Corte de Temuco: «Existe un temor válido en los familiares de Camilo Catrillanca»

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Contexto Nodal
El 14 de noviembre el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro en la nuca por el Comando Jungla de Carabineros, lo que despertó múltiples protestas en todo el país. El hecho provocó la renuncia de Luis Mayol, intendente de La Araucanía y la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro del Interior Andrés Chadwick. Por otra parte, Carabineros reconoció la destrucción de la tarjeta de memoria con el registro de imágenes tomadas durante el operativo.

Corte de Temuco: «Existe un temor válido en los familiares de Camilo Catrillanca»

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió parcialmente un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de los familiares de Camilo Catrillanca, y ordenó a Carabineros «actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de los amparados, especialmente de aquellos que son niños, niñas y/o adolescentes».

Según informó el Poder Judicial en su página web, la Primera Sala del tribunal de alzada determinó, de manera unánime, acoger parcialmente la acción presentada por el INDH a favor de Marcelo Catrillanca Queipul, Teresa Marín Melinao, Juan Catrillanca Antín, Juana Queipul Manquel, G.C.M. (de cuatro años); Katherine Antín Soto; todos ellos domiciliados en la Comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla; y de M.A.P.C. de 15 años; J.A.P.M. de 9 años; Jorge Palacios Cañuta; Andrea Melo Muñoz, Quelentaron Figueroa Queipul, estos últimos domiciliados en la Comunidad Cañuta Calbuqueo, comuna de Ercilla.

El adolescente M.A.C.P. es el testigo del asesinato de Camilo Catrillanca en el operativo del «Comando Jungla» el 14 de noviembre en Temucuicui.

«Temor válido»

«Esta Corte constata que efectivamente existe un temor válido en los recurrentes, en cuantos familiares de don Camilo Catrillanca Marín, de verse enfrentados situaciones que configuren vulneración de sus derechos», indica la sentencia.

El fallo consigna que «existe temor en los recurrentes, que son (…) familiares del comunero fallecido, de que estos hechos puedan seguir ocurriendo, dada la existencia de constantes procedimientos de distintas naturaleza, tales como; allanamientos, vigilancia; controles preventivos de identidad, etc., los cuales, no se sujetarían a la normativa constitucional, ni legal».

En este aspecto, acoge el recurso «solo en cuanto se solicita se ordene a Carabineros de la IX Zona efectuar sus procedimientos con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, especialmente de aquellas que son niños, niñas y/o adolescentes».

También exige a la policía adoptar «las medidas correctivas en los procesos de formación de sus funcionarios y en los protocolos que al efecto se implementen, que conlleven asumir la plena y cabal compresión de los límites legales y constitucionales que rigen su actuar».

No se pronuncia sobre el procedimiento en sí

El tribunal resaltó que es «un hecho público y notorio la existencia de personal uniformado que ha sido formalizado, como consecuencia de la muerte de don Camilo Catrillanca Marín, entre otras acciones delictivas, que hasta la fecha han sido establecidas».

Sin embargo, dada la investigación en curso, la Corte no se siente «avalada para declarar, como ha sido solicitado (por los recurrentes), desde ya la ilegalidad y arbitrariedad de los procedimientos policiales (…) que tuvieron lugar el 14 de noviembre».

El tribunal de alzada refiere que hacerlo «implicaría un ante juicio de cuestiones que deberán ser dirimidas en el contexto de los procedimientos investigativos ya iniciados, razón por la cual no es posible acoger este aspecto de la acción cautelar que ha sido incoada».

«Asimismo, no es posible por esta vía determinar la oportunidad en que la autoridad policial debe hacer o no hacer uso de personal de Fuerzas Especiales en los procedimientos policiales que se lleven a cabo», afirma el fallo (ver archivo adjunto).

Familia de menor se opone a diligencia

En paralelo, la defensa del menor de 15 años que acompañaba a Catrillanca en el tractor presentó un recurso de reposición en el Tribunal de Collipulli.

