Unidad Nacional marchará este miércoles por la liberación de presos y presas
Unidad Nacional convocará a marcha
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informó este domingo que está solicitando una reunión urgente con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia “para evaluar la situación de las negociaciones”, pues es evidente que el Gobierno ha violentado los acuerdos que firmó en la mesa de negociación, al atacar a manifestantes pacíficos la tarde del pasado sábado en la convocatoria “Sentada nacional”.
La UNAB hizo hincapié en que es urgente el establecimiento de medidas que en el corto plazo conduzcan “a la realización de cambios profundos en la Policía Nacional, en la Fiscalía y el Poder Judicial, elecciones adelantadas, reformas electorales, respeto irrestricto de las libertades de movilización, expresión y organización”.
Además, los miembros del Consejo Político de la Unidad, Guillermo Incer, Ivania Martínez, Yerri Estrada y Jesús Téfel, en conferencia de prensa, llamaron a la población nicaragüense a sumarse el próximo 2 de abril a “piquetes exprés” de 6:00 a 7:00 p.m., “tomando todas las medidas de seguridad”.
Asimismo, la UNAB convocó para el próximo miércoles a otro “pitazo nacional por la libertad de todos los presos y presas políticas”.
Las acciones, según los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional, deben ser rápidas, para evitar agresiones e invitan a la población a sumarse a las acciones en grupos de confianza que les permitan tener “más personas con las que se puedan cuidar ante las nuevas modalidades de represión que se están implementando contra los manifestantes”.
Los registros de la Unidad señalan que durante la manifestación “Sentada nacional” hubo 3 heridos de bala, 11 ciudadanos detenidos que ya fueron puestos en libertad, heridos leves, agresiones directas a periodistas y personas asediadas en distintos puntos del país.
Permiso para marchar
La Unidad adelantó que están evaluando realizar una marcha el próximo fin de semana, para lo cual notificarán a la policía por el tema del tránsito vehicular, ya que están claros que las facultades de la institución no está el prohibir una marcha cívica y pacífica.
“Vamos a notificar a la Policía Nacional para que después no haya excusa, otra vez, por parte del Gobierno, que por un ‘procedimiento’ se niegue el permiso, así que como Unidad vamos a cumplir con ese procedimiento para que quede una vez más en evidencia que el que no tiene voluntad de cumplir es el Gobierno y no el pueblo. El año pasado no nos dieron el supuesto permiso por cuestiones políticas y ahora hay un acuerdo firmado y vamos a ver, nuevamente, si tienen la voluntad y hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno de Nicaragua”, aseguró Guillermo Incer.
Por otro lado, los miembros de la Unidad recalcaron que insistirán ante la Alianza Cívica, la urgencia de que en el país estén organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Los representantes de la Unidad también solicitaron en su comunicación, al Consejo Permanente de la OEA, al Estado Vaticano y a la comunidad internacional “reevaluar con urgencia el estado de las situación de nuestro país y actuar con prontitud, tomando notas de los informas de la CIDH, GIEI.
Comunicado de la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Mesa de Negociación
La Delegacion del GRUN en la Mesa de Negociacion por un Acuerdo Nacional para garantizar la superacion pacifica de los conflictos y seguir trabajando por la Convivencia Armoniosa en Nicaragua, declaramos ante nuestro Pueblo, y ante la Comunidad Internacional, nuestra condena por los hechos de delincuencia y violencia protagonizados desde hace 3 Sabados, y de manera particular ayer Sabado 30 de Marzo.
Desde hace tres Sabados, en un reconocido Centro Comercial privado de Managua, un grupo de personas violentas, encapuchadas y vestidas para oportunidades mediaticas, amenazan a nuestro Pueblo con los repudiados y dolorosos tranques, y con similares actos vandalicos y terroristas. Est@s Ciudadan@s y su correspondiente aparato mediatico, han ocupado por la fuerza, los Sabados por la tarde, un Centro Comercial privado, dedicandose a insultar, atemorizar, escandalizar y agredir fisicamente, a quienes visitan con sus Familias, esos espacios privados de Comercio y Recreacion.
