Perú: continúa la crisis en el poder judicial por el caso Odebrecht que implica a los principales dirigentes políticos
Luego de la movilización popular en su contra, el Fiscal debió reponer a los magistrados Vela y Pérez en sus cargos en el Equipo Especial del Caso Lava Jato.
Por esa maniobra arbitraria de Chávarry, el presidente Vizcarra envió un proyecto de ley al parlamento para declarar en emergencia al Ministerio Público, que para muchos es anti constitucional porque limita la autonomía del poder judicial.
Por su parte el fiscal Pérez allanó este sábado la oficina de un asesor del Fiscal General de Perú, donde encontró documentación que probaría que Chávarry participa de una maniobra de encubrimiento a favor de Fujimori.
Allanan oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, asesor de Pedro Chávarry
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró que se declare fundado el requerimiento de allanamiento de las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, conocido por ser asesor de Pedro Chávarry, fiscal de la Nación.
Fue el juez Richard Concepción Carhuancho quien aceptó el pedido de aquel despacho del Ministerio Público.
De acuerdo con la resolución emitida, esta diligencia comprende el «descerraje, registro domiciliario de las dos oficinas de Juan Manuel Duarte Castro y registro personal de quienes se encuentren presentes o lleguen».
Esta medida fue aceptada con el fin de de encontrar documentación vinculada al partido político Fuerza Popular (Fuerza 2011) y documentos relacionados a la campaña electoral correspondiente al año 2011 y 2016.
Además, este allanamiento comprende encontrar documentos que «contengan información relevante para la investigación y que vincule al grupo de interés de Keiko Fujimori con Pedro Chávarry».
Locaciones allanadas
En total, son dos locaciones las que fueron allanadas. La resolución indica que la primera incautación se ubica en la oficina del noveno piso de la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay (Cercado de Lima).
La segunda diligencia se realiza en el mismo piso de esta sede de la Fiscalía, pero en otras dos oficinas.
Pablo Sánchez: “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry”
Por Enrique Patriau
El fiscal supremo Pablo Sánchez recibió a La República para conversar sobre la crisis que atraviesa el Ministerio Público y la propuesta legal que el Ejecutivo ha presentado para reformar la institución. Sánchez es un fiscal que ha sido destacado por su trabajo, y bien vale la pena conocer su opinión en esta coyuntura tan complicada.
¿Cómo se llegó a esta crisis del Ministerio Público?
Por una conducta no adecuada al cargo (de Gonzalo Chávarry), que ha llegado a su punto máximo cuando separó a Rafael Vela y José Domingo Pérez, generando una incomodidad nacional y una gran preocupación porque el caso Odebrecht se podía venir abajo. La imagen hacia afuera ha caído bastante y la cooperación judicial también. Esto ya no da para más.
El proyecto del Ejecutivo busca, precisamente, enfrentar la crisis. ¿Qué le parece?
El objetivo es muy bueno: mejorar la institución y reestructurarla. Pero tiene que partir de un proyecto que tenga una base constitucional.
¿El proyecto es constitucional o no?
Me parece que hay algunas cosas que lindan con lo inconstitucional.
¿Que lindan o que son?
Mire, la Constitución dice que el fiscal de la Nación es elegido por los fiscales supremos titulares. Y una Constitución solo puede ser modificada por una norma del mismo nivel. Con una ley ordinaria no es suficiente. Este proyecto de ley modifica la forma de elección del fiscal de la Nación, un proceso que se encuentra establecido en la Constitución.
Eso sería algo transitorio, mientras la Junta Nacional de Justicia se conforma y nombra a los nuevos fiscales supremos.
No pues, no puede ser, ni por un día. Lo transitorio no puede superar las exigencias de orden constitucional.
Usted me ha dicho al inicio que la situación de la institución es muy grave.
Lo es.
¿Y la gravedad no justifica la adopción de ciertas medidas excepcionales?
Sí, pero no de esa naturaleza.
