La CIDH expresa preocupación por el continuo asesinato de líderes sociales en Colombia

COMUNICADO | CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el sostenido número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados durante el primer semestre año en Colombia y reitera su llamado al Estado para reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de quienes defienden derechos humanos en el país, así como conducir investigaciones diligentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de defensa de las víctimas.

Durante los primeros seis meses del año, la CIDH continuó recibiendo información preocupante sobre un elevado número asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. De acuerdo con la OACNUDH en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se registraron 45 asesinatos de personas que ejercían actividades de defensa de derechos humanos en el territorio y 36 casos más estarían en proceso de verificación. Por su parte, el Estado registró el asesinato de 37 personas defensoras durante el primer semestre del presente año. La Comisión nota que la cifra de asesinatos registrados por organizaciones de la sociedad civil en Colombia podría ser mayores.

Durante el mes de marzo, la CIDH a través de su Comunicado de Prensa No. 62/2020 ya había expresado su preocupación ante el alarmante número de asesinatos de personas defensoras que se habría registrado durante los primeros tres meses del año. Destacó que, de acuerdo con información pública, entre enero y marzo del presente año por lo menos 24 personas defensoras de derechos humanos habrían sido asesinadas en diversos departamentos del país. Al respecto, la Comisión observa que de verificarse la totalidad de los casos presentados durante el segundo trimestre, estos representarían casi el doble de personas defensoras que perdieron la vida en comparación con los primeros tres meses del año.

La CIDH observa que la mayoría de los asesinatos ocurridos durante este semestre se han registrado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, territorios que de manera histórica se vieron afectados por el conflicto armado y que el Estado ha identificado como “Zonas de Riesgo”. El Estado coincide con esta información e identifica asimismo los departamentos de Valle de Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Arauca y Chocó como zonas de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, la Comisión observa que aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo comunal, como por ejemplo ser integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su comunidad y aquéllos que tienen representación de un liderazgo indígena o afrodescendiente serían quienes forman parte del mayor porcentaje del total de casos registrados durante el periodo temporal analizado. De igual forma, los liderazgos campesinos, en particular quienes integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), también representan un número importante de los asesinatos.

En este segundo trimestre la Comisión conoció, por ejemplo, sobre el asesinato del líder social y beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Edier Adán Lopera ocurrido el 15 de junio en el municipio de Tarazá, Antioquia. De acuerdo con información pública, presuntos grupos armados ilegales habrían impedido a las autoridades y a familiares del señor Lopera el levantamiento del cadáver. El cuerpo habría sido recuperado por las autoridades hasta el 24 de junio, nueve días después de su asesinato.

Asimismo, durante el mes de junio, la CIDH tuvo conocimiento sobre el asesinato del líder social LGBTI Mateo López; en el mes de mayo, sobre los asesinatos del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Villa, el defensor ambiental Jorge Enrique Oramas, la lideresa social Olga Lucía Herández, el líder social Manuel Marriaga Martínez, el líder comunal Saúl Rojas González, el líder social Edwin Acosta Ochoa, el líder indígena Joel Villamizar y el líder comunal Hermes Loaiza. Durante el mes de abril, la Comisión fue informada sobre los asesinatos del líder sindical Hamilton Gasca Ortega, el líder LGBTI Jhon Jairo Beltrán, el líder social Teodomiro Sotelo Ancona, el líder campesino Mario Chilhueso Cruz, el líder social Hugo de Jesús Giraldo López y el líder comunal Álvaro Narváez. La CIDH expresa su profunda condena y rechazo por cada uno de estos casos, así como por todos los demás casos que han sido registrados durante el tiempo que comprende este comunicado.

La Comisión reitera su llamado al Estado colombiano para investigar estos delitos de forma exhaustiva, seria e imparcial a fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales considerando como hipótesis del móvil de los delitos la actividad de defensa de derechos humanos que las víctimas ejercían en sus comunidades. En particular, el Estado debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes. Al respecto, la CIDH observa los esfuerzos desplegados por el Estado colombiano para avanzar en las investigaciones sobre estos hechos. En particular, la Comisión tiene conocimiento sobre la implementación de la “Estrategia de Investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos” con la cual, según información del Estado, durante el primer trimestre del año habría un esclarecimiento del 56% en los casos ante la Fiscalía General de la Nación. La Comisión urge al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad de estos delitos y recuerda que la impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de la violencia contra estos colectivos.

