Chile: en qué consiste el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto
¿En qué consiste el proyecto que busca despenalizar el aborto libre en Chile?
Diputadas de oposición presentaron durante la mañana de este martes un proyecto de ley que busca la despenalización del aborto fuera de las tres causales ya establecidas en el país.
El aborto en Chile está parcialmente despenalizado, es decir, no es delito únicamente bajo las causales de violación, inviabilidad fetal y cuando el embarazo significa un riesgo de la vida de la madre.
En relación al proyecto, la diputada socialista Daniella Cicardini señaló que establecieron como plazo para interrumpir el embarazo en las 14 semanas. «En cualquier país democrático tenemos la posibilidad de decidir, no están obligadas a realizarse una interrupción de las 14 semanas, ese es nuestro plazo que hemos estado estableciendo en este proyecto de ley», detalló
En tanto, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, señaló que esperan que «ocurra tal como ocurrió en Argentina, que incluso diputados de derecha estuvieron disponibles a avanzar en la legislación del aborto legal. Esperamos que en Chile prime, por ejemplo, la mirada del presidente de Evopoli y no de una derecha cavernaria».
Congreso en llamas: presentan moción para despenalizar el aborto en medio de manifestaciones
Los bandos a favor del aborto libre y los autodenominados grupos pro vida se dieron cita en el Congreso durante la presentación del proyecto para la despenalización del aborto, ingresado a la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarias del Frente Amplio, el PRO, el PS y el PPD.
La iniciativa redactada por la Corporación Humanas y respaldada por la Mesa de Acción por el Aborto busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.
El proyecto, que busca modificar los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, lleva la firma de las diputadas del Frente Amplio (Camila Rojas, Gael Yeomans, Claudia Mix, Maite Orsini y Natalia Castillo), más las socialistas Emilia Nuyado y Daniella Cicardini, las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, la PPD Cristina Girardi, y Marisela Santibañez (PRO).
Al momento de la presentación, en el hall del edificio del Legislativo en Valparaíso se congregaron con gritos y cánticos las adherentes de la moción con sus pañoletas verdes, y también grupos contrarios con sus símbolos celestes.
Llamado al Gobierno
La diputada RD Maite Orsini apostó a que la moción pueda avanzar, “tal como ocurrió en Argentina donde incluso diputados de derecha estuvieron disponibles a avanzar en esta legislación del aborto legal, ojalá prime en Chile la mirada del presidente de Evópoli y no de una derecha cavernaria que no se sensibiliza por niñas violadas o mujeres pobres”.
La diputada Cicardini añadió que “en nuestro país día a día hay muchas mujeres, sobre todo mujeres que no tienen recursos y se someten a estas interrupciones en la clandestinidad y lamentablemente eso conlleva muchos riesgos; en cambio, las mujeres con recursos lo hacen en el extranjero y listo, qué injusticia. Por eso tenemos que hacernos cargo con una política pública”.
La parlamentaria PS insistió en que “no estamos hablando de aborto libre, sino que estamos hablando de que a la mujer no se la van a llevar a la cárcel cuando interrumpa su embarazo hasta las 14 semanas”.
En el mismo sentido, la diputada frenteamplista, Camila Rojas (IA), explicó a El Mostrador que “el efecto de aprobar este proyecto tiene que ver con la no criminalización de las mujeres que abortan. Lo que hoy pasa es que si alguna mujer aborta y recurre por alguna complicación a un recinto hospitalario el personal médico está obligado a denunciarla. Por lo tanto, si bien las mujeres que optan por abortar y terminan en un recinto médico no van a la cárcel como tal, pero si terminan embarcadas en un proceso penal, el efecto de este proyecto es que precisamente no ocurra esto”.
La parlamentaria además emplazó al Gobierno a que no vete la discusión con “respuestas autoritarias a demandas democráticas”.
Por su parte, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, expresó que “como organización feminista y de derechos humanos que defiende el derecho a decidir sostenemos que la maternidad es una opción en la vida de las mujeres, no un mandato social y menos aun una obligación jurídica que pueda imponerse por leyes penales. En ese sentido, abogamos por recuperar el cuerpo como primer territorio para el ejercicio de nuestros derechos y la capacidad de decidir soberanamente sobre nuestra sexualidad y sobre nuestras vidas”.
Proyecto UDI
En contrapartida, diputados de la UDI anunciaron una reforma constitucional para “contrarrestar el proyecto de aborto que ha presentado la izquierda”, según dijo la parlamentaria gremialista María José Hoffmann.
Con las firmas de los diputados Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Javier Macaya y apoyado por toda la bancada gremialista, la iniciativa busca modificar el artículo 19 de la Carta Magna y establecer que «la ley protege la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural».
