Masiva marcha de organizaciones sociales por la emergencia alimentaria
“Salimos para decir basta”
Trabajadores y militantes de la economía popular, junto a organizaciones de desocupados y otras agrupaciones sociales y políticas, se movilizaron al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para exigir que el Gobierno declare la emergencia alimentaria e instrumente políticas para frenar “el aumento del hambre” en los sectores más humildes. También hubo manifestaciones en distintas ciudades del país. “La situación en los barrios populares es crítica y el ajuste sigue golpeando a los trabajadores de la economía popular. El Gobierno tiene que dar una respuesta a las demandas populares”, dijo Dina Sánchez, dirigente del Frente Popular Darío Santillán. Además de esa organización, de la convocatoria participaron Barrios de Pie, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
“Ante la grave crisis económica y alimentaria que se vive en los barrios populares con comedores abarrotados y miles de familias desocupadas que se acercan día a día ante una situación desesperante, los movimientos populares salimos a la calle para decir basta. Ante el aumento de la pobreza y un ajuste que se profundiza día a día, exigimos diálogo y respuestas por parte del gobierno nacional”, señalaron los movimientos sociales en un documento conjunto.
En la Capital, la movilización arrancó poco después de las 10, con un corte sobre la Avenida 9 de Julio a la altura de la Avenida San Juan. Desde allí, los manifestantes comenzaron a marchar sobre la 9 de Julio hacia el Obelisco. “El conjunto de los movimientos sociales se moviliza en todo el país para pedir por la declaración de la emergencia alimentaria. Más que nunca, unidad de los trabajadores”, sostuvo Daniel Menéndez, dirigente de un sector de Barrios de Pie.
Para simbolizar sus reclamos, al mediodía los trabajadores montaron ollas populares frente al Obelisco. Además de exigir la declaración de emergencia alimentaria, las organizaciones de la economía popular reclamaron que el gobierno de Cambiemos les otorgue un bono de fin de año y que aumente los programas de empleo ante el incremento de la inflación. También manifestaron su rechazo a la criminalización de la protesta social.
La jornada nacional de lucha incluyó manifestaciones en diferentes ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Bahía Blanca, Esquel, Salta, Misiones, Chaco y Santiago del Estero, entre otras. En La Plata, las organizaciones sociales (CCC, CTEP, Asoma, FNC) contaron con el apoyo de la CTA Autónoma en la movilización al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.
“Ante el aumento de la pobreza y un ajuste que se profundiza día a día, exigimos diálogo y respuestas por parte del gobierno nacional –planteó el Frente Darío Santillán–. Respuestas que no consistan en parches como hasta el día de hoy, sino respuestas serias a los problemas estructurales que existen en las barriadas populares (…) El acuerdo con el FMI y las condiciones de endeudamiento, junto al presupuesto de ajuste que se está aprobando en el Congreso no hacen más que empeorar el panorama en el que vivimos y tienen impacto directo en las condiciones de vida del pueblo trabajador, y más aún en el sector de la economía popular.”
Crece el hambre en la Argentina: 3,8 millones de personas padecen «inseguridad alimentaria grave»
En la Argentina hay más hambre. Es una cruda realidad que se comprueba en el constante aumento de la asistencia de personas a comedores populares y que los números de una economía que se deteriora día a día permitían anticipar, pero ahora también lo asegura la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.
El informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018”, publicado este miércoles por la FAO, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), señala el estrecho vínculo que tienen en América Latina y el Caribe la desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, malnutrición y obesidad de las poblaciones más vulnerables.
De acuerdo al Panorama, el número de personas con hambre aumentó en la región por tercer año consecutivo: ya afecta a 39,3 millones de personas, el 6,1% de la población. Entre 2015 y 2016, el número de personas subalimentadas había crecido en 200 mil personas. Entre 2016 y 2017, se sumaron otras 400.000.
La Argentina es -junto a Venezuela y Bolivia- el país donde más creció la cantidad de personas subalimentadas. Si en el trienio 2013-2015, la prevalencia de personas con subalimentación en la Argentina había bajado al 3,4% del total (1,5 millones de personas), el informe de la FAO la sitúa para el trienio 2015-2017 en torno a 1,7 millones de ciudadanos subalimentados (3,8%), en una estadística que deja fuera la fuerte caída de la economía y, sobre todo, del consumo de alimentos de la canasta básica producida en lo que va de 2018.
