Malvinas y las insuperables debilidades de la posición británica – Por Marcelo Kohen y Facundo Rodríguez

Por Marcelo Kohen y Facundo Rodríguez *

Como todos los años, la Argentina distribuyó el 3 de enero de 2020 en la Asamblea General de las Naciones Unidas su comunicado recordando la fecha en que se produjo el despojo por la fuerza de las islas Malvinas por parte del Reino Unido e invitando al gobierno británico a reanudar las negociaciones para resolver la controversia de soberanía. La representación británica difundió una respuesta el 20 de febrero que es asombrosa a más de un título. Falsea hechos que a esta altura son ampliamente conocidos, oculta otros, avanza en argumentos que no resisten el análisis y se erige en juez de su propia causa para pretender justificar el no respeto de una obligación elemental de las relaciones internacionales que es la de resolver las controversias entre Estados por algunos de los medios de solución pacífica disponibles.

La ligereza de la respuesta británica desnuda la flaqueza de su posición. Hay en ella un reconocimiento del desalojo por la fuerza de la Argentina en 1833.Ya de por sí, ello no constituía una manera de actuar entre dos países que mantenían relaciones diplomáticas y habían celebrado un tratado de amistad ocho años antes. El primer esfuerzo es pretender demostrar que en ese momento no se expulsó a la población civil, solo a la guarnición militar. El objetivo es evitar que lo evidente surja claramente: después de expulsar a la Argentina el gobierno británico instaló a su propia población y ahora pretende que sean sus ciudadanos quienes decidan la disputa.

En tan solo un párrafo se encuentran un sinnúmero de falsedades y omisiones. Parece sugerir que la Argentina “intentó imponer su soberanía” en 1832 y que el gobierno británico protestó y luego procedió al desalojó. Como si la Argentina no hubiera ejercido su soberanía antes de 1832 y como si fuera el Reino Unido quien lo hacía. En realidad la documentación existente demuestra que apenas cinco días después de instalado el primer gobierno nacional en 1810 ya dispuso actos de autoridad sobre las islas, tomó formalmente posesión de ellas en 1820 y durante la década siguiente fue el primer país en lograr desarrollar un asentamiento humano en las islas económica y socialmente viable. Pretende el documento británico que la población allí establecida “había solicitado y recibido permiso británico para residir en las islas”. No solo es totalmente falso, sino que el consulado británico en Buenos Aires había certificado los permisos oficiales argentinos por los cuales tal población se estableció en Malvinas sin que mediara protesta alguna de su parte. Quien estuvo a la cabeza de la obra civilizadora argentina de las islas envió tales documentos a Europa para atraer población.

La nota británica del 20 de febrero de 2020 continúa afirmando que la mayoría de los pobladores aceptaron la “invitación” del comandante británico que ocupó por la fuerza el territorio de quedarse en él. La realidad es que dos tercios de quienes estaban decidieron volverse a Buenos Aires y que los residentes que se encontraban en dicha ciudad nunca pudieron volver a instalarse en las islas debido a la ocupación británica.

Invoca dicha nota una pretendida soberanía británica sobre las islas desde 1765, cuando en realidad el conjunto del archipiélago se encontraba bajo exclusivo ejercicio de soberanía española al momento del inicio de la independencia argentina en 1810. Por consiguiente, en virtud de una regla bien establecida de Derecho Internacional, Argentina sucedió a la soberanía española.

La realidad es que Gran Bretaña se “acordó” de las Malvinas solo cuando el ingente esfuerzo argentino de una década en las islas comenzaba a dar sus frutos. Su objetivo era estratégico y su excusa fue la de revivir una endeble reivindicación muerta desde hacía 55 años. Aprovechó su poderío de principal potencia colonial y naval de la época frente a un joven Estado envuelto en combates fratricidas que no podía oponérsele militarmente, pero el que sin embargo protestó inmediatamente. La prepotencia imperial fue la respuesta a los intentos diplomáticos argentinos.

Pretende la misma nota británica que la Argentina no tenía presencia en el sur e invoca que las islas forman hoy parte de la provincia de Tierra del Fuego cuando la propia Tierra del Fuego no formaba parte de la Argentina en 1833. “Olvida” la nota británica que la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas incluían “las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico”. Fue precisamente el despojo británico de 1833 el que impidió que la Argentina pudiera desarrollar su territorio austral durante buena parte del siglo XIX.

Consciente de la ausencia de fundamentos jurídicos para invocar su pretendida soberanía sobre las islas, el Reino Unido pretende escudarse en el principio de libre determinación de los pueblos. El mismo principio cuya existencia negó que existiera antes de 1970 hace poco tiempo atrás ante la Corte Internacional de Justicia. La Argentina, por el contrario, ha sido y es un fiel sostenedor de este principio. Como Estado surgido de la lucha anticolonial, no es de extrañar esta posición. En la cuestión Malvinas, el principio de libre determinación de los pueblos es manipulado e impropiamente invocado por el gobierno británico con dos objetivos: mantener su presencia en la región del Atlántico Sur y evitar solucionar la controversia de soberanía que mantiene abierta con la Argentina desde 1833.

Sabe muy bien el gobierno británico que no es la potencia colonial quien decide si se aplica o no tal principio, sino las Naciones Unidas, la organización que ha llevado y lleva adelante el proceso de descolonización, como lo señaló la opinión de la Corte Internacional de Justicia en la que dictaminó que la separación británica del archipiélago de Chagos de Mauricio fue contraria al Derecho Internacional.  Y sabe muy bien también que ningún órgano de las Naciones Unidas aplicó el principio de libre determinación a los habitantes actuales de las islas Malvinas. Las resoluciones de la Asamblea General y de su Comité de descolonización dicen claramente que la manera de poner fin a la situación colonial particular es la solución de la controversia de soberanía sobre las Islas y que se deben tener en cuenta los intereses de los habitantes. Pero no son los residentes británicos quienes pueden decir la controversia entre la Argentina y el Reino Unido. En la crisis actual del Covid-19, el gobierno argentino demostró su preocupación por proteger la salud y el bienestar de los habitantes, pero se encontró una vez más con la arrogancia de la dirigencia isleña, que subordina aquellos a sus objetivos políticos de mantenimiento de la situación colonial.

La Argentina cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y exige el cumplimiento de la obligación de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Es hora que el Reino Unido cumpla con su obligación.

* Marcelo Kohen. Profesor de derecho internacional en el Graduate Institute de Ginebra y con Facundo Rodríguez son autores de Malvinas entre el Derecho y la historia.