“Es hora de que se saquen la careta, este tiene que ser un debate que no sea hipócrita porque realmente lo que están buscando es el aborto libre. Yo creo que es importante reflexionar y sincerar las posiciones, nosotros estamos en contra del aborto», dijo.
COMUNICADO | Diputadas de oposición y organizaciones feministas presentan proyecto de despenalización del aborto por decisión de las mujeres
La moción que busca modificar el inciso 3° del artículo 342 del Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, fue desarrollada y trabajada en conjunto por Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, quienes recibieron el apoyo de múltiples organizaciones y movimientos de DDHH y de las mujeres, siendo presentado formalmente en el Congreso por las diputadas Cristina Girardi (PPD), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Camila Vallejo (PC), Camila Rojas (IA), Natalia Castillo (RD), Gael Yeomans (IL), Claudia Mix (Poder), Daniella Ciccardini (PS), Catalina Perez (RD) y Emilia Nuyado (PS).
Recordemos que se le ha recomendado al Estado chileno en múltiples ocasiones respetar los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos que señalan que no se debe criminalizar a las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos.
El MESECVI en 2017 en su “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará,” señala la importancia de que los Estados Parte mejoren la efectividad de las medidas adoptadas en el cumplimiento de la garantía del derecho de las niñas a vivir libres de violencia, entre ellas la obligación a una maternidad no deseada. De esta misma forma, la CEDAW, en el año 1999, sobre Mujer y Salud, ya advertía a nuestro país que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21.030, para despenalizar el aborto en todos los casos.
En relación a esta declaración, el proyecto presentado por Corporación Humanas, la Mesa y las diputadas lo que busca es modificar el inciso actual, para que la despenalización del aborto consentido se extienda hasta las 14 semanas bajo cualquier causal, es decir, que las mujeres que lleguen a centros de atención médica por complicaciones ante la realización de un aborto inducido o que se conozca que han abortado sean acogidas y atendidas, no denunciadas ni procesadas, apelando a eliminar la clandestinidad del proceso.
Durante la presentación del documento, Gloria Maira, vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, indicó que “la autonomía reproductiva de la mujer no puede ser materia de derecho penal, tiene que ver con una política pública y esa, en países democráticos, dice que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción”.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas aseguró que el proyecto responde a una demanda feminista sostenida por largo tiempo y es una invitación a la sociedad y al Parlamento a debatir verdaderamente sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el país. “Porque la realidad es que más allá de la ley, las mujeres abortan igual pero en condiciones de clandestinidad, estigma y riesgos para su vida, salud e incluso su libertad personal”, agregó.
Respecto al balance de la jornada, Maira indica que todo salió según lo pensado. “Ha sido un día de gran alegría, hoy nos acompañaron muchas mujeres de distintas organizaciones, tendencias y posicionamientos políticos, quienes entregaron su pleno respaldo a la presentación de la moción para despenalizar la decisión autónoma de las mujeres”.
La FIDH señaló que Sebastián Piñera obstaculiza el acceso al aborto
El Gobierno de Sebastián Piñera obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto terapéutico. Lo antes expuesto ocurre tras la aprobación de la ley hace un año durante la presidencia de Michelle Bachelet.
Así lo advierte un informe publicado este lunes por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El documento, elaborado por el organismo que representa a 184 organizaciones civiles y la ONG chilena Observatorio Ciudadano, considera un “avance” la norma que legalizó la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación. No obstante, denuncia serios problemas en su implementación.
“Las autoridades del presidente Sebastián Piñera intentan, desde su entrada en funciones el 11 de marzo de 2018, introducir nuevos obstáculos en el acceso al aborto de las mujeres que ya deberían poder optar por un aborto legal y seguro”, advirtió el informe.
La crítica se centra en el protocolo que facilita la posibilidad de que instituciones y trabajadores de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales.
Sebastián Piñera redujo requisitos exigidos a instituciones para justificar su decisión
El texto agrega que desde que Sebastián Piñera asumió el poder, redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos. Además, permitió apelar a la “objeción de conciencia” a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado.
Entre tanto, la vicepresidenta de la FIDH, Elsie Monge, expresó:
“Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen concebidas para no aplicar la ley. No se busca garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”.
La objeción de conciencia, pone en riesgo la implementación de la ley en ciudades con escasos recursos de salud, donde la negativa de una institución o un obstetra limitan las opciones de las mujeres de poder realizar el procedimiento en otro lugar.
“Cabe acotar que este martes un grupo de parlamentarias de oposición presentó en el Congreso el proyecto de aborto libre. Este busca despenalizar la interrupción del embarazo, bajo cualquier causal, dentro de las primeras 14 semanas de gestación”.
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