Federación Internacional de DDHH pide a la Corte de El Salvador suspender cercos militares y toques de queda
La Federación Internacional de Derechos Humanos y Justicia (FIDHJ) solicitó, por medio de una demanda, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenda los cercos militares y toques de queda impuestos por el Gobierno y alcaldías como medida para combatir la expansión del nuevo coronavirus.
Una salvadoreña, con asistencia de la FIDHJ, hizo la solicitud al tribunal constitucional con una demanda de habeas corpus que busca beneficiar a los habitantes de los 12 municipios que están bajo tipos de toques de queda impulsados por las alcaldías, además de la ciudad La Libertad, donde el Gobierno impuso un cerco sanitario el fin de semana anterior.
La organización demandante consideró que son ilegales las acciones del presidente de la república, Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y las 12 alcaldías involucradas. El argumento es que limitan la libre circulación de los ciudadanos sin que exista una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
En el habeas corpus son demandados los alcaldes y concejos municipales de San Salvador, Apopa, Colón, Santa Cruz Michapa, San Pedro Masahuat, Ayutuxtepeque, Nuevo Cuscatlán, Metapán, Ozatlán, Nombre de Jesús, Santa Isabel Ishuatán y Puerto El Triunfo. Pero también mencionan el polémico «cerco sanitario» que ordenó Bukele el viernes pasado en La Libertad, luego que se difundió un video de varios pobladores en la calle.
Las alcaldías empezaron a restringir el libre tránsito luego de que el presidente Bukele les hizo la invitación el fin de semana pasado a través de Twitter. Según la demanda, este tipo de cordones no son sanitarios, sino «militares» que eliminan la libre circulación sin un aval legal.
Quienes no respetan las restricciones son detenidos por la PNC y conducidos a albergues durante 30 días, una medida que inició el 21 de marzo cuando el presidente Bukele aprobó cuarentena domiciliaria nacional por el nuevo coronavirus.
Los magistrados tienen que analizar si esta demanda cumple con los requisitos legales para admitirla; si la aceptan, deben estudiar los argumentos para decidir si los demandantes tienen razón. La FIDHJ dijo que mientras hay una resolución en firme solicitaron que la Sala elimine la medida, además de buscar que la Fiscalía General de la República (FGR) procese a todos los demandados.
