Honduras: diez días sin respuestas sobre la desaparición forzada de cinco líderes garífunas
Diez días del secuestro de garífunas y autoridades estatales no dan respuestas
A diez días de la desaparición forzada de Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía, las autoridades estatales no brindan respuestas.
Para la coordinadora general de la OFRANEH, Miriam Miranda, la población no debe olvidar la manera en que fueron secuestrados los cinco jóvenes, quienes fueron sacados de su hogar el día que solo los cuerpos de seguridad tienen el permiso de circular y segundo que la comunidad de Triunfo de la Cruz cuenta con una sentencia desde el 2015, la cual el Estado no cumple.
«El gobierno- Estado no tiene voluntad política y el hecho va con un mensaje subliminal. La sentencia generó más conflictividad a partir del 2015», dice Miranda.
Miranda recalca que en el secuestro de los garífunas ha marcado a la población hondureña y se ha creado un movimiento de solidaridad y acción a nivel nacional e internacional y especialmente en la juventud, debido a la alegría que les generó el tener por primera vez a un joven de presidente del patronato. «Era importante que la juventud asumiera para la construcción de su futuro», comenta.
Una de las acciones que llama la atención de la coordinadora es la circulación de noticias sobre los documentos encontrados de los jóvenes secuestrados, debido a la manera como fueron sacados de su hogar era imposible que llevaran su documentación. «Los sacaron en calzoncillos, cómo es posible que aparezcan sus documentos. La gente se pregunta cómo fue que llegaron esos documentos», enfatiza.
Miriam considera que la persecución constante contra el pueblo garífuna, el secuestro, la criminalización, tienen como fin el generar terror en las comunidades.
«Es una desaparición forzada «
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) lo sucedido hace días es una clara desaparición forzada porque se llevó a cabo contra una figura emblemática.
Además, es un proyecto racista que ha implicado el desplazamiento forzado de las comunidades y esto por el apoderamiento que hacen los empresarios en la comunidad. «Entendemos que el proyecto de exterminio continúa», advierte Oliva.
El pueblo garífuna continúa realizando acciones de protesta exigiendo la aparición con vida de los jóvenes secuestrado en Triunfo de la Cruz, pese a la nula respuesta estatal, la cual buscaría dejar en libertad a uno de los supuestos implicados en el secuestro, condenó Miranda.
Honduras: Coalición contra la Impunidad pide que DPI no investigue caso de garífunas desaparecidos
La Coalición contra la Impunidad exige que en la investigación de los garífunas desaparecidos no esté a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en vista de que los testimonios respecto de los hechos coinciden en un aparente involucramiento de dicha institución y existe un amplio antecedente de actos criminales en lo que esta se ha visto involucrada.
Hoy se cumplen diez días desde que Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto con los líderes garífunas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y el allegado a la comunidad, Junior Rafael Juárez Mejía, fueron separados de sus familias y comunidad por desconocidos armados que vestían como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y sobre cuyo paradero el Estado no ha dado respuesta.
Los territorios garífunas son el escenario de un conflicto histórico de desplazamiento forzado de las comunidades de sus territorios ancestrales por la avaricia de empresas del sector turismo, INTUR, Camatur, ITH y grupo INDURA(1) , coludidas con el Estado de Honduras quien continúa sin cumplir las sentencias(2) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenando a la población garífuna a la violencia y al desarraigo agudizado en los últimos años.
Previo a la desaparición de los cinco jóvenes, recientemente, el 21 de junio se registró el hallazgo del cuerpo sin vida en la comunidad de Punta Piedra del líder Antonio Bermúdez, y el 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto, el asesinato del integrante de la OFRANEH, Edwin Fernández, cuya vida fue arrebatada frente a su familia por no entregar la llave del portón de seguridad de su comunidad.
Existen indicios suficientes para identificar un patrón de violencia sistemática en contra de la población garífuna, una política de exterminio y desplazamiento para asegurar que sus paisajes, sus playas, sus territorios y toda su riqueza cultural esté a disposición plena del capital turístico. Se trata de ataques y crímenes en contra de liderazgos comunitarios, personas claves en las resistencias en contra del extractivismo y en la defensa de sus territorios ancestrales. Esta ola de crímenes y desapariciones no es nueva en Honduras, así como tampoco lo es la impunidad que ha cobijado a los criminales que han puesto en marcha esta política.
