Crisis carcelaria en América Latina: nueve muertos en un penal peruano tras protesta por medidas sanitarias
Perú | INPE: Son nueve reos los fallecidos en total durante el motín en el penal Castro Castro
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó este martes que son nueve los internos del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, que fallecieron en el motín registrado durante la tarde del lunes, que ya fue controlado. Las protestas se iniciaron por el temor a más contagios de coronavirus (Covid-19) entre los presos.
En un comunicado, el INPE precisó que internos de 9 de los 14 pabellones que hay en el recinto penitenciario protagonizaron una reyerta con armas punzo cortantes y objetos contundentes, quemaron colchones y destruyeron infraestructura interna de los pabellones.
Según el ente penitenciario, desde los techos del penal los internos buscaron impedir el ingreso de policías, y los atacaron con el objetivo de facilitar una fuga masiva, que se evitó.
El INPE señala que se procedió conforme a los protocolos de seguridad vigentes, y se dispuso el ingreso de personal de seguridad penitenciaria con el apoyo de 200 efectivos de la Policía. Además, se comunicó de la situación al Ministerio Público para que intervenga en el marco de sus facultades, para así garantizar que las acciones para el restablecimiento del orden dentro del penal se circunscriban a los márgenes de la legalidad.
Las agentes del orden lograron reducir a los internos amotinados y retomaron el control del recinto, agrega el INPE en su comunicado, en el que confirmó que en la reyerta murieron nueve reos que ya fueron identificados.
Los fallecidos son Henry Silva Ramírez (preso por homicidio calificado), Jorge Luis Tirado Travel (robo agravado), Alex Villegas Villena (homicidio calificado), Mario Coronado Ortiz (violación sexual), Juan Carlos Camacho Quezada (robo agravado), Héctor Palomino Alfaro (robo agravado), Elías Lazo Huaylino (tráfico ilícito de drogas), Jaime Tasayco Canela (feminicidio) y Efraín Ticlla Huachaca (robo agravado).
Además, resultaron heridos los internos José María Málaga Morla (feminicidio) y Roberto Domínguez Mullisaca (tráfico de drogas) así como 60 agentes del INPE y cinco efectivos policiales.
En el operativo participaron 70 integrantes del Ejército, que tomaron control de los exteriores del penal y de las calles aledañas al recinto penitenciario.
El INPE aseguró también que se encuentra en la etapa de distribución de material de bioseguridad y pruebas rápidas, para evitar la propagación del Covid-19 dentro de los penales.
Precisamente, en paralelo al motín en Castro Castro, se registraron protestas en otros recintos, como en el penal de Ancón 2 y en la cárcel de Huancayo, donde los presos denunciaron falta de alimentos, medicinas y su temor a más contagios por el virus, que ya ha matado a 631 reos en todo el país, según cifras del INPE, que precisó que a la fecha se han practicado 1.393 pruebas rápidas en las cárceles a nivel nacional.
Reportan en ‘El Pozo I’ la muerte del primer reo en Honduras por COVID-19
La Asociación de Familiares de Privados de Libertad, informaron este martes que se les reportó la muerte por sospechas de COVID-19 de un reo en la cárcel de máxima seguridad ‘El Pozo I’, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, occidente de Honduras.
Se trata de un hombre de 52, quien murió el pasado lunes 20 de abril, quien ingresó a Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula, tras que las autoridades penitenciarias lo reportaran como un deceso de forma natural.
Según informes del noticiero TN5 Matutino y Hoy Mismo, especialistas forenses le tomaron de forma ‘post mortem’ las muestras al reo, para la prueba por sospechas de COVID-19 y fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Virología, arrojando en las últimas horas un resultado positivo.
‘Debo ser responsable en lo que diré, pero esperaremos a que la ministra de Salud, nos brinde el informe al respecto porque me dijo que no lo tiene en sus registros’, agregó Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad.
Seguidamente indicó que ‘la verdad es que si haremos la espera correspondiente porque necesitamos que nos aclaren, ya que la relacionadora pública del Instituto Nacional Penitenciario (INP), nos confirmó que las pruebas que le hicieron al reo fueron positivas y que los resultados llegaron ayer’.
