México: el reto de las universidades públicas y el mercado laboral en la Cuarta Transformación
Vianey y Ricardo están por concluir sus estudios de nivel superior en universidades públicas mexicanas. Ella cursa la licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y él ingeniería en computación en el Instituto Politécnico Nacional.
A ambos les preocupa dónde van a conseguir un trabajo estable y bien remunerado. «Sí he buscado, pero ya quisiera dedicarme más a lo de ver bien dónde voy a encontrar un buen trabajo, ahorita estoy dedicando casi todo el tiempo que me queda libre a escribir mi tesis», responde Vianey de 23 años, al preguntarle por su futuro laboral.
«Me gustaría mucho hacer un doctorado, tener una plaza y dedicarme a la investigación y dar clases, formar parte del Sistema Nacional de Investigadores», sostiene, «pero pues ahorita que termine la carrera sí voy a necesitar tener un mejor trabajo, mejores ingresos que los que tengo mesereando en el restaurante, y porque no quiero regresar a Tepic, me quiero quedar aquí».
Por su parte, Ricardo, de 24 años, reparador de bicicletas y computadoras que cumple un turno cinco días de la semana en un negocio de abarrotes familiar en la delegación Gustavo A. Madero, espera «poder encontrar un trabajo de lo que estudio, ese es mi sueño, a lo mejor ser responsable de apoyo técnico en un área o poner mi propio negocio también, puede ser, la cosa es independizarme de mi casa, porque pues sí le he metido a la carrera, o sea, sí he estudiado y eso se refleja en mis calificaciones, en mi promedio».
La expectativa a futuro de acreditar una licenciatura para obtener un empleo estable y mejor remunerado de Vianey y Ricardo, que en mayor o menor medida comparten con el 38.7% de jóvenes hoy día matriculados en el nivel de educación superior, parece no tener cabida en la realidad socioeconómica que deja la administración de Enrique Peña Nieto. Al cierre de su sexenio, exhibir un título profesional en el curriculum no parece aportar valor agregado en el mercado laboral si se considera el tipo de empleo generado durante su periodo: si bien se crearon 3.6 millones de empleos formales, particularmente en los sectores de las industrias de la transformación y la manufactura, las extractivas, de construcción, la eléctrica y de suministro de agua potable, el 74% de las nuevas plazas tienen un tope salarial de 3,842 pesos.
Además, información relativa a la población desocupada evidencia un porcentaje significativo de desempleados con estudios de nivel superior: según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a julio el 48.7% de las personas que se encuentran desempleadas en nuestro país cuenta con un grado de estudios de nivel medio superior o superior.
Revertir la tendencia de un modelo de desarrollo socioeconómico que deprecia la escolaridad como moneda de cambio en el mercado de trabajo forma parte de los retos que enfrenta el gobierno entrante, en el sentido de garantizar que los y las jóvenes puedan ejercer sus derechos tanto a la educación como al empleo.
Durante la campaña electoral, la administración entrante puso la atención en la ampliación de la matrícula universitaria y de las transferencias directas en forma de becas a estudiantes como medidas para alejar a los y las jóvenes de la desocupación, la informalidad y el crimen organizado.
Hacía el cierre de su campaña, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, junto con Luisa María Alcalde Luján, quien será titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la puesta en marcha del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», al que se destinará una inversión de alrededor de 110 millones de pesos. Dicho programa buscará vincular estudiantes con el mercado de trabajo contratándolos bajo la figura de aprendices que percibirán un sueldo para trabajar en talleres, comercios y empresas bajo la supervisión de tutores ligados al CCE.
Si bien el objetivo primario de la universidad pública no es el de garantizar el empleo, en su relación actual con el mercado laboral refleja un desajuste significativo entre la oferta y la demanda de profesionistas. Sobre las formas que adquiere hoy el vínculo entre universidad pública y mercado laboral comenta Angela Giglia, investigadora afiliada al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y docente en una universidad pública desde hace más de veinte años. Sobres las alternativas para que la universidad pública fortalezca su vínculo con el mercado de trabajo, respondió:
«En efecto conozco licenciados que ganan más como repartidor en bicicleta que como empleado en una oficina. El argumento para que el trabajo de los egresados universitarios sea mal remunerado suele ser que existe mucha competencia en la oferta de trabajo, como si las universidades produjeran más licenciados o más doctores de lo que el mercado realmente necesita. Si esto fuera así, habría que repensar toda la política reciente del CONACYT y el sentido mismo de la enseñanza universitaria, y volver a preguntarnos cuál es el objetivo de la universidad. Si debe ser un espacio que permita una ampliación de los horizontes culturales en beneficio de toda la sociedad para que tengamos herramientas para resolver problemas; o bien ser sobre todo una fábrica de títulos que se traducen en un filtro para la obtención de un empleo. Digo esto porque sabemos que el acceso a la universidad es todavía un sueño para miles de jóvenes.»