¿Qué es lo que le preocupa?
Que no se hagan las cosas como deben hacerse, que por apresurarnos caigamos en normas que generan más daño a la institución.
¿Puede explicarlo más?
Acá (mostrando el proyecto de ley) se dice que los fiscales supremos titulares van a ser suspendidos y que los adjuntos supremos titulares asumirán. Sin embargo, un adjunto supremo no puede cumplir las funciones de un supremo titular. La Constitución no prevé eso.
Sería momentáneo, debido a la situación excepcional en que la institución se encuentra.
No pues, por una ley no. Entonces, por una ley se puede decir, también, que un fiscal provincial asume el cargo de un fiscal supremo. ¿Y eso estaría bien? Además, se están viendo casos emblemáticos, como el del juez César Hinostroza, a quien solo lo puede investigar el fiscal de la Nación o un fiscal supremo. Un adjunto supremo no puede hacerlo. Los abogados (de Hinostroza) cuestionarían eso. Hay que ser cuidadoso. No estoy en contra de la ley, lo que quiero es que las cosas se hagan bien.
Si la ley del Ejecutivo se aprobara tal como está, usted sería suspendido…
¿Suspendido por qué? Yo tengo prerrogativas de orden constitucional. A mí solo me puede suspender el (ex) CNM o el Congreso.
Y el Congreso es el que aprobaría la ley.
Sí, pero yo tengo que tener algún cargo o imputación en mi contra.
Para que me entienda: no cuestiono su desempeño. De hecho, usted y Zoraida Ávalos son fiscales supremos destacables, de acuerdo con los especialistas. Lo que digo es que, si procediera la suspensión, igual podría volver a su puesto si la Junta Nacional de Justicia lo nombra.
¿Después de cuántos meses? ¿Qué viene después de la suspensión? ¿Un cese? ¿O vuelvo a mi función? Temo que esto lleve a un exceso. Porque uno debería ser suspendido solo si ha cometido una falta grave.
Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿no teme que digan que usted cuida su puesto en lugar de pensar en la mejora del Ministerio Público?
No, no es así. Porque yo pienso más en los casos que se están investigando, como el de los ‘Cuellos Blancos’. ¿Lo va a investigar un adjunto supremo con atribuciones de titular supremo? ¿Cómo cree que se van a defender los investigados? Van a cuestionar la facultad de los adjuntos supremos, por más buenos que sean. Por eso, prefiero que la ley se elabore mejor y que se busque una fórmula distinta.
¿Qué fórmula?
Por ejemplo, que un fiscal supremo provisional integre la Junta de Fiscales Supremos.
Bajo esa fórmula, ¿seguiría Chávarry como un fiscal supremo?
Es que yo no puedo despedir a nadie, yo no voy a decir ‘ellos se van y yo me quedo’. En todo caso, creo que es mejor pensar en fiscales supremos provisionales que en adjuntos supremos titulares. Los adjuntos supremos tienen el mismo nivel que los fiscales superiores y estos podrían decir que tienen el mismo derecho de integrar la junta de fiscales supremos. De hecho, ya hay algunos que están reclamando. Mi interés no es personal, es legal.
¿Justos pagan por pecadores en el proyecto de ley del gobierno?
Me parece que sí. La preocupación del Ejecutivo es legítima, pero una vez presentado el proyecto al Congreso, hay que discutirlo artículo por artículo para que se mejore lo que haya por mejorar.
¿Del Gobierno lo llamaron para pedirle su opinión?
A mí no.
¿Y la demora que podría generarse si se extiende demasiado el debate? La gente está indignada. ¿Vio cuánta gente protestó el jueves?
Sí, sí he visto, es sorprendente. Yo espero que, desde el punto de vista técnico, se hagan bien las cosas. El proyecto tiene muchas inconsistencias de orden legal, empezando por el tema de los adjuntos.
¿Se pudo hacer más para evitar esta crisis?