‘Asimismo, nos pusimos en contacto con un familiar del reo y efectivamente dijo que se le había dado un resultado positivo al virus’, añadió.
La dirigente solicitó a las autoridades una intervención de los centros penales en Honduras para evitar contagios y una pronta investigación sobre el caso.
Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo en TN5 Matutino que el caso de muerte del reo será investigado para conocer si él estaba enfermo, cuál era su patología de base y de esa manera determinar si la causa fue por COVID-19.
’Se sebe hacer un proceso de investigación en caso que esta información sea correcta, se tiene que hacer un mecanismo de aislamiento en el internado, investigar los posibles contactos, aunque en ‘El Pozo’ hay separación de reos por celdas’, señaló Flores.
Colombia | COVID-19 en las cárceles: van 324 contagios confirmados y tres muertes
Desde hace meses, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los nefastos efectos que tendría la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad. En Colombia, donde el hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado «estado de cosas inconstitucional» el panorama no es distinto.
El virus llegó primero a la cárcel municipal de Villavicencio y se ha expandido desde entonces a otros centros de reclusión. En esta nota le mostramos cómo.
28 de abril de 2020
En la cárcel de Villavicencio, epicentro de la pandemia entre los penales del país, ya hay 310 casos. Este diario conoció que dos funcionarios del Inpec que laboran en la cárcel de Florencia contrajeron el COVID-19, con lo que la cifra de contagios en este centro de reclusión asciende a cinco.
27 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que la cifra de contagios en la cárcel de Villavicencio ascendió a 203. Sumando la primera muerte de un hombre que ya había recuperado su libertad, van 204 casos vinculados a este centro de reclusión.
26 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que la cifra de contagios en la cárcel de Villavicencio ascendió a 186, entre guardias y funcionarios. Esto, pues las autoridades no cuentan el primer caso reportado, ya que se trataba de un hombre que murió tras recuperar la libertad.
25 de abril de 2020
Se confirma el primer contagio de COVID-19 en la cárcel Picaleña de Ibagué. Se trata de un interno que en las últimas semanas había llegado trasladado de Villavicencio, luego de que, supuestamente, fuera central en un intento de motín en el centro de reclusión de la capital del Meta. Con la confirmación de la presencia del nuevo coronavirus en la cárcel de la capital de Tolima, ya son seis las prisiones del país con casos de esta enfermedad.
24 de abril de 2020
Se confirma el primer caso de COVID-19 en la cárcel de Leticia (Amazonas). Se trata de un guardián que estuvo recientemente en Brasil. Según conoció este diario, el hombre ha guardado todas las recomendaciones de bioseguridad y se encuentra aislado.
23 de abril de 2020
Se confirmó que la cifra de contagios en La Picota ascendió a cinco. El alcalde de Villavicencio confirmó que los casos en la cárcel municipal ascendieron a 109. Adicionalmente, contrajeron la enfermedad la auxiliar de enfermería y la enfermera jefe, que son todo el personal de salud que hay en el centro de reclusión, así como el jefe de cocina y el chef de la prisión.
22 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirma 40 nuevos contagios en la cárcel de Villavicencio, donde están recluidas 1.782 personas. Aunque inicialmente estaban contagiados solo en uno de los patios (el Santander), en esta oportunidad se confirmó que 38 internos del otro pabellón de la cárcel, el Colombia, también tienen el virus. Los otros dos casos son de guardias del Inpec.
Asimismo, se confirmó el primer caso en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), ubicada en la vía que conduce de este municipio a Honda (Tolima), sobre el kilómetro 30. Se trata de un interno que fue trasladado en las últimas semanas de Villavicencio.
21 de abril de 2020
Se confirman más casos en la cárcel de Villavicencio para un total de 12 privados de la libertad y 15 funcionarios contagiados. Hay tres víctimas.
19 de abril de 2020
Se reporta el primer caso de contagio en la cárcel Las Heliconias de Florencia en Caquetá. Se trata de un joven de 35 años que fue trasladado de la cárcel de Villavicencio.
