ONU: Michelle Bachelet denuncia violaciones a los DDHH en Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela
Bachelet pide “fijar responsabilidades” por violaciones de DD.HH. cometidas en protestas en Chile y Ecuador
La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en “Chile y Ecuador” existe «una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas” y apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”.
En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).
La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó «con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.
simismo destacó que su oficina está preocupada “por la imputación de distintos delitos a cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua Administración” del depuesto presidente Evo Morales.
Bachelet también se refirió a Brasil, país en el que aseguró que están proliferando “ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas”. “También hay un aumento de las requisas de tierras de indígenas y afrodescendientes, y esfuerzos por deslegitimar el trabajo de la sociedad civil y sus movimientos”, concluyó.
ONU denuncia amenazas a Derechos Humanos en Venezuela, Colombia y Centroamérica
En una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en diez países, la mitad de ellos latinoamericanos, la expresidenta chilena exhortó a sus gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales. Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.
«Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos», subrayó la alta comisionada.
«Colombia usa a Ejército contra protestas sociales”
Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del Ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres. «Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia», subrayó Bachelet, para señalar que en 2019 su oficina documentó al menos 108 asesinatos de activistas (la Defensoría del Pueblo colombiana eleva este número a 134).
En el turno de réplicas, la representante colombiana replicó que las autoridades «no ahorraron esfuerzos para proteger a líderes y defensores de los derechos humanos», y atribuyó los ataques contra estos activistas a grupos armados y organizaciones criminales que suponen «el mayor desafío» para el Gobierno.
«Abogados de víctimas en Nicaragua son intimidados”
Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 «las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo».
«Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones», mientras «el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado», denunció Bachelet, quien recordó que 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018, y que 40 de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor de la Ley de Amnistía de junio de 2019, según organizaciones de la sociedad civil.
Pobreza y violencia obligan a emigrar
En cuanto a Guatemala, Bachelet pidió a las autoridades que adopten medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y miembros de las instituciones judiciales.
Sobre Honduras, la alta comisionada recordó los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad, que han incidido en la emigración de muchos ciudadanos hacia Norteamérica, y pidió a la Justicia nacional que continúe la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en 2016.
Michelle Bachelet, preocupada por situación de DD. HH. en Colombia
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó en la mañana de este jueves su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.
“Asimismo, dijo la alta funcionaria, reitero mi preocupación por el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social”.
Por eso, se mostró enfática al pedir a la Fiscalía General de la Nación que esté vigilante para que se “mantenga la investigación en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos al presentar su Informe sobre Colombia dijo que saludaba la renovación del Acuerdo de sede de su Oficina lo que “nos permitirá seguir apoyando los esfuerzos para consolidar la paz y promover el pleno goce de los derechos humanos”.
En su discurso, dijo que “aliento a que el Estado implemente todos los aspectos del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, incluyendo la reforma rural, y manteniendo como eje central los derechos de las víctimas”.
“Saludo los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición e insto a que se consoliden dichos avances”, agregó.
“Saludo también el firme compromiso de la mayoría de los exintegrantes de las FARC-EP con el proceso de paz”, añadió.
Sin embargo, dijo: “En 2019, mi Oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres”.
“Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. En 2019, documentamos 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos; al 19 de febrero de este año, mi Oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados”, contó.
“Los números de la Defensoría del Pueblo son aún más altos. La institución documentó 134 casos de homicidios en 2019”.
Bachelet contó que “a mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y fueron asesinadas por promover la implementación del Acuerdo de Paz en materia de restitución de tierras y substitución de cultivos ilícitos”.
En línea con esta afirmación dijo: “Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables -incluido los autores intelectuales”.
Finalmente, reitero la plena disposición de mi Oficina para seguir apoyando a las autoridades en la implementación de las recomendaciones de mi informe.
Gobierno: ‘Es un informe incompleto y desbalanceado
En respuesta al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Gobierno Nacional lamentó que este organismo “haya dejado pasar la oportunidad de producir un informe completo, balanceado, integral y actualizado que refleje en forma precisa la compleja realidad colombiana y tome en cuenta el contexto preciso en el que sucede dicha realidad”.
Así lo escribió en un documento oficial la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas entregado a la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH., Michelle Bachelet, en Ginebra (Suiza).
Sobre el Esmad, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que este escuadrón “cumple con todas las normas internacionales”.