Por otra parte, el contexto actual generado por la pandemia del COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad y riesgos permanentes a los que se encuentran sujetas las personas defensoras de derechos humanos por parte de grupos armados ilegales quienes estarían aprovechando la pandemia para reforzar su presencia en el territorio a través del asesinato de líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país. Efectivamente, preocupa a la CIDH que muchos de los asesinatos registrados habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las medidas de aislamiento decretadas por el Estado para hacer frente a la pandemia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó a través de su Alerta Temprana 18-20 la afectación que la violencia de los grupos armados ilegales bajo el contexto de la pandemia ha tenido en el desarrollo de sus actividades de defensa. El Estado ha coincidido con esta información.

La Comisión recuerda al Estado colombiano la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos cuando se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. Esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia del COVID-19, especialmente cuando las personas defensoras se encuentran en una situación de mayor riesgo en virtud de las medidas de excepción que limitan, entre otros, la libertad de circulación. Asimismo, la CIDH recuerda al Estado el deber de investigar con celeridad y diligencia los asesinatos ocurridos en este contexto.

La Comisión reconoce la importancia que los liderazgos sociales han representado en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos, así como de la paz y fin del conflicto armado en Colombia. Bajo la coyuntura actual, líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos se han erguido como una base fundamental en la implementación del Acuerdo Final para la Paz. A pesar de ello, la violencia contra estos colectivos se ha mantenido en el tiempo.

La CIDH recuerda que la labor realizada por defensoras y defensores sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no son víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de hostigamiento. Ante esta persistencia de la violencia, es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de estos colectivos, así como continuar avanzando con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.

La Comisión nota los esfuerzos desplegados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hacer frente a los riesgos enfrentados por estos colectivos. Según información estatal, hasta el 30 de junio del presente año, el 68% de beneficiarias y beneficiarios de medidas de protección proporcionadas por la UNP, es decir, 4.985 personas, serían defensoras y defensores de derechos humanos bajo protección. El Estado debe asegurarse que la implementación de estas medidas se haga de manera pronta, en concertación con las personas beneficiarias y procurar la aplicación de enfoques diferenciados que tomen en cuenta sus condiciones particulares. Asimismo, el Estado debe asegurar que la protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sea abordada desde una perspectiva integral y coordinada sobre las fuentes de riesgo, con el objetivo de abordar tanto el riesgo individual como las situaciones de tipo estructural.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

OAS

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Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1	Benjamín Banguera González	1 de enero	Guapi	Cauca
2	Carlos Andrés Ricaurte	11 de enero	Finlandia	Quindío
3	Gerson Moises Morales	11 de enero	Finlandia	Quindío
4	Crescencio Santos	12 de enero	Quibdó	Chocó
5	Hober Arias Giraldo	15 de enero	Dabeiba	Antioquia
6	Duver Esneider Solano	22 de enero	Mesetas	Meta
7	Jhon Freddy Vargas Rojas	25 de enero	Pitalito	Huila
8	Cesar Dario Herrera Gomez	24 de enero	Ituango	Antioquia
9	Rafaél Zapata	14 de febrero	San Juan de Arama	Meta
10	Daniel Jiménez Ospina	16 de febrero	Puerto Guzmán	Putumayo
11	Wiston Antonio Moreno	21 de febrero	Quibdó	Chocó
12	Esder Pineda Peña	21 de febrero	Algeciras	Huila
13	José Elias Peralta	21 de febrero	Puerto Asís	Putumayo
14	Holman Antonio Montes	27 de febrero	San Vicente del Caguán	Caquetá
15	Astrid Conde	5 de marzo	Bogotá D.C	Bogotá D.C
16	Edwin de Jesús Carrascal	10 de marzo	Coloso	Sucre
17	Bella Esther Carrillo	17 de marzo	La Macarena	Meta
18	Alveiro Antonio Gallego	21 de marzo	La Macarena	Meta
19	José Isidro Cuesta Ricas	29 de marzo	Jiguamiandó	Chocó
20	Juan Carlos Castillo Certijama	30 de marzo	Puerto Asís	Putumayo
21	Carlos Alberto Castaño	3 de abril	Planadas	Tolima
22	Jhon Jairo Londoño Bedoya	15 de abril	La Uribe	Meta
23	Rigoberto García	17 de abril	Urrao	Antioquia
24	Wilder Daniel Marin Alarcón	7 de mayo	Bello	Antioquia
25	Robert Hurtado Victoria	19 de mayo	San Juan	Chocó
26	Manuel Olaya Arias	27 de mayo	Neiva	Huila
27	Herney Betancourt	31 de mayo	Campoalegre	Huila
28	Mario Tellez Restrepo	14 de junio	Tibú	Norte de Santander
29	Angel Alberto Calderón	16 de junio	Puerto Asís	Putumayo
30	Yeffer Yoanny Venegas	27 de junio	San José del Guaviare	Guaviare
31	Raúl Liponce Perucho	28 de junio	Puerto Leguízamo	Putumayo
32	Jaime Rodrígo Díaz	29 de junio	Pasto	Nariño
33	Dorman Clever Canticus Díaz	2 de julio	Cumbal	Nariño
34	James Andrés Montaño	2 de julio	San Miguel	Putumayo
35	Fredy Fajardo Avila	11 de julio	La Uribe	Meta
36	José Antonio Rivera	13 de julio	Pitalito	Huila

