Convocan a marcha mundial para exigir el fin de los asesinatos a líderes sociales
Marcha mundial por líderes sociales asesinados de Colombia
El Movimiento Defendamos la Paz de Colombia convocó éste jueves a una marcha nacional e internacional a realizarse el 26 de julio para exigir al Gobierno del presidente Iván Duque, que establezca medidas que pongan fin a los crímenes contra líderes sociales.
El comunicado de la convocatoria hace un llamado «a nuestros compatriotas a que el próximo 26 de julio salgamos a las calles y plazas, en Colombia y en el exterior, para rendir homenaje a los líderes y lideresas sociales y para exigir que se ponga punto final a estos crímenes”.
También se invita a distintos sectores como «medios masivos de comunicación, partidos políticos, a las iglesias, a los gremios empresariales, a las universidades, a las organizaciones sociales, y a la ciudadanía en general para respaldar y promover ésta iniciativa”.
???Convocatoria Movilización Naciona e Internacional| #Julio26ElGrito
26 de julio : por la vida de las lideresas y los líderes sociales
Salgamos a las calles y plazas, homenaje a los líderes y lideresas sociales y para exigir que se ponga punto final a estos crímenes. pic.twitter.com/b7Vigg8SfS
— DefendamosLaPazColombia (@DefendamosPaz) June 27, 2019
Defendamos la Paz recordó el asesinato de la líder social, María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años de edad, a quien presuntos paramilitares le quitaron la vida junto a su hijo menor de edad. El organismo lanzó un tweet al respecto: “Un video que muestra el angustioso llanto del pequeño niño ante el cadáver de su madre”.
El próximo #Julio26ElGrito es por la vida, la defensa del territorio y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. @DefendamosPaz #FelizJueves. pic.twitter.com/PZhGvEmiAL
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) June 27, 2019
Según la oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la violencia en Colombia ha generado 76 denuncias de asesinatos durante el año 2019.
En 2018 se habían reportado 115 asesinatos de líderes sociales. Los números reflejan una continuidad y un crecimiento de la violencia que provocan las denuncias de las organizaciones sociales ante la inaccion del Gobierno. Aseguran que no se han tomado medidas para frenar el incrementos de los homicidios.
Líder social asesinado en Tuluá era víctima de desplazamiento forzado
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas repudió el asesinato del líder social José Arled Muñoz Giraldo, reconocido en el departamento de Valle del Cauca por su férrea defensa de los derechos humanos.
Fuentes oficiales indicaron que Muñoz Giraldo fue desplazado por la violencia en zona rural de Risaralda y hacía parte del Registro Único de Víctimas. También lideraba procesos en la Mesa de Víctimas de Tuluá.
“La Unidad para las Víctimas expresa su solidaridad con la familia, con la comunidad de Tuluá y con la organización de la cual hacía parte José Arled. Como entidad del Estado, la Unidad para las Víctimas formuló un llamado a las autoridades con el fin de que se investigue, capture y judicialice a los responsables de este hecho violento”, precisa en un documento.
El homicidio se registró en el barrio La Independencia cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon al líder social.
El departamento de Policía del departamento ofreció 10 millones de pesos de recompensa a quien entregue detalles que permitan esclarecer el crimen.
En Colombia 462 líderes sociales han sido asesinados entre el primero de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado, según la Defensoría del Pueblo.
Las 23 medidas del Gobierno para reforzar la seguridad de los ex-Farc
Desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, en diciembre del 2016, y el 18 de junio del 2019, se registraron 115 homicidios de excombatientes, según cifras oficiales.
Esta problemática ha sido una de las principales preocupaciones de los defensores del proceso de paz, quienes le han reclamado en distintas ocasiones al presidente Iván Duque que se comprometa con la seguridad de los exguerrilleros.
Precisamente, este jueves el presidente Iván Duque anunció, desde Bello (Antioquia) 23 medidas con las que se buscará garantizar la vida de las 11.922 personas que se encuentran en proceso de reincorporación.
“Este gobierno tiene una prioridad en que el proceso de reincorporación sea un proceso exitoso, un proceso que permita que las personas que han dejado el camino de la violencia puedan entrar por la vía de la legalidad a una metodología de vida, a un esquema de vida donde puedan tener sostenibilidad con sus ingresos y consolidarse como núcleo familiar”, aseguró el jefe de Estado.
#Bello Hay una preocupación legítima, natural, que tiene que ver con la protección de todos los excombatientes en reincorporación. Quiero anunciar un paquete de medidas para su protección. Este Gobierno tiene la prioridad de que el proceso de reincorporación sea exitoso. pic.twitter.com/D6GuHnwCHv
— Iván Duque ?? (@IvanDuque) June 27, 2019
Entre las medidas se contempla intensificar el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo de los excombatientes por parte de la Defensoría del Pueblo, reducción de tiempos de atención de solicitudes de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y realizar jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección.
De igual forma, las medidas del Gobierno Nacional contemplan mayor presencia de la Fuerza Pública en las zonas donde residen los exguerrilleros. Por ejemplo, habrá un cuerpo élite de la Policía dedicado exclusivamente a la investigación de amenazas a excombatientes y se destinarán 25 investigadores de la Dijín para que indaguen toda acción en contra de exguerrilleros.
Además, en los municipios donde se presenten alertas tempranas, se promoverá con los alcaldes algunas medidas adicionales, como la prohibición del parrillero en las motos y jornadas de desarme.
También, la Fiscalía reasignará a los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos donde se han presentado mayores afectaciones a exguerrilleros.
