Informe de ONG revela que el 91% de los asesinatos de líderes sociales queda impune
Un informe de la ONG Somos Defensores indica que el 91.4 % de los asesinatos de líderes sociales y campesinos en Colombia, cometidos entre 2009 y 2017, quedaron en la impunidad. Solo en 49 casos (el 8,6 %), de acuerdo con la organización, tuvieron una sentencia condenatoria o absolutoria.
El informe analizó un total de 563 casos de asesinatos registrados por el sistema de información del programa Somos Defensores. «‘Esclarecimiento’ no es igual a ‘disminución de impunidad’; esclarecimiento es sencillamente mostrar índices de que la Fiscalía por fin está haciendo su trabajo: investigar», manifestó la organización en su informe en el que además reclamó una justicia efectiva para los líderes asesinados.
Así, Somos Defensores pide a los jueces que den mayores resultados, según el actual sistema de justicia, “en tanto la investigación previa hecha por la Fiscalía tenga celeridad y calidad”. La ONG también dice que han sido asesinados 77 líderes sociales en los seis primeros meses de este año, una cifra que supone un incremento del 34 % respecto al mismo periodo del año anterior.
De este número de asesinatos, según el informe, 13 se produjeron en el departamento del Cauca, 12 en Antioquia y 10 en el Norte de Santander, mientras que en Bogotá, Risaralda, Bolívar, Caquetá y Santander registraron dos homicidios en cada uno. Por perfiles, 19 de los asesinados en los seis primeros meses de 2018 eran líderes comunales; 16 eran líderes campesinos; 15 eran defensores comunales y 12 líderes indígenas.
Más allá de los asesinatos, el informe también recogió los casos de agresiones a líderes sociales, que van desde amenazas hasta atentados, detenciones arbitrarias, robo de información y desaparición.
Si bien en la autoría de asesinatos (59) en 2018 es desconocida, el informe apuntó un aumento en el número de asesinatos cometidos por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por la Fuerza Pública, mientras que por primera vez se registraron cinco asesinatos cometidos por las disidencias de las FARC. «Hasta la fecha no hay información de que las personas defensoras asesinadas contaran con medidas de protección estatal», concluyó el informe.
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