Hemos hecho lo que se podía hacer. La Ley Orgánica de la Fiscalía da pocas atribuciones a los fiscales supremos, no tienen funciones en la marcha de la institución. Y le recuerdo que le hemos hecho notar a Gonzalo Chávarry, desde el inicio, la inconsistencia de su trabajo. Varias veces le pedimos que renuncie al cargo. El origen de la crisis del Ministerio Público está en Chávarry. Siempre ha pensado que la culpa es de todos los demás: de la prensa, de los supremos, de los caviares. Y ha tenido bastante apoyo político. ¿Usted cree que el partido político que lo apoya a él me hubiera apoyado a mí? A mí me dieron fuerte, y yo no hice nada malo, solo cumplir con mi gestión.
Si finalmente suspendieran a todos los fiscales supremos, ¿se siente preparado para dejar el cargo?
Le voy a decir lo que le dije a mi familia: yo estoy preparado para todo.
Jorge Yoshiyama involucra a Keiko Fujimori en complot para encubrir falsos aportantes
El golpe vino de donde menos lo esperaba Keiko Fujimori. Jorge Yoshiyama Sasaki corroboró ante las autoridades lo que otros testigos protegidos revelaron a la Fiscalía de Lavado de Activos: falsos aportantes de la campaña presidencial de Fuerza 2011 recibieron asesoría de abogados relacionados con el Estudio Oré Guardia para que mintieran y declaren que sí habían donado dinero. Lo más grave de la confesión de Jorge Yoshiyama es que señaló a la propia Keiko Fujimori como parte de la conspiración.
De acuerdo con el más reciente testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino carnal del exjefe de campaña de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, cuando varios de los falsos aportantes fujimoristas empezaron a recibir citaciones del fiscal José Domingo Pérez, estos le reclamaron asistencia legal para responder ante el fiscal. Yoshiyama consideró que el partido naranja debía ayudarlos, por lo que recurrió a la excandidata presidencial.
“Busqué a Keiko Fujimori en su domicilio en Surco y le dije que estaban citando a personas que figuraban como aportantes simulados y que no podíamos dejarlos abandonados, ya que habían apoyado su campaña en 2011”, señaló Jorge Yoshiyama. De lo que manifiesta, se desprende que la exaspirante presidencial estaba plenamente enterada de la existencia de los fraudulentos contribuyentes de dinero, la mayoría reclutados por Yoshiyama.
Keiko Fujimori ha desmentido reiteradamente conocer a aportantes simulados. La declaración de Jorge Yoshiyama la desmiente contundentemente.
“(En respuesta), ella (Keiko Fujimori) me dijo que fuera a hablar con Edward García (Navarro, abogado del Estudio Oré Guardia, que en ese momento la defendía) para solicitarle apoyo, porque ellos eran los abogados del partido (Fuerza Popular)”, precisó Jorge Yoshiyama: “Entonces a los pocos días fui al Estudio Oré Guardia a hablar con Edward García y le comenté que tenía varios contactos a los que la policía estaba llamando, tanto a ellos como a sus familiares, para que presten su declaración sobre sus aportes al partido Fuerza 2011”, indicó.
Jorge Yoshiyama se refería a los amigos que reclutó para lavar los US$ 800 mil que le dio en efectivo su tío Jaime Yoshiyama, según declaró anteriormente. Estas personas prestaron sus identidades para transferir el dinero que no les pertenecía a la cuenta que el partido fujimorista habilitó para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
Servicios múltiples
Edward García Navarro, del Estudio Oré Guardia, reclutó a los abogados Giuliana Loza Ávalos –exdefensora de Jorge Yoshiyama y en la actualidad de Keiko Fujimori–, Lorena Gamero Calero y Fernando Carreras Segura, para adiestrar a los falsos aportantes con el expreso propósito de que testifiquen falsamente que sí donaron dinero a la campaña de Fuerza 2011, según lo relatado por Yoshiyama, quien fue testigo de los hechos.