“El éxito de la reincorporación dependerá de que nosotros, también en los territorios, podamos doblegar a la criminalidad y que no haya un rebrote de esa tentación para las personas que han dejado el camino de la violencia y que puedan consolidarse en la vía de la legalidad”, aseveró el Presidente.
Duque destacó que de los 115 homicidios reportados, la Fiscalía logró esclarecer 69. Detrás de estos están las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’, los ‘Caparrapos’ y organizaciones pequeñas de microtráfico.
Sobre la protección de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde viven 3.291 exguerrilleros, Duque aseveró que ya hay 2.500 efectivos de la Fuerza Pública encargados de garantizarla.
“A todos los que están detrás del asesinato de los líderes sociales y de excombatientes y de cualquier colombiano los vamos a enfrentar porque este gobierno tiene un compromiso con la legalidad”, agregó el mandatario.
Estas son las 23 medidas del Gobierno
1. La operación de un Centro Integrado de Información, coordinado por el Ministerio de Defensa Nacional, para articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y homicidios contra excombatientes Farc, al que se le asigna entre otras: a) coordinar la acción interinstitucional para celeridad en la ejecución de órdenes de captura por homicidios de ex-Farc, b) garantizar el acceso inmediato de la fiscalía a la escena del crimen, c) realizar mesas periódicas de apreciación de inteligencia sobre la situación en terreno y d) acordar medidas para mejorar anillos y atención en seguridad.
2. Generar alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, protección y seguridad para los excombatientes en mayor vulnerabilidad y riesgo, según los perfiles de quienes han sido asesinados.
3. Focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en la información que suministre semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre departamentos y municipios más afectados.
4. Expedir decreto para el control de riesgos de seguridad de la población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las medidas relativas a los ETCR.
5. Desarrollo de las medidas para garantizar seguridad de candidatos de Farc en el período electoral de 2019, previstas en el Plan Nacional de Garantía Electorales.
6. Intensificación del monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para excombatientes de las Farc por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas.
7. Depurar las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT y para asegurar la coordinación con las autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
8. Remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la Estabilización para que esta apoye la gestión pronta de las mismas.
9. Optimizar la claridad y utilidad de la información oficial sobre afectaciones a excombatientes Farc.
10. Afinar la articulación entre UNP y Fiscalía en la acción y seguimiento a las amenazas contra excombatientes Farc.
11. Reducción de tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP.
12. Asegurar la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la UNIPEP para los desplazamientos de excombatientes.
13. Realizar jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección.
14. Actualización de la metodología e instrumento de análisis de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de las Farc, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP.
15. Participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de excombatientes de las Farc en la UNP.
16. Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional con dedicación exclusiva a la investigación de amenazas a excombatientes de las Farc.
17. Destinar 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (DIJIN) para investigación criminal en terreno de afectaciones contra excombatientes de las Farc.
18. Distribuir en las zonas priorizadas un manual de autoprotección para excombatientes.
19. Reforzar las acciones de prevención a cargo de ARN y UNIPEP: a) para mitigar los riesgos de estigmatización y b) con campañas de autoprotección y seguridad.
20. Reforzar cultura de la legalidad. a) La ARN, la UNIPEP y la OACP articularán para capacitar en territorios. b) La ARN y la UNP impartirán capacitación en cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de agentes escoltas excombatientes Farc.
21. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico.
22. En los municipios en los que se den alerta tempranas, promover con los alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme.
23. La Fiscalía reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes.
Farc: Medidas de Duque para proteger a excombatientes son insuficientes
El Partido Farc se pronunció luego de que el presidente Iván Duque anunciara una serie de medidas con las cuales buscan proteger a los desmovilizados de ese grupo,que están siendo víctimas de amenazas y asesinatos en diferentes regiones.
Los miembros que hacen parte de la CSIVI, que es la instancia que se creó para hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, señalan que las medidas son insuficientes y el Gobierno no está cumpliendo con lo establecido en la negociación para darle seguridad a los exguerrilleros.
Rodrigo Granda afirmó que detrás de estos homicidios se encuentran grupos paramilitares que siguen actuando debido a que no se ha creado la comisión que se pactó en Cuba para perseguirlos.
“Hay en el acuerdo de La Habana una seria de medidas que si se enfocaran con el criterio que se tiene, no se estuviera presentando este baño de sangre que está ocurriendo en el país. Tampoco demeritamos lo que trata el presidente de enmendar, pero consideramos que todavía son medidas todavía insuficientes”, señaló.
Jairo Estrada, otro delegado de las Farc en la CSIVI, indicó que la mejor manera de evitar estos crímenes es cumplir al pie de la letra el punto de garantías de seguridad establecido en el acuerdo de paz.
“Hablamos de la existencia de un sistema integral de garantías de seguridad, ese sistema empieza por la necesidad de convenir un pacto político nacional para superar de manera definitiva el vínculo entre armas y política”, dijo.
Estrada también explicó que se prevé la implementación de una “comisión de garantías de seguridad, pero hay otra serie de medidas que están allí contenidas y que se refieren a las garantías para el ejercicio de la política, las cuales no ha implementado el Gobierno”.
Entre los nuevos instrumentos anunciados por el Gobierno se encuentra la expedición de un decreto para el control de riesgo de seguridad de la población en proceso de reincorporación, además de la creación de un cuerpo élite de la Policía Nacional que se encargará de investigar las amenazas contra los excombatientes.
El presidente Iván Duque también informó que se creará un Centro Integrado de Información y Coordinación, liderado por el ministro de Defensa, para evaluar las intimidaciones que a diario están recibiendo los miembros de las Farc.
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