Colombia: a pesar de las protestas comunitarias aprueban explotación minera en el río Magdalena
CAR aprobó licencia para hacer minería en el río Magdalena
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y a la empresa Proacol, para explotar arenas, gravas, tierra y minerales en el río Magdalena, ignorando las peticiones de la comunidad.
Las empresas mineras tienen la intención de desarrollar un enorme proyecto minero en uno de los meandros del río Magdalena, muy cerca de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
Desde el 2015 las comunidades de los municipios afectados, Girardot (Cundinamarca) y Coello (Tolima), se opusieron al desarrollo del proyecto con movilizaciones y con la recolección de más de 6.700 firmas para oponerse a la autorización del proyecto, esfuerzos que resultaron en vano pues la licencia para realizar minería en el río finalmente fue aprobada.
Durante los años de movilización social en contra de la adjudicación de la licencia, los líderes de este movimiento han recibido amenazas de muerte, trato despectivo e instigaciones verbales, aseguran.
Una de las peticiones de la comunidad era la necesidad de reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia, ya que cuando se autorizó la actividad minera en el cauce del río se vulneró el debido proceso al realizarse cambios sustanciales entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada.
Los cambios efectuados tiene que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
Este ultimo, afirman los opositores del proyecto, tiene múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales. Ademas, fue realizado sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales desconociendo a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.
Según Carlos Bello, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental CAR, sí hubo cambios que no hizo la Car, sino la Agencia Nacional de Minería (ANM). «Los cambios efectuados en los planes de desarrollo que denuncia la comunidad se dieron pero no le corresponden a la autoridad ambiental. Son cambios que responden al polígono minero, el cual es competencia de la ANM. Nosotros evaluamos sobre lo que legalmente nos presentaron y bajo ese criterio se otorgó la licencia ambiental», explicó el funcionario.
Por otro lado, Julián Huertas Fernández, concejal de Girardot, afirma que la CAR «jamas ha tenido en cuenta el factor social y ambiental, se violó el debido proceso y las 6.700 firmas que se recogieron en el 2015 fueron desconocidas. Hemos denunciado desde diferentes escenarios todas estas irregularidades. Desde hace cuatro años hay una movilización social pacífica, en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida», dijo.
A pesar de los planteamientos que han hecho las empresas mineras de que van a generar empleo, para la comunidad es más importante oponerse a la destrucción ambiental del río Magdalena, ya que consideran que las consecuencias negativas de la explotación recaerán en la pesca, oficio del que dependen cientos de familias en la zona.
«Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, señaló Jhon Fredy Arias, un pescador girardoteño, en un boletín del Concejo de Girardot, preocupado por el impacto de la minería.
Y es que según el Concejo de Girardot, en lo que va del 2020 la actividad pesquera ha caído en un 60 por ciento, afectando los ingresos de los hogares locales.
Malestar en Girardot por licencia de la CAR para hacer minería en el Magdalena
En octubre de 2019, la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (PROINGECOL S.A.S.) y a la empresa Proacol.
Según pudo establecer Confidencial Colombia, a través de este acto administrativo, la CAR las autorizó para extraer arenas, gravas, tierra y minerales del río Magdalena.
Desde que estas empresas llegaron a la región, la comunidad se opuso al proyecto, pero sus voces y reclamos no fueron tenidos en cuenta por la CAR.
Tras la adjudicación de la licencia, los concejales de Girardot firmaron una proposición para pedirle a Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, que revoque la decisión tomada por su antecesor, quien autorizó la actividad minera unos días antes de dejar el cargo. Los concejales denunciaron que con esta medida “se están vulnerando los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica”.
Un proceso marcado por inconsistencias
Con la autorización de la actividad minera en el cauce del río Magdalena se configuró también una vulneración al debido proceso, pues el proyecto cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
Los opositores al desarrollo del proyecto que defienden el río Magdalena denuncian que la EIA tiene múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales y que se realizó sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo también a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.
El objetivo: proteger el río Magdalena
La lucha de las comunidades de campesinos, pescadores e indígenas en contra del desarrollo de actividades extractivas comenzó en 2015, cuando Proacol y PROINGECOL S.A.S. llegaron a Girardot con la intención de desarrollar un enorme Pit minero en uno de los meandros del río Magdalena, muy cerca de la conjunción de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Las empresas han planteado que generarán empleo, pero eso no va más allá de la contratación de un par de operarios de máquinas. Las comunidades se han opuesto por la inminente destrucción ambiental del río Magdalena y por las consecuencias negativas de esta explotación para la pesca, de la que dependen cientos de familias en la zona.
Para escuchar a las poblaciones aledañas al proyecto, la CAR realizó una audiencia pública el 3 de diciembre de 2015. En ese encuentro se presentaron 75 ponencias, de las cuales 68 expresaron la oposición de la comunidad y la academia. Después, la comunidad recolectó 6.729 firmas para oponerse a la autorización de la licencia. Como temían los habitantes de la zona, la licencia para desarrollar minería en el río finalmente fue aprobada.
