Human Rights Watch denuncia que el gobierno de Colombia nombró en puestos claves del ejército al menos 9 generales implicados en «falsos positivos»

Colombia: Nuevos comandantes del Ejército estarían vinculados con “falsos positivos”

El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.

El 10 de diciembre de 2018, el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.

El gobierno colombiano ha nombrado en puestos clave de las FFMM a 9 generales contra los cuales existen evidencias que los implicarían en falsos positivos.

Ello incluye al nuevo comandante del Ejército

Nuevo informe de @hrw_espanol con todas las pruebas: https://t.co/3rQNbiGP6x pic.twitter.com/3TRH5YHC8G

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 27, 2019

“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.

Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.

El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.

En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.

El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

El comandante del ejército de Colombia (@COMANDANTE_EJC), Nicacio de Jesús Martínez Espinel, debe explicar por qué firmó este documento donde aprueba un pago de un millón de pesos por una operación donde sus tropas asesinaron a una niña indígena inocente de apenas 13 años. pic.twitter.com/cMolq7cwD0

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 27, 2019

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.

Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.

A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.

Las pruebas contra los nuevos comandantes

Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército).

Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)

Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indica que los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.

Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:

• En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.
• En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las FARC.

Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”.

Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)

Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.

El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.

Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general.

Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)

Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.

El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.

En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón la Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.

En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):

[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda… ahí el guía nos llevó a una parte… y [un] teniente… me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.

A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.

Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate… en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto [presuntamente como premio].

Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)

El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.

Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.

Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón la Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.

Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)

El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.

Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.

Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.

En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.

Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)

El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.

Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía.

Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)

El general Flórez Cuervo fue nombrado comandante del Centro Nacional de Entrenamiento en Bogotá, donde se dictan cursos especializados a soldados.

Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.

En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.

El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo.

Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada)

El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.

Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas.

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)

El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.

Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC.

El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.

El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.

El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.

Human Rights Watch

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MinDefensa: «Creo en la presunción de inocencia de los generales»

Por Sergio Segura* y Nicolás Herrera**

Publicada en Nodal el 14 de junio de 2018

El Artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 establece tajantemente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De allí que las “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos” sean realmente asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque las investigaciones registran los primeros casos a mediados de la década de 1980, la práctica sistemática de estos crímenes se desarrolló con la llamada “Política de Seguridad Democrática”, estrategia contrainsurgente desplegada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el propósito de mostrar “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.

Así lo demuestran Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, autores del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, salido hace escasos meses. El libro es el resultado de un trabajo mancomunado de profesionales de la psicología, la historia, la economía y la sociología, y recurre a varias fuentes, convirtiéndolo en la más completa investigación sobre el tema hasta la fecha.

Cifras confusas

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, las Fuerzas Armadas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en armas. Al terminar su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 muertos en combate, 63.747 capturas y 44.954 desmovilizaciones. Esto arroja un total de 128.106 insurgentes. ¿De dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones?

Las cifras sobre los mal llamados “falsos positivos” son confusas. La Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez llegó a decir que se trataba “solo” de 42 casos, mientras que en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) reportaba 5.700 y otras ONG hablaban de 6.200. En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405 y en 2014 presentaron un cuadro donde afirmaban que los muertos eran de 15.925, ¿qué pasó con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales?

Para Omar Rojas se trata de “falsos positivos”: “los cerca de 4.000 que se escondían se sumaban a los más de 6.000 que denunciaban las ONG. La cifra supera los 10.000 casos. Lo dicen los mismos victimarios”, y señala que en las páginas 64, 65, 66 y 191 de su estudio están explicitadas las fuentes oficiales. Incluso va más allá y señala que “uno de los victimarios que entrevistamos nos aseguró que, aunque tenían pruebas de 48 falsos positivos en su contra, en realidad había asesinado a más de 100 personas”.

