Nueva protesta por la liberación de los detenidos en manifestaciones
Protestan por los detenidos
Protestantes autoconvocados realizaron una cadena humana en favor de los presos políticos y denunciar las desapariciones forzadas en Nicaragua.
La actividad se realizó entre la Universidad Centroamericana (UCA) y la rotonda Rubén Darío, en Managua, a pesar de la fuerte presencia de la Policía Nacional que obligó a cambiar la dirección original de la convocatoria.
La Policía desplegó brigadas especiales de antimotines en la rotonda Rubén Darío, frente al Consejo Supremo Electoral, la carretera Masaya y cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Los manifestantes llegaron a pocos pasos de donde estaban los antimotines y una manifestante saludó y dio un beso en la mejilla a una oficial.
Los manifestantes también conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebra cada 30 de agosto desde el año 2011.
La cadena humana se instaló al costado oeste de la rotonda Rubén Darío, donde los asistentes exigían a las autoridades informar de los desaparecidos y libertad para los presos políticos.
Vilma Núñez, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó la presencia de los antimotines, indicando que eso demuestra que el Gobierno perdió las calles, a la gente, pero pretende intimidar a los protestantes.
“La imagen que quiere dar es que todo está normal y esa imagen (antimotines en las calles) ya está dando la vuelta al mundo y Managua tiene dos días de ser una ciudad militarizada”, dijo Núñez.
Espacio de denuncia
Edwin Carcache, miembro de la Coalición Universitaria, explicó que la actividad es parte del espacio de denuncia del pueblo de Nicaragua, para hacer público que están secuestrando una a una a las personas que se manifiestan contra el Gobierno.
“A todas las personas que no tienen miedo y que desde la cárcel, donde están secuestrados, nos exigen que salgamos a la calle, nos unimos a ese clamor de un pueblo que pide justicia, libertad y democratización para Nicaragua”, indicó Carcache.
Agregó que muchos de los líderes están detenidos, pero en las calles hay más líderes y están a la espera del llamado del Gobierno a un diálogo, que tenga la voluntad política para resolver la crisis.
“El Gobierno habla de diálogo nacional con el pueblo, pero me pregunto: ¿A qué pueblo se refiere?, porque la Alianza Cívica representa los intereses del pueblo, la agenda está en pro del pueblo que nos ha respaldado y eso lo ha demostrado en las calles”, expresó Carcache.
Reos políticos en huelga de hambre
Desde el 28 de agosto, unos 120 presos políticos que permanecen en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) iniciaron una huelga de hambre indefinida, en reclamo por los malos tratos que sufren y por su libertad arrebatada por venganza política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La huelga la dieron a conocer los detenidos por medio de una carta que enviaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, aseguró que han recibido denuncias de familiares que aseguran que a los presos políticos, por ejemplo, no les pasan el paquete alimenticio. También dicen que no reciben un trato digno, “una serie de abusos, que van en detrimento de la dignidad de las personas y violación de derechos humanos de los detenidos”.
“Los reos políticos de La Modelo que vivimos constantes amenazas iniciamos desde este momento una huelga indefinida (…) hasta obtener nuestra justa liberación”, expresan en la carta.
Los presos políticos, cuyas firmas acompañan la misiva, repudian el fallo contra los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, inculpados por el asesinato del periodista Ángel Gahona “por un crimen que no cometieron” y que la familia de la víctima achaca a la Policía al servicio del régimen dictatorial.
Los presos políticos demandan que las autoridades permitan el ingreso a las cárceles a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), así como a los abogados defensores.
El miércoles, al dar a conocer un informe sobre la crisis en Nicaragua, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, se pronunció sobre este tema y aseguró que deben liberar a los presos políticos que el Gobierno mantiene por haber protestado en contra de la represión de Ortega y Murillo.
En su carta, los detenidos agradecen el apoyo recibido por parte de privados de libertad de otras galerías que guardan prisión por delitos comunes.
Mientras tanto, piden al pueblo “intensificar la lucha en las calles sin ningún miedo al régimen” y le dicen: “Pueblo de Nicaragua es hora de despertar, hoy ya no basta con rezar”.