El testimonio de la especialista en estudios urbanos, deja claro que, si bien la universidad pública no incide de manera directa en la generación de puestos de trabajo, «en muchas carreras se hace poco para vincular la formación universitaria con el mundo laboral». ¿Cómo se puede fortalecer, desde la universidad pública, el vínculo con el empleo? Giglia reponde:
«Las universidades deberían extender y fortalecer la vinculación con los diversos ámbitos de la sociedad, y en particular, se tendrían que abrir espacios para esta vinculación especialmente al final de la carrera, como por ejemplo mediante periodos de trabajo formativo en los lugares de trabajo, pero no en condiciones de explotación o de simulación, sino que sean estancias remuneradas con perspectivas reales de ser empleado de manera permanente.»
Queda pendiente confirmar el alcance del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la administración federal que inicia. Es decir, si efectivamente la experiencia de las y los 2 millones 300 mil aprendices que apoyará con becas mensuales de 3,600 pesos durante un año se enmarcará más allá de la realización de prácticas introductorias al mundo del trabajo. Por el momento, como anunció en fecha reciente el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, se ha dicho que los y las aprendices contarán con una certificación y con la opción de continuar en la empresa en donde tendrán un tutor, quien trabajará de cerca con los profesores universitarios en aulas virtuales. Queda también por confirmar si la sinergia entre universidad pública y sector empresarial que promueve esta iniciativa se replicará más allá de la cobertura del programa.
En el México de hoy, sobran datos que evidencian cómo las y los jóvenes se enfrentan a un clima de violencia creciente y a la exclusión sistemática, ya sea de los espacios de educación superior o de los empleos formales. El año 2018 inició con 4 millones 430 mil 438 estudiantes matriculados en el sistema de educación superior, el cual abarca más de 3 mil instituciones de educación superior que imparten aproximadamente 33 mil programas educativos. Esto significa que menos de 4 de cada 10 jóvenes mexicanos se encuentran matriculados en una universidad o institución de educación superior. El que este sector de la juventud superior no encuentre cabida en el mercado de trabajo contribuye a poner en riesgo el actual bono demográfico, con consecuencias negativas para el crecimiento económico nacional.
La informalidad y la precariedad laboral que se ofrece a los profesionistas en formación, como señala Angela Giglia, funciona como «un mecanismo que ha reducido las capacidades de las y los jóvenes para imaginar un futuro, lo que de por sí es una tragedia que marcará nuestra época». Más que una conducta individual atribuible a la etapa de juventud, Giglia invita a pensar en esta reducción de la capacidad de imaginar un futuro en los y las jóvenes mexicanos como consecuencia de la política de empleo que se ha venido implementando durante las últimas administraciones. Es decir, bajo un esquema de constante flexibilización salarial y en materia de derechos y prestaciones laborales. De acuerdo con la antropóloga social:
«Se ha tratado de nombrar a este fenómeno como si fuera algo propio de esta etapa de la vida, hablando por ejemplo del «presentismo» de los jóvenes, cuando en realidad el querer vivir intensamente el presente no debería ser incompatible con la posibilidad de imaginar un futuro a mediano o largo plazo, cosa que los jóvenes actualmente no pueden hacer. Pero esto no quiere decir que los jóvenes no tengan una idea de futuro. Las y los estudiantes que conozco sí la tienen, pero sus planes tienden a ser de corto plazo, un año o unos años a lo mucho. Es un robo de futuro del cual como país deberíamos sentirnos responsables. La incapacidad de planear un futuro, no poder hacer planes, repercute, me parece, sobre los lazos sociales que se tejen en el presente, genera una suerte de habituación a los vínculos efímeros que fragiliza el tejido social en general. Se suele decir que el crimen organizado ha destruido el tejido social en ciertas zonas del país. Debería reconocerse que también la precariedad laboral y la falta de perspectivas laborales dignas destruyen el tejido social y requieren por lo tanto emprender una obra de reconstrucción».
De cara a la Cuarta Transformación es necesario conciliar las expectativas laborales de jóvenes estudiantes —como Vianey y Ricardo— con un mercado de trabajo en el que encuentren cabida e independencia económica. Fortalecer el vínculo entre universidad pública y mercado de trabajo, un eje central del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, podría tener un peso significativo en la reconstrucción de la posibilidad de imaginar un futuro para los y las jóvenes que estudian una carrera si, a la par de la ampliación de la matricula y de la vinculación con el sector privado, se implementa una política de empleo capaz de revertir el actual rumbo hacia el desequilibrio en el mercado de trabajo que produce la flexibilización laboral.
* Por Simo Consulting: una consultora dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos, a través de investigación disruptiva para el cambio social mediante la aplicación de diversas metodologías. Busca repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias. Sus áreas de trabajo son estudios electorales, política pública y evaluación, sociedad civil, estudios educativos, seguridad, entre otros.
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