Santos sancionó la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz
Con la sanción de Santos, JEP ya cuenta oficialmente con reglas para su funcionamiento
En la noche de este miércoles, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que esta enfrentara varios obstáculos, aplazamientos y modificaciones por su paso en el Congreso de la República, que se dio en una coyuntura determinante: las elecciones presidenciales y la posterior victoria de Iván Duque en la segunda vuelta, el pasado 17 de junio.
Desde su aprobación en el Capitolio, el presidente saliente se limitó a reconocer lo positivo del resto del articulado que, según el primer mandatario, garantizará a las víctimas del conflicto armado el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, ha manifestado en reiteradas ocasiones tener “serias dudas de constitucionalidad” con respecto a los artículos promovidos por el Centro Democrático.
Uno de ellos restringe la práctica de pruebas de la JEP en asuntos relacionados con extradiciones; el otro permite que los miembros de la Fuerza Pública tengan un procedimiento “especial y diferenciado” en su juzgamiento alrededor de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
Aun así, la ley de procedimiento fue sancionada el miércoles por Santos, quien afirmó que esto es “un hecho histórico”. “Colombia tuvo la inmensa fortuna de crear algo que no tenía precedentes. La JEP es el producto de un Acuerdo de Paz, de una negociación entre dos partes que por primera vez se ponen de acuerdo en hacer una Justicia Especial para someterse a ella. Eso no había sucedido en la historia de ningún país”, destacó el primer mandatario.
Agregó que esta “también es la primera vez que una justicia transicional se establece bajo el paraguas del Estatuto de Roma. El mundo entero está aplaudiendo este proceso de paz”.
A su vez, dijo que, con esta ley, dicha justicia podrá funcionar de lleno con todas las herramientas jurídicas a su disposición. “La JEP ya cuenta con los instrumentos y ya hemos visto a miembros del secretariado de las Farc sentados ante sus jueces, a generales de la República y agentes del Estado en la misma situación. Eso es un paso importantísimo y tenemos que hacer la pedagogía de explicarle a las personas de qué se trata y por qué es otro tipo de justicia diferente a la ordinaria”, declaró.
Además, aseguró, respondiendo a algunas críticas alrededor de dicho tribunal, que “la JEP no está siendo laxa. Todo lo contrario, no va a haber impunidad”.
Por último, mencionó estar “abiertamente en desacuerdo” con los artículos incluidos por el Congreso de la República, en cabeza de la bancada uribista. “Ya será la Corte Constitucional la que determine la suerte de esos numerales”.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reveló en entrevista con El Espectador que, aunque la ley de procedimiento debía ser sancionada “porque la JEP requiere esas normas con urgencia, luego el gobierno demandará ante la Corte Constitucional los dos artículos que introdujo el Centro Democrático”.
Los casos por los que debería responder el Gral. Montoya ante la JEP
Tras la firma del acta de sometimiento del General Mario Montoya Uribe ante la JEP, algunas víctimas tienen sentimientos encontrados. De una parte, la llegada del alto mando militar al tribunal de paz les resulta importante porque les permitiría acceder al sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; pero, de otra parte, sienten incertidumbre sobre la verdad que pueda aportar el mando militar, quien se ha mostrado reacio a aceptar su participación y responsabilidad en los hechos de los que se lo acusa, lo que les impediría conocer los autores intelectuales de esos acontecimientos.
El Sometimiento ante la JEP del General Montoya será por omisión en el asesinato de 3 jóvenes en Soacha; sin embargo, la lista de hechos que podrían pasar a estudio de la justicia de paz es mas larga. De acuerdo a los documentos recopilados por la Corporación Jurídica Libertad, el General más condecorado del ejército, estaría involucrado en varios casos de ejecuciones extra judiciales y otras violaciones a los Derechos Humanos.
Montoya debe responder en omisión ejecución extrajudicial de tres jóvenes de Soacha
Según la Fiscalía, el General Mario Montoya quien fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, tiene responsabilidad en el asesinato de Daniel Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez y Fair Leonardo Porras, víctimas de ejecuciones extra judiciales en Soacha, Cundinamarca. (Le puede interesar: «El historial de siete generales que las víctimas le presentaron a la CPI»)
Aunque la defensa del uniformado se ha empeñado en mostrar que no podía tener conocimiento de estos casos, la Fiscalía asegura lo contrario, dado que estaba en capacidad de evitar los resultados, lo que se puede demostrar con el número de muertes cuestionadas durante su periodo de comandancia, e incluso después de esa época.
En ese sentido Human Rights Watch manifestó que durante los casi 3 años que Montoya estuvo al mando del Ejército «al menos 2.500 civiles habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales». Por esa razón, la Fiscalía ordenó medida de aseguramiento en su contra, por emitir directrices que presionaban resultados, así como omitir los controles para evitar que se cometieran las ejecuciones extra judiciales.
