido en el proceso», manifestó.
A Duque “le quedó grande el más elevado cargo de la Nación”: reaparece Iván Márquez
Pasado más de un año desde su rearme, varios líderes guerrilleros se refirieron a la actualidad del país y pidieron la renuncia del presidente Duque y de su vicepresidenta. Reclamaron que el Ejecutivo tiene «el alma contagiada de narcotráfico y las manos manchadas de sangre”.
En un comunicado emitido desde la clandestinidad y alojado en el portal www.farc-ep.net, el exjefe negociador del Acuerdo de Paz en La Habana, Iván Márquez –así como otros dirigentes de la otrora guerrilla de las Farc como Jesús Santrich, El Paisa, Aldinever Morantes, Walter Mendoza y Romaña– pidió la renuncia del presidente Iván Duque y aseguró que su gobierno “tiene el alma contagiada de narcotráfico, de fraude electoral y compra de votos, y sus manos manchadas de sangre”.
En la misiva, los líderes guerrilleros catalogan el cuatrienio de Duque, “a nombre de (Álvaro) Uribe”, como una maldición que dañando futuro del país de la manera más irracional y absurda. Según Márquez y compañía, cuando Colombia se ilusionaba con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, “el gobierno Duque-Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia”.
Para los subversivos, tanto el actual mandatario como el exsenador del Centro Democrático son “un par de locos sueltos” que, actuando contra el sentido común, no solamente están “incendiando al país”, sino que buscan también, “bajo el apremio de Washington”, incendiar el vecindario.
“Esta guerra que vivimos es una guerra impuesta por mentes criminales que creen que, desviando la atención de la gente hacia sus horrores, podrán hundir definitivamente en el foso de la impunidad y el olvido, la responsabilidad que le cabe a Álvaro Uribe Vélez, por décadas de violencia paramilitar desde el Estado, y eclipsar simultáneamente la verdad de sus alianzas con el narcotráfico”, señalan los líderes guerrilleros.
Márquez y compañía, que hace poco más de un año, en agosto pasado, anunciaron su rearme, explican en la carta que el narcotráfico y el paramilitarismo llegaron a este gobierno “para obstruir la justicia, para robar el erario, darle rienda suelta a la corrupción, al despojo violento de tierras, y a la desfachatez de gobernar solo en beneficio de los poderosos”.
Incluso, van más allá y manifiestan que “Uribe debe tener encendidas en el altar de su corazón velas de agradecimiento a Pablo Escobar, a los Ochoa Vásquez y al Chapo Guzmán… y al gobierno de los Estados Unidos que lo protege”.
En esa línea, advierten que el país “sabe muy bien” que Iván Duque fue elegido presidente “gracias al dinero proveniente del tráfico de cocaína” y hacen alusión al fallecido ganadero investigado por narcotráfico José Ñeñe Hernández. Lo anterior, por cuenta de audios en los que se escucha a Hernández, asesinado en Brasil en 2019, hablar sobre una presunta compra de votos en el Caribe que iba a beneficiar la campaña presidencial del hoy presidente.
“(El Ñeñe Hernández), amigo de Uribe y amigo de Duque, de generales antinarcóticos y de otros que ponían a su disposición aviones de la fuerza aérea para sus desplazamientos seguros”, reclaman los guerrilleros, señalando que el Ejecutivo persigue “con saña” al campesino cocalero y pobre, pero también abraza al capo, “cantan y bailan con él y lo invitan al Palacio. El actual gobierno tiene el alma contagiada de narcotráfico, de fraude electoral y compra de votos, y sus manos manchadas de sangre”, dicen.
Por todo esto, insisten en que Duque debe “irse anticipadamente de la Presidencia”, alegando que es un “mandatario ilegítimo”, al que “le quedó grande el más elevado cargo de la Nación” y quien además quiere, dicen, generalizar el caos destruyendo el equilibrio de poderes “al incurrir en desacato y cuestionamiento público a decisiones de la Corte Suprema de Justicia”.
Lo anterior, no solo ante el respaldo expresado al expresidente Uribe, a quien ese tribunal le abrió una investigación desde julio de 2018, pues al parecer él y su defensa convencieron a testigos que lo han vinculado con el paramilitarismo para que cambiaran su versión, sino por el fallo que obliga al Ministerio de Defensa pedir perdón y promover reformas tras la muerte del abogado Javier Ordoñez luego de un procedimiento judicial. Por esto, dicen que el gobierno “quiere borrar a plomo las movilizaciones sociales que hoy estremecen al país”, y precisan que “Colombia no quiere la dictadura”.