Jorge Yoshiyama conocía a los falsos aportantes porque captó a varios por intermedio de amigos como Giancarlo Bertini Vivanco –recientemente detenido en Italia–, entre ellos Renato Castro Brea. Cuando Castro fue citado por la Fiscalía de Lavado de Activos, buscó a Yoshiyama para que le diera asistencia legal. Yoshiyama era el que pagaba a los abogados designados por el Estudio Oré Guardia.
“Motivo por el cual llamé a mi abogada Giuliana Loza Ávalos y le conté que Renato Castro era un aportante falso y no tenía cómo sustentar el aporte y que necesitaba que lo asesoren para responder adecuadamente”, explicó Jorge Yoshiyama: “Luego Giuliana (Loza) me contó que él (Castro) no tenía dinero para sustentar el aporte y ella le dijo que les pidiera a sus familiares un préstamo para sustentar su aporte, y que así armaron la versión. Yo hice el pago de los honorarios profesionales por ese testigo a la citada abogada (Giuliana Loza)”.
La letrada ha negado haber patrocinado a falsos aportantes del partido de su defendida, Keiko Fujimori. De acuerdo con información que el Estudio Oré Guardia entregó a la Fiscalía de Lavado de Activos, Loza trabajó en dicha firma hasta 2014 y luego se convirtió en proveedora del mismo (ver nota aparte).
Jorge Yoshiyama recordó que cuando le comunicó a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka que el fiscal José Domingo Pérez había comenzado a citar uno por uno a los falsos aportantes, este le indicó que se juntarían con sus abogados para resolver el problema: “Jaime Yoshiyama me dio una dirección de un estudio jurídico ubicado en la calle Dalton, en San Borja, para que nos encontremos ahí. Al llegar al lugar ingresamos al estudio y nos reunimos con el doctor Arsenio Oré Guardia, Jaime Yoshiyama Tanaka, Edward García Navarro y mi persona”, declaró: “Me comentaron que eran los abogados del partido (Fuerza Popular) y que estaban viendo el caso (…). Conversamos de qué se trataba, cuánto iba a durar y a qué testigos llamarían. Ese fue mi primer contacto con el estudio jurídico (Oré Guardia)”.
Por supuesto, conforme eran citados los falsos aportantes, se produjeron más reuniones en el Estudio Oré Guardia con los falsos aportantes, y Jorge Yoshiyama pagaba por los servicios, como lo acreditó en su testimonio. No eran asistidos para que dijeran la verdad, sino para mentir.
Yoshiyama citó ejemplos, como el siguiente: “(Los falsos aportantes) Erick Matto Monge y su mamá Virginia Monge (Camino) y mi persona nos reunimos con el abogado Edward García (en el Estudio Oré Guardia). Ellos manifestaron que no habían efectuado aporte alguno al partido. El abogado (García) les dijo que no había problema. Indicó que fueran a declarar y que los acompañaría un abogado. Luego me enteré de que se trataba de la doctora Lorena Gamero (Calero, para la defensa de Virginia Monge)”, indicó Jorge Yoshiyama.
Simulación fallida
En el caso de Erick Monge: “Edward García me dijo que tenía el abogado adecuado y me citó a mí y a Erick Matto a su oficina (en el Estudio Oré Guardia). Nos reunimos Erick Matto, Edward García, el abogado Fernando Carreras (Segura) y yo. Carreras acompañaría a Matto en su declaración ante la fiscalía. En esta reunión se le mencionó a Carreras que el aporte había sido simulado”, aclaró Jorge Yoshiyama.
Efectivamente, Erick Matto y su madre Virginia Monge manifestaron falsamente, asesorados por Lorena Gamero y Fernando Carreras –en coordinación con Edward García, del Estudio Oré Guardia–, que sí habían donado dinero a la campaña de Keiko Fujimori.
Entre otros falsos aportantes que pidieron ayuda a Jorge Yoshiyama para conseguir asesoría jurídica, se encontraba el congresista fujimorista Miguel Castro Grández. Castro, quien también había reclutado a varios falsos aportantes, entre miembros de su familia y trabajadores de su empresa, ya declaró como testigo sobre este incidente. Yoshiyama confirmó todo.