Antioquia fue el departamento más victimizado por esta modalidad criminal, fortín político de Álvaro Uribe Vélez. Esto no sorprende a Rojas quien recuerda que “Antioquia es uno de los departamentos donde hay mayor relación entre paramilitarismo, narcotráfico y autoridades, llámese Ejército o Policía”. Las cifras no lo desmienten. Los informes del Grupo de Memoria Histórica (GMH) revelan que de las 1.982 masacres perpetradas por grupos armados entre 1980 y 2012, Antioquia padeció 598 (el 30%). A estas masacres deben sumarse los planes de exterminio en contra de la Unión Patriótica y el movimiento social, como fue denunciado en 2007 por el entonces senador Gustavo Petro y en 2014 por el senador Iván Cepeda Castro. Para no ir más lejos, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, en Antioquia han sido asesinados 32 líderes sociales.

Modalidades y actores

En estos crímenes de Estado, mal llamados “ejecuciones extrajudiciales”, estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea. Según lo relatado en el libro, se hacían retenes militares y de policía, subían a los buses a pedir documentos y bajaban a jóvenes que después aparecían muertos. Rojas explica que “el 90% fueron cometidas por el Ejército, pero nosotros mostramos eventos donde las Fuerzas Armadas en su conjunto transportaban a las víctimas en helicópteros de la Fuerza Aérea. Ellos se ponían de acuerdo. Incluso el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también hizo falsos positivos, ya que ellos entregaban presos para que fueran ejecutados”.

Por su parte, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta colombiana, aunque no participó directamente en los falsos positivos, sí realizó numerosos seguimientos, interceptaciones ilegales y un trabajo de inteligencia que proporcionó al Estado ( y al paramilitarismo) los datos necesarios de líderes sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y militantes de izquierda para que fueran asesinados.

El libro cuenta, además, cómo los grupos paramilitares entregaban al Ejército los “hombres indisciplinados” de sus filas para que se les “ajusticiara” con el propósito de generar obediencia. Así mismo, se dieron infiltraciones en las “Bacrim” (Bandas criminales): “los militares les decían que sabían dónde habían caletas con armas y dinero de la guerrilla y que si lo hacían se llevaban la mitad del botín; entonces, cuando llegaban, se encontraban con un operativo y los mataban”.

Así mismo, Rojas asocia que la información existente sobre los desmovilizados también fue usada para ofrecer negocios que concluían en crímenes selectivos. “Fue una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares donde se detenía arbitrariamente, se desaparecía a las víctimas y luego eran asesinadas”.

Incluso, muchas de las masacres perpetuadas por paramilitares fueron posteriormente presentadas en los medios masivos de comunicación como combates con la guerrilla: “iban a un pueblo, mataban dos o tres campesinos, llamaban al Ejército y ellos asumían la autoría del operativo. Entonces ni falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, lo que arroja este estudio es que son asesinatos de Estado. Lo comprobamos con evidencias”.

“Ayuda” norteamericana

El alcance de este estudio demuestra que, a través de las conocidas prebendas económicas, el reconocimiento honorífico, los ascensos, las vacaciones y demás incentivos para los militares autores de los crímenes, se cumplía el objetivo político de la Política de Seguridad Democrática: demostrar a la opinión pública que era efectiva y que se estaba ganando la guerra, financiada por los Estados Unidos.

“Un general del Ejército que logramos entrevistar en la investigación me dijo que todo era posible porque había bonanza de dinero, dineros de todas partes, se tenía que aprovechar porque todo el mundo quería echarle mano a ese dinero. Los gringos estaban pidiendo resultados por la financiación del Plan Colombia. Ese dinero también fue utilizado para ejecuciones extrajudiciales y darles resultados a los norteamericanos. Otro presupuesto usado fue el de los gastos reservados, un presupuesto especial que adjudicó Uribe únicamente para las recompensas. Sin plata no se puede hacer un falso positivo. Por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, se necesitaba dinero para pagarle a los reclutadores, que muchas veces eran exintegrantes paramilitares o exintegrantes de las Fuerzas Armadas, luego tenían que pagar el transporte de los muchachos desde Soacha hasta Bucaramanga, a algunos les pagaban pasajes terrestres y les adelantaban dinero para que creyeran que las promesas de trabajo eran en serio. Compraron uniformes y botas, computadores para montar las pruebas, mandaron hacer publicidad de los grupos subversivos, compraban armas a los paramilitares, se les pagaba a los comandantes, a los soldados, aunque también se les pedía cuotas de 10.000 pesos a los soldados para comprar esos insumos. Los oficiales no solo se apropiaban de esa plata si no que se quedaban con la recompensa, fue una empresa criminal. Las evidencias sobre el origen de esos dineros están referenciados en el libro”.

