Crisis institucional en Paraguay: ¿Cuál es el poder del expresidente Horacio Cartes?

“Marito” aparece como el “florero”

El hecho de que todos los diputados de la ANR, incluidos los abdistas, hayan asistido a una reunión convocada por Horacio Cartes en su domicilio evidencia que el senador Silvio Ovelar (ANR) tuvo toda la razón al señalar que el anfitrión es “el primer expresidente con poder real”. Ni siquiera el actual Primer Mandatario, Mario Abdo Benítez, pudo nunca congregar a sus correligionarios legisladores de las diversas facciones, tal como lo ha logrado ahora su influyente antecesor. En más de un editorial ya habíamos apuntado que el actual jefe de Estado se mantendría en el Palacio de López al muy alto precio de convertirse en un rehén de quien, al menos en 2016, era “el mayor contrabandista del país”, según sus propios dichos. Él y sus acólitos se sienten muy agradecidos con el cogobernante de hecho por “el gesto que tuvo para garantizar la estabilidad en el Paraguay”, como si su destitución y la del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, mediante el procedimiento constitucional del juicio político, fuese un acto de desestabilización que generase un verdadero caos.

Resulta ridículo que sea justamente Horacio Cartes, el mismo que promovió una enmienda inconstitucional de la Carta Magna para continuar su pésimo Gobierno por un periodo más, quien aparezca ahora como el gran garante de la normalidad institucional. Lo único que estaría asegurando es que su severo censor de otrora siga ejerciendo formalmente la Presidencia de la República, mientras él se convierte en el poder fáctico.

Se habla de un “cogobierno”, como si el Poder Ejecutivo fuera bicéfalo. El adiestrado olfato, tanto de los legisladores como de los ministros y funcionarios, hará que en adelante presten suma atención a los requerimientos que provengan no solo de Mburuvicha Róga, sino también –y sobre todo– de la conocida mansión capitalina de la Av. España, donde reside Cartes. El aparato estatal se desestabilizará porque se quebrará la unidad de mando, incluso en los niveles medios e inferiores de la administración. Los cartistas recuperarán el espacio perdido, en tanto que los abdistas verán su autoridad socavada. Muchos de estos cambiarán de bando para seguir las directivas de quien no tendrá la lapicera, pero sí la capacidad de dictar decisiones.

El vicepresidente de la República ya no cumplirá las órdenes de Mario Abdo Benítez, sino que volverá a las carpas de su anterior líder, que ya ha empezado a marcar pautas sin ningún disimulo. Irá “bajando línea” en una serie de cuestiones que le interesan sobremanera, entre ellas la de jurar como senador irregularmente electo y la de volver al Palacio de Gobierno en 2023, tras una reforma constitucional. Se comenta que precisamente anteayer se habría pactado promover una Convención Nacional Constituyente.

Este peligroso pacto de hecho “oficializado” significa que el jefe formal del Poder Ejecutivo tendrá el humillante papel de confirmar lo resuelto en otro lugar y perderá el control de la administración general del país, aunque se esfuerce por convencer a la ciudadanía de que sigue al frente de la República. Eso de “caiga quien caiga” sonará cada vez más ridículo y los corruptos, más o menos agazapados, actuarán con mayor desenfado. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial reorientarán sus antenas para no importunar a ningún protegido del “cogobernante”. Puede que, para guardar las apariencias, el Gabinete no se llene de cartistas, pero los ministros estarán pendientes de cuanto se opine en el auténtico centro del poder sobre algún tema de sus respectivas competencias.

Suele ocurrir que entre las elecciones generales de abril y la asunción al cargo presidencial del 15 de agosto, el Gobierno en funciones pierda influencia. Lo deplorable en este caso es que la “transición” durará nada menos que cuatro años, tiempo durante el cual la gestión gubernativa se ralentizará bastante, pues habrá que dar un formato apropiado a lo resuelto fuera del orden jerárquico, una vez efectuada la consulta de rigor. La inseguridad y los reajustes serán permanentes.

La componenda del viernes pasado revela que el Presidente de la República optó por plegarse a los designios de su socorrista y traicionar a quienes lo eligieron confiando que su Gobierno sería distinto. Es de suponer que los diputados “añetete” contaron con su anuencia para responder a la convocatoria. Si no fue así, entonces perdió todo predicamento entre ellos, lo cual agravaría su desde ya muy penosa situación.

El mensaje de una fotografía del encuentro, que fue difundida, no pudo ser más elocuente: Cartes sentado como en un trono, rodeado de la tropa. Por lo visto, los asistentes no se sintieron humillados por el hecho de que, siendo legisladores, sean llamados por quien no ejerce ningún cargo nacional ni partidario.

En verdad, es para sentir lástima por Abdo Benítez y reprocharle su escaso amor propio. Da la sensación de que el “florero” no es el vicepresidente Velázquez, que cada vez demuestra más poder, sino el Primer Mandatario. “Marito” podrá renunciar a su dignidad personal, pero no puede renunciar de hecho a un mandato constitucional para permanecer en el cargo, “vendiendo su alma al diablo”. Si no demuestra que es él quien gobierna en este país, es probable que esa ciudadanía indignada que se levantó contra las ambiciones de Horacio Cartes redoble sus esfuerzos para apartarlo del poder vía juicio político. Todos los que participan de estas oscuras maniobras están subestimando una vez más el poder del pueblo.

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El pacto colorado traería también impunidad judicial

Una de las monedas de cambio que traería el acercamiento entre los parlamentarios de Añetete y los cartistas sería la impunidad judicial para muchos diputados y senadores, quienes actualmente están acorralados por la justicia por supuestos graves hechos de corrupción y tráfico de influencias.

*El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), junto a su esposa Sandra McLeod, son los más complicados con tres procesos penales. En uno de ellos el parlamentario tiene pedido de prisión. Solo un acto de impunidad podría salvar al matrimonio de la cárcel.

* En diciembre de 2018 la fiscalía abrió una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete) por su tarea como gobernador de Guairá, pero el caso está cajoneado y con un nulo avance.

* El diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista), miembro del clan ZI, también está investigado por supuesto enriquecimiento ilícito desde setiembre del año pasado. Su blanqueamiento también sería parte del acuerdo que se viene pergeñando.

* El exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista), condenado, pero con suspensión de la pena, tiene otro proceso abierto que está para juicio oral y de ser hallado culpable irá preso. Por eso es el más interesado en recibir una ayuda de este pacto.

* El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) está imputado por cinco delitos, uno de ellos narcotráfico. Estuvo preso casi un año, actualmente libre, fue el primero en acercarse al cartismo en busca de impunidad y de no volver a la cárcel.

* El diputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete), imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y con pedido de prisión. Presentó 11 chicanas para frenar su proceso y se resiste a dejar sus fueros. Sería uno de los grandes beneficiados por el “pacto”.

* El diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete) está siendo investigado por una supuesta malversación de G. 10.000 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó entre los años 2011-2017. El caso está parado y no avanza.

* El diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por el caso de sus caseros de oro, chicanea su proceso hace más de un año. Sus tres caseros ya esperan solo la fecha del juicio oral y es cuestión de tiempo para que ocurra lo mismo con él.

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