Colombia: informe de la ONU pide una «profunda transformación» del Esmad y alerta que 66 indígenas fueron asesinados en 2019
Al menos 66 indígenas colombianos fueron asesinados en 2019, según ONU
Al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados el año pasado en el convulso departamento del Cauca (suroeste), reveló este miércoles 26 de febrero de 2020 la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en su informe anual para Colombia.
«El informe 2019 manifiesta profunda preocupación por el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa», afirmó el representante en Colombia de la Acnudh, Alberto Brunori, en la presentación del documento.
El funcionario añadió que esa cifra supone «un incremento de casi el 52 %, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal en comparación con 2018».
El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico.
La rivalidad entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene un mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17 177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.
Privaciones arbitrarias de la vida
En su informe, la oficina documentó «15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía», de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, según Brunori.
«Se observó con preocupación que la justicia penal militar continuó solicitando la jurisdicción sobre estas investigaciones. En algunos casos la Fiscalía incluso remitió los casos a la jurisdicción penal militar», detalló.
Recordó que según «las normas y estándares internacionales», la Jurisdicción Penal Militar «no debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos», pues es competencia de la justicia ordinaria.
Alianza entre criminales y militares
Brunori manifestó su preocupación porque «información documental que indicaría» que el 8 de abril del año pasado en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia (noroeste), miembros de grupos criminales participaron en «una operación militar oficial».
En ella, explicó, los delincuentes portaron armas y realizaron «acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas».
«En el desarrollo de estas acciones, estos individuos detuvieron ilegalmente a dos campesinos, a quienes además sometieron a tratos crueles. Estas detenciones fueron posteriormente declaradas como ilegales por un juez», señaló.
Violencia contra líderes
En su informe anual, la ACNUDH documentó 108 asesinatos de defensores de derechos humanos, de ellos 15 mujeres y dos miembros de la comunidad Lgbti.
«El 75 % ocurrió en zonas rurales, el 86 % en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91% en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98 % en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, de grupos violentos y de grupos criminales», detalló.
Por ello, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, urgió «a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a responder de manera rápida y efectiva a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de la definición de medidas concretas y coordinadas».
La ONU pide ‘una profunda transformación del Esmad’
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Estado colombiano iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.
Asimismo, ACNUDH instó al Estado a iniciar una “profunda transformación del Esmad”, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales.
Entre sus preocupaciones por el manejo que ha dado el Estado a la protesta social, esta oficina recomendó al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social.
Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior.Frente al tema, en diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque salió en defensa del Esmad.
«Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso, personas llenas de motivación, personas que dejaron al lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad», dijo el jefe de Estado.
Por esos mismo días, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que «se va a fortalecer el Esmad porque es fundamental para garantizar tanto el ejercicio de los derechos de los ciudadanos como para enfrentar el vandalismo y la criminalidad».
Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad.
Respecto a los protocolos que rigen el funcionamiento de escuadrón, el Mindefensa sostuvo que son “serios, severos y completos”. Además, indicó que cuando un integrante del Esmad incurre en una conducta eventualmente violatoria de esas normas, le corresponde a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes.
Son muchos los cuestionamientos que en los últimos meses ha recibido el Esmad, especialmente tras la muerte de Dilan Cruz, quien falleció tras ser impactado por un proyectil lanzado por un miembro del Esmad. Este hecho causó gran indignación.
Proceso de paz
Igualmente, en sus conclusiones presentadas en la mañana de este miércoles, ACNUDH exhortó al Estado a seguir avanzando en la implementación simultánea e integral de todos los puntos del Acuerdo de Paz, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En otro apartado, pidió al Estado a acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo de Paz en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación, como el Plan de Reparación Colectiva y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito.
Entre otras recomendaciones, instó al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales.
Y alentó a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones.
En sus conclusiones recomendó incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia.
Para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación.
En 2019 hubo 36 masacres en Colombia, la cifra más alta desde 2014: ONU
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó hoy su informe sobre 2019, en el cual quedó registrado un panorama preocupante de violencia. Por ejemplo, durante el año pasado se registraron 36 masacres, en medio de las cuales fueron asesinadas 133 personas, la cifra más alta desde el 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
La ONU también expresó preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos. Durante 2019 ese organismo registró 108 homicidios, de los cuales el 86% se dieron en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional y el 55% de los casos ocurrieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia”, insistió el Alto Comisionado. Incluso, los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en un 50% comparado con 2018.