Julián Huertas Fernández, concejal de Girardot, administrador del medio ambiente y profesor de las universidades Cundinamarca y Minuto de Dios, dijo que desde 2015 hay una movilización social pacífica, en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida que está siendo ignorada.
De hecho, pescadores, campesinos y habitantes ribereños de Girardot y Coello protestaron pacíficamente con la esperanza de ser escuchados y lograr así frenar la operación minera, la primera en darse en esta parte del río Magdalena.
En el río Magdalena, la actividad minera se desarrollará alterando el cauce del afluente. Como explicó el profesor Huertas, el método de minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el territorio donde se desarrolla, como daños a la superficie de la tierra y alteración o destrucción de la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, que alteran la morfología local. Esta problemática ya es evidente en Ricaurte, Cundinamarca.
La adjudicación de la licencia va en contravía de esas peticiones de la comunidad. “Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, señaló Jhon Fredy Arias, un pescador girardoteño preocupado por el impacto de la minería. Los pescadores denuncian que, en lo que va del 2020, su actividad ha caído en 60%, afectando seriamente los ingresos de los hogares locales.
Otro de los impactos de esta actividad extractiva será la afectación de las únicas playas del río Magdalena que son utilizadas con fines turísticos y recreativos por los pobladores de la zona. Así, además del río, también se explotarán las playas a las que acude la población cada fin de semana.
“Girardot cuenta con un gran valor histórico y ambiental, hace algunas décadas era la ciudad más importante del centro del país por su posición estratégica dentro del transporte comercial colombiano. Además de que alberga una gran variedad de especies de aves y peces, siendo un hábitat bio-diverso de gran importancia ambiental. El movimiento quiere que Colombia y el mundo disfruten de un río Magdalena limpio e insignia de la protección ambiental pacífica”, comentó Julián Huertas.
El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se comprometió a revisar el proceso de adjudicación de la licencia para verificar el cumplimiento de los requisitos. “Le hemos pedido a la CAR que nos dé los detalles de esos permisos”, dijo el gobernador, quien anunció que, una vez verificado el proceso, se abrirán las investigaciones pertinentes.
Por su parte, el director regional de la CAR para el Alto Magdalena, Juan Carlos Escobar, explicó que “al extraer más de la cantidad de arena que deposita el río, se producen procesos de filtración”, que afectan el cauce normal del afluente. Mientras se investigan las irregularidades que rodean esta licencia, las comunidades de Girardot y Coello continúan alzando su voz para denunciar la amenaza que enfrenta el río Magdalena.
Expertos advierten que la Cuenca del Río Magdalena se está muriendo por contaminación
El Gobierno Nacional, las autoridades ambientales regionales y departamentales, la academia y la banca multilateral, coincidieron este jueves, 20 de febrero, en la necesidad de implementar rápidamente el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Magdalena. Esto debido a que expertos, entregaron como conclusión que el principal afluente del país se está muriendo por la contaminación y la evidente disminución del agua que lo recorre.
La advertencia fue hecha por expertos reunidos en la sede de Cormagdalena en Bogotá, donde el Banco Interamericano de Desarrollo, socializó la plataforma HydroBid, que tiene como propósito conocer la totalidad de la oferta hídrica para la cuenca del río Magdalena y así determinar las acciones a seguir para preservarla.
Mauro Nalesso, especialista líder de la División de Agua y Saneamiento del BID; explicó que la prioridad en la construcción del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Magdalena, debe ser la gestión del recurso hídrico, por esa razón, añadió, que es necesario conocer la totalidad de la oferta de agua que tiene la cuenca del río.
En su intervención el señor Nalesso dijo “HydroBid se nutrirá de la información que tienen las corporaciones autónomas regionales, la ubicación de estaciones meteorológicas, entre otros temas, para poder implementar un modelo de estimación de la oferta hídrica en la cuenca completa del río Magdalena. De esa manera, el Gobierno contará con la mejor información para tomar decisiones acertadas”.
Por su parte Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, advirtió que “Hoy básicamente generamos conciencia, mucha mayor conciencia sobre la necesidad de integrarnos del valor de información sobre el recurso hídrico que tenemos. La acumulación de basuras, los vertimientos descontrolados y la presencia de mercurio por la minería ilegal, están matando el río, por esa razón, es necesario tomar acciones inmediatas para preservar y gestionar de una mejor manera ese recurso”.
Mientras que Luis Enrique Dussán, gobernador del departamento del Huila, celebró que el Gobierno le esté dando una mirada integral al río Magdalena manifestando que “Para el departamento del Huila es vital, dependemos del río, en uso para el consumo humano, la generación de energía a través de proyectos hidroeléctricos, para la pesca, como destino turístico, por eso, el tema ambiental y la preservación del agua debe ser una prioridad”.
Hernando García, director del Instituto Von Humboldt, aseguró que la cuenca del Cauca-Magdalena, es la más importante del país desde una perspectiva de seguridad y bienestar social afirmando que “es donde está ubicada cerca del 70% de la población colombiana y es, probablemente, el eje de desarrollo más importante del país, y si queremos que ese desarrollo sea sostenible, para que podamos generar riqueza y bienestar, es necesario contar con la mejor información y los mejores instrumentos de planificación”.
