Argentina: ordenan la detención del prefecto acusado de asesinar al joven mapuche Rafael Nahuel
Ordenan la detención del prefecto acusado del crimen de Rafael Nahuel
La Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, dictó un fallo que demuele el relato construido desde el 25 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad con la complicidad del gobierno de la provincia y del juez federal Gustavo Villanueva.
En su sentencia, la jueza Marian Lozano y sus pares Richard Gallego y Ricardo Barreiro ordenaron la detención del efectivo de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de esa fuerza, bajo la acusación de matar con su fusil al joven mapuche Rafael Nahuel, en territorio recuperado de Villa Mascardi.
A su vez ordenó que se juzgue al prefecto por “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, que es el cargo que le había imputado el anterior magistrado de la causa Leónidas Moldes.
Luego de muchas dilaciones, a pesar de los contundentes peritajes, Pintos quedó comprometido en el crimen, ya que se determinó fehacientemente que su arma fue la que contenía el proyectil que mató por la espalda al joven que había acudido tras la feroz represión del 23.
Sin embargo Lozano, Gallego y Barreiro dictaron en el mismo fallo la “falta de mérito” de los compañeros de Pintos, que ese mismo día dispararon junto a él contra el grupo de jóvenes mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.
Un juez federal de la región, duro con Bullrich por la “mano dura”
“Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados”. La frase la escribió el camarista federal de Roca Ricardo Barreiro en el fallo que dispuso la prisión preventiva del prefecto Francisco Javier Pintos por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel.
“Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”, añadió el camarista.
Cuestionó de esta manera, con anclaje en el caso “Chocobar”, las declaraciones del ministerio de Seguridad de la Nación al día siguiente de la muerte de Nahuel. Allí Bullrich habló de un enfrentamiento entre prefectos y mapuches, y respaldó a los uniformados.
Archivo: El día que Bullrich defendió al Prefecto acusado de matar a Rafael Nahuel
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había respaldado el accionar de los efectivos de Prefectura que participaron de la represión en la Villa Mascardi que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. La Cámara de Apelaciones de General Roca pidió la detención con prisión preventiva del Prefecto Javier Pinto por homicidio agravado.
«Son grupos violentos que no respetan la ley. No reconocen el Estado ni la Constitución», había afirmado en conferencia de prensa. La funcionaria dijo que se llevó a cabo «una acción legal, legítima y enmarcada en la ley frente a una acción ilegal e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz».
En ese sentido, la ministra había expresado que no pone en duda el rol de la Prefectura: «Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión de la Prefectura carácter de verdad».
La Cámara de Apelaciones de General Roca descartó hoy los procesamientos contra cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina bajo la figura de “homicidio en exceso de legítima defensa”, y en cambio procesó por “homicidio agravado” al Cabo Primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal. Además, le dictó prisión preventiva.
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