“No más tolerancia con Iván Duque. Tenemos que cerrarle el paso a la tiranía, a la ineptitud y al mal gobierno. El coronavirus, que lo había salvado de la ira y la indignación popular volcada en las calles, ya no sirve para apaciguar el descontento popular, y mucho menos, sus aburridas e insulsas comparecencias diarias por televisión. De nada sirven sus palabras hipócritas cuando el gobierno, en lugar de ayudar a los pobres en confinamiento y sin comida, ayudó fue a los empresarios que todo lo tienen. Ni siquiera repartió tapabocas gratuitos en los barrios populares”, reza la misiva.
Precisan también que Duque “quiere que muera Sansón y mueran todos los filisteos” con tal de salvar de la cárcel y del castigo judicial a su jefe político Álvaro Uribe, “no tanto por su condición de zar de los testigos falsos, sino por sus crímenes de lesa humanidad”. Según los guerrilleros, por dicha razón el mandatario está obstinado en “dinamitar con desacatos a la Corte y quiere una reforma judicial que le permita construir una rama institucional garante de la impunidad de su capo político y rendida a su bufete de abogados del diablo”.
Por otro lado, los jefes guerrilleros alegan que Colombia “no quiere un gobierno facho”, sino verdaderamente democrático, incluyente, del pueblo y para el pueblo, de coalición democrática y que garantice la paz completa “sin traiciones, la titulación de tierras a los campesinos, la reforma política, y una cancillería de paz y hermandad con América Latina y el Caribe”. Agregan que se debe extirpar la corrupción y comenzar a escuchar a sectores sociales como mujeres, estudiantes o indígenas.
Acto seguido instan a que, “saliendo ya de la mala hora de la pandemia”, el país debe volcarse a las calles con marchas, plantones y cacerolazos para gritar la inconformidad contra el mal gobierno. Por esto, abogan por el fin de la represión, el respeto constitucional a la protesta social y castigo para los altos cargos determinadores de lo que catalogan como “masacre de ciudadanos inermes en Bogotá” el pasado 9 de septiembre. A ello se suma el fin del exterminio de líderes sociales y de excombatientes, así como el esclarecimiento pleno de la ñeñepolítica.
“Revocatoria a todos los corrompidos por los dineros mal habidos del Ñeñe Hernández hoy vinculados al Ejecutivo, al Legislativo y al poder Judicial, empezando por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por sus nexos con el paramilitarismo y con el mafioso y lavador de activos, el Memo Fantasma. No más impunidad para Álvaro Uribe, despojador violento de tierras y autor de los más horrorosos crímenes de lesa humanidad, como masacres y falsos positivos”, precisan.
Los guerrilleros concluyen su carta haciendo un llamado a la unidad y pidiendo el “fin de la impunidad con castigo judicial ejemplar” para casas políticas del calibre de los Char, los Gerlein y a “todos los delincuentes que se han mantenido en la política a través del fraude electoral y la compra de votos. Cárcel y pérdida de derechos políticos para los denunciados por Aída Merlano”.
A finales de agosto de 2019, tras un año de su desaparición del Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá), el exjefe negociador de paz, Ivan Márquez, reapareció para anunciarle al mundo que nace una nueva guerrilla producto de lo que él denomina en su intervención “la traición al Acuerdo de Paz”, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en Cuba, a finales de 2016.
El video se publicó dos meses después de que el excongresista por el partido FARC, Jesús Santrich, dejara atrás su esquema de seguridad y desapareciera en la madrugada del 30 de junio de 2019 del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en Cesar, poco antes de la fecha de indagatoria que le dio la Corte Suprema de Justicia en el proceso en su contra y pedido de extradición por el delito de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.
En el video también aparecen los exjefes guerrilleros que se habían alejado del proceso de paz hace unos meses, argumentando falta de garantías físicas y jurídicas, tales como, Enrique Marulanda, Aldinever Morantes, Henry Castellanos (Romaña), Iván Merchán, entre otros, excomandantes de frentes y columnas durante varias décadas de conflicto armado.
“Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del Eln y con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas que tremó la patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas para seguir operando en las profundidades de las selvas remotas, no, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor, los sueños de vida digna y de buen gobierno que suspiran la gente del común”, expresó Márquez en su discurso.
COMUNICADO | Disidencias de las Farc: »DUQUE DEBE IRSE»
El sueño de los colombianos de tener un buen gobierno, no cesa, y cada vez se manifiesta con mayor fuerza, como una necesidad que reclama con urgencia la conciencia pública.
Este cuatrienio de Duque a nombre de Uribe, es una maldición que está dañando nuestro futuro de la manera más irracional y absurda. Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque-Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia. Un par de locos sueltos actuando contra el sentido común, que ya no solamente están incendiando al país, sino que buscan también, bajo el apremio de Washington, incendiar el vecindario.
