Violencia electoral en Colombia: asesinan a candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia
Asesinado candidato del Centro Democrático en Toledo, Antioquia
El candidato a la Alcaldía de Toledo, Orley García, falleció en la noche de este sábado cuando era transportado vía a área desde ese municipio a Medellín, para ser atendido tras recibir un disparo de escopeta.
Así lo confirmó el coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, quien agregó que la muerte se habría dado por una complicación cardiorrespiratoria por lo que incluso el helicóptero debió regresar a Toledo.
Buitrago contó, además, que el ataque se dio en la vereda Morales Toro, ubicada a 40 minutos de la cabecera urbana, cuando una persona que estaba escondida en una zona boscosa le disparó con una escopeta. La víctima, quien se encontraba adelantando su campaña política, fue trasladado de inmediato al hospital local y aunque la Fuerza Aérea envió el helicóptero para trasladarlo, no sobrevivió. luego fue llevado al hospital local.
Orley García era respaldado por los partidos Centro Democrático, Partido de la Unidad y Cambio Radical para aspirar al principal cargo de este municipio del Norte de Antioquia.
En la subregión del Norte de Antioquia el principal grupo armado que opera es las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Cabuyo’, al igual que el Clan del Golfo y los Caparros por su cercanía con el Bajo Cauca; sin embargo, las causas y los responsables del ataque son materia de investigación.
A propósito, justo antes de conocerse que el candidato Orley García había fallecido, el senador Álvaro Uribe grabó este video en el que denunció que muchos candidatos de su partido Centro Democrático están amenazados y que, incluso, en algunas zonas no tienen candidatos por razones de seguridad.
El secreto a voces de la violenta campaña electoral en el norte del Cauca
En el norte del Cauca hay un secreto a voces que algunos candidatos a concejos y alcaldías susurran entre dientes: los grupos armados que operan en esa zona son una autoridad ilegal a la que no se le puede decir “no”.
Varios de los aspirantes a estos cargos de elección popular en Suárez, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Buenos Aires, Timba, Caloto, Miranda, Villa Rica y Puerto Tejada -municipios catalogados por la Defensoría del Pueblo como de extremo y alto riesgo de violencia electoral- han tenido que reunirse con miembros de los grupos armados.
Dichos encuentros, dice un candidato al Concejo, se realizan en las montañas o “donde ellos digan”. Básicamente, los seis grupos armados que operan en el norte del Cauca piden lo mismo: conocer las propuestas de campaña, sus posturas frente a los cultivos ilícitos. Y de paso exigen una “contribución para su causa”.
Esos montos varían según el candidato y el grupo que los pide. Por ejemplo, El País conoció de aspirantes a los que se les solicitó $5 millones y de otros a los que la “contribución” asciende a los $50 millones. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, los seis grupos que operan en el norte del Cauca son tres disidencias del Sexto Frente de las Farc, el EPL, el ELN y un cartel de narcotraficantes mexicanos.
En Corinto, Caloto y Miranda opera la autodenominada disidencia el ‘Nuevo Sexto Frente’ que, según datos de las autoridades, es la más grande de esta región del país; en Santander de Quilichao y su zona rural hacen presencia un pequeño grupo de exmiembros de las Farc que se separó del Sexto Frente antes de entregar las armas y el EPL; el ELN, con su frente José María Becerra trata de ganar terreno desde El Tambo; y ltta parte occidental, que comprende Suárez, Timba, Buenos Aires y la ruta hacia el río Naya, la controla la columna disidente de las Farc Jaime Martínez, cuyo líder es Leider Noscué Bototo, alias Mayimbú, por quien el Gobierno Nacional ofreció $1000 millones de recompensa.
Esta última columna fue, según las autoridades, la causante de la masacre del pasado domingo en La Betulia, Suárez, donde fue acribillada e incinerada Karina García Sierra, aspirante a la Alcaldía de ese municipio y cinco personas más, entre las que estaba su mamá, Blanca Otilia Sierra.
Hace dos meses, cuando inscribió su candidatura, ‘Mayimbú’ citó a Karina y a otros cuatro aspirantes a una reunión de carácter urgente. En ese encuentro, el líder guerrillero les pidió exponer sus objetivos de campaña y trazó las reglas para dejarlos realizar su proselitismo en la zona rural de Suárez.
“Les dijo que solo les pedía transparencia dentro de la Administración, compromisos que fueran cumplibles y que ellos no se iban a meter en ese proceso. Pedían que no hubiera compra de votos. Les dieron recomendaciones como, por ejemplo, quitarle el polarizado al vehículo, que el esquema de seguridad en lo posible anduviera sin armas y con los vidrios abajo”, contó Alonso Giraldo, padrastro de Karina.