Según datos del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en la coyuntura de la emergencia por COVID-19, al menos siete personas se registran desaparecidas incluidos los líderes garífunas.
Los datos revelan un patrón similar a tres momentos críticos en Honduras: durante la década de los ochentas, cuando se registraron 184 personas desaparecidas, el Golpe de Estado en 2009, en el que al menos 13 personas fueron detenidas-desaparecidas, y la crisis post electoral, en cuyo contexto una persona más continúa desaparecida luego de ser detenida por agentes de seguridad.
Desde el 2009, en el contexto de Golpe de Estado se alertó del resurgimiento de la desaparición forzada como una herramienta de control social y político. Los hechos sostenidos hasta la fecha dejan claro que no se trata de raptos o secuestros comunes, sino que se enmarcan en un patrón de ejecución, en un perfil de víctimas y en un patrón de manejo de las investigaciones que asegura la impunidad de estos crímenes que tienen un nombre: desapariciones forzadas.
Por todo esto, la Coalición contra la Impunidad se suma a la exigencia de aparición con vida de los cinco garífunas y respecto al manejo de la investigación demandan:
Que esta no esté a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en vista de que los testimonios respecto de los hechos coinciden en un aparente involucramiento de dicha institución y existe un amplio antecedente de actos criminales en lo que esta se ha visto involucrada.
Se suman a lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), para que la unidad especializada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, sean parte activa de la investigación.
Pero sobre todo demandan respuestas integrales que aseguren la protección de la población garífuna, exigimos el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH como único medio real de mitigar las fuentes de los riesgos que enfrentan constantemente.
«Queremos paz para nuestros hermanos y hermanas garífunas. Queremos vida y no muerte. Queremos que vivan en armonía con sus entornos desde sus cosmovisiones sin la mano criminal de la avaricia», finaliza el comunicado.
1 COFADEH. “No es un rapto, no es un secreto, es una desaparición forzada”, 25 de julio, 2020. Accesible en https://www.defensoresenlinea.com/no-es-un-rapto-no-es-un-secuestro-es-una-desaparicion-forzada/
2 CRITERIO HN. “Estado incumple sentencias sobre comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra”, 21 de diciembre, 2016. Accesible en: https://criterio.hn/honduras-incumple-sentencias-la-corte-idh-comunidades-garifunastriunfo-la-cruz-punta-piedra/
Coalición contra la Impunidad
Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Feminista Trans (AFET) Asociación FIAN Honduras Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH)
Asociación LGTB Arcoíris de Honduras
Asociación Nacional de Personas Viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA)
Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-Participa)
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST)
Cáritas – Diócesis de San Pedro Sula
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH) Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES)
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
Centro de estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH)
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT)
Colectivo Diamantes Limeños Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)
Crisálidas de Villanueva Ecuménicas por el derecho a decidir Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Espacio-ACI Familia Franciscana Honduras (JPIC)
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO)
Foro de Mujeres por la Vida Foro Nacional de Sida (FOROSIDA)
Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH)
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
Frente Amplio del COPEMH
Asociadas por lo Justo en Honduras (JASS)
Las Hormigas Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA)
Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz en Honduras (MILPAH)
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla MUCA y Plataforma Agraria
Observatorio Permanente del Bajo Aguán Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
Brigadas Paz Internacional (PBI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (PI)
Pastoral de Movilidad Humana (PMH)
Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC)
Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (REDMUDE)
Unión de Empresas y de Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC)
Vía Campesina Protection International Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.
La PGR condena desaparecimiento de garífunas y aboga por garantías
La Procuraduría General de la República (PGR), con relación a los hechos acontecidos en Tela, Atlántida, condenó los atentados en contra de los miembros de la comunidad garífuna, en especial el hecho que sujetos desconocidos sustrajeron de sus viviendas y privaron de libertad a Alberth Snider Centeno, quien es el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz y los ciudadanos Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Tróchez Cálix.
Tras la denuncia de los hechos, la PGR indicó que los entes estatales realizan las investigaciones al respecto, por lo que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya informó de los primeros resultados de las diligencias, logrando la captura de un presunto responsable del rapto.
«Confiamos que el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación continúen con las acciones pertinentes tanto para salvaguardar la vida e integridad de los dirigentes como para identificar los autores y partícipes de ese hecho delictivo y deducir la responsabilidad penal», añadió la institución.