La familia se opone a una diligencia solicitada por la Fiscalía, relacionada con georreferenciación del teléfono celular del adolescente.

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Familia Catrillanca ampliará querella contra Carabineros: solicitan declaración de general Franzani

La familia Catrillanca ampliará la querella en contra de Carabineros y solicitará a la Fiscalía que tome declaración al general inspector, Cristian Franzani, para que aclare su intervención en el caso.

El abogado Nelson Miranda, que representa a la familia de Camilo Catrillanca, informó que ampliará la querella para que la Fiscalía cite a declarar al director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, para que aclare su actuación tras la muerte del joven mapuche.

En específico, se pretende que explique su presencia en la Fiscalía Local de Collipulli, la madrugada del 15 de noviembre, cuando los 4 exfuncionarios del GOPE llegaron a declarar junto a un abogado de la institución.

La decisión se dio a conocer luego que el exfuncionario, Carlos Alarcón, grabara un video donde asegura que fue obligado a mentir por sus superiores.

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Carabineros dio de baja a funcionario que grabó a exsargento imputado por homicidio de Catrillanca

Carabineros identificó al uniformado que grabó en video al exsargento Carlos Alarcón, imputado como presunto responsable en el homicidio de Camilo Catrillanca. Desde la institución policial confirmaron que este fue dado de baja.

A través de un comunicado de prensa, la policía uniformada señaló que “se pudo establecer la participación de un cabo 1° de dotación de la 3° comisaría Padre Las Casas, quien habría grabado, con su teléfono celular, el mencionado video, cuando se encontraba visitando al imputado”.

Debido a lo anterior, “el mando de la Prefectura dispuso su baja por mala conducta y con efectos inmediatos”.

Respecto de la identidad del uniformado, esta no ha sido informada hasta el momento por parte de Carabineros.

En tanto, desde la institución aseguraron que la investigación seguirá su curso para establecer las circunstancias exactas en las cuales ocurrieron los hechos.

Recordemos que Carlos Alarcón grabó un video al interior de la comisaría donde se encuentra detenido, en el cual envía un mensaje a sus compañeros de institución y específicamente a los del GOPE.

En las imágenes, Alarcón no se refirió directamente a la muerte de Catrillanca, pero aseguró que hubo personas que lo hicieron mentir y dar declaraciones falsas.

“Ustedes saben que no soy un delincuente ni nadie de aquí, por lo tanto aquí hay gente nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía”, afirmó.

Tras hacerse público el video, desde Carabineros emitieron un escueto comunicado, en el que confirmaron el inicio de una investigación administrativa para aclarar el origen y la forma en que se tomó el registro al exfuncionario, que se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la Segunda Comisaría de Temuco.

Incluso, producto precisamente de la difusión del video, el abogado de los cuatro exfuncionarios del GOPE de Carabineros imputados en caso Catrillanca, Alexander Schneider, se reunió con los imputados y tras esto presentó su renuncia a la defensa.

Asimismo, Carlos Alarcón debió declarar por tercera vez ante el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, y al fiscal de dedicación exclusiva y de derechos humanos, Roberto Garrido.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, con el testimonio del ahora exuniformado se estaría buscando la arista sobre si existen otras personas vinculadas a una posible obstrucción, tal como ha sido denunciado en este caso.

Junto con las repercusiones a nivel judicial, la filtración de las imágenes provocó nuevas tensiones entre La Moneda y Carabineros, motivando la intervención del propio presidente Sebastián Piñera.

El mandatario se reunió con el Alto Mando de la policía uniformada, para exigir colaboración en la investigación por el homicidio de Camilo Catrillanca, y además, pidió que se cumplan las medidas cautelares de los uniformados formalizados en el caso.

“La ley y el Estado de Derecho debe ser respetado antes, durante y con posterioridad a los hechos que les corresponde participar”, indicó Chadwick, tras la cita en el palacio de Gobierno.

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