Universidades públicas de Colombia recomiendan sistematizar información sobre asesinatos de líderes sociales
En un estudio sobre la implementación del Acuerdo de Paz urgen crear un sistema nacional de monitoreo e información para el seguimiento sistemático de la violencia contra líderes, lideresas, defensores y reincorporados, en los ámbitos locales y regionales.
Un estudio adelantado por 40 universidades públicas del país sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz concluyó que tener datos más precisos y unificados podría ayudar a solucionar la grave situación de seguridad que afrontan los líderes sociales en Colombia.
“Es necesario crear un sistema nacional de monitoreo e información para el seguimiento sistemático de la violencia contra líderes, lideresas, defensores y reincorporados, que tome en consideración las cifras e informes de los movimientos sociales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, en los ámbitos locales y regionales”, sugiere el estudio.
El informe, que ya conoce el Senado de la República, fue elaborado para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y busca dar posibles explicaciones al asesinato de líderes sociales, étnicos, población LGBTI, mujeres, jóvenes y ambientalistas desde la firma del Acuerdo Final de Paz, el 24 de noviembre de 2016, y hasta mediados de junio del presente año.
La investigación contó con la participación de las universidades Nacional (a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz), Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño, entre otras. Según el análisis, la investigación y el cruce de información y de datos dejar ver con suficiente claridad que la mayoría de asesinatos están ocurriendo en zonas marginales con precaria presencia de Estado, como aquellas donde persisten cultivos ilícitos, minería ilegal, territorios fronterizos y zonas de otorgamiento de licencias ambientales.
También en territorios donde se adelantan procesos de consulta previa para el desarrollo de macro proyectos extractivos; en corredores estratégicos para las economías ilegales; y en espacios de expansión agroindustrial. En tal sentido, destaca que como resultado del Acuerdo de Paz empiezan a revelarse conflictividades que estuvieron ocultas por la violencia y que ahora exigen la atención del Estado.
“Líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos enfrentan nuevas violencia y oleadas de criminalización que se facilitan, unas veces por la ausencia del Estado, otras, por prácticas de connivencia institucional con actores criminales y otras por omisión institucional”, concluye el informe.
Para el profesor Carlos Medina Gallego, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, a pesar de la creencia generalizada de que los líderes sociales forman parte de organizaciones políticas de izquierda, resulta erróneo que se hagan este tipo de asociaciones, pues se trata de personas con naturales habilidades de liderazgo que pertenecen a diferentes espectros políticos.
“Un líder social es un ciudadano de cualquier comunidad, que asume en forma natural las reivindicaciones propias de su entorno y tiene un amplio reconocimiento de ella y sigue sus orientaciones para efectos de elevar los correspondientes reclamos ante el Estado, la institucionalidad”, enfatizó.
En este sentido, señaló que independientemente de su filiación política, los líderes sociales realizan una importante labor en materia de defensa de los derechos de sus comunidades, recursos naturales, protección del medioambiente y propiedad de la tierra, así como inclusión y respeto a miembros de las poblaciones LGBTI, afrodescendientes y mujeres. “Sin embargo, en Colombia, este tipo de activismo se cada vez más estigmatizado, mediante señalamientos como aliados del terrorismo y organizaciones subversivas”, agregó Medina.
Según el informe, detrás de este tipo de señalamientos estarían las llamadas “bacrim” (bandas criminales) y formas encubiertas de trabajar de algunos miembros de la Policía y el Ejército, vinculados a grupos paramilitares, agentes de la delincuencia común y organizada en los territorios, grupos armados organizados, miembros de la guerrilla del ELN y disidencias de las antiguas FARC. s ilegales.
El profesor Medina indicó que “hasta el momento en que presentamos el informe en el Senado se habían registrado 287 asesinatos; pero desde ese momento se tiene conocimiento de otros 28 homicidios, es decir que en los últimos 20 días se presentó un incremento equivalente al 10 %”.
Como resultado de este primer diagnóstico elaborado por las instituciones de educación superior, se formularon una serie de recomendaciones al Gobierno -saliente y entrante-, para que se preste mayor atención a este tipo de asesinatos. Una de esas recomendaciones fue que la Defensoría del Pueblo adelante las acciones pertinentes para emitir alertas tempranas que logren evitar incidentes como los que se han venido presentando en años recientes.
Precisamente, en las últimas horas, el Gobierno anunció que la Unidad Nacional de Protección recibirá un apoyo de $50.000 millones para que se inviertan en estudios de riesgo colectivo, ampliar esquemas individuales y acelerar la implementación de la ruta colectiva de riesgo.