“El Esmad funciona incluso dentro del marco de pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas y dentro del marco de algunas recomendaciones”, argumentó el funcionario.
Sobre la recomendación de transformar el Esmad, hecha por el organismo multilaterla, Holmes Trujillo dijo que “naturalmente siempre se puede mejorar” y que este tipo de fuerzas existen en 125 países.
Es una intromisión en la soberanía del país: Duque sobre informe de la ONU
Entre otras observaciones, el informe de la ONU le pidió al Gobierno que la supervisión de la Policía pasara del Ministerio de Defensa al del Interior para “fortalecer la capacidad institucional”
Ante esto el jefe de Estado aseguró que el Gobierno está analizando esos documentos con mucha serenidad, sin embargo, manifestó preocupación por las imprecisiones del documento.
“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”, señaló el presidente.
“Debo manifestar mis preocupaciones, me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los PDET”, afirmó.
Para Iván Duque la situación del Ejército y del Esmad es un debate que le corresponde a las autoridades en el marco de la institucionalidad colombiana.
“Eso le corresponde a las autoridades de Colombia, pero, además me parece preocupante que poco se diga sobre las violación es constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el Eln, como los residuales, como el Clan del Golfo, como ‘Los Pelusos’, concluyó.
ONU critica la ‘marcha atrás’ en materia medioambiental de Brasil y EE.UU.
La Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó el jueves 27 de febrero de 2020 a Brasil y Estados Unidos de dar “marcha atrás” en materia de protección medioambiental.
“La protección de nuestro medioambiente es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos”, declaró Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos.
La comisionada lamentó “los importantes retrocesos en las políticas de protección del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas” en Brasil.
El presidente Jair Bolsonaro, muy escéptico ante el cambio climático, fue criticado por haber flexibilizado las restricciones en la explotación de las riquezas de Amazonía.
En 2019, primer año del mandatario en el poder, la deforestación en esta región aumentó un 85% con respecto a 2018.
“Estados Unidos da marcha atrás en materia de protección medioambiental, incluido en lo referente a las vías navegables y las zonas húmedas”, dijo además Bachelet.
“Los contaminantes no tratados pueden arrojarse ahora en millones de kilómetros de agua, lo que pone en peligro los ecosistemas, el agua potable y la salud humana”, estimó.
Para Michelle Bachelet, Estados Unidos no solo ha dado marcha atrás en materia de protección medioambiental, sino también en lo referente a las vías navegables y las zonas húmedas. Foto: Agencia AFP
El gobierno de Donald Trump revocó el año pasado una norma que protegía los recursos hídricos que databa del mandato de Barack Obama, una decisión condenada por los defensores del medio ambiente, pero aplaudida por los agricultores y el sector de la construcción.
Esta decisión forma parte de una serie de medidas tomadas por Trump desde su llegada al poder en 2017 que tienen un impacto negativo sobre el medioambiente.
Bachelet elogió en cambio el proyecto europeo ‘Green Deal’ (Pacto Verde) , que aspira a la neutralidad carbono de aquí al año 2050, pero instó a los europeos a adoptar medidas sociales fuertes para garantizar que esta transición justa no deja a nadie olvidado atrás».
Bachelet reitera solicitud de acceso a las cárceles venezolanas y exigió la liberación de los presos políticos
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este jueves al régimen de Nicolás Maduro la liberación incondicional de todos los presos políticos de Venezuela, indicando que su oficina ha podido documentar más de 130 casos de violaciones de los Derechos Humanos a reos.
“Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de detención arbitraria”, ha dicho Bachelet durante el 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A este respecto ha “tomado nota” de la excarcelación de 14 personas durante el pasado mes de enero. Sin embargo, Foro Penal, una ONG venezolana dedicada al seguimiento de la población penitenciaria, cifra en al menos 351 los presos políticos en el país, entre ellos 120 militares y un adolescente.
También ha denunciado la situación en los centros penitenciarios. Los representantes de la oficina de Bachelet en Venezuela han podido realizar varias visitas a cárceles en las que han entrevistado a 28 personas “de manera confidencial”, documentando “más de 130 casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos de personas privadas de la libertad”.
El equipo de Bachelet ha remitido estas denuncias al Comité de Coordinación, “un mecanismo de protección interinstitucional” establecido en conjunto con la ONU, “para su acción”. “Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de Inteligencia”, ha reclamado.
