Una crisis de cuidado – El Tiempo, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La decisión tomada ayer por la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de otorgarle a Jesús Santrich la garantía de la no extradición y ordenarle a la Fiscalía General de la Nación que lo ponga en libertad sacudió el país. El presidente Iván Duque, en su declaración de anoche, fue claro en que no la comparte, pero la acata y respalda la apelación de la Procuraduría.
El polémico fallo fue resultado de una apretada votación –tres togados a favor, dos en contra– y, como se sabe, generó la renuncia irrevocable del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y de la vicefiscal María Paulina Riveros. Esta dimisión, sumada al pronunciamiento de la justicia transicional, detonó una evidente y grave crisis en los ámbitos político y judicial. Crisis que puede atenuarse si este funcionario decide dar marcha atrás y opta por permanecer en su cargo. Este escenario, para ser claros, es el necesario en este momento de seria inestabilidad institucional: es deseable que Néstor Humberto Martínez reconsidere su renuncia y desde su despacho lidere los esfuerzos para que la inestabilidad que hoy reina sea pasajera y pueda defender las pruebas que, contra Santrich, envió a la JEP.
Porque lo decidido por esta jurisdicción, aunque debe respetarse y acatarse, tiene preocupantes repercusiones. Está el hecho de que sienta un precedente histórico en lo concerniente al uso de la herramienta de la extradición. Al tomar este camino, la Jurisdicción Especial le envía el mensaje a la justicia de Estados Unidos de que la mera solicitud, junto con la información sobre la fecha de comisión del delito, no es suficiente para autorizar el envío del acusado, algo inédito en el contexto de cómo se ha utilizado este mecanismo a lo largo de la historia, que puede tener repercusiones insospechadas, además del mensaje de desconfianza hacia la justicia norteamericana, aliada de muchos años en la lucha contra el crimen organizado.
Genera ahora expectativa la mencionada apelación de la Procuraduría: una ventana que queda abierta para que la decisión final tenga un sentido diferente o un nuevo rumbo en el marco del ordenamiento legal vigente. Otro elemento que debe resaltarse es la manera como la justicia transicional, y con ella el deber de llevarles verdad y reparación a las víctimas, queda en un segundo plano, algo frustrante para el propósito de construir una paz estable y duradera. Este episodio ha logrado ubicarse en el centro del debate y todo indica que permanecerá allí por un buen tiempo.
Lo ocurrido, que es grave en el campo de lo jurídico, acentúa una polarización en niveles ya críticos. Ya se comenzaron a escuchar voces que hablan de salidas claramente inconvenientes, como la de convocar una asamblea constituyente.
En estos momentos de tempestad hay que unir esfuerzos para que las aguas retomen su cauce –aquí reiteramos la necesidad de que el Fiscal General no abandone su cargo– y entonces trazar, de manera consensuada, una salida que no pase por darles la espalda a las instituciones, tal y como anhelan quienes ven en el Estado de derecho un anticuado estorbo.