Indepaz

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Exguerrilleros le dicen a la JEP que sólo estarán a salvo si se implementa el Acuerdo de Paz

En una audiencia reservada, los reincorporados le explicaron a los magistrados de esta justicia cuáles han sido los incumplimientos y por qué eso afecta su seguridad. La Comisión Nacional de Garantías y el enfoque de género fueron temas prioritarios en la diligencia.

Parece una afirmación obvia o sencilla, pero está lejos de serlo. Los excombatientes de las extintas Farc, una vez más, aseguraron que su seguridad depende de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Pero esta vez se lo expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente aceptó estudiar la posibilidad de decretar unas medidas cautelares que logren disminuir los asesinatos de los exguerrilleros, que a julio ya está en 219.

La audiencia virtual, de carácter reservada, fue realizada por la JEP para escuchar a los excombatientes que estaban en el antiguo Espacio Territorial de la Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia), y que fueron obligados a desplazarse hasta Mutatá, principalmente, por cuestiones de seguridad. El espacio fue aprovechado para explicarles a los magistrados por qué creen que han aumentado la violencia y los riesgos en su contra.

El primero en tomar la palabra fue el exjefe guerrillero Pastor Alape, quien explicó las estadísticas de los homicidios. De acuerdo con Alape, un firmante de paz es asesinado cada semana. Desde que inició la pandemia, se han registrado 19 víctimas. “Es el Gobierno y las instituciones los responsables de este genocidio que empieza a configurarse contra los ciudadanos y ciudadanas que dejaron las armas para reconocer y asumir el régimen constitucional colombiano. Con incertidumbre y zozobra, nos preguntamos: ¿cuál será la cifra final de firmantes asesinados cuando culmine este proceso judicial?”, expresó ante el Tribunal de Paz.

Alape resaltó que la estigmatización es uno de los grandes problemas. A pesar de que recientemente se aprobó, en el marco del Consejo de Reincorporación, la estrategia para la prevención temprana y superación de la estigmatización dirigida a los exintergantes de la guerrilla, sus familias y la comunidad, no ha habido una buena implementación: “Resulta insuficiente, sin la existencia de voluntad política y el establecimiento de una política pública, restablecer una cultura de paz, la cual va más allá de la financiación y la puesta en marcha de la estrategia para fortalecer medidas”.

Mencionó que los señalamientos y la deslegitimación del Acuerdo Final de Paz, promovidos al interior de las instituciones que componen cada una de las ramas del poder públicos, y los enjuiciamientos permanentes a las Farc sobre un supuesto incumplimiento de sus compromisos son ejemplos claros y recurrentes de ello.

Otros excombatientes también tomaron la palabra. Aunque por seguridad no se revelaran sus nombres, estas personas le dijeron a los magistrados que existe una desconexión profunda entre el centro del país y las regiones, cuyas necesidades y propuestas son desconocidas. A eso hay que sumarle, según ellos, el abandono estatal y el incremento de la inseguridad en los territorios, debido a la falta de implementación de los acuerdos, en el que se pactó el desmonte de grupos paramilitares, a través del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política (Sisep).

