Tercerización y extranjerización: la pérdida de nuestra soberanía

Por Martín Pereira *

Analizar la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo obliga a analizar los cambios que, directa e indirectamente, se vienen produciendo en el desarrollo de las actividades laborales y sobre todo los problemas de la tercerización y la flexibilización laboral. Esta estrategia es, en muchos casos, una forma de romper con algunos derechos adquiridos por los trabajadores.

La reducción de los costos del Estado es el fundamento usado por los gobiernos tanto para la incorporación de tecnologías, beneficiando principalmente al capital por la venta de maquinarias y equipos, así como también para la tercerización de los servicios de operación y mantenimiento. Un ejemplo muy claro en nuestro país es la Ley de Participación Público-Privada para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos (N° 18.786), que se traduce notoriamente en un proceso de acumulación para el capital y el avance concreto sobre los derechos de los trabajadores.

En el Estado, los efectos negativos de esta tercerización son múltiples y muy graves. La contratación por tarea y proyecto determina que no existan más equipos de desarrollo propios de las instituciones, permitiendo que empresas privadas desarrollen ciertas áreas estratégicas que hasta hace muy poco se realizaban en ámbitos estatales con funcionarios públicos.

Actualmente, según estudios de la OIT, el BID, y la CEPAL, los países que representan casi el 80% de la mano de obra mundial tienen el 25,55% de mano de obra tercerizada, siendo el 11,2% de ellos empleados de empresas tercerizadoras trasnacionales. De 76.000 empresas suministradoras de mano de obra en el mundo, sólo 29 de ellas concentran los dos tercios de la facturación del sector.

En Uruguay, si bien no se cuenta con datos oficiales, las cifras que manejan las organizaciones sindicales y los agentes gubernamentales indican que hay 120.000 trabajadores en el sector público contratados bajo la modalidad de las tercerizaciones, tanto en la Administración Central como en los servicios descentralizados.

Este fenómeno, que en lo privado trae como resultado el aumento de las ganancias empresariales en detrimento del salario y de la organización sindical, en lo público genera otros problemas que no sólo afectan derechos laborales sino que ponen en cuestión la soberanía.

Bajo la modalidad de contratación de servicios anexos, como limpieza, vigilancia o call centers, y también de servicios logísticos, como distribución, mercadeo y transporte, se puede ver claramente el avance del sector privado en áreas definidas como estratégicas para el Estado. Se trata, ni más ni menos, de una privatización y extranjerización de los servicios en manos de transnacionales como Transamerican o Adecco. Es por eso que decimos que nuestra soberanía está en cuestión.

Resulta muchas veces difícil de explicar a la opinión pública que es necesario aumentar la plantilla de funcionarios en la administración central. Se precisa romper con el discurso hegemónico de que el costo del Estado es alto, que los funcionarios públicos no trabajan y que el déficit fiscal es primordial para los equilibrios necesarios que sostengan la macro economía y las recetas del FMI.

Y es cierto que no se debe aumentar los lugares de trabajo en el Estado. Como lo hemos explicado siempre, esos los lugares existen y son necesarios, y ya hay trabajadores que los ocupan. En todo caso, hablaríamos de regularizar lo que ya existe.

El desafío de futuro del trabajo está en cuestión. En múltiples ámbitos se maneja esta nueva realidad social como algo natural e inevitable en un mundo en permanente competencia. Pretenden que nos acostumbremos a la inestabilidad laboral y a la precarización del trabajo.

Por eso es cada vez es más necesario unir esfuerzos entre el movimiento sindical y los ámbitos de investigación, para conocer en profundidad lo que está sucediendo, sus causas y consecuencias, contribuyendo en la elaboración de alternativas que modifiquen el signo negativo de los procesos actuales.

* Presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Secretario General de CLATE y Ejecutivo del PIT-CNT

Colaboración: Antonio Elías, Director de INESUR y Ángel Amestoy, Observatorio Tercerizaciones de COFE