En un intento de replicar los tragicos sucesos que vivimos el año pasado, condenados por las mayorias en Nicaragua, estos individuos violentos, entre los cuales hay miembros de la autollamada Alianza Civica, integrados a la Mesa de Negociacion, hacen gala de discursos y actitudes ofensivas, de odio y discriminacion, asi como de rechazo al avance de los Acuerdos que se han venido tomando en la Mesa.
La Delegacion del GRUN ante la Mesa de Negociacion, reclama a la Alianza Civica, coherencia, y consistencia, con el interés supremo de las Familias nicaragüenses que quieren y merecen la Paz.
Llamamos a dejar atras esos periodos de Terrorismo, destruccion de Vidas, Hogares, Bienes Publicos y Privados, de nuestra Economia, del Derecho al Trabajo y a la Vida Digna de todo un Pueblo. Demandamos coherencia y firmeza, indispensables para seguir avanzando.
La Delegacion del GRUN ante la Mesa de Negociacion, reitera a todas las Familias y Comunidades de nuestra Nicaragua, que la Paz és el Camino, és el Mandato Supremo, y que con elevado Sentido de Bien Comun, continuamos, totalmente dedicados a cumplir a nuestro Pueblo.
Managua, 31 de Marzo del 2019
Exmagistrado Rafael Solís: “Daniel y Rosario ya decidieron no adelantar elecciones”
Al exmagistrado Rafael Solís, quien fue uno de los principales operadores políticos del comandante Daniel Ortega en el Poder Judicial, le sorprendieron las declaraciones del canciller Denis Moncada sobre la negativa del Gobierno de discutir el adelanto electoral en la mesa de diálogo del INCAE.
Aunque Moncada brindó estas declaraciones a un medio de comunicación, Solís descartó que se trate de “un manejo publicitario” y aseguró que pareciera ser una “decisión tomada de Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo).
En una carta abierta sobre el diálogo nacional, Solís urgió el restablecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, y recomendó que debe consolidarse un acuerdo más detallado de las negociaciones para evitar el fracaso del proceso.
“Si llegan a un acuerdo general, muy poético digamos, y de intenciones, es muy poco lo que logren”, dijo Solís a CONFIDENCIAL en esta entrevista, antes de conocerse los acuerdos del viernes en el diálogo nacional.
Doctor, en su carta de ruptura política con el régimen, hace tres meses, aseguraba que el presidente Ortega no tenía ninguna voluntad de dialogar para buscar una salida pacífica. ¿Por qué está dialogando ahora?
Debido a cuatro factores. La presión internacional está bien fuerte, como la OEA, el Gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. El factor económico; la economía está bien mal y se va a pique. Si no se daba este diálogo, era obvio que más adelante los bancos comenzaran a quebrar, las empresas a cerrar masivamente, como ya está ocurriendo. A la presión económica se le suma la presión interna que no ha dejado de existir. Aunque no hubiera mucha represión, el ambiente no está normalizado. Lo que pasa es que la gente ha estado con mucho miedo para manifestarse, pero si vos ves las encuestas hay una gran mayoría que dice que esto está mal.
El cuarto factor es Venezuela. El camino venezolano es uno que (Ortega) va a querer evitar. Nadie quiere dialogar con Maduro, todo el mundo dice que se tiene que ir. De modo que lo de Venezuela influyó. Esos cuatros factores en este período lo hicieron cambiar.
Usted criticó que 90 días para liberación total es un plazo muy largo, y que, en cambio, puede producirse en 30 días. ¿Es posible anular los juicios políticos?
Es posible porque hay una gran cantidad de irregularidades. Yo señalo diez artículos, de los incisos 33 y 34 de la Constitución, que se han violado de los 16 que existen, aunque probablemente se han violado todos. Eso hace que los juicios sean nulos. Unos abogados me decían que era mejor que hubiera sentencias en vez de nulidades; que esperaran que terminaran los juicios y se dictara sentencia de inocencia a favor de las personas. Yo no estoy en contra de eso, en realidad están las dos opciones. O declarás los juicios nulos o esperás que terminen para declarar inocencia, pero puede tomar un poco más de tiempo.