Según la FAO, la situación de “inseguridad alimentaria grave”, que en el trienio 2014-2016 aquejaba a 2,5 millones de personas en la Argentina, en el trienio 2015-2017 y la padecen 3,8 millones (del 5,8% al 8,7% de la población total).
A nivel regional, la publicación indica que “una de las principales causas del alza de la malnutrición en los grupos de población especialmente vulnerables son los cambios que viene sufriendo el ciclo de los alimentos desde su producción hasta su consumo”. Los efectos adversos de esta transformación los sufren sobre todo los sectores más excluidos de la sociedad, que muchas veces deben optar por productos con alto contenido en grasa, azúcar y sal, ya que tienen menor costo. La obesidad, dice “se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe”.
La Argentina, dice la publicación, sigue siendo (sólo detrás de Bahamas y México) uno de los países de la región donde la obesidad está más extendida, con una prevalencia del 28,3% de la población.
En términos de género, la FAO sostiene que en América Latina, el 8,4% de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los hombres. En diez países, además, el 20% de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20% más rico.
“De hambre cero a esto. No es magia, es el modelo de hambre y exclusión que tiene Macri y todo el circo de cambiemos”, tuiteó Nicolás Kreplak, exviceministro de Salud y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, ante la triste evidencia que ahora confirman los números.
La Marcha de las Sillas Vacías llevó la angustia de las personas con discapacidad y sus familias a la Plaza de Mayo
Una vez más la comunidad que trabaja las problemáticas vinculadas con la discapacidad reclama al gobierno nacional que revea las políticas de ajuste que impulsa contra el sector. Esta vez, con un centenar de sillas de ruedas vacías sobre la Plaza de Mayo, le dieron visibilidad a la “crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad”.
La protesta, reiterada y hasta aquí desoída por el gobierno, incluyó un petitorio dirigido al presidente y entregado en la Casa Rosada, para que “se dé marcha atrás con la decisión generalizada de dar de baja pensiones no contributivas por invalidez por incompatibilidad con el Decreto 432/97 y que el Programa Incluir Salud cumpla con la atención integral de las personas con discapacidad en todo el país y en particular con la entrega de medicamentos, pañales, ortesis, prótesis e insumos”.
Además, desde el sector solicitaron la “regularización de los pagos de las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad, sin descuentos injustificados por parte de Incluir Salud; la revisión de los aranceles decididos para estas prestaciones teniendo en cuenta el costo de vida y el aumento de los sueldos establecido por las paritarias; la implementación de la red nacional de rehabilitación; y el desarrollo de fuentes laborales para las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los cupos laborales en el Estado».
Julieta Blayer, presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), sostuvo que “ya tendrían que haberles pagado a las instituciones el mes de julio, pero algunos prestadores de servicios a personas con discapacidad no cobraron abril. Están atrasados y hay establecimientos que la están pasando muy mal. Además, se ha dado un pequeño aumento y diferenciado para ciertas prestaciones, no para todas. Hay un desfasaje del 45% que se incrementó por la adecuación de los salarios acordados en la paritaria de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina”.
Para Carlos Scipione, titular de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas, “la situación es grave. Recién nos han pagado el mes de junio de Incluir Salud. En algunas provincias, como Córdoba, el viernes les pagaron diciembre. Y en Mendoza todavía no pagaron ningún mes de este año. A la provincia de Buenos Aires le deben otro tanto”.
Scipione, que representa a unos 900 transportistas de todo el país, precisó que “todavía no nos pagaron el 20% que nos habían descontado durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado, ni aquel famoso 40% que descontaron masivamente y ahora, no sé si para meternos miedo o porque quieren frenar las movilizaciones que estamos haciendo, dicen que están trabajando en la provincialización del transporte”.
“Yo hablo como mamá –agregó Blayer–. A mí me interesa que todas las personas con discapacidad, incluida mi hija, estén cubiertas y puedan ser recibidas en un establecimiento. El Estado no tiene cobertura directa. Todo lo tiene tercerizado en las instituciones, ya sea de padres o privadas”.
La «marcha de las sillas vacías» puso de manifiesto alrededor de las Pirámide de Mayo la angustia que viven las personas con discapacidad y sus familiares, Como una forma de visibilizar la crítica situación a la que las políticas del gobierno está condenando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el acto fue convocado por escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias nucleados en el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