“¿Qué queremos? Que se ordene el funcionamiento pleno del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política, dentro del cual hay una serie de instancias, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, programas de protección, el Sistema de Protección y Alerta para la Reacción Rápida”, afirmó uno de los exguerrilleros.

Con la puesta en marcha del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías “se esperaba avanzar en la consolidación de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, responsables de los hechos violentos contra miembros del movimiento político, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Por eso, en vocería de los reincorporados, le pidió a la JEP que dentro del trámite de las medidas cuatelares se llame Miguel Ceballos, alto comisionado para La Paz, “en razón de su designación como delegado presidencial en la instancia de alto nivel del Sisep”. Además, solicitaron con urgencia la elaboración y la puesta en marcha, cuanto antes, de los programas de protección.

Sobre su desplazamiento a Mutatá, los magistrados preguntaron si el municipio es seguro. Los exguerilleros respondieron que para ellos en este momento no existe un espacio seguro, pero, al menos, allí cuentan con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales, que se han comprometido a protegerlos.

Los excombatientes presentes en la reunión calificaron la situación como “de extrema gravedad y urgencia” a pesar de las 56 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para esta región, y de las medidas de seguridad implementadas por la Unidad Nacional de Protección.

Las peticiones las respaldaron organizaciones de la sociedad civil. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que “lamentablemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no está funcionando, de acuerdo a lo que se necesita, es decir, definir y supervisar una política pública y criminal del desmantelamiento de organizaciones criminales”. Y no está funcionando, según Gallón, porque la Comisión no está discutiendo esa política: “Se reúne muy poco y ha realizado otras actividades que no van exactamente a esta dirección”.

Según el decreto que la reglamentó, se debe reunir cada mes y estar encabezada por el presidente de la república con ministros, comandantes de la policía y de las fuerzas militares, jefes de los organismos de control, funcionarios de la Fiscalía, miembros de la sociedad civil y delegados de organizaciones de derechos humanos. Pero hasta el momento solo se ha congregado tres veces: el 30 de enero de 2019, el 12 de agosto de 2019 y el 8 de enero de 2020.

“Esas reuniones, además, se han presentado algunos balances de las entidades del Estado relacionados con los avances de las investigaciones judiciales, de los homicidios. Pero ha sido ausente el carácter proyectivo, que permita abordar las 16 funciones que tiene la Comisión y proyectar mecanismos de respuestas a las situaciones de riesgos que han sido conocidas”, advirtió el jurista. Y cuando se convoca, no llegan todos los funcionarios y los que asisten tampoco tienen poder decisión.

El asunto no es nuevo. En varios medios de comunicación se ha expuesto el problema y, de hecho, añadió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se han enviado numerosas comunicaciones al Gobierno Nacional. Incluso, el 12 de agosto del año pasado se presentó una propuesta de lineamientos de política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y en marzo de este año se entregó un plan de trabajo. La respuesta, manifestaron ambos representantes, ha sido el silencio.

“La Comisión solo ha trabajado en una de sus 16 funciones. Se han rendido cuentas particularmente del cuerpo élite de la Policía y unidades de investigación, pero eso no ha sido acompañado con un proceso de retroalimentación o que nos permita impulsar modificaciones o propuestas para que estos entes puedan mejorar en el desarrollo de sus funciones. O peor, en algunas de ellas el Estado ha decidido dar la espalda a la Comisión Nacional de Garantías. No se han brindado espacios para discutir propuestas”, insistió Castañeda.

La audiencia también tuvo un espacio para las violencias basadas en género. Una vocera de las excombatientes explicó que de los 130 compromisos que se relacionan con el enfoque de género del Acuerdo Final “el 46% no inicia su implementación, el 38% ha tenido un avance mínimo, el 10% solo tiene un avance intermedio y solo el 5% ha culminado su implementación”.

Ayer, puntualizó la exguerrillera, en el diseño y planeación de políticas, así como también programas y proyectos «no se consideran las experiencias diferenciadas ni las desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres. Y mucho menos se tienen en cuenta sus voces, necesidades, experiencias e intereses ni la población diversa». Esto ha hecho que existan barreras que dificultan su acceso a derechos y oportunidades.