Sentencian a 23 años de prisión a asesino del periodista Ángel Gahona
El juez Ernesto Rodríguez condenó este jueves a 23 años y seis meses de prisión a Brandon Cristofer Lovo, asesino del periodista Ángel Gahona, y a 12 años y seis meses a su cómplice, Glen Abrahamam Slate.
Durante la audiencia se informó que fue cambiada la calificación provisional del Ministerio Público de asesinato frustrado contra el policía Carlos Anselmo Rodríguez y se consideró finalmente como “lesiones graves”.
También fue descartada la participación de Slate como colaborador necesario a cómplice, tanto en el delito de lesiones como en el de asesinato.
La fiscal Inés Miranda dijo que la fiscalía analizará a profundidad la sentencia, que supera las 170 páginas, y se pronunciará al respecto en el marco de lo que corresponde a su función.
Cancillería de Costa Rica no brindará lista pedida por Ortega sobre solicitantes de refugio
El gobierno de Costa Rica no violará los tratados de protección de las personas refugiadas y garantizará los derechos humanos a los nicaragüenses que han solicitado asilo en ese país, aseguraron fuentes oficiales.
Esa fue la respuesta de Cancillería costarricense a la pretensión del mandatario designado de Nicaragua, Daniel Ortega, quien el miércoles pasado anunció que pedirá la lista de los nicaragüenses solicitantes de asilos para que se identifiquen a los que el régimen acusa de cometer delitos solo por participar en las protestas cívicas.
“Costa Rica no brinda esa información a ningún país. Liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional sobre derechos humanos y refugiados”, declaró en conferencia de prensa la vicecanciller de esa nación, Lorena Aguilar.
La represión del gobierno orteguista a las protestas ciudadanas dejan un saldo de al menos 450 asesinatos, miles de heridos y cientos de detenidos ilegalmente y procesados con delitos de terrorismo y otras causas.
La criminalización de las manifestaciones y la crisis económica debido a la represión ha provocado que miles huyan de Nicaragua siendo Costa Rica el principal destino.
Al menos 23 mil nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica desde abril. Varios líderes del Movimiento Universitario, defensores de derechos humanos, empresarios y activistas sociales son parte de ciudadanos que se refugiaron en Costa Rica. Ortega pretendió perseguir a los opositores hasta allá, pero el gobierno de Carlos Alvarado le cerró la puerta.
La vicecanciller Aguilar reiteró la negativa de dar la información de los solicitantes de refugio por ser confidencial por tratados internacionales.
“Hay que pensar que las personas precisamente que están pidiendo asilo en diferentes escenarios lo hacen porque están huyendo, temor de su vida, a las repercusiones a su familia”, afirmó.
Tema migratorio abordado en SICA
Por su parte Adriana Murillo, directora de Política Exterior de Costa Rica, explicó que el aumento de la migración de nicaragüenses debido a la violencia en su país ha sido un tema abordado con autoridades del resto de la región en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), teniendo participación de delegados del gobierno de Nicaragua.
“Es un tema que nos afecta a nosotros en participar por la cantidad de personas que han solicitado refugio, pero también es un asunto que ha afectado a otros países por el tema de transporte de mercancías y del transporte internacional”, dijo Murillo.
En un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al gobierno de Ortega de producir una “criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno”.
Organismos de derechos humanos locales contabilizan que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en “reos políticos”.
“Lo que está haciendo Costa Rica es abrazar los principios internacionales y hacer lo que es correcto en ese sentido, y demostrando al mundo que nos guiamos por los principios que rigen este país. El asilo y los refugiados merecen protección de su información sensible venga del país que sea”.
Lorena Aguilar, vicecanciller de Costa Rica
La visión del diputado Suárez
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el orteguista Jacinto Suárez, la lista de solicitantes de asilo podría facilitarse bajo “un arreglo” entre los gobiernos. El oficialismo defiende la persecución de quienes protestan como forma de evitar una inmigración injustificada.
“Lo que puede pasar es que un montón de nicas se quieran ir a Costa Rica declarándose perseguidos políticos sin serlo, no puede ser una forma de emigrar. El gobierno de aquí tendrá que decir ese sí es perseguido y ese no”, refirió el diputado Suárez.
Sin embargo el Reglamento de Personas Refugiadas Nº 36831-G, recogida en la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, establece en el artículo ocho el “principio de confidencialidad para el registro y manejo de la información de los solicitantes de la condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas”.