“En esta ocasión se solicitó el servicio de la abogada Lorena Gamero, cuyo teléfono se lo di a Miguel Castro. Tengo entendido que ella dio dos charlas grupales (de falsos aportantes) sobre cómo responder a las preguntas de la fiscalía. El propio Miguel Castro me comentó que esas reuniones salieron bien, y que su gente que estaba preocupada, estaba más tranquila”, dijo Yoshiyama, quien también pagó por estos servicios.
¿Sabía Arsenio Oré Guardia lo que hacía Edward García Navarro? “Yo no sé, pero asumiría que sí sabía porque él era su jefe”, contestó Jorge Yoshiyama Sasaki.
“Los abogados no decían (a los falsos aportantes) que mintieran”
– “Niego categóricamente que en el estudio que dirijo, que tiene una trayectoria impecable, se haya orientado o instruido a algún testigo a mentir o cambiar su versión sobre los aportes. No fueron varios testigos los que concurrieron al estudio por indicación de Jorge Yoshiyama. Fueron únicamente Erick Matto, su madre y los testigos protegidos 15 y 16”, arguyó Arsenio Oré Guardia.
– «A ninguno se le indicó que mintiera, pues el propio Jorge Yoshiyama afirma en su declaración que los abogados no les decían que mientan, ellos querían mantener su versión que sí habían aportado, como ejemplo Erick Matto y su familia”, afirmó Oré.
– “El abogado Edward García Navarro niega que haya conocido que las personas que concurrieron al estudio se trataban de falsos aportantes y que haya existido algún tipo de amenaza”, señaló.
Pleno del Congreso se reúne este lunes para ver emergencia en el Ministerio Público
El Pleno del Congreso se reunirá mañana lunes desde las 11:00 horas con la finalidad de tratar los dictámenes de los proyectos de reforma del sistema de justicia, así como la iniciativa para establecer la declaratoria de emergencia del Ministerio Público (MP).
Según la agenda del Parlamento Nacional, la sesión se desarrollará en el Hemiciclo del Poder Legislativo.
El pleno, además de ver el proyecto para declarar en emergencia al MP, también tiene previsto ver los proyectos que proponen crear la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia.
Además, la modificación de la Ley del Proceso de Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público y a la vía procesal.
Asimismo, se verá el dictamen que propone modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura o quien haga sus veces, Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura.
Igualmente, el proyecto que promueve y fortalece la probidad de los profesionales que interactúan en el sistema de justicia; y el que propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.
También, el dictamen que propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
Proyecto que declara en emergencia la fiscalía: autonomía en debate
Por Josefina Miró Quintana
El Poder Ejecutivo presentó esta semana un proyecto de ley con el propósito de declarar en emergencia el Ministerio Público, bajo la premisa de que la institución había devenido “en un estado de autarquía”. En defensa de su autonomía, fiscales superiores de diferentes partes del país rechazaron la propuesta.
La autonomía de la institución ha servido para justificar decisiones que se contradicen entre sí. Además de la presunta afectación a esta autonomía, ¿qué otros visos de inconstitucionalidad se le atribuyen?
1. Autónomos, pero no autárquicos.
El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo; es decir, no depende de ningún poder del Estado y es independiente en el ejercicio de sus funciones, al igual que la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional (TC). “Es una garantía institucional que le permite regularse, normarse y administrarse a sí mismo”, señala Víctor García Toma, ex presidente del TC.
Según jurisprudencia del tribunal, la autonomía es “la capacidad de autogobernarse para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, sin dejar de pertenecer a una estructura general”. En otras palabras, el órgano es autónomo, pero sigue siendo parte del Estado y, por lo tanto, sigue rigiéndose por un ordenamiento jurídico. El TC ha precisado además que la “autonomía no debe confundirse con autarquía”, en referencia a que sus competencias no pueden desvincularse del orden jurídico, en especial, la Constitución.