Sin embargo, una fuente cercana a la campaña de la política liberal le confirmó a El País que esa no fue la única reunión citada por ‘Mayimbú’. En total fueron tres encuentros en la zona rural y en el último, una semana antes del trágico desenlace, el máximo cabecilla de la Jaime Martínez le pidió participación política. Para él, García Sierra era la más opcionada para llegar al primer cargo del Municipio. La candidata le respondió con un “no rotundo”, ratifica la misma fuente.
Esa negación habría puesto furioso a ‘Mayimbú’, quien finalmente, aseguran las autoridades, ordenó su asesinato con sevicia: la idea era mandar un mensaje a los otros candidatos, quienes después de la masacre no se han expresado públicamente y decidieron suspender las campañas.
“Hace cuatro años, las Farc, que era el grupo predominante, estaba inmerso en un proceso de paz, lo que llevó a que tuviéramos unas elecciones muy tranquilas. Hoy el comportamiento es diferente porque la violencia no está basada en la intimidación, la amenaza o el impedimento del desarrollo del proceso electoral. Hoy la violencia ya ha escalado tanto que se traduce en hechos letales”, señaló Andrés Chilito, coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, en el Cauca, departamento que en la actualidad ocupa el primer lugar en violencia política.
Los aspirantes a cargos de elección popular de esa región lo saben. Por eso sus declaraciones son pausadas y cuidadosas. El miedo se puede sentir, porque la vigilancia militar parece quedar corta ante el accionar criminal de los grupos armados.
En un recorrido realizado por El País se pudo constatar la poca presencia del Ejército entre Cali y Suárez, en cambio, el poder de la ilegalidad está latente todos lados.
Por ejemplo, en Corinto una persona se acercó a los periodistas de este diario y les preguntó: “¿Ustedes ayer estaban en Suárez?”. Ante la respuesta positiva añadió: “Ellos (la columna Jaime Martínez) sabían que ustedes iban desde que pasaron Timba”, distante 22 kilómetros del municipio donde ocurrió la masacre del domingo.
Entre la valentía y el miedo
Para los candidatos que, como Karina, se han atrevido a decirle “no” a los grupos armados, las amenazas e intimidaciones son el pan de cada día.
En Corinto, Óscar Quintero, aspirante a la Alcaldía por el Partido Colombia Renaciente, vive en zozobra desde que rechazó un encuentro en la zona rural. “Me advirtieron que si seguía insistiendo en ser candidato, podían afectarme a mí y a mi familia. Yo les respondí que ya había perdido lo que tenía que perder y que no iba a declinar la candidatura. Si por esa razón voy a perder la vida, entonces que sea Dios el que haga su voluntad”.
Óscar ya ha sido alcalde de Corinto en dos ocasiones. En la segunda (2011) le asesinaron a su hijo mayor 24 días después de haber asumido el cargo y el año pasado, cuando anunció su intención de regresar a la Administración, secuestraron a uno de sus hermanos. “Me mandaron la razón de que yo no debía aspirar a la Alcaldía”.
Corinto está en la lista de municipios con riesgo extremo en materia de violencia política, según la Defensoría. Las otras localidades del norte del Cauca que lo acompañan en ese deshonroso listado son Suárez, Miranda y Santander de Quilichao. Este último con un presente marcado por la extorsión y el incremento en homicidios por cuenta de una cruenta guerra entre dos disidencias de las Farc y el EPL.
“Es muy preocupante la situación en el norte del Cauca y vemos que por más consejos de seguridad que se hacen, por más estrategias que se aplican, no hay seguridad ni garantías para hacer un proceso político pleno”, asevera Andrés Sadovnik, candidato por el Partido de la U a la Alcaldía de Santander.
En Suárez, los aspirantes y en especial en la campaña de Karina piensan igual: “Uno queda defraudado, adolorido, pensativo y con miedo”, agrega Alonso Giraldo. Y es que según datos de la MOE, desde el 18 de noviembre del 2018 a la fecha se han presentado 64 hechos de violencia (amenazas, atentados o asesinatos) contra líderes políticos en esa parte del departamento.
“Pero desde el 27 de julio del 2019, cuando se inscribieron las candidaturas, se agudizaron las amenazas, intimidaciones y asesinatos de líderes políticos, lo cual nos lleva a concluir que hay una conexión entre el calendario electoral y los hechos de violencia”, asegura Chilito, de la MOE.
Lucy Amparo Guzmán, aspirante por el Partido Liberal a la Alcaldía de Santander, dice que están ante un “panorama triste para la región, en un momento donde pensamos que habíamos pasado la página de la violencia volvemos a encontrarnos con este tipo de escenarios”.
