AMIA: 25 años de impunidad como única respuesta – La Nación, Argentina
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Se cumplen mañana 25 años del brutal ataque contra la sede de la AMIA. Un cuarto de siglo durante el cual ha habido más retrocesos que avances concretos para llegar a la verdad y, consecuentemente, para que rindan cuentas los autores de semejante masacre.
El atentado contra la AMIA , ocurrido del 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos, centenares de heridos y miles y miles de personas que todavía hoy reclaman justicia porque, como bien se ha dicho en innumerable cantidad de oportunidades, no ha sido este un ataque contra una comunidad determinada, sino contra todos los argentinos.
Nuestro país no ha podido salir aún de ese duelo colectivo, sencillamente porque no ha habido justicia.
Ha pasado ya un cuarto de siglo durante el que la política -lo peor de la política- se ha encargado de embarrar el terreno trabando las investigaciones o proponiendo salidas aberrantes, como el acuerdo con Irán, que perseguía no otra cosa que garantizar la impunidad de quienes tramaron y llevaron adelante «un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia y para liberarlos de toda responsabilidad penal» por aquellos hechos, tal como expresó el fiscal Alberto Nisman, extitular de la Unidad Fiscal AMIA en su valiente denuncia de encubrimiento y cuya muerte violenta, ocurrida hace más de cuatro años, tampoco fue esclarecida.
En medio de toda esa impunidad y con el evidente y avieso fin de dar por terminada la discusión y librar de culpa y cargo a los mayores sospechosos de haber intervenido en el ataque fue que, durante todo este tiempo, aparecieron voces destempladas que se turnaron para tratar de hacer justicia sin, precisamente, dejar eso en manos de la Justicia. Fue el caso del actual senador y precandidato a diputado nacional por el kirchnerista Frente de Todos, Fernando «Pino» Solanas. En una carta suscripta en 2007, Solanas apoyaba a los dirigentes iraníes acusados por la Justicia argentina en la causa por la voladura de la mutual judía. Si bien con el paso del tiempo intentó aclarar la situación, lo cierto es que su firma acompañó una misiva en la que se adjudicaba la acusación contra Irán a supuestas presiones con fines beligerantes de los Estados Unidos e Israel.
Luis D’Elía fue quien viajó a Irán en varias oportunidades, una de ellas, para intentar entregar esa carta de apoyo al entonces presidente Mahmud Ahmadinejad, aunque después haya procurado desdibujar esos traslados diciendo que viajaba por «avidez periodística».
Un año antes de aquel escrito, Hebe de Bonafini marcaba sus «diferencias» con el gobierno de entonces, por entender -en la misma sintonía que los dirigentes citados- que estaba «tomando partido» por «las investigaciones del Mossad y de la inteligencia norteamericana», al tiempo que reclamaba que se escucharan las razones del gobierno iraní cuando este sostenía que podía comprobar «que no tuvo ninguna vinculación con el atentado contra la AMIA». Siempre llamó poderosamente la atención cómo personajes que nada tenían o tienen que ver con las investigaciones judiciales intentaron -e intentan- con fuerza inusitada hilar una historia paralela que deje impune el peor atentado sufrido por nuestro país en toda su historia.
Hace apenas unos pocos días, el 10 de este mes, quien se postula como precandidato kirchnerista a la presidencia, Alberto Fernández, protestó amargamente a la salida de Tribunales por el hecho de que el juez Bonadio lo citara como testigo en la causa por el encubrimiento, en virtud de la denuncia de un querellante respecto de dichos del propio Fernández durante una entrevista con el periodista Nelson Castro, en 2015.
En aquella oportunidad, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo había dicho que el acuerdo con Irán consumó el encubrimiento y que no se logró concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de Cristina Kirchner, su actual compañera de fórmula en el binomio presidencial. «[Cristina] hizo una ley para que la encubra en términos penales; es casi una autoamnistía», sostenía Fernández hace cuatro años. Pero al dejar los tribunales hace una semana y cuando los periodistas le recordaron aquella aseveración suya, Fernández opinó molesto: «Si me citaron por una opinión, deberían citar a todos los que opinaron sobre el pacto con Irán». Olvida acaso el precandidato que no todos quienes opinaron fueron jefe de Gabinete entre 2003 y 2008 como lo fue él durante toda la presidencia de Néstor Kirchner y parte del primer mandato de Cristina Fernández. Muy pocas personas como él han tenido acceso y llegada tan cercanos a las decisiones de ambos jefes de Estado.
Esa causa ya fue elevada a juicio oral y Bonadio investiga el cruce de llamados entre iraníes acusados, D’Elía y Fernando Esteche. También se encuentran procesados en ella, entre otros, el exsecretario general de la Presidencia Carlos Zannini y el extitular de la AFI Oscar Parrilli.
Quienes hace 25 años buscan la demorada verdad respecto de lo sucedido en la AMIA no pudieron asistir sino azorados y con espanto a todas esas manifestaciones. El mismo espanto que buena parte de la comunidad judía sintió al ver que la expresidenta Kirchner invitaba para una de las presentaciones de su libro al sheik Mohsen Ali, un líder espiritual señalado por Nisman como promotor de la impunidad iraní y a quien también se criticó por haberle sugerido a uno de los jueces de la causa AMIA que el atentado contra la mutual fuese investigado como autoatentado, además de haberse expresado en favor del grupo terrorista fundamentalista Hezbollah.
Frente a toda esa sinrazón, una luz de esperanza se ha encendido en el Congreso al comenzar a debatirse el proyecto de ley sobre juicios en ausencia. La aplicación de este instituto de carácter procesal permitirá que se avance con un abogado defensor de oficio cuando los sospechosos se encuentren prófugos o en un país que deniega su extradición. Tal iniciativa, que cuenta con el apoyo del actual gobierno, fue presentada originalmente en 2013 por la DAIA, tras el bochornoso tratado con Irán.
También es de sumo valor la continuación de la desclasificación de archivos de la vieja SIDE, dispuesta en 2015, una prueba valiosísima que se encontraba abandonada al asumir el actual gobierno.
Todo ello contribuye a sostener el reclamo de justicia y mantener fresca la memoria. Del mismo modo que colaborarán los decretos presidenciales próximos a oficializarse, por los que se dispone la creación del registro público de personas y entidades vinculadas con el terrorismo y su financiamiento, la indemnización para un grupo de exempleados de la AMIA no alcanzados por las sumas ya abonadas por el Estado y la declaración del 18 de julio como día de duelo nacional en homenaje a las víctimas.
No está de más insistir en que buscar justicia no es buscar venganza, y que el duelo que siguen viviendo tantos allegados de las víctimas no podrá cerrarse si no se llega a la verdad y si los culpables no reciben el correspondiente castigo.
Un cuarto de siglo es demasiado tiempo, además, para intentar cerrar sin respuestas una herida tan profunda como la que aquel atentado dejó en todos los argentinos.
