En Perú, las autoridades facilitan acumulación de tierras

Empresas utilizan vacíos y atajos legales para adquirir tierras indígenas en la Amazonia y convertirlas en grandes concesiones

Por Cecilia Remón *

En el 2014, grandes extensiones de bosques ancestrales de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, en el oriental departamento de Ucayali, empezaron a desaparecer. El gobierno regional había concesionado lotes para cultivos de palma aceitera dentro del territorio indígena a la empresa Plantaciones de Pucallpa, del Grupo Melka, de propiedad del empresario checo-estadounidense Dennis Melka.

Un año después la comunidad presentó una queja formal contra el Grupo Melka ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RTSO), organización sin fines de lucro que promueve la producción sostenible de palma aceitera. Usando imágenes satelitales, demostró que la empresa había violado el código de conducta de la RSPO al evidenciar la deforestación de 6,460 Ha pese a que lo había negado.

Plantaciones de Pucallpa es una de las 25 empresas creadas por Melka para adquirir tierras en la Amazonia peruana para desarrollar cultivos de cacao y palma aceitera. En el 2013, se detectó la rápida deforestación en la localidad Tamshiyacu, en el departamento de Loreto. La empresa agroindustrial Cacao del Norte, también de propiedad de Melka, había talado 2,380 Ha para hacer espacio a la plantación.

Según un reportaje de Convoca, portal de periodismo de investigación, Melka afirmó en una presentación en mayo del 2015 ante inversionistas británicos que el Perú “es el lugar más barato del mundo. Para producir cacao tenemos tierras sin restricciones, mano de obra barata, cero impuestos, el mejor bosque y las mejores especies de cacao. El cacao es un cultivo similar a la palma aceitera”.

A través del conglomerado que había creado desde el 2011, el Grupo Melka solicitó tierras en concesión a los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali y compró terrenos a los productores por sumas irrisorias. Al 2014 Melka poseía 15,000 Ha y un año después había deforestado 13,900 Ha de bosques primarios para cultivos de cacao y palma aceitera, según datos del Ministerio de Agricultura.

Entre diciembre del 2014 y setiembre del 2015, el Ministerio de Agricultura emitió tres resoluciones con medidas preventivas para que Melka paralizara sus actividades, lo cual no ocurrió. Recién en el 2016, cuando la Bolsa de Valores de Londres suspendió a la empresa acusándola de haber mentido alnegar la deforestación, Melka detuvo sus operaciones.

Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, denunció que Plantaciones de Pucallpa “nos desalojó de nuestra tierra que es nuestro hogar, redujo los bosques y no nos dejó otra opción que contraatacar en los tribunales. Al mismo tiempo, nuestros trámites de titulación de la tierra vienen siendo frenados desde hace años, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo”.

Engorroso proceso de titulación

Los territorios indígenas son los grandes afectados por el acaparamiento de tierras. El informe “La lucha por los derechos a la tierra: Reducir la inequidad entre las comunidades y las empresas”, elaborado por World Resources Institute (WRI) y el Center for International Forestry Research (CIFOR) y presentado el 11 de julio, analiza cómo las comunidades y las empresas formalizan derechos sobre la tierra, poniendo énfasis en las discrepancias en tiempo, dinero, tamaño de la tierra y derechos otorgados en 15 países, cinco de ellos en América Latina (Brasil, Chile, Guyana, Panamá y Perú).

“Sin reconocimiento legal formal sobre su territorio, las comunidades luchan para protegerlo de ser entregado a inversionistas extranjeros”, señala el informe.

Uno de los problemas fundamentales denunciados es que las empresas aprovechan atajos y vacíos legales para obtener las concesiones.

El ingeniero Antonio Collantes, de la Dirección Nacional Agraria del Gobierno Regional de Ucayali, explicó a Noticias Aliadas que unas 15,000 Ha en esa región se encuentran destinadas a la palma aceitera. Para ello hubo “desposesión, desarraigo de parceleros, se ocupó territorio ancestral. Esto ha generado un tráfico de tierras imparable”.

Este tráfico de tierras tiene que ver con la migración. Grupos de agricultores se instalan en un terreno y solicitan a las autoridades constancia de posesión.

“Si bien la constancia de posesión no da derecho sobre la tierra, si le asigna un valor”, explica Collantes. “En los últimos cinco años los migrantes se han organizado en asociaciones de productores, se registran en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), lo que les da personalidad jurídica, y así van acumulando miles de hectáreas que luego venden a empresas”.

El informe de WRI y CIFOR precisa que en el Perú una comunidad nativa debe cumplir 19 pasos obligatorios desde el punto de vista jurídico además de una serie obstáculos adicionales para obtener un título de propiedad, proceso que puede durar décadas, mientras que la concesión de ese mismo territorio a una empresa toma entre un mes y cinco años.

“En Ucayali”, señaló Collantes, “entre el 2002 y el 2014 no se ha reconocido ni titulado a ninguna comunidad. Dentro del Estado en Lima y en las regiones hay prejuicios; las autoridades se resisten a asignarles territorios”.

“Los bosques son la tierra, el agua”

Según Laura Nottes, abogada del WRI, “mientras que los pueblos indígenas tienen enormes dificultades para acceder a la tierras, para las empresas es mucho más rápido. Los pueblos indígenas necesitan décadas y la ayuda económica de la cooperación internacional para obtener sus títulos, y cuando los reciben ni siquiera cubren todo su territorio porque se lo han recortado. El Estado dice que es demasiado territorio y tampoco tienen acceso a los recursos de esas tierras”.

Diana Ríos, lideresa ashéninka de la comunidad nativa de Alto Tamaya Soweto, en Ucayali, señaló que “para nosotros, el pueblo Ashéninka, los bosques son la tierra, el agua. No hay voluntad de las autoridades para hacer respetar nuestros derechos. Pedimos como indígenas, como mujeres, que respeten nuestros territorios”.

Alto Tamaya Saweto es una de las 1,809 comunidades que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que además agrupa a 109 federaciones y nueve organizaciones regionales de la Amazonia peruana. Es la única comunidad cuyos títulos de propiedad se encuentran registrados desde el 2015 en SUNARP, trámite que duró casi dos décadas.

La defensa de su territorio costó la vida a cuatro dirigentes nativos. En el 2014, los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo fueron asesinados por taladores ilegales. El crimen continúa impune.

“En el Perú, las empresas pueden encontrar fácilmente atajos para sortear los engorrosos requerimientos, como comprar pequeños lotes y convertirlos en grandes concesiones agroindustriales para evitar regulaciones ambientales y despejar franjas de la Amazonia. Las comunidades indígenas no tienen esa opción, y cuando surgen disputas por la tierra u otros obstáculos, los esfuerzos por lograr el título de su tierra quedan en un punto muerto”, indicó WRI.

Para Collantes, “lo que está en juego es el destino de la Amazonia y sus poblaciones indígenas. No hacer nada y dar la espalda a estas comunidades es demasiado peligroso. Los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos sobre la tierra de las comunidades y pueblos indígenas. Deben simplificar los procesos para documentar la tierra, fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a los títulos y brindar más recursos para mediar en los crecientes conflictos alimentados por el aumento del tráfico de drogas, la tala ilegal y el tráfico ilícito de tierras”.

* Noticias Aliadas.