“La política no es fácil en estos territorios”, complementa Jefferson Rivera, candidato por el Partido Mais al primer cargo público en Corinto.
Jamundí recibe el coletazo
Ubicado en el sur del Valle, Jamundí limita con municipios del norte del Cauca y su área rural hace parte del accionar de la columna Jaime Martínez. Incluso, los primeros reportes de criminalidad de ‘Mayimbú’ llegaron desde esa zona del país, a principios del 2018.
“Está un poco delicado visitar la zona rural y se nos ha dicho que es mejor no subir por cuestiones de seguridad”, relata Martha Betancourt, candidata al Concejo de esa localidad vallecaucana por Cambio Radical.
En Jamundí, como en Suárez, los grupos armados desde la montaña envían mensajes a los candidatos. En algunos casos, su forma de intimidar es casi calcada. “El día de nuestra inscripción hicieron un montaje y me vincularon con las Farc. Algo muy similar a lo que le pasó a Karina. Ese día ella recibió lo mismo, pero vinculándola con el paramilitarismo. Posteriormente, ella y yo recibimos, el 28 de agosto, una orden para dejar el territorio. De negarme, dijeron que pondrían una recompensa de $15 millones por mí”, manifiesta Lina Tabárez, candidata al Concejo por el Partido Alianza Verde, quien en varias ocasiones le ha dicho “no” a invitaciones de grupos armados.
El combustible del narcotráfico, tras violencia en las elecciones
La ilusión de los colombianos de volver a vivir una campaña electoral sin violencia duró poco. Las de 2018, incluidas las parlamentarias de marzo y las dos vueltas presidenciales, fueron calificadas como las elecciones más seguras y tranquilas en la historia.
La barbarie volvió y aunque se ha hecho visible en regiones puntuales, ha sido con casos estremecedores, como el asesinato de la joven candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra. Murió junto con su madre y cuatro personas de su equipo de campaña en una acción en la que sus autores, las disidencias de las Farc, según el Gobierno, actuaron con sevicia. Su carro fue baleado y, luego, incendiado. Ella deja un niño huérfano.
Y este sábado fue asesinado otro candidato. Se trata de Orley García, quien aspiraba por el Centro Democrático a la alcaldía de Toledo, en Antioquia
Estos hechos rompen un ciclo de elecciones que se habían caracterizado por una relativa tranquilidad. Los efectos del proceso de paz con las Farc y la desmovilización de la mayoría de sus integrantes llevaron a un ambiente de tranquilidad.
Un parte de normalidad que, incluso, se empezó a instalar más atrás, en el año 2015, cuando las elecciones para alcaldías y gobernaciones también se vivieron en días de sosiego. Los efectos de las declaratorias de cese del fuego, no solamente de la exguerrilla de las Farc, sino también del Eln, fueron un bálsamo que varias generaciones nunca habían vivido.
Sin embargo, esa calma se rompió por el accionar de organizaciones armadas ilegales que, según el Gobierno y expertos en el tema, están motivados por dos factores: el narcotráfico y la apropiación de la contratación pública. A estos dos factores se suman estructuras dedicadas al contrabando y a la minería ilegal.
En cuanto al narcotráfico, varias voces han hablado de su presencia en territorios como Cauca, Nariño, el Catatumbo y la Orinoquia, especialmente, zonas donde los carteles de la droga se están disputando el control territorial para transportar sus cargamentos.
Esta semana, en la Comisión Primera del Senado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que tal es la situación en Cauca, departamento donde fue asesinada la candidata Karina García.
“Lo que le está pasando al departamento del Cauca, desde el punto de vista del orden público, está fundamentado en el narcotráfico y en buscar un corredor de salida hacia el río Naya y otros esteros que les permiten llegar a la costa Pacífica para mandar esa droga a Centroamérica”, aseguró Botero.
Adicionalmente, expertos en el conflicto aseguraron que el control territorial también pasa por apropiarse de la contratación en los municipios y de los propios cargos públicos que se elegirán el próximo 27 de octubre; es decir, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales.
Para Camilo González, presidente de Indepaz, “en algunas partes ya existe la tradición de verdaderas mafias clientelistas que se disputan a mordiscos el presupuesto público”.
Balas contra votos
Las cifras más concretas sobre el tema de violencia política las está manejando actualmente la Misión de Observación Electoral (MOE), la cual tiene desplegados investigadores en varias partes de la geografía nacional para cotejar los datos que recibe.
De acuerdo con esa información, y la actualizada este sábado por EL TIEMPO, ya han sido asesinados seis candidatos a las elecciones de octubre: dos a alcaldías y cuatro aspirantes a concejos. Esta cifra, según la MOE, supera la de los aspirantes muertos en toda la campaña regional de 2015.