La ex presidenta chilena ha revelado que su oficina ha iniciado conversaciones con el régimen de Maduro “para la adopción de un protocolo que permitiría observar juicios y monitorear el respeto a las garantías judiciales”.
“Agradezco el espacio operacional hasta ahora garantizado a mi oficina”, ha dicho, al tiempo que ha insistido en que “es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una oficina de país”.
Bachelet ha explicado que el resumen expuesto este jueves se centra en la actividad de su oficina en Venezuela, avanzando que el próximo 10 de marzo abordará la situación de Derechos Humanos en el país.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU visitó Venezuela el pasado mes de junio, tras lo cual presentó un informe muy crítico con el régimen de Maduro, al que acusó de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica.
No obstante, también expresó su preocupación “por el impacto potencialmente severo en los Derechos Humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos”, a pesar de las excepciones contempladas en materia de asistencia humanitaria.
El Palacio de Miraflores considera “errático” este informe, pese a lo cual ha mantenido los contactos con Bachelet y su oficina en estos meses. El miércoles, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con Bachelet en Ginebra.
Venezuela rechaza informe de Bachelet en Consejo de DD.HH.
El Gobierno de Venezuela rechazó, este miércoles, las metodologías utilizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero ratificó su voluntad de diálogo y cooperación.
“Aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar documentos equilibrados y apegados a los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos” enfatizó el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alexander Yánez.
Su intervención, en respuesta al informe sobre el tema de Venezuela en el área de asistencia y cooperación técnica, se realizó en el marco del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El diplomático afirmó que el equipo de la Alta Comisionada, que se encuentra en Venezuela, recibe el pleno apoyo de los órganos competentes del Estado para el cumplimiento de su misión, en estricto apego a los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas.
Yánez aseguró que el personal de la Oficina de Bachelet en Caracas ha comprobado que la situación de derechos humanos del país dista notablemente del panorama que presenta un grupo de países de manera repetida en el Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, recordó que desde la última actualización oral del informe de la Alta Comisionada en diciembre 2019, el gobierno de los Estados Unidos prosiguió con la implementación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
Sobre las acciones contra empresas extranjeras que comercializan petróleo venezolano, Yánez declaró que “se busca privar al Estado venezolano de su principal fuente de ingresos, sin importar los efectos causados en el disfrute de los derechos humanos”.
“Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Es un crimen de lesa humanidad”, puntualizó el funcionario.
Para concluir, el viceministro venezolano dijo que “los derechos humanos no deben ser utilizados como armas para enmascarar estrategias de cambio de régimen que solo generan violencia, sufrimiento y violaciones de los propios derechos humanos”.
Michelle Bachelet indica que las violaciones a los derechos humanos continúan en Nicaragua
Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, indicó que persiste una grave crisis de libertades en Nicaragua por la represión de las protestas por parte del gobierno de Daniel Ortega.
«Las violaciones de derechos humanos no han cesado», dijo este jueves Bachelet, en la sesión 43 del consejo, en Ginebra (Suiza), al documentar «detenciones arbitrarias», «acoso» y «violaciones» a las libertades.
«Los homicidios de personas campesinas y la situación de los pueblos indígenas (…) son tema de preocupación», agregó.
Hasta el 31 de diciembre, «más de 98.000 nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro», lamentó la expresidente de Chile.
Según la alta comisionada, dirigentes y colaboradores de las organizaciones de víctimas «que reclaman justicia, verdad y reparación», siguen «siendo objeto de amenazas e intimidaciones».
«El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado», dijo Bachelet, quien señaló que los manifestantes son dispersados ‘abruptamente’ o atacados ‘violentamente’ por «elementos pro-gubernamentales».
Además señaló que defensores de derechos humanos, periodistas, opositores, miembros de la Iglesia Católica y exdetenidos «sufren repetidos actos de intimidación y acoso».
Bachelet reiteró su llamado a «reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con reformas electorales» que garanticen que las próximas elecciones «sean justas, creíbles y transparentes».
Nicaragua vive desde abril de 2018 una ola represiva de protestas que exigen la salida de Ortega, acusado por sus detractores de gobernar desde hace 13 años de manera «dictatorial». Más de 300 personas han muerto.
Grupos opositores surgidos de las protestas formaron el martes una coalición para enfrentar a Ortega, que no descarta postularse en 2021 para un cuarto mandato.
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