Esta guerra que vivimos es una guerra impuesta por mentes criminales que creen que, desviando la atención de la gente hacia sus horrores, podrán hundir definitivamente en el foso de la impunidad y el olvido, la responsabilidad que le cabe a Álvaro Uribe Vélez, por décadas de violencia paramilitar desde el Estado, y eclipsar simultáneamente la verdad de sus alianzas con el narcotráfico. Narcotráfico y paramilitarismo para llegar al gobierno, para obstruir la justicia, para robar el erario, darle rienda suelta a la corrupción, al despojo violento de tierras, y a la desfachatez de gobernar sólo en beneficio de los poderosos. Uribe debe tener encendidas en el altar de su corazón velas de agradecimiento a Pablo Escobar, a los Ochoa Vásquez y al Chapo Guzmán… y al gobierno de los Estados Unidos que lo protege.
El país sabe muy bien, que Iván Duque fue elegido presidente de la República gracias al dinero proveniente del tráfico de cocaína recolectado por el mafioso y lavador de activos «El Ñeñe Hernández», amigo de Uribe y amigo de Duque, de generales antinarcóticos y de otros que ponían a su disposición aviones de la fuerza aérea para sus desplazamientos seguros… Persiguen con saña al campesino cocalero y pobre, pero al mismo tiempo se abrazan con el capo, cantan y bailan con él y lo invitan al Palacio. El actual gobierno tiene el alma contagiada de narcotráfico, de fraude electoral y compra de votos, y sus manos manchadas de sangre.
Duque debe irse anticipadamente de la presidencia de la república, porque es un mandatario ilegítimo, porque le quedó grande el más elevado cargo de la nación, porque quiere generalizar el caos destruyendo el equilibrio de poderes al incurrir en desacato y cuestionamiento público a decisiones de la Corte Suprema de Justicia, porque quiere borrar a plomo las movilizaciones sociales que hoy estremecen al país, y porque Colombia no quiere la dictadura.
No más tolerancia con Iván Duque. Tenemos que cerrarle el paso a la tiranía, a la ineptitud y al mal gobierno. El coronavirus que lo había salvado de la ira y la indignación popular volcada en las calles, ya no sirve para apaciguar el descontento popular, y mucho menos, sus aburridas e insulsas comparecencias diarias por televisión. De nada sirven sus palabras hipócritas cuando el gobierno, en lugar de ayudar a los pobres en confinamiento y sin comida, ayudó fue a los empresarios que todo lo tienen. Ni siquiera repartió tapabocas gratuitos en los barrios populares.
Ahora quiere que muera Sansón y mueran todos los filisteos con tal de salvar de la cárcel y del castigo judicial a su jefe político Álvaro Uribe, no tanto por su condición de zar de los testigos falsos, sino por sus crímenes de lesa humanidad. Por eso está tan obstinado en dinamitar con desacatos a la Corte y quiere una reforma judicial que le permita construir una rama institucional garante de la impunidad de su capo político y rendida a su bufete de abogados del diablo.
La verdad, Colombia no quiere un gobierno facho, sino verdaderamente democrático, incluyente, del pueblo y para el pueblo; un nuevo gobierno de coalición democrática, que garantice la paz completa sin traiciones, la titulación de tierras a los campesinos, la reforma política, y una cancillería de paz y hermandad con América Latina y el Caribe; un gobierno de manos limpias que empiece a extirpar el cáncer de la corrupción, que escuche a los estudiantes, a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a la población LGTBI y demás sectores discriminados, que le devuelva la salud al pueblo y que implemente medidas de choque social orientadas a liberar a la gente de la pobreza.
Saliendo ya de la mala hora de la pandemia debemos volver a las calles con marchas, plantones y cacerolazos para gritar la inconformidad de todo un pueblo contra el mal gobierno. Exijamos el fin de la represión, el respeto constitucional a la protesta social, castigo para los altos cargos determinadores de la masacre de ciudadanos inermes en Bogotá el pasado 9 de septiembre, punto final al exterminio de líderes, lideresas sociales y de excombatientes que ya superan los mil muertos luego de la firma del acuerdo de paz. Reclamemos esclarecimiento pleno de la trama de la «Ñeñe-política», exigiendo la renuncia de Duque a la presidencia por el financiamiento de su campaña con dineros de la mafia. Revocatoria a todos los corrompidos por los dineros malhabidos del Ñeñe Hernández hoy vinculados al ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, empezando por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por sus nexos con el paramilitarismo y con el mafioso y lavador de activos, el «Memo Fantasma». No más impunidad para Álvaro Uribe, despojador violento de tierras y autor de los más horrorosos crímenes de lesa humanidad, como masacres y falsos positivos.
Reclamemos también el fin de la impunidad con castigo judicial ejemplar para los Char, los Gerlein y a todos los delincuentes que se han mantenido en la política a través del fraude electoral y la compra de votos. Cárcel y pérdida de derechos políticos para los denunciados por Aída Merlano.
Unidad, unidad, unidad de todos los colombianos por un nuevo gobierno y por el florecimiento de la paz con justicia social.
FARC-EP, Segunda Marquetalia