En cuanto a amenazas, los aspirantes con mayores intimidaciones son los de las alcaldías, con 21 casos, mientras que los candidatos a concejos amenazados suman seis.
El partido más afectado hasta el momento es el de ‘la U’, con seis aspirantes: uno asesinado y cinco amenazados. Le siguen los grupos que apoyan aspirantes con firmas, entre los cuales hay cinco reportes: cuatro amenazas y un atentado.
El Partido Liberal es el más afectado en los crímenes: ya suma dos candidatos muertos.
Para el politólogo Jairo Libreros, a las causas de esta violencia política hay que sumarle un “descuido” de algunas autoridades locales y departamentales ante el resurgimiento de los factores de violencia.
“Los grupos ilegales están haciendo una apuesta violenta muy fuerte. Colombia tiene experiencia en un tema que se llama la apropiación ilícita de gobiernos locales (…). La apuesta nuevamente va por esa vía: el control de administraciones locales, de la contratación. Eso les da presencia territorial, capacidad de gestión y, quizá, estén pensando en eventuales negociaciones de paz para salir de estos líos en mejores condiciones”, dijo Libreros.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que el Gobierno ha venido trabajando de manera articulada con otras entidades del Estado para judicializar y castigar a los actores ilegales que están detrás de estas amenazas a los candidatos.
«Alto riesgo electoral en 315 municipios del país y 30 departamentos»: Procuraduría General
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, alertó sobre la situación de alto riesgo electoral en 315 municipios del país y 30 departamentos, y le pidió al Presidente Iván Duque la instalación inmediata de un Puesto de Mando, Monitoreo y Control que haga seguimiento y resuelva de manera urgente las amenazas contra los comicios del 27 de octubre.
“Estimado señor Presidente. El momento requiere de una intervención intrépida y de una estrategia conjunta del Estado, ante el incremento de la situación de riesgo tanto de los líderes sociales como de los políticos, en pleno calendario electoral”.
Precisó que el objetivo es el de lograr el monitoreo, a través de mapas de calor, de la situación de riesgo en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde se registra el más alto índice de homicidios y mayor afectación de violaciones a líderes sociales y de defensores de derechos humanos, que permita la revisión y ajustes a los esquemas de protección.
Riesgo Electoral
El jefe del Ministerio Público reveló el mapa de riesgo electoral de la Procuraduría que identificó las amenazas contra 47 líderes y lideresas sociales, candidatos a cargos de elección popular en Arauca (23), Antioquia (10), Cauca (9), Chocó (2), Norte de Santander (2), y Nariño (1). 11 de estos candidatos son mujeres.
«Los procesos electorales siempre son el peor escenario para que se agudice esa violencia», insistió Carrillo Flórez.
El Índice de Riesgo Electoral – IRE -, diseñado por la Procuraduría General con base en mediciones de violencia, comportamiento electoral y capacidad institucional de las regiones, permitió identificar que 315 municipios del país se encuentran en riesgo alto para las próximas elecciones.
De acuerdo con la medición, los departamentos con mayor número de municipios en riesgo electoral son Antioquia (48), Cundinamarca (20), Norte de Santander (18), Tolima (18) y Nariño (17).
De los municipios en riesgo 74 hacen parte de la Región Caribe y están ubicados en los departamentos de Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba; 66 en el Eje Cafetero, en Antioquia y Quindío; 61 en la Región Centro Oriente, departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá; 54 en la Región Pacífica -Chocó, Valle del Cauca y Nariño; 40 municipios en la Región Centro Sur, en Caquetá, Tolima y Putumayo, y 20 en la región de los Llanos, Meta, Arauca, Vaupés, Guanía y Vichada.
«Aquí la paz no le pertenece a ningún partido político, a ninguna ideología. La Paz es patrimonio de todos los colombianos. Insisto, es el único legado que le podemos dejar las nuevas generaciones de colombianos».
Actualmente la Procuraduría a través de un Puesto de Mando, Monitoreo y Control en asuntos electorales, ubicado en Bogotá, recibe quejas y denuncias de todo el país, e interviene ante las autoridades competentes para garantizar la protección, seguridad y acompañamiento a los candidatos amenazados.
El IRE permite identificar factores a nivel electoral, como trashumancia, candidatos investigados y abstención electoral; de violencia, relacionando características geográficas influenciadas por conflicto armado, cultivos ilícitos, concentración de víctimas y amenazas; y de contexto, donde se analizaron componentes de pobreza, desempeño fiscal y municipal, y quejas registradas en los sistemas de información de la entidad.