Los abogados me decían que el problema de las nulidades es que después la Fiscalía puede iniciar el juicio de nuevo, pero también les dije que con la sentencia pueden interponer recurso de apelación. Estamos hablando que esto debe quedar como un acuerdo del diálogo firmado. Tenés que dejar por escrito que ambas partes, la delegación del Gobierno y la Alianza Cívica, están de acuerdo con los casos que se van ir por la nulidad, otros se van a ir por la sentencia absolutoria. Tienen que señalarlo de manera que la Fiscalía no vaya a volver a acusar, como ha sucedido con tres casos de muchachos que los han excarcelado y los han vuelto a echar presos.
La Alianza Cívica insiste en incorporar al proceso de liberación de los reos de conciencia a la CIDH, ya que el mandato de la Cruz Roja Internacional le impide deliberar sobre los mecanismos legales que permitan la liberación total y la anulación de los juicios. ¿Qué tipo de mecanismos deberían emplearse? ¿Absoluciones o indultos?
Es fundamental que la CIDH esté presente. La CIDH no está a favor ni del indulto ni de la amnistía. La CIDH podrá irse por las nulidades o las sentencias de absolución. Declarar inocente a toda esta gente. En los casos que no han sido puestos a la orden del juez es hasta más fácil, porque la Policía los puede sacar. Son alrededor de 200 presos en estaciones de la Policía sin haber pasado a La Modelo.
La presencia de la CIDH es fundamental y es un punto que la Alianza debería de plantearlo todos los días. Es un garante más calificado que las personas que delegó la OEA, porque ellos son expertos en materia electoral. Tanto Rosadilla como los otros dos que llegaron. En cambio, la CIDH es experta en temas de derechos humanos y presos.
¿Por qué el Gobierno no deja entrar a la CIDH?
Fue por los informes, por el primero y el segundo. Pero allí Almagro debería de pararse más fuerte. Dejar pasar unos días. Pero si el Gobierno sigue en su posición negativa, tiene que pronunciarse, y decir que para la OEA es fundamental la presencia de la CIDH. La CIDH es la garante ideal para darle seguimiento al caso de los presos.
El Gobierno se mostrado reacio a la propuesta de la Alianza Cívica, y al parecer pretende negociar o condicionar las libertades. ¿Se pueden negociar los derechos constitucionales?
Son innegociables, pero como han sido violados debe quedar establecido en el acuerdo. No podés sacar una declaración general diciendo que el diálogo respeta los derechos constitucionales de manifestación, organización, libertad de expresión, etc., porque lo que estás haciendo es repetir lo que dice la Constitución.
Lo que planteo es que los derechos más importantes violados por el Gobierno sí se les debiera dedicar un párrafo expreso… y si es necesario, se deberían legalizar esos acuerdos a través de leyes en la Asamblea Nacional o decretos de parte del Poder Ejecutivo o reformas a las leyes. ¿Cómo es posible que la ley de la Policía la hayan reformado para prohibir las manifestaciones a criterio policial si es un derecho que está en la Constitución? Si llegan a un acuerdo general, muy poético, digamos, y de intenciones, es muy poco lo que logren.
¿Puede continuar el diálogo y dar resultados si el Gobierno no cesa la represión?
Esa es la pregunta del millón de dólares. Siento que la Alianza Cívica está haciendo un gran esfuerzo. La posición de ellos es continuar el diálogo, pero no pueden continuarlo de una manera indefinida o por mucho tiempo, si el Gobierno mantiene la represión policial. Entonces, ¿qué estás haciendo en un diálogo si en la calle te están reprimiendo? No podés estar negociando, por un lado, y que la Policía reprima por el otro. Es un contrasentido.
Otro de los temas pendientes a abordar en el diálogo es el desarme de los grupos paramilitares. En su opinión, ¿cómo deberían desmantelarse estos grupos armados al margen de la ley?
Debería valorarse si se hace una ley de dos o tres artículos de desarme nacional o un decreto presidencial, que es hasta más rápido, que diga que se prohíbe en Nicaragua los grupos paramilitares, aunque ya está prohibido por la Constitución. Es que volvemos a lo mismo. Pero ahora tenemos que ir a la concreta porque los grupos paramilitares o parapoliciales allí andan en las calles. Todavía este sábado salieron en motos y encapuchados. Primero que se prohíba la existencia de estos grupos; segundo, se le ordena al Ejército, o en su caso a la Policía, a proceder al desarme de todos estos grupos; tercero, dejar establecido sanciones en el orden penal al que no acate esto y continúe con armas de fuego.