18 de abril de 2020
Se confirman los dos primeros casos de contagio en la cárcel La Picota de Bogotá. Se trata de dos personas que fueron trasladadas de la cárcel de Villavicencio en días anteriores.
17 de abril
El Inpec confirmó la muerte del recluso de la cárcel de Villavicencio que estaba hospitalizado para un total de tres muertos. También reportó 20 casos de contagio activos: 13 presos y 7 guardias.
11 de abril
El Inpec confirmó la primera muerte de un recluso bajo su vigilancia. Se trata de un hombre de 78 años que estaba en la cárcel de Villavicencio con antecedente de enfermedad respiratoria. Además, se confirmó el contagio de un recluso que estaba hospitalizado desde comienzos de abril.
10 de abril
Colombia reporta el primer recluso fallecido por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 63 años con antecedente de enfermedad respiratoria que estaba detenido en la cárcel de Villavicencio. Aunque recuperó su libertad el 1 de abril, fue directamente al hospital local y allí murió el 5 de abril.
Argentina | Protesta en una cárcel de Mendoza: los presos que se cosieron la boca reclamaron desde los techos
Por Adriana Meyer
Los reclusos de la cárcel mendocina de Boulogne Sur Mer protestan por las condiciones carcelarias en las que se encuentran frente a la covid-19. Son unos 200 y lo hicieron, igual que los presos de Devoto, sobre los techos del penal. Unos días atrás realizaron una huelga de hambre y se cosieron los labios. A pesar de los momentos de tensión, el martes hubo una extensa reunión donde negociaron con las autoridades penitencarias, el director de servicio penitenciario Eduardo Orellana, otros funcionarios del Ejecutivo de Mendoza y los jueces de Ejecución Penal, entre ellos Sebastián Sarmiento.
El gobernador Rodolfo Suárez se pronunció en contra de todo reclamo que tenga que ver con la liberación de presos. «No tenemos por qué andar liberando gente que ha cometido delitos, en otros lugares salen y vuelven a delinquir», expresó el mandatario provincial, en sintonía con el pensamiento del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Suárez también señaló que “desde el gobierno no vamos a propiciar salidas, aunque eso luego quedará en manos de la Justicia».
«Las declaraciones del gobernador generaron malestar, pero les expliqué que las vías para buscar libertades anticipadas o prisiones domiciliarias se analizarán caso por caso, no deben esperar una actitud discresional del gobernador que nunca iba a venir, que tienen que pelear por sus derechos pero de otra manera», relató el juez Sarmiento ante Página/12.
El lunes, unos cien presos del penal mendocino de Boulogne Sur Mer se subieron por más de dos horas a los techos de un sector de la unidad en reclamo de beneficios ante la pandemia del coronavirus. Las autoridades dijeron que exigían una mesa de diálogo y la presencia de la justicia, algo que comenzó a concretarse el martes en un encuentro donde se analizarían quiénes pueden acceder a beneficios.
Según Orellana, “hubo unos disparos (por parte de los guardias) que buscaron en un principio controlar la situación y ellos (por los presos) inmediatamente empezaron a reclamar la presencia de alguna autoridad penitenciaria”. Ante la promesa de ser escuchados “inmediatamente la situación finalizó, cumplieron con su palabra de bajarse de los techos y no producir daños”.
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura se había presentado en el penal para entrevistar a presos que se encuentran en huelga de hambre desde hace dos semanas en reclamo de «celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en covid-19; pronta resolución de libertad asistida y condicional, aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios y entrega de elementos de limpieza». “En definitiva, se solicita descomprimir la población carcelaria para garantizar condiciones de salud”, indicó el comité.
Las mujeres que están alojadas en la cárcel de El Borbollón también se plegaron a la protesta, reclamando que las dejasen usar teléfonos celulares, autorizados en todos los penales de la provincia hasta que vuelvan las visitas. La directora no accedió y ante un ruidazo fueron reprimidas con balas de goma, como informó PáginaI12 ayer.