En un estudio realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), donde se entabla la relación del Plan Colombia con los falsos positivos, se llegó a la conclusión de que un buen porcentaje de los oficiales que se prestaron para estos crímenes fueron formados en la antigua Escuela de las Américas; además, se muestra la relación directa de los falsos positivos con la doctrina imperialista y la formación que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de Estados Unidos.

Administración de la muerte

En ninguna otra investigación se ha logrado determinar que hubo un antes, un durante y un después, esas tres etapas de planeación se llevaron a cabo en mesas de trabajo de comandantes de brigada, de batallón, de logística e inteligencia. Esas mesas coordinaron los lugares donde se harían falsos combates, acordaron de dónde sacarían las víctimas, cómo se trasladarían y asesinarían, es decir, “ningún falso positivo se dio al azar”. Según Rojas, todo fue premeditado.

En el antes, jugaba un papel muy importante el factor psicológico, tanto a nivel externo como interno, pues: “los encargados de operaciones psicológicas y de inteligencia se acercaban a las comunidades donde se iban a dar los eventos, generaban ausencia de seguridad en el sector con el propósito de que la comunidad no se alertara. A nivel interno se encargaban de adoctrinar a los soldados para que creyeran que ellos eran la moral de la sociedad colombiana, que tenían la obligación de eliminar a los enemigos comunistas, castro-chavistas, les decían que el enemigo interno eran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, los convencían de que el comunismo se estaba apoderando de Colombia. Ese grupo se encargaba de llevar por dos o tres días a periodistas a las unidades militares y de policía; dormían en la selva con ellos, los veían entrenando para que sintieran orgullo. En el momento en que se presentaban las ejecuciones ya tenían la lealtad comprada”. Luego sucedía el durante, es decir, los asesinatos propiamente dichos (que aún siguen ocurriendo) y su posterior montaje para ser presentados.

El después se caracteriza por la estrategia de desinformar y no investigar. Entonces, aparecía un actor: la Justicia Penal Militar. “Los jueces militares llegaban a los sitios del evento, pero no llegaban a hacer la investigación sino a dar instrucciones a los soldados comprometidos para orientar cómo debían dar las declaraciones. En uno de los casos llegó una juez penal militar a un escenario donde mataron cuatro muchachos, había uno que aún no estaba muerto, cuando vio a la juez gritó “estoy vivo”, la juez dio media vuelta y dijo “yo no he visto nada”, luego un soldado lo fusiló”. A los medios de comunicación se les daba el parte de guerra.

A todo esto se suma la falsa desmovilización del paramilitarismo que solo transformó su nombre para llamarse “Bandas Criminales” o “Clan del Golfo”. Rojas señala que no se ha hecho nada por acabar con el paramilitarismo. “Lo digo con conocimiento de causa porque estuve dentro de las Fuerzas Militares. Si hiciéramos una relación de los combates reales que las Fuerzas Armadas han tenido con los paramilitares y los que han tenido con la subversión, es ridículo, porque las Fuerzas Armadas le sonríen al paramilitarismo. Hay evidencias que tocamos en el libro donde los paramilitares salían a patrullar de la mano del Ejército y la Policía. Yo viví en un pueblo de Antioquia y allí el paramilitarismo gobierna”.

Responsables políticos

Algunas personas han manifestado su inconformidad frente a las opiniones de Omar Rojas en torno a la responsabilidad de los falsos positivos, pues en ocasiones ha señalado a la sociedad colombiana en su conjunto. Él se defiende: “cuando los militares salían a dar su parte de guerra todos los sectores de la sociedad los aplaudían, y los que no, guardaban silencio. Desde la Presidencia para abajo salían a festejarlos; la Iglesia, sabiendo lo que estaba pasando, seguía bendiciendo las armas con las que eran asesinados los muchachos; también tienen responsabilidad los industriales y comerciantes que aplaudían estos hechos y los medios que le daban una relevancia enorme a esos acontecimientos a pesar de que ya existía la voz de defensores de derechos humanos, diferentes ONG e incluso la voz de los mismos militares que estaban denunciando”.

