Colombia: por primera vez la FARC participa en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
FARC comparece por primera vez ante la Comisión de la Verdad
Los miembros del naciente partido político FARC comparecieron este viernes, por primera vez, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un organismo creado en virtud del Acuerdo de Paz y a donde acudirán los responsables del conflicto armado para contar cómo participaron en la guerra. “Pese a quienes le temen y se oponen a la verdad, nuestro compromiso con el esclarecimiento, las víctimas y la reconciliación nacional es inquebrantable”, señaló Pablo Catatumbo, senador electo de esa organización.
En el mismo sentido se pronunció Pastor Alape, miembro de esa organización política, quien afirmó que esta primera comparecencia honra la memoria de las víctimas del conflicto. “Hoy comparecemos por compromiso ético con la verdad y el nuevo país, ante la Comisión de la Verdad para garantizar la no repetición de la guerra en Colombia”, señaló. Y el dirigente político de la FARC, Rodrigo Londoño, informó que en su primera comparecencia se están exponiendo “las razones históricas que guiaron nuestro accionar. Asumimos responsabilidades”, agregó Londoño.
El llamado de quienes acudieron este viernes a la Comisión de la Verdad, dentro de los que se cuentan Sandra Ramírez y Carlos Antonio Lozada, fue el de invitar al resto de actores involucrados en el conflicto a que reconozcan también su responsabilidad en estas más de cinco décadas de guerra. Es decir, a los terceros civiles involucrados en el conflicto, así como agentes estatales y miembros de la Fuerza Pública. “Invitamos a todos los intervinientes del conflicto a comparecer como aporte a la reparación de las víctimas y a la reconciliación”, dijo Ramírez.
La Comisión de la Verdad fue instalada por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2017, en donde afirmó que el objetivo de la misma sería la de pasar la página de la venganza a la convivencia. Y aclaró, eso sí, que este organismo no serviría como una “cacería de brujas” para juzgar o perseguir a los actores involucrados en la guerra. De hecho, lo que se diga en esta comisión no será objeto de acervo probatorio para que la justicia transicional adelante investigaciones alrededor de los más de 50 años de conflicto armado.
“La verdad es un antídoto contra nuevos ciclos de violencia. Esta comisión nos va ayudar a sanar las heridas”, dijo en su momento el jefe de Estado. Los miembros de la Comisión son el sacerdote Francisco de Roux, quien la preside; Alfredo Molano, Saúl Franco, Marta Cecilia Ruiz, Alejandro Valencia Villa, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón, Alejandra Miller, Ángela Salazar y el español Carlos Martín Beristaín.
La posesión de ellos tuvo lugar en mayo pasado, en donde el presidente Santos advirtió que “la paz, como lo hemos dicho tantas veces, no nos va a quedar grande. Esta paz no es del Gobierno; es de todos los colombianos. Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz”, destacó Santos al posesionar a los 11 miembros de este organismo. Al final de este viernes, se esperan declaraciones de parte de la exguerrilla.
Declaración Consejo Político Nacional sobre la JEP
El Acuerdo de Paz de La Habana, además de poner fin al enfrentamiento armado interno que se prolongó por más de medio siglo, busca alcanzar la reconciliación de los colombianos y colombianas, sin la cual es impensable una paz estable y duradera.
Dicha reconciliación, sólo es posible, entre otros aspectos, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
Publicado por NC Noticias en Viernes, 29 de junio de 2018
En ese camino y con la aprobación del Acto Legislativo 001 de 2017, que dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJR) y su complemento, en la muy detallada Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el camino para poner en pleno funcionamiento la justicia transicional, apenas requería de un manual procedimental, que sin mayores traumatismos fuera tramitado y aprobado en el congreso.
Sin embargo, ello no ha sido así, pues las élites que históricamente se han cubierto de impunidad e hicieron de la guerra un inmenso negocio de corrupción y usurpación de tierras, aprovecharon la tardía y caótica tramitación de las Normas de Procedimiento de la JEP, para dejar sin efecto los pilares básicos del Acuerdo de Paz.