Al cierre de esta edición, el juez Sarmiento dijo a Página/12 que los reclusos están elaborando un petitorio general que les enviarán a las autoridades. Se hizo una reunión con los referentes de los pabellones de Boulogne Sur Mer, otros magistrados, el subsecretario de Justicia, el director del Servicio Penitenciario, las procuraciones penitenciarias federal y provincial, y la dirección de Derechos Humanos de la Corte. «Estuvimos dialogando, con cierto grado de tensión normal, pero con mucho respeto. Se acordó una metodología de trabajo para que acerquen los pedidos de los reclusos al Servicio Penitenciario, y se va a contrastar si esos pedidos están en el ámbito judicial o les falta un empujón desde lo administrativo», describió el magistrado, y agregó que habrá otro encuentro el jueves próximo.
Las personas privadas de su libertad sostienen que es imposible el aislamiento por coronavirus en la cárcel, y vienen adoptando estas medidas extremas para visibilizar su pedido, porque temen que el virus se propague en los complejos penitenciarios por el hacinamiento y las “malas condiciones de limpieza”. La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que «la prioridad es salvar vidas» y que «si el virus ingresa en los ámbitos carcelarios colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie».
Bolivia | Liberación de presos en la situación más crítica de las cárceles
En los últimos 20 días, a raíz de la pandemia, se produjo una oleada mundial de morigeración de las penas de los presos.
Un solo estado norteamericano, California, mandó a sus casas a 3.500 internos, pero las cifras son impresionantes en todos los países. Las razones son tres.
La primera, es que la cárcel es lo opuesto al aislamiento y mueren los presos. Pero no sólo los presos. Sino también los penitenciarios, los médicos, enfermeros y una parte del personal de los penales.
La segunda razón es que este último hecho provoca un tremendo ausentismo del personal. En Escocia, el lunes falta el 25 por ciento de los penitenciarios. De manera que se está previniendo el hecho concreto de que no haya quien cuide y controle a los internos.
La tercera razón es el contagio. No únicamente hacia adentro de la cárcel sino hacia afuera. Chicago definió que el penal Cook Jail, que tiene 355 infectados, es el principal foco de la ciudad. La prisión Marion, en Ohio, tiene el record, seguramente mundial: 1.800 internos contagiados. Y eso no queda encerrado en los muros. Aunque la mayoría de la gente no lo sepa, son muchísimas las personas, obviamente no los presos, que entran y salen cada día de un penal y lo mantienen en estrecho contacto con el mundo que lo rodea.
Los números en algunos países son impactantes: Iran puso en libertad a 85.000 prisioneros, una cifra descomunal. Turquía mandó a sus casas 45.000. Indonesia 30.000. En Brasil, el cálculo más restrictivo, es que salieron de los penales unos 30.000 presos. Algunos dicen que ya está en su domicilio el doble de esa cifra.
Francia, hasta el 13 de abril, liberó a 9.923 detenidos según los datos oficiales de la Asamblea Nacional, publicados por el diario Nice–Matin. Desde el 13 hasta hoy, la cifra superó largamente los 10.000.
En el Reino Unido, el sistema federal tiene 84.000 presos, y ya salieron 4.000, dice la BBC en un informe publicado el 4 de abril, es decir que hoy el número es muy superior. El mismo medio dice que aproximadamente dos mil presos están infectados y el cuello de botella son los penitenciarios: el ausentismo es masivo, incluyendo el 25 por ciento de faltazos en Escocia.
En Estados Unidos, el país con mayor cantidad de presos del planeta –2.300.000 entre federales y estaduales–, no sólo California mandó a sus casas a 3.500 internos, dato publicado por el diario The Guardian, de Londres. El gobernador de Nueva York ordenó la domiciliaria para 1.100 presos. La cadena de derecha Fox, calculó hace casi un mes, que la cifra de liberados, superaba los 16.000. El procurador William Barr libró la orden de que salgan de las prisiones federales los detenidos de más de 60 años, unos 10.000. Incluso Donald Trump estuvo por firmar una instrucción de que se otorgue la libertad condicional a todos los que hubieran cumplido la mitad de la pena. El presidente al final no firmó esa norma.
El verdadero cálculo hoy en día es que están en sus casas el 20 por ciento de todos los que estaban en penales y el The New York Times estimó que Estados Unidos tiene en este momento la menor cantidad de presos desde la Segunda Guerra Mundial.
