La Fiscalía anula acuerdo con la Iglesia en casos de abusos sexuales
El fiscal nacional Jorge Abbott dejó sin efecto el convenio de colaboración suscrito con la Conferencia Episcopal firmado el pasado 30 de abril. La decisión, explicaron desde el Ministerio Público, se tomó “tras recibir y escuchar a diversas agrupaciones de víctimas”.
“Si bien el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia, ampliando el estándar legal establecido y asegurando la confidencialidad de las víctimas en el caso de que ellas lo requirieran, la Fiscalía Nacional lamenta profundamente que la firma del documento, como acto simbólico, haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas, situación que no fue ni prevista ni deseada por la institución”, plantearon desde la Fiscalía Nacional.
Efectivamente, las víctimas de abuso sexual decían que el acuerdo les genera un poco de desconfianza y distancia por las investigaciones que puede llevar adelante el Ministerio Público. El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos, Helmut Kramer, consideró que la manera de recuperar la confianza es anulando este convenio, lo que terminó sucediendo.
La respuesta más dura vino por parte de Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del exsacerdote Fernando Karadima, quien acusó a Abbott de traicionar la esperanza de las víctimas e incluso le advirtió que no va a parar hasta que renuncie o sea reemplazado.5801
Prioridades
La Fiscalía, en su comunicado, indicó que le son prioritarias las acciones que se adopten para facilitar que una víctima sea acogida, escuchada, protegida y reparada. Entre esas acciones, destaca la atención oportuna, prioritaria y especial en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, promover una mayor especialización de la persecución penal en esos delitos, impulsar e implementar la Ley sobre Entrevistas Videograbadas, y participar activamente en la tramitación del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
Conferencia Episcopal tras revocación de acuerdo con Fiscalía: «Lamentamos que haya causado un impacto doloroso en víctimas de abuso»
La Conferencia Episcopal (Cech) emitió un comunicado durante ayer por la tarde para referirse a la decisión dada a conocer por el Ministerio Público de revocar el acuerdo de colaboración en casos de abusos sexuales cometidos por clérigos que había firmado la Fiscalía con la Iglesia.
Esto, en medio de las críticas de distintos sectores al convenio.
“Nuestro único propósito al suscribir este acuerdo fue dar mayores garantías a las personas denunciantes de abuso sexual, especialmente a quienes no desean hacer su relato ante las instancias del Estado, y colaborar para que toda denuncia sea investigada por el Ministerio Público”, afirmó la Cech en el escrito.
Por medio del texto, la Conferencia Episcopal agregó que “nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio. Nuestro objetivo fue explicitar en un documento formal con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a colaborar más allá de lo que la sola ley estipula”.
Durante la tarde de ayer La Tercera había accedido a un borrador que hicieron circular miembros de la Iglesia donde se abordaba la decisión de la Fiscalía respecto al convenio.
La Cech también “lamentó” que “la firma del convenio haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso. No era esa nuestra intención”.
En esa línea, aseguran que “comprendemos la razón de Fiscalía Nacional para tomar esta decisión. Dada la nueva situación, ratificamos nuestra voluntad de realizar todo lo necesario para aportar los antecedentes que reciba la Conferencia Episcopal y que ayuden a las instancias del Estado a esclarecer la verdad y hacer justicia”.
El viernes pasado, representantes de víctimas de abuso se habían reunido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott -quien firmó el acuerdo junto al secretario general de la Cech, Fernando Ramos, a quien le manifestaron su molestia por la firma del pacto, acusando “perdida de las confianzas” y exigiendo el fin al protocolo. El Ministerio Público ese día se había comprometido a estudiar la viabilidad del acuerdo.
Desde algunos sectores políticos también habían acusado que el acuerdo podía generar una “traba” para la administración de justicia en casos de abusos. Desde el propio Ministerio Público también habían surgido críticas al convenio.
