CIDH pide medidas urgentes en penales de Panamá y crecen contagios en Colombia y México
Panamá | Piden medidas urgentes para frenar el virus en las cárceles
Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), volvió a poner su mirada en dos fenómenos que afectan a grupos sociales en Panamá en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.
Se trata de la propagación del virus en las cárceles panameñas, y de la situación de los migrantes que usan el país para desplazarse hasta el norte del continente y que se encuentran en albergues en Darién.
Tras las rejas
Reiteró, por ejemplo, que es crítico lo que se vive en centros penitenciarios de Panamá a raíz de los casos de coronavirus.
Hizo un llamado para que, tanto autoridades del Órgano Judicial como del Ministerio Público, tomen “acciones urgentes” para darle un alivio a este sector de la población.
Aseguró que el “vertiginoso” aumento de los casos requiere de la aplicación de medidas para reducir el hacinamiento, hecho que facilita la propagación del virus.
Fiscales y jueces, dijo, tienen un rol importante en la aplicación de la detención preventiva de las personas que enfrentan procesos judiciales. En ese sentido, argumentó que el arresto debe ser la última de las medidas cautelares a imponer, ya que existen otras menos severas en el Código Penal.
Los casos
Cifras del Ministerio de Gobierno, entidad que cobija a la Dirección de Sistema Penitenciario, revelan que hasta ayer habían en las cárceles del país 503 presos contagiados con el nuevo coronavirus.
Solo en la cárcel pública de Santiago, en Veraguas, 333 detenidos tienen el virus. En ese penal hay 503 reclusos, lo que quiere decir que más de la mitad está contagiada. De hecho, los casos de esta cárcel constituyen el principal foco de Veraguas.
Mientras que en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari, la principal cárcel de mujeres del país, se reportaban 97 internas contagiadas.
En tanto, en la cárcel La Nueva Joya se habían detectado 48 internos afectados por la Covid-19, y en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón se registraban 25 internos contagiados.
Las cifras varían de un día para otro. Las autoridades penitenciaras afirman que todo está controlado.
Los migrantes
Arosemena de Troitiño, quien fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá entre 2004 y 2009, también consideró que otro hecho crítico no solo para Panamá, sino para Centroamérica, es la gran cantidad de migrantes que se encuentran atrapados en diferentes países del área sin poder seguir su camino. Por lo general, su meta es llegar a Estados Unidos o Canadá.
En Panamá, el hecho más dramático se vive en los albergues de La Peñita y Lajas Blancas, Darién, en donde permanecen mil 993 migrantes que no han podido seguir su camino por el cierre de las fronteras por la Covid-19. Allí se han reportado más de 40 infectados.
La presidenta de la CIDH pidió a los países de la región que tomen acciones en conjunto para proteger a estos seres humanos.
Devolverlos a sus países de origen, aseguró, sería una opción peligrosa. Muchos de ellos huyen de países que están en guerra y con serios conflictos étnicos.
Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, en la región existen unos siete mil migrantes atrapados por el cierre de fronteras luego de que se decretara la pandemia.
Precisamente, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su presidenta, Elizabeth Odio Benito, exigió a Panamá que adopte las medidas necesarias para proteger la salud e integridad de estas personas, sin discriminación. El país debe presentar un informe al respecto el próximo 10 de junio.
Colombia | Inpec reporta más de mil contagios de Covid-19 en las cárceles del país
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, general Norberto Mujica, confirmó que en los centros penitenciarios del país ya se presentan 1.166 contagios de la Covid-19, entre personas privadas de la libertad y funcionarios.
Los centros de reclusión afectados por este virus son cinco en total. Según explicó el general, en la cárcel de Villavicencio actualmente 761 internos siguen presentando los síntomas, en Leticia 136 reclusos tienen coronavirus, en Guaduas y Florencia solo hay un caso y en Cartagena se presentan 237 casos en un pabellón.
Mujica informó además que a la fecha, en la cárcel de Villavicencio 41 internos y 33 guardianes se han recuperado y en La Picota de Bogotá ya no se registran casos.
Finalmente, el General indicó que 17 funcionarios fueron diagnosticados con Coronavirus y se está realizando el seguimiento a su estado de salud, así como que la próxima semana se realizará un nuevo ciclo de pruebas.
Cabe destacar que en los 132 penales que hay en el país, se mantienen los controles para evitar nuevos contagios y la propagación de este virus.
México | CNDH: reclusorios acumulan más de 200 casos de COVID-19 y 38 decesos
- 225 casos confirmados.
- 77 casos sospechosos.
- 38 decesos.
- 63 pacientes recuperados.
El mismo reporte indica que, con 99 casos confirmados, el estado de Jalisco es el que acumula más contagios de COVID-19 entre la población privada de la libertad; a esta entidad le siguen:
- Puebla (51).
- Yucatán (16).
- Estado de México (15).
- Ciudad de México (15).
- Chiapas (8).
- Oaxaca (7).
- Sinaloa (5).
- Tabasco (4).
- Quintana Roo (2).
- Chihuahua (2).
- Guanajuato (1).
La CNDH indicó que además se han reportado tres riñas -una de ellas en Tabasco- debido a las medidas de sanidad implementadas en los centros penitenciarios.
Respecto a los casos sospechosos, la Comisión Nacional especificó que cuatro corresponden a prisiones militares ubicadas en la Ciudad de México.
Asimismo, puntualizó que el total de decesos registrados tienen confirmación de COVID-19 por parte de la autoridad sanitaria.
La publicación de estos datos coincidió con los presentados por la organización Reinserta, en la que se señala que solo seis gobiernos estatales han transparentado la información del sistema penitenciario durante la emergencia sanitaria.
Reinserta recordó que desde el pasado 13 de mayo se solicitó a los sistemas penitenciarios del país que transparentaran la información relacionada con casos registrados y medidas implementadas al interior de los centros penitenciarios.
Sin embargo, solo los gobiernos Nuevo León, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California Sur presentaron los datos solicitados respecto al acceso a la salud, espacios de aislamiento, insumos, suministros, gobernabilidad, visitas y aspectos relacionados con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario.
En este sentido, la organización volvió a hacer un llamado al resto de las entidades para que transparenten esta información, pues la población privada de la libertad es una de las más vulnerables ante la epidemia debido a sus condiciones de hacinamiento.
«Instamos todos los estados de la República a sumarse y participar, reiterando nuestro compromiso de sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, el personal penitenciario y, en general, la reinserción social en México», expresó en un comunicado.
Por su parte, la organización Equis Justicia refirió que la Ley de Amnistía fue aprobada hace más de un mes con la intención de liberar a personas condenadas por delitos menores y, a su vez, evitar contagios dentro de los centros penitenciarios, pero que la comisión especial que revisaría los casos ni siquiera ha sido conformada.
«Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal», sostuvo.
Esta medida, agregó, es de particular importancia en la epidemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario.
Además de conformar la comisión especial para revisar los casos de posible amnistía, Equis Justicia solicitó al Ejecutivo federal:
- Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán los casos avalados por la comisión.
- Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
- Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro
- Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
- Asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas.
#AminstíaYa Hace más de un mes que aprobaron la #LeyDeAmnistía y la Comisión que revisará los casos aún no se ha conformado.
La implementación de la Ley es un paso importante para garantizar los derechos de las #PPL.#LiberarlasEsJusticia ??????https://t.co/bV6mBk0mpa pic.twitter.com/qnNDVeOBgO
— EquisJusticia (@EquisJusticia) May 28, 2020