Incluso, se debiera de dejar establecido también que el uso de armas de guerra es exclusivo para el Ejército. La Policía debería portar armas cortas como en todo el mundo, gases lacrimógenos o mangueras, ese tipo de cosas. Pero los grupos paramilitares deben quedar totalmente prohibidos, porque son una tercera fuerza armada que tiene un carácter inconstitucional. Eso debería ser expreso. Además, la Policía en su momento dijo que se trataba de policías voluntarios, entonces hay que reformar la ley, para dejar establecido cuál es el rol y el papel del policía voluntario, que no es ese. El policía voluntario no es el paramilitar. Tienen otras funciones establecidas en la ley y sería bueno ratificarlas para no echarles el muerto a los policías voluntarios. Eso es una barbaridad.
La Alianza Cívica ha revelado que en el tema de la justicia pedirán la derogación de la ley del terrorismo. ¿Cómo evalúa el impacto que tiene esta normativa en el país?
Me parece bien la ley. Pero deben hacerle una reforma porque en algunos artículos están vinculado al terrorismo internacional, como el Estado Islámico que andan en el mundo lavando dinero. Hubo mucha presión de Naciones Unidas para dejar establecido el combate a ese tipo de terrorismo mundial. Pero en lo que respecta a lo que ellos (Gobierno) consideran terrorismo y han estado aplicando, no es terrorismo. Porque lo que hubo fue una protesta cívica en su gran mayoría. Sí estoy de acuerdo que es un tema que debe discutirse y dejarse fuera de la penalización, salvo los casos expresos de terrorismo: alguien que vaya y ponga una bomba en un restaurante. Despolitizar esa ley.
Este jueves, el canciller Denis Moncada negó en una entrevista de televisión que el adelanto de elecciones está en la agenda de negociación. ¿Sigue aferrado Daniel Ortega a quedarse hasta 2021?
Esa declaración de Denis (Moncada) me dejó sorprendido. Si esa es la posición del Gobierno, para mí que el diálogo puede romperse. Uno de los puntos fundamentales de los que se habló desde un principio era el adelanto de las elecciones. Por lo menos Moncada pudo haber dicho: ‘la posición del Gobierno es que mantenemos: no hay adelanto y el presidente termina su periodo en 2021. No obstante, es un tema de discusión en el diálogo, porque lo presenta la otra parte’. Pero la manera en que lo dijo, que no era un tema de discusión siquiera en la agenda del diálogo, me parece que es una barbaridad. ¿Cómo vas a negar el derecho a la otra parte de que plantee ese tema como discusión de la agenda? Creo que de verdad (el Gobierno) está duro y no solo es un manejo publicitario hacia fuera o para calmar a las bases sandinistas. Me dejó la percepción que es una decisión que ya la tomaron el comandante y Rosario, y que están muy cerrados en ese punto.
A su juicio, ¿qué elementos debería incluir la reforma electoral y el anticipo de elecciones?
Reformar la ley de nuevo. Tienen que aprovechar lo que se había adelantado en la comisión bilateral con la OEA, que era una tercera parte. Ahora tenés que incorporar a alguien de la Alianza Cívica a esa comisión. No puede seguir siendo una comisión bilateral. Gobierno, OEA y Alianza. Hacer la Ley Electoral de nuevo, de una manera superápida. Trabajando diario de manera que la podás terminar en un plazo corto y nombrar el nuevo Consejo Supremo Electoral.
Por eso es que hablaba de que la negociación se extendiera un poco más a abril o mayo, porque si dejás solo la recomendación en el acuerdo del diálogo de manera general, ellos (el Gobierno) elegirán magistrados y reformaran con sus diputados en la Asamblea. Ese tema tiene que ser parte del diálogo. Es bien importante que los azul y blanco y la Alianza Cívica tengan parte en la elaboración de la nueva Ley Electoral. De lo contrario, si lo dejás fuera y solo queda la recomendación, es algo general que no dice nada, y después habrá problemas. Por lo menos se debiera nombrar una comisión paralela a los 12 integrantes del diálogo, para que después lleven el proyecto a la mesa de negociación, y luego a la Asamblea o al presidente para que lo apruebe.