El general Montoya y la operación Orión
Adicionalmente, Montoya tendría que responder por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín que dejó un saldo de por lo menos 100 personas desaparecidas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Le puede interesar: «Fiscalía General de la Nación pedirá medida de aseguramiento contra el General (r) Mario Montoya»)
Sergio Arboleda, Abogado de la Corporación Jurídica Libertad, asegura que existe registro en la Comuna 13 de «95 desapariciones forzadas documentadas y 30 homicidios a líderes sociales en el marco de la operación Orión». Según el abogado gracias a información de diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos, es posible afirmar que en el país hay más de 10 mil casos de ejecuciones extra judiciales entre 2002 y 2010; de estas víctimas, cerca del 50% ocurrieron mientras Montoya fue Comandante en Medellín.
Montoya además de participar en la operación Orión, también tuvo injerencia en las operaciones Meteoro, Mariscal y Marcial, que pudieron causar un sin número de víctimas. (Le puede interesar: «Durante comandancia del General Montoya se documentaron 4 300 falsos positivos»)
A la negativa del General de reconocer su responsabilidad en casos de ejecuciones extra judiciales, las víctimas también sienten incertidumbre por las modificaciones hechas a la Ley de Procedimiento de la JEP por congresistas del Centro Democrático, entre las cuales está la creación de una Sala Especial para integrantes de la Fuerza Pública, lo que podría retrasar tanto el proceso del General Mario Montoya Uribe, como el de los militares, policías y miembros de la armada que ya se sometieron ante ese tribunal de paz.
Comenzó reconocimiento de la verdad en la Justicia Especial para la Paz
Esta semana será clave en la implementación de los acuerdos firmados para la paz, entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Estado colombiano. Henry Torres Escalante, General retirado, se presentó el martes 10 de julio ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, y el viernes 13 de julio asistieron a ella Timoleón Jiménez (Timochenko), Julián Gallo (Carlos Lozada) y Jorge Torres (Pablo Catatumbo).
Escalante reconoció que la Batallón 16 de Casanare, bajo su mando en el año 2007, ejecutó extrajudicialmente a Daniel y Roque Torres, padre e hijo, en el municipio de Aguazul (Casanare): “Quiero pedirle perdón a las víctimas con el compromiso de que esto jamás vuelva a suceder”. Sin embargo, el General se declaró inocente ya que, según él, nunca dio la orden a sus hombres para que ejecutaran este crimen de lesa humanidad.
A la fecha, 2.159 miembros de la Fuerza Estatal se han presentado a la JEP, discriminados así: 2.019 del Ejército Nacional, 34 de la Policía Nacional y 16 de la Armada Nacional. De igual manera, 965 personas se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada. De ellos, 944 son el Ejército Nacional, 8 miembros de la Policía Nacional y 13 de la Armada Nacional.
Por su parte, Rodrigo Londoño (excomandante de las FARC), Julián Gallo (excomandante de los frentes Centro y Nariño de las FARC), y Jorge Torres (excomandante de los frente Cauca y Valle del Cauca de las FARC); asistieron este viernes a Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas -SRVR-, de la JEP y comparecieron a causa de la “Retención ilegal de personas” desde el año 1993 hasta el 2012.
Zeuxis Pausias Hernández se presentó a través de una videollamada ya que se encuentra detenido, desde el pasado 9 de abril, por sospecha de conspiración por traficar cocaína hacia Estados Unidos. Otros 28 líderes de la antigua guerrilla de las FARC, fueron representados por sus abogados.
Según el Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, estar en la JEP es resultado de que son “conscientes de que sólo de ese modo podemos sellar la página oscura de la violencia en nuestro país. Claros de que del mismo modo deben obrar los otros actores que agenciaron el odio, la muerte y el sufrimiento”.
Justicia Especial para la Paz
La JEP es un mecanismo transitorio que ha sido creado exclusivamente para conocer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto. Hace parte del punto quinto del Acuerdo firmado entre las FARC y el Estado colombiano, en La Habana, y suscrito nuevamente en noviembre del año 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.
El Presidente electo Iván Duque junto al partido Centro Democrático, desde el Congreso de la República, pretenden cambiar la Constitución para quitar el blindaje que tiene este Acuerdo de Paz. La prisión ordinaria para los exmiembros del Secretariado de las FARC, así como impedir su participación en política en el Congreso, hacen parte del conjunto de objetivos del próximo Gobierno. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrática, presentó la propuesta de crear una sala especial en la JEP que juzgará a los militares: “Una instancia diferente a la que juzga las FARC y con magistrados nuevos, expertos en Derecho Internacional Humanitario y elegidos mediante un mecanismo independiente”.
#Caso001: La presidenta de la Sala de Reconocimiento de la #JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, da por terminada esta primera diligencia a la que se convocó a 31 ex dirigentes del Secretariado y Estado Mayor de las FARC-EP. pic.twitter.com/8kOtXZGRN0
— JEP (@JurisdiccPaz) 13 de julio de 2018
Aunque la paz en Colombia no es una realidad, es importante el paso que se ha dado con al firma de estos Acuerdos, en varias regiones hoy viven un respiro luego de 60 años de conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano; a pesar de persisten otros actores armados en campos y ciudades. La iniciativa del Gobierno de Duque cambiaría totalmente el Acuerdo y el sentido de instancias tan importantes como la JEP y la Comisión de la Verdad.
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