Y continúa señalando que “la sociedad colombiana es insensible, una sociedad que no le duelen los muertos, que los aplaude, una sociedad que aclama por muertos. Yo asistí a un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá en homenaje a las víctimas de los falsos positivos, pero no había más de 150 personas. No hemos acompañado a las víctimas, nos volvimos insensibles”. Sin duda, esta insensibilidad es producto de la guerra que ha calado hondamente en la espiritualidad del pueblo colombiano: “Hoy vi en Internet que alguien dijo que prefería los falsos positivos de Uribe que no tener con qué comprar papel higiénico, ahí está la filosofía de buena parte de la población colombiana”, concluyó.

Sin embargo, el investigador es muy enfático al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república y, en tanto jefe, debe responder por las actuaciones de sus tropas. ¿Quién fue el comandante de las Fuerzas Militares en Colombia del 2002 al 2010?: “El comandante supremo, el que debe responder por los 10.000 falsos positivos, porque no fueron ningunos errores militares, es el expresidente Uribe”.

Su ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, hoy fórmula vice-presidencial del candidato uribista Iván Duque. Lo primero que ella hizo en el cargo fue imponer a los altos mandos militares una medición de su desempeño a partir de resultados tangibles y comenzó “a exigir y evaluar a los comandantes por el número de bajas de terroristas”, señala Rojas. El último civil que ejerció como ministro de defensa del gobierno de Uribe fue el actual presidente Juan Manuel Santos.

Impunidad a la vista

El investigador reafirma que muchas de las investigaciones sobre los falsos positivos, donde están involucrados cerca de 4.500 militares, están durmiendo en los despachos de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Por eso advierte con alarma que puede ser posible que tanto los responsables políticos como la cúpula militar no reciban ni una sola condena, no paguen ni un día de cárcel y terminen saliendo “limpios”. Cabe señalar que el Estado ha proporcionado presupuesto de los colombianos para que los militares se defiendan de las acusaciones, sin embargo, no han hecho lo mismo para que las víctimas se sientan representadas.

“Para las ejecuciones extrajudiciales no hay autores intelectuales, solo autores materiales, lo cual es bastante irrisorio. Un oficial condenado por 48 falsos positivos dice que no se arrepiente; las madres y familias de las víctimas apenas están vislumbrando el nivel de impunidad. Así estén condenados a 30, 40 o 50 años, esas personas van a salir pronto y los ejecutores no van a pagar ni cinco años de cárcel, lo peor es que esos cinco años les va a servir para la pensión, pues el Estado les sigue pagando su sueldo. ¡Es una desgracia que no haya justicia! El Congreso colombiano es responsable porque negó la verdad, la verdad es lo que menos le importa al Estado. Siento vergüenza”, sentencia.

Sin embargo, insiste en aclarar que no todos los militares y policías se arrodillaron ante los “falsos positivos” y que algunos de ellos fueron los primeros en denunciar los hechos, mucho antes que las ONG defensoras de derechos humanos; sin embargo, esos soldados y suboficiales fueron silenciados.

Partiendo de los sucesos relatados en la investigación, el investigador sospecha que estamos ad portas de un liquidación del pasado. El Ministerio de Defensa se ha metido en el Centro Nacional de Memoria Histórica y se ha posicionado como actor fundamental en la construcción del Museo de la Memoria. En estas dos instituciones, donde pueden interpretarse los días amargos de la violencia del último medio siglo, se podría borrar del relato histórico los crímenes de Estado y los falsos positivos. Las Fuerzas Armadas reescribirían la historia y mostrarían a los victimarios como “héroes”.

La paz y el porvenir

Omar Rojas estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 31 años, hasta el año 2011, es sociólogo y experto en seguridad pública. Tras su retiro, se dedicó a la docencia universitaria en Bogotá y Medellín, a la investigación académica en el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y a la asesoría en asuntos de seguridad pública, principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente en la subdirección especializada de seguridad y protección, organismo creado para acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.