Usted ha mencionado que debe crearse una Asamblea Constituyente, que se escriba una nueva Constitución Política. ¿Por qué?
Para mí es necesario que se haga una nueva Constitución. No solo por el tema que he reconocido y estoy arrepentido, que es la reelección por una sola vez. Ya después la Asamblea hizo la reforma constitucional en la que la dejó indefinida por cualquier número de períodos. Pero no se necesita una nueva Constitución solo por el tema de la reelección, porque eso se resuelve con una reforma parcial. Es importante volver a establecer la separación e independencia, el balance y el equilibrio de los poderes del Estado. Hay que volver a darle más poderes a la Asamblea Nacional, restarle algunas facultades que se le han dado al Ejecutivo.
El diez de abril se vencen los plazos de los magistrados electorales y judiciales, pero usted recomienda prorrogar sus actuales periodos. ¿Por qué?
Hay un riesgo que el Gobierno los nombre ya la semana que viene. Entonces, si la Constitución Política —en la penúltima reforma— dejó establecido que los magistrados podían continuar en sus cargos, mientras no se nombraran los nuevos, es preferible que continúen por ese tiempo, y que se nombren en el diálogo por consenso. De lo contrario, lo que va a pasar es que la próxima semana se pueden nombrar los magistrados de ambos poderes del Estado. Esto violaría el espíritu del diálogo. Se deberían de nombrar de común acuerdo. Aunque no esté terminada la Ley Electoral que se nombren dentro del dialogo. De lo contrario le dejás al Gobierno, que tiene 70 diputados, la posibilidad de nombrar a los magistrados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la CIDH, ha recomendado una Fiscalía Especial para investigar los crímenes en Nicaragua. ¿Qué opina al respecto? ¿Será posible conseguirlo como parte de esta negociación?
Ese es un tema delicado y difícil. Es interesante cómo hicieron los colombianos para poder llegar al proceso de pacificación. Ellos crearon una comisión amplia internacional de la verdad con personalidades para determinar todos los casos en los que hubo crímenes aparte de la guerra. Hubo muchos casos de guerra y vos te enfrentás a alguien y no cometás crímenes porque es un combate. Pero aquí estamos hablando de los crímenes cometidos, que algunos son de lesa humanidad o asesinatos.
La Comisión después terminó su trabajo en Colombia, y se creó la Fiscalía Especial, que era la encargada de llevar los casos que se consideró debieron ser llevados a juicios. A esos juicios llegaban los familiares de los muertos a declarar, y si el acusado se declaraba culpable tenía unos beneficios en cuanto a la condena. Después de algún tiempo podría ser puesto en libertad condicional.
Hay que estudiar más en el tema de la justicia, y meterse más a fondo para ver la Fiscalía. Que se cree la comisión de la verdad con un carácter internacional, y después ver si es preferible crear una jurisdicción especial. Que no sean los propios jueces actuales los que se encarguen.
Previendo que el diálogo llegue a un acuerdo en los próximos días, ¿esperaría usted un acuerdo? ¿Qué tipo de mecanismos de implementación y verificación se requieren para su cumplimiento?
Hay quienes sostienen que el diálogo debe concluir la semana que viene, con un acuerdo general y declaraciones de carácter general. Los acuerdos tienen que ser bien concretos. Por eso es preferible que se tarde un poquito más y se discutan los seis temas a fondo. Y terminar con una serie de recomendaciones.
Si no lo dejás bien escrito y establecido, si no dejás a los garantes con las suficientes facultades, y no dejás establecido los mecanismos legales, estamos quedando a la buena fe del Gobierno. Si queda demasiado general el acuerdo, lo veo fuera de lógica, como un documento de buenas intenciones. Si lo firman y no cumple, el país se va a complicar mucho más, y la gente no va a creer en el diálogo, porque van a decir que hubo acuerdos y no se cumplieron.
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