En el documento se hicieron varios llamados al Estado para empezar a garantizar la vida de los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el alto comisionado expresó: “La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debería ser convocada regularmente, a fin de cumplir con sus objetivos establecidos en el Acuerdo de Paz, en particular con lo relacionado al desmantelamiento de grupos criminales sucesores de organizaciones paramilitares, y que son a menudo responsables de los asesinatos”. La última reunión de esa instancia se dio el 8 de enero y solamente se ha reunido tres veces desde que Iván Duque asumió la presidencia.
La ONU saludó “el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos. No obstante, personas defensoras de derechos humanos que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos”.
Sobre la Unidad Nacional de Protección, la ONU dijo que “realizó importantes esfuerzos para responder al alto número de solicitudes de medidas individuales de protección”. Sin embargo, el Alto Comisionado también fue enfático al asegurar que “las medidas otorgadas por la UNP no siempre fueron adecuadas a los contextos rurales donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. En 2019, seis personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en áreas rurales de Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda, a pesar de contar con medidas de protección”. Por eso pidió priorizar el enfoque preventivo, adoptar de manera temprana medidas de protección temporales e incrementar las medidas de protección colectiva, un pedido que le han hecho insistentemente las organizaciones sociales al Estado.
Acerca de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado y las Farc en 2016, la ONU reconoció “los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes”. Sin embargo, en otros aspectos hizo críticas al Gobierno. La más recurrente fue la que tiene que ver con el punto 1: la Reforma Rural Integral. Sobre esta expresaron “debe contar con un presupuesto adecuado para implementar completamente todos los planes y mecanismos, así como solventar a las entidades establecidas en el Acuerdo de Paz, y no limitar su enfoque a los PDET. Sin embargo, el Presupuesto para el año 2020 se redujo para todas las instituciones responsables de implementar la Reforma Rural Integral”. Agregaron que: “si bien en 2018 se aprobaron dos Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, en 2019 no se observó ningún avance”.
También hubo pronunciamiento respecto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz. Sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz, la ONU resaltó que “se observaron avances fundamentales en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que fueron priorizados”. Puso como ejemplo la recuperación e identificación de cuerpos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia).
Sin embargo, el comisionado mostró su preocupación por amenazas y ataques contra personas que están participando en los procesos de esa jurisdicción y llamó a tomar medidas para garantizar sus vidas. Además, instó a esa entidad a “que se prioricen macrocasos adicionales, tales como los que incluyeron violencia sexual y desapariciones forzadas”. También fue elogiado el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad, así como el aporte de algunos excombatientes para encontrar a los desaparecidos.
El informe también mencionó a algunos actores armados. Sobre el Eln aseguraron que “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”. También quedó consignado que se “observó un incremento en la utilización de niñas y niños por grupos criminales y otros grupos violentos, así como su reclutamiento forzado por el ELN en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta y Norte de Santander”. Acerca del Ejército Popular de Liberación (Epl) y las disidencias de las Farc puntualizaron que “no calificarían actualmente como grupos armados en virtud del derecho internacional humanitario”.
El comisionado, además, expresó preocupación por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales. Por ejemplo, reseñó que se registraron “15 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida en Antioquia, Arauca, Bogotá, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Esta cifra es la más alta respecto de este tipo de casos registrados por el ACNUDH desde 2016”. También documentaron tres casos de violencia sexual al parecer perpetrados por integrantes del Ejército en Arauca, Guaviare y Meta. Adicionalmente, “conocieron casos de presunta tortura y tratos crueles cometidos por la policía en Antioquia, Arauca, Bogotá, Huila y Putumayo”.
A esas denuncias se suma que en algunos casos las investigaciones han sido asumidas por la Justicia Penal Militar. “En virtud de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos. Estos casos deberían siempre mantenerse bajo la competencia de la justicia ordinaria”, enfatizó el comisionado. Un ejemplo, es la masacre que se perpetró en El Tandil, Tumaco (Nariño), en medio de la cual fueron asesinados siete campesinos. Todo indicaría que quienes les dispararon fueron agentes de la Policía Antinarcóticos. Esa investigación está siendo adelantada por la Justicia Penal Militar luego de que la Procuraduría pidiera el traslado. Sobre el papel que jugó la Fiscalía, el informe señala que “la Fiscalía General de la Nación no tomó las acciones necesarias para mantener el caso bajo su jurisdicción”.