Tan retrógrado proceder fue posible, entre otras razones, por la falta de decisión y voluntad política del Gobierno saliente, para utilizar todos los mecanismos constitucionales a su disposición, a fin de proteger el Acuerdo de Paz y garantizar el cumplimiento de lo acordado por las partes.
LA JEP a su paso por el Congreso de la República, fue maliciosamente transformada de modelo de justicia transicional, positivamente ponderado por la comunidad internacional y la doctrina jurídica especializada, en una colcha de retazos que, entre otros aspectos, excluye y otorga privilegios a algunos intervinientes en el conflicto e impide la práctica de pruebas, permitiendo así la burla al derecho de las víctimas a saber y conocer la verdad plena de lo ocurrido durante el conflicto.
Así el asunto, el novedoso y esperanzador sistema de justicia transicional, que fue diseñado para conocer la verdad plena, garantizar la justicia y asegurar la reparación de forma expedita y eficaz para todos los actores y víctimas del conflicto, tristemente quedó convertido en un mecanismo de guerra jurídica, dirigido exclusivamente contra la antigua insurgencia de las FARC.
Con la actuación politiquera, corrupta y oportunista de las “nuevas” mayorías en el congreso y las vacilaciones y saboteos desde el seno del propio gobierno, La JEP perdió las herramientas que garantizaban su papel, como mecanismo de justicia transicional y derivó en un sistema vengativo, de prolongado escarnio mediático exclusivo para los ex insurgentes.
Lo aprobado por el congreso sobre la JEP es un fraude al país, a las víctimas, a la comunidad internacional y a quienes dejamos las armas, como producto del Acuerdo, para hacer política acatando plenamente el actual marco constitucional.
Así es percibido de manera clara, por la comunidad internacional, en especial La ONU, el Consejo de Seguridad, la Comunidad Europea, los países garantes y la inmensa mayoría de países del continente.
A su vez, el anuncio de quienes anhelan revivir la guerra y el conflicto, anunciando que buscarán acabar con la participación política de los antiguos ex combatientes, borrando las garantías de no extradición por acusaciones fraudulentas, tal y como está previsto en el art. 19 constitucional transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017, amén de excluir a los agentes de la fuerza pública de la competencia de las salas de la JEP y el establecimiento de impedimentos para la investigación de delitos que se realizaron como parte de planes criminales sistemáticos; así, como para la investigación de otros agentes del Estado, a lo que agregan sus propuestas de limitación de curules para las víctimas, reemplazándolas y entregándoselas a los miembros de la fuerza pública, además de la exclusión de la población LGTBI de la Jurisdicción Especial de Paz, desconociéndoles como víctimas del conflicto y sujetos de derecho, buscan convertir la JUSTICIA PARA LA PAZ, construida tras largos años de delicadas conversaciones en La Habana, en un texto irreconocible, que no tiene opción alguna de garantizar la paz y la reconciliación.
La utilización de la Fuerza Pública como excusa para tapar las responsabilidades de civiles y políticos, que dieron las órdenes para cometer graves delitos, -desapariciones forzadas masivas, desplazamiento violento y usurpación de tierras, falsos positivos, etc-, abre de par en par la puerta para la intervención jurídica de la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la jurisdicción universal.
Estas propuestas y éstas decisiones de los defensores de la guerra y el conflicto, constituye un acto más de perfidia que profundizará la división y la desconfianza entre los colombianos, testigos del desmantelamiento de un Acuerdo de Paz que ya arrastraba una implementación fallida en reforma rural y política, en el combate al paramilitarismo, y la reincorporación de ex guerrilleros,
Lo que ha ocurrido es un nuevo paso para la legitimación de la violencia de las élites y el retorno hacia un Estado fallido, que no respeta la palabra empeñada.