En México –según un cable de Reuters– se dictó una amnistía que benefició a 6.200 presos, la mayoría excarcelados con pulseras electrónicas. A una parte no se le permite salir todavía porque se está verificando si están infectados. En el total se incluyen 200 mujeres que están presas por abortar.
«Hoy promulgamos la ley de indulto general conmutativo, que conmuta o sustituye la privación de libertad en los establecimientos penitenciarios de 1.700 personas por reclusión total en los domicilios». El comunicado oficial del 16 de abril lleva la firma de Sebastián Piñera, presidente de Chile.
Mediante el decreto número 546 del presidente Ivan Duque, se dictó la prisión domiciliaria de unos 4.000 presos en Colombia.
Un solo estado alemán, Westphalia, liberó mil presos y España envió a prisión domiciliaria a todos los detenidos llamados de tercer grado, o sea que tenían ya salidas transitorias y están en la última etapa de su condena. En total, cerca de 8.000.
Es fácil observar que todas estas medidas fueron tomadas por gobiernos de distintos colores, presidentes de derecha, de ultraderecha, progresistas, de centro, islamicos, cátólicos, anglicanos o poco creyentes.
Tampoco parece probable que junto con el coronavirus se haya desarrollado una epidemia de piedad o amor al prójimo. La explicación es que tanto la Organización Mundial de la Salud, como la titular de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, coincidieron en que las cárceles son una catástrofe potencial, por el peligro de contagios dentro de los establecimientos dado que no hay marco para distanciamiento alguno; peligros de infecciones hacia afuera porque los penitenciarios, médicos, cocineros, empleados entran y salen; porque el hacinamiento y el temor provocan motines en todas las latitudes y porque hay una multitud de internos que no representan peligro, incluso con la ayuda que hoy se encuentra en la tecnología y en los dispositivos como pulseras y tobilleras.
Hay un mito de que un preso puede romper o librarse de esos mecanismos electrónicos. La realidad es que ocurre en menos del uno por mil de los casos: son muy pocos los ex detenidos que arriesgan el beneficio de estar en su casa en lugar de cursar la detención en el infierno de la cárcel.
Este panorama mundial es el que explica el presidente de Argentina, Alberto Fernández: «No es un problema solo de la Argentina -argumentó -. Hablemos con seriedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que los estados debemos atender la salud de los que están presos y ahí recomiendan la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas. El mundo entero aborda este problema». (Tomado de Página 12-Argentina)
Chile | Pandemia en la cárcel: Conoce el número de contagiados por recinto penal en Chile
Distintos organismos han manifestado su preocupación por la población penitenciaria y funcionarios de Gendarmería en medio de la pandemia del COVID-19.
El pasado 14 de abril la Corte Suprema, a través del informe «Situación recintos penitenciarios en pademia COVID-19», advertía las dificultades al implementar las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio, debido a las malas condiciones con que funcionan las cárceles en Chile.
El informe indica que «Gendarmería de Chile ha implementado todas las medidas y protocolos necesarios para impedir el brote del virus al interior de los 26 recintos penitenciarios y, en su caso, para evitar su expansión», sin embargo el estado de hacinamiento, los recursos limitados de implementos de aseo y desinfección, así como de mascarillas, guantes, alcohol y jabón; complican la gestión.
El escenario se muestra complejo y arrastra una realidad carcelaria desde hace muchos años en el país.
El brote que alertó a las autoridades se produjo en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. ¿Pero cuáles son las cifras en el resto de los recintos?
Según las últimas estadísticas entregadas por Gendarmería de Chile, hay 163 personas privadas de libertad contagiadas con coronavirus y 169 funcionarios de Gendarmería en la misma situación.
Revisa la curva de evolución de casos acumulados desde el 14 de abril:
Si miramos las cifras en detalles, estas están claramente determinadas por el brote que hubo en Puente Alto, recinto que contiene la mayor cantidad de afectados.
Del total hay 11 personas recuperadas del virus.
Respecto a los casos acumulados de funcionarios de Gendarmería, estos también están concentrados en la región Metropolitana y Tarapacá.
De los 169, ya hay 15 que se pueden considerar como recuperados.