La ONU expresó su preocupación por varios hechos ocurridos en medio del Paro Nacional que empezó el 21 de noviembre del 2019. Primero, señaló “Algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”. También reseñaron que en Bogotá, Medellín y Cali se presentaron varios casos de personas con lesiones oculares ocasionadas por los proyectiles de la Policía. “Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas”, agregaron.
Con respecto al Esmad, la ONU instó a que “se inicie una profunda transformación, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales”.
También registraron 32 ataques contra el ejercicio periodístico en el marco de las protestas, “23 de los cuales fueron atribuidos a la policía y nueve a los manifestantes”.
Por último, la ONU se refirió a los 36 allanamientos que adelantó la Policía apenas 48 antes del inicio del Paro. Sobre estos aseguró que “allanamientos fueron realizados por instrucciones de la Fiscalía General de la Nación y solamente dos casos se presentaron cargos”. Jueces declararon 10 de esos procedimientos ilegales.
Bachelet asegura que Colombia padece una «violencia endémica»
En Colombia existe un «nivel de violencia endémica». A esa conclusión ha llegado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe anual sobre la situación en ese país fue dado a conocer en Bogotá por Alberto Brunori en su nombre. «En el 2019 continuamos observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones de derechos humanos», dijo. La tasa de homicidios no es la más alta de la región: 23 por cada 100.000 habitantes, casi un tercio de la venezolana. Pero el año pasado tuvieron lugar 36 masacres y perdieron la vida en manos de bandas narcotraficantes y paramilitares 108 líderes sociales, la cifra más alta desde el 2014.
La expresidenta chilena reclamó al Estado colombiano que inicie «investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes» por los casos de represión policial durante las recientes protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Bachelet hizo referencia a los tropiezos en la implementación del acuerdo que suscribieron en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC para finalizar el conflicto armado. «Al ser un proceso de paz de largo alcance, la alta comisionada llama a que este continúe recibiendo el apoyo y el compromiso de la sociedad y autoridades colombianas».
Presión popular
Días atrás, la Misión de Verificación de los acuerdos de la ONU había expresado su repulsa al asesinato de tres exguerrilleros desmovilizados. Desde el 2016 murieron casi 200 exinsurgentes bajo circunstancias similares. «El Gobierno está muy lejos de una implementación seria de los acuerdos de paz. Es necesario que millones de colombianos y colombianas le exijan ponerse a la altura. No queremos una repetición del conflicto, eso no puede volver a sucedernos nunca», dijo Rodrigo Londoño, el exjefe de la guerrilla convertida en partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tras reunirse con la comitiva de Bachelet.
La ONU pide que en Colombia se despenalice el aborto sin ningún tipo de condición
Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió que en Colombia como en otros países del mundo se garanticen los derechos de las mujeres y se despenalice el aborto sin ningún tipo de condición.
“Durante el 2019 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado colombiano despenalizar el aborto en todas las formas, obviamente lo digo con respeto en medio de la discusión que se está dando en las altas cortes», dijo.
Brunori aseguró que no quiere involucrarse en el debate que vive el país sobre la interrupción voluntaria del embarazo e indicó que existen ejemplos a nivel internacional sobre la protección de los derechos de la mujer, que Colombia debería seguir.
«Hay unas recomendaciones internacionales sobre el aborto», manifestó, al recordar que se debe garantizar que las mujeres tengan la potestad de decidir.
El pronunciamiento del representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se da en medio de la polémica que ha suscitado en el país la ponencia de 111 páginas que presentó el magistrado Alejandro Linares a sus compañeros de la Corte Constitucional.
En el documento pide no penalizar la IVE en todas sus causales hasta la semana 16 de gestación.
Según manifestó Brunori, lo que se debe considerar en el debate sobre el aborto, es la posición de la mujer y la garantía de sus derechos.
Reiteró que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y abolir las condiciones que se establecieron en la sentencia de 2006.
También, añadió que es preocupante que se busque con un proyecto de ley regular la objeción de conciencia para los médicos, que en casos específicos pueden acudir a este recurso para negarse a asistir a quienes requieran de su intervención.
«Nos preocupa el contenido del proyecto de ley 11 de 2019. Este proyecto busca regular la objeción de conciencia en los casos de aborto, eutanasia y unión de parejas del mismo sexo, en particular, permite que los trabajadores se la salud puedan invocar principios morales para denegar la asistencia médica», señaló el funcionario del organismo internacional.
Finalmente, manifestó que, «su aprobación y vigencia podría afectar negativamente a las mujeres en el acceso al derecho a la salud».
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