Aseguró, por ejemplo, que muchas mujeres han sido estigmatizadas por las comunidades por haberse ido a la insurgencia y “no cumplir con el rol tradicional de cuidadoras, madres y esposas, que la sociedad ha dispuesto para las mujeres históricamente”. Y ahora, en medio de la reincorporación han quedado “relegadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos e hijas”. Por eso consideran que están “más expuestas en violencias basadas en género al no tener independencia económica”.

También habló de la falta de acondicionamiento institucional para los procesos de reunificación familiar: “Las entidades han impedido el proceso bajo la lógica o el pretexto de afectar la seguridad jurídica de las exguerrilleras o campesinas, amenazando con arrancar investigaciones penales por el delito de abandono familiar y con la investigación a quienes fueron cuidadores, y para garantizar el acceso mínimo a derechos, hicieron los respectivos registros bajo el delito de falsedad en documento público”.

Después de las intervenciones de los exguerrilleros, llegó el turno de la Fiscalía General de la Nación. Su representante dijo que se están armonizando todos los trabajos, no solamente en la institucionalidad de resolver los casos, sino también de resolver la situación en los territorios. El ente investigador reconoció que en los territorios donde hay excombatientes también existe una fuerte presencia de estructuras criminales que están afectando a los reincorporados y los defensores de derechos humanos.

«Recordemos que en las estructuras criminales hay tres dimensiones: la militar, la política y la financiera. Uno de los objetivos que empezamos en 2020, precisamente con el fortalecimiento del fiscal Francisco Barbosa a la Unidad, es poder estratégicamente disminuir las riquezas de quienes se están haciendo más visibles de las estructuras criminales en los territorios. Es disminuirles la capacidad de dinero para poder parar su expansión o el fortalecimiento de la línea de lo militar, para que en algún momento se logre desarticularlas. Estamos atentos a las sugerencias de la JEP, que sabemos que está haciendo unos contextos que retomaremos para el punto de no repetición», explicó la vocera.

Además, la Fiscalía afirmó que dentro de la entidad existen equipos exclusivos para atender las victimizaciones de los reincorporados y ahora está entrando a una segunda fase que llamaron sostenibilidad: “A partir de la caracterización de los criterios de una política de priorización podemos abarcar no solo lo que está pasando con los reincorporados, los defensores de derechos humanos a nivel comunitario y, al mismo tiempo, en contra de la población civil. En esa medida hemos construido los proyectos de investigación, en los cuales identificamos las organizaciones criminales responsables de estas afectaciones y buscamos en una tercera fase lograr la consolidación de la información”, y así atacar estos grupos.

El ente investigador, finalmente, presentó algunos datos que ofrecen un contexto detallado de la situación humanitaria de los integrantes del partido Farc. Indicó que en la región noroccidental se registraron 46 víctimas. De estas 36 son víctimas de homicidio; nueve de tentativa de homicidio y una de desaparición forzada. El 60,87% (28) de los casos se dio en Antioquia, el 34,78% (16) en Chocó, y el 2,17% (1) en Córdoba y Caldas.

Según las fuentes que asistieron a la audiencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció su incapacidad para llegar a los territorios, sobre todo donde hay problemas de orden público, y brindarles esquemas a los exguerrilleros. Por eso la solución, desde el Gobierno, ha sido trasladar los antiguos ETCR a espacios más seguros, como sucedió con los integrantes del ETCR de Ituango.

Por su parte, la Procuraduría expresó que está haciendo un seguimiento juicioso de los hechos y, constantemente, advierte a las entidades que deben atender a la reincorporación para que se sigan cumpliendo los acuerdos y, a través de una pedagogía cotidiana, se reitere que no se ha abandonado el compromiso de parte del Estado.

Los magistrados, por el momento, seguirán recaudando más información. La próxima audiencia se celebrará, virtualmente, con los exguerrilleros del ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas (Meta), el 12 de agosto. También se realizarán otras audiencias en los ETCR Carlos Patiño Caliche, en Buenos Aires (Cauca), y Geiler Mosquera, en Puerto Asís (Putumayo), pero hasta ahora no se han confirmado las fechas.

El Espectador

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Proponen mesa de diálogo para la erradicación de cultivos ilícitos

Una mesa de diálogo con la participación de líderes campesinos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas con el propósito de analizar el impacto social, económico y ambiental de la erradicación de cultivos ilícitos proponen los alcaldes de la zona del Catatumbo.