Justamente, en la UNP, se llevó la sorpresa de una conspiración que se orquestaba para que la FARC (nuevo partido tras la dejación de armas) asumiera su propia seguridad, en contravía de lo pactado en La Habana. “La idea era quitarles la asesoría y el acompañamiento a la implementación, entonces, yo me levanté de la mesa porque no estaba de acuerdo con la decisión, porque eso era abrir la puerta para que los asesinen como sucedió con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica entre las décadas de 1980 y 1990. Mi lealtad es con el proceso de paz, para eso me habían convocado”. Y señala que los militares querían apoderarse de las bases de datos de los excombatientes: “Allí tuve que decirle a la FARC que no fueran pendejos porque no se estaban dando cuenta”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Rojas advierte del peligro de la perpetuación de un Estado mafioso que blindaría jurídicamente a los autores materiales e intelectuales de los falsos positivos y beneficiaría económicamente a ciertos sectores sociales. “Uribe Vélez hoy intenta retornar al poder con candidato propio: Iván Duque”, y advierte que “si Duque llega a ser Presidente, no va acatar ningún fallo nacional o internacional cuando Uribe sea juzgado por los falsos positivos, no va a pasar nada”.

El retorno de Uribe al poder no solo trunca el sueño de la paz sino el anhelo de justicia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso comprende la animadversión que genera la candidatura de Gustavo Petro en la extrema derecha y en ciertos sectores del personal de reserva de las Fuerzas Militares, quienes abiertamente abogan por el asesinato del candidato progresista, acusándolo de comunista y “castro-chavista”.

Cuando le preguntamos sobre los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo que ellos y ellas tienen que analizar la experiencia con las FARC para no cometer los mis errores y no dejar los mismos vacíos: “No dejarse meter los dedos a la boca frente a la forma de contratación, por ejemplo. La FARC ahora está contenta porque están comiendo dulces, en el sentido que tienen vehículos, les están dando cosas para su seguridad, pero eso se les va a acabar. Cuando Iván Duque sea Presidente lo primero que va acabar son los puestos para la FARC en la UNP, y se las van a dar a todos los devotos de Álvaro Uribe Vélez”.

El costo de investigar

Su investigación sobre los falsos positivos y sus posiciones críticas en la UNP no calaron bien en las Fuerzas Armadas. Entonces, comenzaron los seguimientos, la toma de fotografías en las calles y las amenazas por parte de los mismos integrantes de la fuerza pública. Incluso, un coordinador de la Justicia Penal Militar publicó una fotografía suya en las redes sociales llamándolo “traidor” y bautizándolo “el coronel de las FARC”. Ante estas presiones tuvo que salir corriendo: “Un viejo amigo militar se acercó a la UNP y me dijo que me fuera, que me iban a matar, le dije que si estaba en peligro me iba en un mes, pero me respondió que debía irme de inmediato. Esa misma noche abandoné el país”.

A Omar Rojas, quien ahora bebe el amargo vino del exilio, no le cabe la menor duda que la persecución es por su investigación: “Cuando hice una investigación sobre el asesinato de policías en los años noventa nadie puso objeción, ahora que lo hago sobre los falsos positivos, muchos policías, militares y políticos del Centro Democrático sí objetan, están ardidos. Como investigador, mi obligación es hacer estudios sobre los fenómenos que afectan la sociedad en determinado momento”.

“El problema de los policías y militares en Colombia es que se olvidaron que la lealtad es hacia la Constitución Política y la población colombiana, pero ellos le están jurando lealtad a los criminales de cuello blanco. Desleales todos los que me están amenazando porque saben desde qué oficina se estructuró la estrategia de los falsos positivos; algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas nos quitamos la mordaza, somos honestos y estamos comprometidos con los derechos humanos”, afirmó.

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*Sergio Segura es periodista, magíster en Estudios Sociales y becario doctoral en Derechos Humanos.

**Nicolás Herrera es psicólogo e investigador del Colectivo Frente Unido – Investigación Independiente.

Fuente: Lanzas y letras