La Procuraduría General remarcó que ha venido coordinando las acciones pertinentes con las instituciones del Estado en el caso de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
Por sus derechos
«Se ha acordado con los representantes de las partes priorizar puntos de mayor interés. tales como el saneamiento de tierras en la zona, que representa un mayor grado de complejidad por los distintos factores que inciden en su ejecución, sumado a ello, la emergencia sanitaria por el COVID-19», mencionó la PGR en su comunicado este martes.
La entidad también mencionó que a través del Instituto Nacional Agrario (INA) se inició una primera etapa para el avalúo y saneamiento de las tierras; no obstante, las medidas de restricción de movilidad para salvaguardar la salud, la vida y la integridad de los habitantes contemplados en el estado de excepción, han imposibilitado la continuación de las posteriores etapas.
«La Procuraduría General de la República reconoce la labor de los defensores de derechos humanos y repudia cualquier hecho en contra del bienestar e integridad de nuestros compatriotas. Asimismo, ratifica el compromiso institucional de coadyuvar en todas las acciones que por ley le corresponden, esperando que los tribunales competentes impongan el peso de la ley a los responsables, que la aplicación de la justicia contribuya a restablecer la paz y la convivencia armónica en la referida comunidad», concluyeron.
COMUNICADO pic.twitter.com/mFXeTqnqz8
— PGR Honduras (@PGRHonduras) July 28, 2020
“Hay que arrancar esa raíz la podredumbre que gobierna Honduras”: Miriam Miranda
Al cumplirse diez días de lucha por la liberación de los líderes garífunas desaparecidos forzadamente en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, en el Puerto de Tela en Atlántida, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), urgió la necesidad de arrancar esa raíz la podredumbre que gobierna Honduras y que mantiene a la población en la extrema pobreza, sin salud, sin educación y seguridad. “Necesitamos paz y hay que construir un nuevo pacto de convivencia”, expresó.
Miranda hizo su declaración en una conferencia de prensa virtual, denominada, Vivos se los llevaron y vivos los queremos, convocada por la Coalición contra la Impunidad en Honduras, para reclamarle al gobierno, el retorno con vida de los cuatro líderes garífunas, que el pasado 18 de julio fueron sacados de sus casas y desaparecidos, por hombres armados que vestían el uniforme de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las personas desaparecidas son el presidente del patronato de El Triunfo de la Cruz, Snider Centeno Thomas; Suami Aparicio García Mejía; Gerardo Misael Troches Calix; Milton Joel Martínez Álvarez y un allegado a la comunidad, de nombre, Junior Rafael Juárez Mejía.
La coordinadora de OFRANEH condenó el desaparecimiento de estas personas y la actitud del gobierno de Juan Hernández, que no solo se niega a cumplir la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece al pueblo garífuna, sino que además provoca desprecio y pone en riesgo la vida de estas comunidades asentadas en el caribe hondureño y que luchan por la defensa de sus territorios.
Ella dice, que la violencia se ha incrementado en la zona y que “nosotros creemos que este es un hecho donde el Estado es responsable directo” afirmó. Y ante tal situación, les exigió a las autoridades dar con el paradero de los desaparecidos y entregarlos vivos a la comunidad.
El pasado 25 de julio, la Policía Nacional informó haber hallado en una hacienda de la colonia Las Lomas de San Pedro Sula, documentos personales y armas de fuego relacionadas con los garífunas desaparecidos. Informaron que entre el hallazgo está el pasaporte de Albert Snider Centeno y la tarjeta de identidad de Milton Joel Martínez Álvarez, que encontraron cuatro armas de fuego, una cámara fotográfica y una bolsa conteniendo con municiones, información que ha sido rechazada por la comunidad, en vista de que ellos fueron secuestrados en sus casas de habitación y llevados por la fuerza.
“No pueden venir dando información falsa, los sacaron en calzoncillos, ¿cómo es posible que hayan encontrado documentos?”, cuestionó Miranda. Para ella el pueblo garífuna sufre de una escalada de intimidación y persecución por gente armada que entra y sale en vehículos de las comunidades garífunas.