Los mandatarios de El Tarra, Hacarí, Tibú, Teorama, San Calixto, La Playa de Belén, y Sardinata, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad llegan hasta el municipio de Convención para analizar el documento emitido por el Ministerio de Defensa y proponen al gobierno central, la instalación de una mesa encaminada a concertar acciones para el territorio que permitan replantear el programa de erradicación, incluyendo una sustitución voluntaria y gradual, acompañada de una política de desarrollo rural integral.

Expresan la preocupación por la aspersión terrestre de los cultivos de uso ilícito y hacen hincapié en la importancia de atender las recomendaciones por la pandemia generada por la COVID-19 para evitar riesgos a la salud pública de las comunidades, teniendo en cuenta que la red hospitalaria de la región no es suficiente.

El grupo de alcaldes de esta región habitada por más de 300 mil habitantes, esperan decisiones concretas por parte del gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano y funcionarios del alto gobierno para buscar alternativas frente a esta crisis social.

Soluciones de fondo

Los alcaldes hacen eco de las inquietudes de los campesinos de la región y esperan una salida concertada al conflicto social presentado en los últimos años.

La vocería estuvo a cargo del primer mandatario de El Tarra, Jair Díaz Peñaranda, luego de la notificación del gobierno nacional del inicio del proceso de erradicación de los cultivos de uso ilícito en dos modalidades una de aspersión terrestre y la otra de manera manual.

“En este momento, los alcaldes en el marco de los municipios PDET y además de la Asociación de municipios estamos buscando la alternativa para hacer un llamado al gobierno nacional y departamental para instaurar una mesa y llegar a unos puntos donde tengan los campesinos la oportunidad de expresar las preocupaciones y minimizar los riesgos de contagio por la pandemiala COVID-19”, comentó.

Rechazo total en el Catatumbo

Las decisiones generan sin duda alguna, reacciones sociales donde los campesinos de la zona del Catatumbo promueven asambleas y movilizaciones para rechazar la aspersión de cultivos ilícitos anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Los labriegos consideran que ese procedimiento agudiza el conflicto social y solicitan al gobierno nacional cumplir con los acuerdos de paz donde se habla de una erradicación gradual y concertada.

Los alcaldes se suman a esa petición ya que se requiere una política agropecuaria para mejorar las condiciones de vida de los cultivadores de la región.

Además, la llegada de personal extraño a la región puede propagar el coronavirus en aquellos municipios no COVID y en donde los mandatarios y líderes comunales hacen el esfuerzo para evitar el contagio.

Los líderes sociales manifiestan que se repite la historia de principios de siglo cuando acabaron con cultivos de pan coger, fauna, flora, contaminaron las fuentes hídricas e incluso afectó la salud de los campesinos de la región con el uso desmedido del glifosato.

El presidente de la Asociación de la Unidad Campesina del Catatumbo, Olger Antonio Pérez Quintero, censura la decisión del gobierno nacional e indica que la problemática del conflicto social es de carácter estructural y lleva más de cinco décadas en la región.

Insiste que el problema es de carácter estructural producto del abandono secular del Estado durante los últimos 50 años.

Tutela frena aspersiones aéreas

En medio de la polémica registrada en la zona del Catatumbo, el Tribunal Administrativo de Nariño ratificó en segunda instancia el fallo a favor de 93 organizaciones sociales del país que presentaron una acción de tutela donde se suspende el trámite necesario para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato.

Entre las asociaciones se destacan Cocam, Anzorc, Ascamcat, Colectivo abogados Cajar, entre otros que interponen la acción legal por la violación de los derechos relacionados con el debido proceso, a la consulta previa, participación y acceso a la información de las comunidades en los 104 municipios donde se pretendía la erradicación de los cultivos ilícitos bajo esa modalidad.

Integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat celebran el fallo porque se deja claro que debe existir respeto por el derecho a la consulta previa en territorios donde habitan comunidades indígenas, afro y grupos étnicos.

El Tribunal ordena igualmente vincular a los ministerios del Interior, Salud, Medio Ambiente, Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), porque alertan sobre la necesidad de una mirada integral sobre las afectaciones que produce la aspersión.

El fallo también menciona a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Nacional del Pueblo quienes deberán velar e interceder por los derechos de las comunidades dentro del trámite ante la Anla y ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.

La Opinión