Vehementemente invitamos a todos los colombianos y colombianas, que se pronunciaron a favor de la paz en las últimas elecciones, a aquellos que decidieron abstenerse por no sentirse representados en ninguna opción política, a las organizaciones sociales y de víctimas, a la comunidad internacional, a defender lo pactado, a acompañar a la nueva bancada por la paz en su trabajo por impedir que se vuelva trizas el acuerdo de paz, con la excusa de que es “mejorable”.
Todos los Acuerdos de Paz son mejorables, pero en un Estado de Derecho los acuerdos se cumplen, (PACTAS SUNT SERVANDAS), sin permitir que los voceros de quienes fueron incapaces de construir la paz durante 50 años, vengan a engañarnos con el anuncio de que ellos, habrían alcanzado un mejor acuerdo. Máxime cuando teniendo la oportunidad de hacerlo, nunca se esforzaron por conseguirlo
Señor Presidente Juan Manuel Santos y magistrados de la Corte Constitucional, los excombatientes de las FARC, que combatimos sin tregua al Estado Colombiano, ahora solicitamos a ustedes que se respete plenamente la Constitución Vigente, en particular, los actos legislativos del 2017 por su vocación para consolidar la paz, y por ser la expresión genuina del contenido del Acuerdo de Paz firmado.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DE COLOMBIA, FARC.
«No objetaré modificación a la JEP, pero la Corte puede declararla inconstitucional»: Santos
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que sancionará sin objetar el proyecto de ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, aprobado en el Congreso de la República esta semana con modificaciones lideradas por el Centro Democrático.
Sin embargo, el Mandatario advirtió que las modificaciones hechas a algunos artículos pueden ser declaradas como «inconstitucionales» por la Corte.
«Se aprobaron dos artículos muy controvertidos, claramente inconstitucionales. El presidente no puede objetar artículos, puede objetar toda la ley o no objetarla. Yo no voy a objetarla, pero pasará al control de la Corte Constitucional, que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales», dijo Santos.
El jefe de Estado se refirió a este trámite durante la celebración del Día Nacional del Servidor Público en el Hotel Tequendama de Bogotá.
A petición del uribismo, esta semana se modificó el texto inicial de la Justicia Especial para la Paz en dos artículos controversiales.
El Congreso aprobó que los jueces de la JEP en caso de extradiciones de exmiembros de las Farc sólo se limitarán a certificar en qué momento fue el delito por el que se le pide.
También, que al interior de la JEP se cree una sala especial para que los militares sí comparezcan a la misma, para lo cual deben esperar 18 meses mientras que se constituye la misma, lo cual debe pasar con una reforma constitucional.
Sobre esto, horas antes del pronunciamiento del presidente Santos, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, había descartado que el Gobierno objetara el proyecto, y también dijo que era previsible una revisión de la Corte Constitucional.
«Sobre los artículos que nos opusimos y en los que hubo las mayorías para ser incorporados en el texto, el gobierno quiere reiterar que a nuestro juicio son contrarios a la Constitución y que vamos a precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional”, sostuvo Rivera.
Recordó Rivera que en concepto del Gobierno son irregulares esos artículos, porque por un lado «congelar la comparecencia de los militares a la JEP es flagrantemente inconstitucional, están obligados a comparecer los exmiembros de Farc y los militares que hayan cometido delitos en medio del conflicto armado».
Y respecto al otro artículo, el jefe de la cartera política declaró que «no se le puedo imponer a un juez tomar decisiones sin que pueda examinar y practicar pruebas, los jueces toman decisiones a partir de las pruebas, decirle que no puede hacer pruebas es contraria al acto legislativo que creó la JEP».
Y concluyó: «Vamos a promover una revisión de parte de la Corte a esos dos artículos. El resto de la ley da garantías a las víctimas, en pocos días ya estarán las normas… Es un acto heroico haber logrado la aprobación en un clima tan complejo».
