Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: »Luchar contra la corrupción es luchar contra la pobreza que genera»
Por Lucía Castaño
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez fue premiado el pasado 24 de septiembre en Suecia con el Right Livelihood Award, conocido en el mundo de los derechos humanos como Premio Nobel Alternativo. En la entrega del galardón, la fundación que lo otorga aseguró que lo eligió “por su trabajo innovador en la tarea de visibilizar el abuso de poder, combatir la corrupción y reconstruir la confianza de la gente en las instituciones públicas”.
Junto con él, recibió el premio Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, con quien Velásquez trabajó hombro a hombro desde 2014 como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El lunes pasado estuvieron en Ginebra (Suiza) en un homenaje ofrecido por la Fundación Right Livelihood, al que asistieron directivas de ONG basadas en Ginebra, exganadores del premio, como la guatemalteca Helen Mack, y el director de la sede de la ONU en Ginebra, Michael Møller.
En entrevista con EL TIEMPO, Velásquez habló del significado del premio en el contexto actual de la Comisión y de la posibilidad de replicar en otros países este modelo de lucha contra la corrupción y la impunidad.
¿Qué tienen que ver la corrupción y los derechos humanos?
La corrupción afecta el disfrute real de los derechos humanos. No solo el derecho a la vida digna, en términos de condiciones materiales de existencia, sino también en lo relativo a los derechos civiles y políticos porque la corrupción, que genera impunidad y se alimenta de ella, desconoce y afecta al Estado de derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente expidió una resolución en la que establece ese vínculo: es lo que ya en lo material de la existencia de las personas uno puede observar en la realidad de Guatemala, en donde coexisten una corrupción sistémica y profundas desigualdades, no solo en cuanto a la tenencia de la tierra, sino en cuanto a los ingresos o a los niveles de pobreza.
Luchar contra la corrupción es luchar también contra la muerte que esa corrupción genera, contra la pobreza que esa corrupción genera. Contra la falta de alimentación, de salud y de educación.
¿Qué significa este premio para usted como comisionado de la CICIG?
Más que como comisionado, le respondo como alguien identificado con esa lucha guatemalteca contra la corrupción y por la construcción de un Estado de derecho social y democrático, como dice también nuestra Constitución colombiana.
Creo que es un reconocimiento a ese pueblo que, en abril de 2015, se volcó a las calles, y sin cuyo entusiasmo y respaldo seguramente no hubiéramos podido avanzar, porque ese poder que han mantenido las élites y las redes corruptas en el país nos hubieran frenado fácilmente.
El premio finalmente es un reconocimiento a ese pueblo guatemalteco que ha tenido no solo un entusiasmo renovado, sino también una esperanza para lograr finalmente construir un Estado de derecho que responda a las necesidades de la mayoría de la población.
¿De qué manera piensa que este premio, y la visibilidad que le otorga, puede influenciar la posición del Gobierno de Guatemala frente a la CICIG?
Este premio pone el reflector sobre Guatemala, porque más importante que la CICIG es la situación del pueblo guatemalteco. Más importante que su permanencia, o las acciones que se toman contra la CICIG, es la situación en la que vive la mayoría de la población en Guatemala y la necesidad de defender la democracia, por muy pequeños que sean los niveles que se tengan.
Que un premio de esta naturaleza dirija la mirada del mundo hacia lo que constituye la lucha del pueblo guatemalteco por superar todas estas décadas de sufrimiento, de exclusión, de falta de libertades, va a contribuir para alentar a ese pueblo y para expresarle desde el mundo que la suya es una lucha justa y que no debe ceder en su propósito de construcción de un Estado de derecho democrático.
En este momento, ¿de qué depende su regreso a Guatemala como comisionado de la CICIG?
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha tomado una decisión definitiva que deja sin efectos la prohibición presidencial de ingresar al país. Hay, sin embargo, algunos visos autoritarios que podrían implicar inclusive la adopción de acciones de hecho porque, no obstante esa decisión ya ratificada por la Corte, tanto el presidente como el vicepresidente de la república han expresado que la prohibición de ingreso se mantiene.
De todas maneras, la CICIG entra en las próximas semanas a un periodo de vacaciones colectivas. De manera que yo aspiro a que, en enero, haya una mayor racionalidad y que pueda normalizarse la situación, que se respete la decisión de la Corte y no haya ninguna situación complicada cuando yo vaya a regresar al país.
¿Qué opina de la posibilidad de replicar el modelo de la CICIG en otros países de la región?
Cuando hay sistemas de justicia cooptados, o con poca independencia, que están presionados por los grandes intereses de personas que tienen control sobre nuestros Estados, esa idea de cooperación de un organismo técnico como la CICIG, con excelentes profesionales en materia de investigación y persecución penal, tiene elementos muy importantes en términos de la contribución de la comunidad internacional.
No digamos que es replicable como un trasplante automático, porque cada país nuestro tiene una realidad que, aunque coincide en lo general, tiene particularidades a las que es necesario adaptar un proyecto como la CICIG. Hay países de la región que tienen una casi ausencia de independencia judicial y eso significa que un proyecto de esta naturaleza requeriría mucha mayor intervención desde los procesos de selección de los funcionarios judiciales.
Hay países con un nivel de desarrollo en el modelo de justicia un poco más avanzado, en donde la cooperación también se podría ver desde perspectivas diferentes. Me parece que es un sistema que sí aporta cuando hay una voluntad real en nuestros países de construir Estados de derecho verdaderamente democráticos. Y uno de los valores de la democracia es la justicia independiente.
¿Cree que es viable crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia?
Creo que hay elementos para pensar en esa posibilidad. Hay una prevención, a mi juicio injustificada, desde algunos sectores que consideran que esta es una indebida intromisión de la comunidad internacional o de otros países en los asuntos propios de Colombia o de cualquier Estado de la región.
Sin embargo, la manera como está diseñada, y es algo de lo que habría que rescatar si se pretendiera crear comisiones similares en otros países, hace que la titularidad de la acción penal, la investigación y la persecución penal, continúan exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General. Una comisión como la CICIG lo que hace es contribuir con las mejores herramientas y técnicas de investigación, pero sobre todo con personal independiente, que está ajeno a los intereses que se mueven naturalmente en cada uno de los países.
En Colombia, por ejemplo, el caso Odebrecht ha venido demostrando cómo intereses económicos y políticos impiden el avance de investigaciones o que se descubra toda la verdad respecto de fenómenos de corrupción e inclusive de violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de líderes sociales que se vienen cometiendo el país.
La comunidad internacional podría apoyar las investigaciones nacionales, porque eso es lo que hace la CICIG: dar apoyo a las investigaciones de la Fiscalía guatemalteca. Creo que es realmente viable que esto mismo se pueda hacer en Colombia.
– ¿Qué es la CICIG? –
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un órgano independiente creado por acuerdo del Estado guatemalteco y la ONU en 2007 con el fin de brindar apoyo técnico a las instituciones estatales encargadas de la investigación penal.
En el transcurso de su labor conjunta con las autoridades nacionales, la CICIG ha logrado la identificación de por lo menos 60 estructuras criminales y la apertura de múltiples investigaciones, incluyendo el caso conocido como La Línea, que condujo a la renuncia y posterior arresto del expresidente Otto Pérez Molina.
En septiembre pasado, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cuyos familiares están siendo investigados por la Comisión, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG y prohibió el ingreso de Iván Velásquez al país.