El ex fiscal supremo Víctor Cubas señala que el proyecto no atenta contra la autonomía, porque “el Estado es uno solo y el Ministerio Público (MP) es un organismo del Estado; por tanto, ante la situación de crisis tiene que preocuparse por solucionar este problema”.
El ex fiscal supremo Avelino Guillén, sin embargo, considera lo contrario. “La respuesta es rápida, pero el proyecto tiene vacíos y contradicciones que pueden corregirse”, comenta. Añade que le preocupa que el argumento sea utilizado para encubrir intereses de sectores que pretenden mantener tal como está la cabeza del MP.
Para la constitucionalista Gabriela Oporto, la iniciativa por sí sola no atenta contra la autonomía de la entidad, salvo que se evidencie de parte del Poder Ejecutivo un ánimo de controlar la institución, antes que de remediar una situación excepcional. “La iniciativa dicta medidas concretas en un plazo temporal de nueve meses. Distinto sería que el Ejecutivo plantee modificar la ley orgánica del MP diciendo que él va a designar al fiscal de la Nación”, explica.
“Los poderes del Estado son autónomos, pero nuestra Constitución tiene mecanismos para que un poder controle a otro o se controlen entre sí. La declaratoria de emergencia no está expresamente prohibida, más si realmente busca fines que protegen la Constitución, como el funcionamiento adecuado e independiente del MP”, comenta.
2. Competencia para declarar emergencia.
Para García Toma, la inconstitucionalidad sí tiene que ver con afectación de la autonomía, pero principalmente porque el Congreso no sería competente para declarar en emergencia al Ministerio Público.
“Solo lo puede hacer la propia institución y aquí hay un poder del Estado que le pide a otro que lo haga”, advierte. Agrega que esta declaratoria apunta a algo concreto –destituir al fiscal de la Nación y suspender a la junta– que no coincide, según ley y Constitución, con las causales de separación de un fiscal supremo: falta disciplinaria, destitución por infracción constitucional, delito de función o no ratificación.
3. Advierten posible discriminación.
El proyecto en cuestión propone suspender hasta por nueve meses la Junta de Fiscales Supremos y reemplazarla por cinco fiscales supremos adjuntos bajo ciertos requisitos. Según la Ley de la Carrera Fiscal, estos últimos tienen la misma jerarquía que los fiscales superiores. “Tienen iguales derechos y obligaciones y su remuneración es idéntica, así que los superiores podrían decir que están siendo discriminados”, advierte Cubas.
Guillén coincide con esta posición y destaca que los fiscales superiores tienen incluso “mayor presencia y actuación en la gestión de la fiscalía –en cuanto a intervención en procesos judiciales–, lo que no ocurre con los supremos adjuntos, que dependen de un fiscal supremo, y ayudan en la redacción de dictámenes y pronunciamientos”. En opinión de ambos expertos, el proyecto de ley debe repensarse en este punto. “Además, la junta de fiscales supremos adjuntos, que no existe, no puede evaluar a sus superiores, los fiscales supremos titulares”, acota Guillén.
4. Relación con Los Cuellos Blancos.
El proyecto del Ejecutivo suspendería a cinco fiscales supremos en su condición de integrantes de la junta. “La Constitución establece que estos solo pueden ser removidos por causa grave, ¿cuál es la que se le imputa a Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos? Suspenderlos sería inconstitucional”, advierte Cubas.
Para evitar que esto ocurra, Guillén propone una salida vía un cambio en el artículo 62 de la ley orgánica de la fiscalía. “Pueden darse atribuciones excepcionales a la Junta de Fiscales Supremos para adoptar medidas urgentes e impostergables de suspender al fiscal de la Nación ante imputaciones de hechos graves hasta que se esclarezcan”, señala. Su eficacia, sin embargo, dependería eventualmente de una mayoría dispuesta a llevarlas a cabo.