Tanto Gendarmería como el Ejecutivo ha aplicado medidas para descomprimir la situación al interior de las cárceles.
El Presidente Sebastián Piñera, el 16 de abril promulgó la Ley de Indulto Conmutativo, que beneficia a 1.300 personas.
En tanto el plan de contingencia de Gendarmería incluye las siguientes medidas:
· Se han suspendido las visitas a los establecimientos penitenciarios para disminuir el flujo de personas que ingresan.
· Protocolo de aislamiento en cada recinto penitenciario para caso sospechoso de contagio o ante una eventual confirmación, traslado a hospital si es que fuera necesario.
· Plan de atención a los adultos mayores.
· Todas las unidades penales cuentan con insumos sanitarios como mascarillas, guantes, dispensadores de jabón, termómetros infrarrojos y alcohol gel (uso responsable).
· Sanitización de los espacios de los recintos penitenciarios y carros de traslados.
· Inicio anticipado de vacunación para la influenza, tanto para privados de libertad como funcionarios.
· Los traslados interpenales están suspendidos, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad, implementación de audiencias y visitas por videoconferencias.
· Las encomiendas se continúan recibiendo con normalidad, pero con un estricto proceso de desinfección.
· Se establece una red de plazas intra penitenciarias de aislamiento en caso de brote de la epidemia, correspondiente a 1749 plazas.
· Se están llevando a cabo inducciones en pautas de prevención del contagio de COVID-19, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de Gendarmería de Chile.
· La distribución e instalación en todas las unidades penales de insumos sanitarios como: mascarillas, dispensadores de jabón y alcohol gel.
· Elaboración de protocolos de atención y derivación a centros asistenciales de la red asistencial de salud ante casos de sospecha de contagio.
El Salvador | Gobierno minimiza las críticas internacionales
«Él está defendiendo la vida de las personas», enfatizó en reiteradas ocasiones la comisionada presidencial para coordinar el gabinete, Carolina Recinos, para defender actitudes del presidente Nayib Bukele que generaron críticas internacionales.
Una de las más polémicas posturas del presidente fue la que tomó cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una resolución del 15 de abril, ordenó que se respetaran los derechos fundamentales y se evitarán confinamientos sanitarios forzosos en aquellas personas que circularan en las calles sin la autorización correspondiente.
El presidente, en un tuit, dijo abiertamente no iba a acatar el llamado de la Sala porque hacer significaría «la muerte del pueblo».
La comisionada, en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, endosó también su respaldo a la actitud del presidente y restó importancia a las críticas que organizaciones internacionales hicieron.
«Las opiniones internacionales no necesariamente vienen de gobiernos ni de los sectores que están involucrados directamente en contener la pandemia en cada uno de sus países; vienen de grupos que probablemente ahorita tienen un poco más de tiempo para estar escribiendo. Nosotros estamos trabajando», dijo la funcionaria.
Recinos consideró que es fácil opinar desde una posición que no implica el involucramiento directo en el combate de la pandemia por el covid-19.
«La verdad es que van a surgir un montón de teorías, muchos tienen un poquito más de tiempo para estar escribiendo, nosotros estamos trabajando intensamente por detener la pandemia», dijo la comisionada.
Quienes salieron al paso de la postura que tomó Bukele aquel 15 de abril hacían también alusión a que esa decisión se juntaba con lo que ocurrió el 9 de febrero, cuando se militarizó la Asamblea Legislativa.
El lunes pasado se conoció que The Economist incluyó a El Salvador en una lista de naciones que están utilizando de excusa la pandemia del covid-19 para concentrar cuanto poder sea posible en el Órgano Ejecutivo.
«El Gobierno no está concentrando poder ni está concentrando decisiones; de hecho, todos los paquetes que está llevando a la Asamblea Legislativa lo está haciendo a través de un comité que está integrado por diferentes fuerzas vivas de la nación», respondió la funcionaria al ser consultada sobre la inclusión de El Salvador en la lista de países que hizo The Economist.
Human Rights Watch, por su parte,observó que si Bukele continúa continúa tomando posiciones extremas o de desprestigio a quienes considera que son su oposición «se graduará muy pronto de caudillo».
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