El 8 de octubre del 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo garífuna, y por esa razón lo condenó a garantizarles su derecho a la propiedad, al desarrollo comunitario, al pago de indemnizaciones y al cumplimiento de las medidas de protección. Sin embargo, según la coordinadora de OFRANEH, pese a la cantidad de funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional de la raza negra, hasta hoy, nadie ha realizado gestiones para el cumplimiento de esa sentencia.
“Después de 4 años ningún diputado ha presentado un proyecto para hacer que se cumpla”, dijo a líder negra, defensora de los derechos humanos. Agregó, que después de la desaparición de los cuatro líderes garífunas, varios diputados de la raza negra, llegaron de manera arrogante para reunirse con la comunidad sin tener la autoridad. Sin embargo, ella asegura que no van a aceptar intermediarios porque no es un pleito con la gente de este gobierno y que los diputados garífunas hace tiempos que debieron hacer algo.
Indicó, que las dificultades que en este momento sufren las comunidades garífunas, no solo es un problema de ellos, sino de todo el país y llamó a la articulación de todas las organizaciones sociales y populares para llevar a cabo acciones conjuntas.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, calificó la desaparición de los líderes negros como un proyecto racista y con el objetivo de desplazar forzosamente a todo el pueblo garífuna. Oliva también es del criterio de realizar acciones conjuntas a nivel nacional.
Según Oliva, las violaciones masivas de los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas son prácticas históricas que en Honduras las hacen desde hace 40 años y que el Estado se ha negado a darle respuesta a ese proyecto de muerte. Ante tal situación reafirmó que el grito debe ser llamar a la articulación por lo que está pasando con el pueblo garífuna, sin importar que sean uno, dos o cuatro los que están desaparecidos.
Ella también se unió al clamor por el retorno con vida de los cuatro líderes garífunas y mencionó que los escuadrones fueron reactivados en el golpe de estado y que han venido operando de manera permanente. Aseguró, que maniobraron en la crisis del fraude electoral del 2017, en las acciones de la Plataforma de la Salud y la Educación en el 2019 y que en este momento también están actuando contra las personas que protestan luchan por mejores condiciones de vida.
Puso el ejemplo del dirigente magisterial, Jaime Rodríguez, de quien dijo haberse conmovido por el patrón que utilizaron. ”Estaba identificado y nadie en este país opera con tanta logística, se había creado un ambiente, lo atacaron dos vehículos, andaban tres personas armadas y lo dejaron porque creyeron que se iba a morir”, aseveró. A Jaime lo torturaron, pero sobrevivió y hoy se encuentra en el exilio sin poder regresar.
En la misma dirección, se pronunció el sacerdote jesuita, director del Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, afirmando que el estado hondureño en esta combinación de los extremos de la derecha hondureña con el crimen organizado son fuertes y tienen un proyecto muy claro que es el de expandir capitales. Y que por esa razón hay una absoluta necesidad de “juntarnos para defender a nuestro pueblo más indefenso” subrayó.
A la desaparición de los cuatro líderes garífunas de El Triunfo de la Cruz también se suma la muerte violenta del líder de la comunidad de Punta Piedra, del Municipio de Iriona Colón, Antonio Bermúdez, quien fue encontrado muerto el 21 de junio, seis días después de haber desaparecido.
Desde junio del 2009 Honduras ha sido calificada como uno de los principales países violadores de los derechos humanos y ante tal situación diversos organismos nacionales y extranjeros les han hecho saber a las autoridades sus preocupaciones y recomendaciones para mejorar la situación. No obstante, los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Hernández, no han demostrado voluntad para acabar con esa violencia imperante.
A efectos de maquillaje, crearon el Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Protección para defensores de los derechos Humanos y periodistas, entidades muy débiles y sin autoridad que para ofrecerles a las personas garantías de respeto.
Prueba de la preocupación de los organismos internacionales son los cuatro informes publicados desde el 2009 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que determinan que la situación es grave, no solo por los altos niveles de violencia, sino también por el elevado grado de impunidad de los crímenes. Nueve 9 de cada 10 delitos que se cometen en este país centroamericano quedan impunes por falta de investigación y judicialización de parte del Ministerio Público.
Y de igual manera queda impune el 97% de los crímenes contra defensores de los derechos humanos, el 90% de las muertes de mujeres, el 95% de las violaciones sexuales; el 90% de los asesinatos de la comunidad LGTBI y el 93% de asesinatos de periodistas.
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