Elecciones en Uruguay: investigan al candidato Manini Ríos por no informar crímenes de la dictadura
Fiscal pedirá que Manini Ríos vaya a la cárcel si logra condenarlo
El fiscal Rodrigo Morosoli, que decidió este martes pedir una audiencia para imputar a Guido Manini Ríos por no denunciar la confesión de José Nino Gavazzo, solicitará que el excomdandante en jefe del Ejército cumpla pena de cárcel si la Justicia finalmente lo condena, según dijeron fuentes de la investigación El Observador.
Para el fiscal del caso, el ahora candidato a presidente por Cabildo Abierto es el único que incurrió en el delito de omitir informar a la Justicia que Gavazzo había admitido que arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. El torturador hizo esa confesión el 10 de abril de 2018, mientras comparecía ante un Tribunal de Honor que juzgaba tanto su conducta como la de Jorge «Pajarito» Silveira en los hechos conocidos como el «segundo vuelo» de 1976, pero se hicieron públicas recién un año después, cuando el 30 de marzo El Observador divulgó parte del contenido de las actas.
Manini Ríos supo de esa confesión el mismo día que el represor la hizo, porque los militares integrantes del tribunal, José González, Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, cumplieron con el reglamento que determina que las actuaciones se suspendan cuando alguien declara un delito en ese ámbito, y se informe al personal superior de lo ocurrido. Así lo hicieron, aunque no hay registro documental de que eso haya ocurrido, por lo que Morosoli se basó en los testimonios de esos militares.
El delito que el fiscal intentará imputarle a Manini Ríos es el definido en el artículo 177 del Código Penal, que castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que se hayan configurado en su repartición.
Se trata de un ilícito que tiene como castigo máximo 18 meses de prisión. Eso lo hace excarcelable, por lo que el fiscal no pedirá que el militar vaya a la cárcel como medida cautelar mientras se desarrolle el juicio oral. Eso hace Manini Ríos no tenga inconvenientes para participar de las elecciones de octubre, porque evita una de las condiciones que figuran en el artículo 80 de la Constitución para perder la ciudadanía: ser «procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría». La pena de penitenciaría implica como mínimo dos años de prisión, y en este caso el delito que la Fiscalía le quiere imputar tiene 18 meses de cárcel como pena máxima.
No obstante, cuando llegue el momento de la condena, Morosoli solicitará prisión como castigo porque entiende que eso «es lo más adecuado» que deberá hacer la Fiscalía. «En los casos en que la Fiscalía va a juicio oral, se suele pedir pena de prisión», detallaron las fuentes.
Y en el caso de que se confirme una sentencia condenatoria con la pena de cárcel que pretende Morosoli, el escenario más probable es que el general retirado sea en ese momento senador de la República, y ello obligue entonces a la solicitud de su desafuero.
Las últimas encuestas indican que el candidato a presidente, que en las elecciones internas recibió el voto de casi 50 mil personas, tiene en este momento una adhesión del 10% de la ciudadanía.
El artículo 114 de la Constitución establece que “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componente, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
Lo que hizo el comandante
Fajardo, el presidente del Tribunal donde declaró Gavazzo, declaró que el 10 de abril le solicitó a Manini Ríos una entrevista que tuvo lugar al día siguiente en el despacho del entonces comandante en jefe, algo sobre lo cual tampoco hay pruebas documentales.
«Era un tema para la justicia penal, lo conversamos con el comandante y le dijimos esto es así, quedó con los papeles y dijo: ‘Yo me hago cargo de esto’… Estamos hablando de la máxima jerarquía de la institución, tres generales con el comandante en jefe… después la decisión la toma él…”, declaró Fajardo, según señala el dictamen de la Fiscalía.
El máximo jerarca del Ejército en ese momentos les dijo que siguieran con las actuaciones, y los militares cumplieron. Además, Manini Ríos ha sostenido la versión de que hizo partícipe de esa decisión al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que murió de cáncer en abril, y que el secretario de Estado no se había opuesto a que no se diera cuenta a la Justicia del delito confesado.
Pero no hay pruebas de que ese diálogo haya existido, tal como lo reconoció esta semana a El Observador uno de los abogados del presidenciable, Marcos Pacheco. «El trato era mano a mano», sostuvo el penalista.
Y a la falta de pruebas, se sumaron los testimonios en su contra, que no solo dieron cuenta de la reunión de abril, sino de un segundo encuentro en el que los militares le insistieron que hiciera la denuncia, porque Gavazzo y Silveira volvieron a comparecer, dos meses después, y realizaron otras «revelaciones delictivas» que confirmaban lo dicho antes, tal como lo consignó Morosoli en su dictamen.
Manini Ríos les contestó lo mismo, pese a la insistencia de Fajardo, quien le había dicho que no había vuelta: que se imponía denunciar a Gavazzo.
Por último, hubo una tercera reunión, ya con las actuaciones del tribunal finalizadas. Fue el primero de octubre. Según dijo Fajardo al fiscal, en esa oportunidad tuvieron con el comandante una «conversación muy clara» y expresaron de nuevo su opinión de que lo declarado por el torturador merecía una denuncia judicial.
«‘Nosotros fallamos esto por el tema de Gavazzo y Gómez, esta otra parte, lo que es la información que no tenía nada que ver con el fallo, esto es para la justicia civil que tiene que seguir investigando…’», le dijo entonces Fajardo a Manini Ríos, según lo relató ante Morosoli, a quien le dijo luego: «Lo que nosotros esperamos es que esto fuera a la Justicia, que investigara, que lo volvieran a culpar ahora sí de un asesinato comprobado».
Y agregó: «Para mí Gavazzo ha sido un asesino, un sinvergüenza y un manipulador, manipuló al Ejército cuando estaba y lo sigue manipulando hasta ahora y si no no estaríamos en la situación en que estamos hoy… Logramos que ellos dijeran por primera vez hechos aberrantes que hicieron, estos grandes manipuladores… se lo dimos para que la Justicia actuara”.
Con estos elementos como base, el fiscal del caso consideró que es el general retirado el único con responsabilidad penal, y decidió suspender la indagatoria para el resto de los involucrados. Además de los integrantes del Tribunal –los de Honor y de Alzada, que ratificaron las actuaciones del primero–, quedaron fuera de la mira de Morosoli el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma –a pesar de varias contradicciones en su discurso–, y los responsables del Ministerio de Defensa.
